EXIGIMOS CLARIDAD A LOS JUECES Y MAGISTRADOS.

REFORMA.
Miguel Ángel Granados Chapa.

Opacidad electoral.

Una agrupación de respetables ciudadanos hace notar al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sus responsabilidades de información ante la sociedad, no sólo en cuanto a resultados sino también en cuanto a la selección de sus criterios jurídicos.

El viernes pasado se cumplió el plazo en que el Instituto Federal Electoral debió responder solicitudes del semanario Proceso encaminadas a emprender, una vez concluido el proceso electoral, una revisión ciudadana de la documentación electoral. Ya que la petición se presentó el 28 de julio, los 15 días hábiles previstos en la regulación interna del IFE se agotaron sin que la institución dijera oxte ni moxte. Respondió el lunes pasado, arguyendo estar en tiempo puesto que el 15 de agosto no fue hábil en ese instituto (por ser un día feriado interno). Pidió duplicar el plazo para contestar el requerimiento. De modo que habrá que esperar hasta el 12 de septiembre para saber si en este punto el IFE vota por la transparencia o la opacidad.

Puesto que resulta imposible recibir los originales o copias de los 42 millones de votos depositados en 300 bodegas, la petición de Proceso implica acceso a las papeletas (después de que el Tribunal haya declarado Presidente electo a quien corresponda) para efectuar un conteo voto por voto, que por supuesto carecerá de todo valor jurídico pero lo tendrá muy alto en términos de ética ciudadana.

La convocatoria de la revista fundada por Julio Scherer a ciudadanos que mediante un mecanismo que está por determinarse realizarían el nuevo escrutinio ha sido respondida ya por más de 12 mil personas.Proceso requirió también acceso a las actas de apertura y de escrutinio y cómputo en cada una de las 130 mil 477 casillas; y las actas de recepción de los paquetes electorales en los 300 consejos distritales y las del cómputo de la elección en cada uno de ellos.

No debería haber problema para conocer del IFE esta información, porque es pública y los partidos cuentan con copia de cada una de esas actas. Por ello es inexplicable la renuencia del IFE al contestar.

Para impedir que una actitud semejante se imponga en la actual fase del proceso electoral, la que corre a cargo del Tribunal federal correspondiente, el Comité Conciudadano de Seguimiento del Proceso Electoral (CCSPE) le solicitó el martes poner a disposición de los ciudadanos información que abone la transparencia de las elecciones. Basa su pedido en dos consideraciones: "que los litigios que atiende el tribunal no son... litigios privados... (sino) controversias en las que están involucrados más de 40 millones de votantes"; y que "el tribunal electoral tiene que asumir su función como garante de los derechos ciudadanos, incluido el derecho a la información que es parte importante de nuestro arreglo democrático y constitucional".

El Comité está preocupado por varios signos de opacidad presentes en la tarea del Tribunal: "Por ejemplo, el silencio de algunos de sus miembros durante la sesión pública en la que se ordenó el recuento" (pues no hicieron uso de la palabra los magistrados Alejandro Luna Ramos, Fernando Ojesto y Eloy Fuentes Cerda, los dos últimos ex presidentes de ese cuerpo); "la arbitrariedad con la que se manejó e impidió el acceso de observadores electorales a esas diligencias" (que la propia Sala Superior dejó en manos de quienes las presidieron, atentos a las posibilidades físicas de los recintos respectivos) "y la prohibición de hacer públicos los resultados oficiales del mismo".

El CCSPE pidió al Tribunal "acceso expedito a los datos que han resultado de las diligencias de cómputo", una "relación detallada de las casillas impugnadas para saber en cuáles se pide recuento y en cuáles nulidad", "un listado claro, unificado y manejable, de las casillas en las que se ordenó el recuento de votos" y "un reporte pormenorizado y oficial de los resultados de esas diligencias".

El Comité Conciudadano solicitó esa información para sí, y "que la haga del conocimiento público a través de su página de internet" donde, digo yo, deberían poderse consultar las 11 mil 839 actas circunstanciadas resultantes del recuento, una vez que fueron utilizadas en la sustanciación de los juicios de inconformidad, que fue su motivación procesal.

El Comité solicitó semejante información al PAN y a la coalición Por el Bien de Todos, seguramente para contrastar la clase de información de que disponen cada uno de esos contendientes, con la del Tribunal.

Con una amplia mirada y una profunda comprensión del trance en que se halla el Tribunal, el Comité Conciudadano le hizo dos peticiones más de fondo y la difusión pública del modo en que las satisfaga: Solicitó al órgano judicial que agote "todas las herramientas legales a su alcance para profundizar en la construcción de elementos y evidencias que sean sólidas e inobjetables, no sólo para los siete magistrados, sino para todos los mexicanos. La sala superior no puede limitarse a actuar tan sólo como un consejo distrital más; sus atribuciones constitucionales les permiten ir más allá en beneficio de los votantes".

El Comité instó al Tribunal a que "decida cuál es la 'filosofía constitucional' que seguirá para ejercer los poderes y cumplir las obligaciones que la ley establece: 'La sala superior tiene plena jurisdicción y como tal está en todo su derecho de escoger una posición jurídica para resolver los asuntos que están bajo su consideración. Nosotros, como ciudadanos, pedimos que la sala superior explique con claridad las razones que la lleven a escoger una posición jurídica por encima de otras. En un proceso tan importante como este, toda decisión debe ser explicada con absoluta claridad y exhaustividad. En eso consiste el principio de seguridad jurídica'".

Cajón de Sastre.
Como si atendiera con prontitud este pedido del Comité Conciudadano de Seguimiento del Proceso Electoral, la coalición Por el Bien de Todos difundió su postura con el título "Pruebas del fraude en el tribunal electoral", con lo que quiere decir que allí presentó esas pruebas, no que allí se haya cometido. Reitera que las actas de 72 mil 197 casillas tienen errores aritméticos, de los que resultan 898 mil 862 votos sobrantes y 722 mil 326 votos faltantes.

En otro rubro, al analizar la relación entre listas nominales y número de boletas, resultan votos sin votantes y votantes sin votos en esta magnitud: en 5 mil 37 casillas fueron hallados 71 mil 142 votos de más y 122 mil 266 votos de menos. El documento desmenuza esa información con datos de 25 entidades.

Si la denuncia corresponde con información que tiene el Tribunal tendrán que modificarse sustantivamente las cifras totales. Si no es así, la Sala Superior debe explicar por qué se produce esa disparidad o por qué no atendió esos guarismos, a menos que sean inventados.