NOTA ORIGINAL:
IFAI, la mano del presidente
alvaro delgado
MEXICO, DF, 23 de octubre (apro).- El Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), creado por el Congreso debido al empuje de amplios sectores de la sociedad para garantizar el derecho al escrutinio del gobierno federal, padece la abierta intervención del Poder Ejecutivo panista: del que se va y, también, del que llega.
Fue el comisionado Horacio Aguilar Alvarez de Alba quien detonó el más reciente escándalo al asegurar que personeros del presidente Vicente Fox y Felipe Calderón --todavía en calidad de candidato presidencial-- indujeron la elección de Lujambio, exconsejero del Instituto Federal Electoral (IFE).
Proceso confirmó que los operadores de las maniobra fueron el secretario de Gobernación, Carlos Abascal, y Ramón Muñoz Gutiérrez, consejero presidencial y hoy senador del Partido Acción Nacional (PAN), así como César Nava Vázquez, entonces secretario general adjunto y actual secretario particular de Calderón, de quien Lujambio es amigo y ha sido su asesor político.
Aunque Lujambio no es militante formal del (PAN), como su padre, la relación política y la promoción de las ideas de este partido es pública: hoy lunes presentó, junto con Calderón, el libro El porvenir posible, una recopilación de artículos de Carlos Castillo Peraza, de autoría conjunta con Germán Martínez Cázares, prominente operador del calderonismo, editado por el Fondo de Cultura Económica (FCE).
La intervención del Ejecutivo y del PAN en el IFAI, que lesiona su relativa autonomía frente al gobierno de Fox --que ha impuesto el ocultamiento a amplia información sensible del sexenio-- y el de Calderón, tiene que ver con el proceso de ratificación de los comisionados, caracterizado por la opacidad y el desdén al Senado, que debe intervenir conforme a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
Mientras que Aguilar no fue ratificado sin conocer las razones que Fox tuvo para esa determinación, lo que hizo al comisionado ampararse, María Marván Laborde, la primera presidenta del IFAI que concluyó su encargo también el 11 de septiembre, sí logró una nueva designación, aunque el procedimiento seguido la coloca en una situación de debilidad legal y sujeta a impugnación.
Organizaciones sociales han manifestado preocupación por el latente “conflicto de interés” por la designación de Lujambio, pero también por el proceso de nombramiento y ratificación de los comisionados, como lo hicieron en un desplegado publicado el 30 de agosto, cuando exigieron que las razones para ratificar o no a los comisionados “deberán quedar claramente expuestas de cara a la sociedad”.
Consumada la ratificación de Marván y la no ratificación de Aguilar, cuyo amparo ha provocado que el IFAI auxilie al gobierno de Fox en el litigio, varias de esas organizaciones se reunieron en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el 4 de octubre, para evaluar ese episodio y solicitar un encuentro con los comisionados.
“Fue un proceso absolutamente opaco y poco detallado”, lamenta Alicia Athié, integrante de Fundar, una de las 20 organizaciones de la sociedad civil que publicaron el desplegado, y considera este procedimiento tan importante como los “conflictos de interés” que pueden presentarse en esa institución.
En la ratificación de Marván ni siquiera intervino el Senado, como lo establece el artículo 35 de la ley y como lo había adelantado el propio vocero presidencial, Rubén Aguilar, porque desde Los Pinos se hizo una interpretación parcial: “Están jugando con esta vaguedad de la ley para no hacer partícipe al Senado, ni siquiera en esta pequeña parte que le toca.”
--¿Hay un retroceso?
--Hay peligros que podrían debilitar al IFAI y nosotros, como sociedad civil, estamos por el fortalecimiento de ese instituto. Necesitamos no sólo que avancemos más, sino que no se retroceda con este tipo de cuestiones que puedan debilitar significativamente a esta institución.
Para Ernesto Villanueva, redactor del proyecto de ley como presidente de Libertad de Información México (Limac) --también firmante del desplegado de las 21 organizaciones sociales--, no hay duda: en la ratificación de Marván el Senado debió recibir la propuesta de Fox para emitir un dictamen de “no objeción”, como lo establece la ley, y por eso el nombramiento es jurídicamente endeble.
“Si bien es verdad que el presidente tiene la atribución para designar a los comisionados, conforme al artículo 5 transitorio, también lo es que los artículos 34 y 35 establecen el procedimiento a través del cual se perfecciona ese nombramiento. De otro modo carecerían de sentido esos artículos. Se requiere que intervenga el Senado, tanto en el acto de nombramiento como de ratificación.”
--Pero ya no ocurrió.
--Ya no ocurrió y, por tanto, no se logró el cumplimiento pleno de la ley. Se cumplió con una parte y, por tanto, es un nombramiento cuestionado. En otras palabras, no satisface los requisitos establecidos en la ley y puede ser impugnado.
El caso Marván
En efecto, la ratificación de Marván ejemplifica la opacidad del gobierno de Fox: dos días después de que Marván y Aguilar dejaron el cargo, el miércoles 13 de septiembre, el vocero Rubén Aguilar aseguró que Fox enviaría al Senado a los sustitutos, tal como lo dispone el articulo 34 de la ley, que prohíbe la reelección.
“La Presidencia tiene ya los dos nombres de los comisionados que quiere proponer para la ratificación del Senado”, dijo Aguilar, quien dijo que se esperaría a seguir el trámite hasta que el juez resolviera sobre el amparo de Aguilar.
Pero la suspensión definitiva que obtuvo Aguilar, y que le permitió seguir en el cargo, cambió las cosas: no sólo se frustró el nombramiento de Jacqueline Peschard, sino que se decidió ya no tomar en cuenta al Senado para la ratificación de Marván.
Sólo hasta el 20 de ese mes, Lujambio informó públicamente que dos días antes “tuvo conocimiento” de la ratificación de Marván, quien ese día se presentó a laborar, sin haberle notificado al Senado, como adelantó Aguilar, quien se hace llamar “la voz” de Fox.
Más aún, según el nombramiento firmado por Fox y del cual Apro tiene copia, está fechado el 12 de septiembre, un día antes de que Aguilar aseguró que se enteraría al Senado para ratificarla u objetarla.
La propia Marván reconoce, en entrevista, que la Presidencia de la República le informó de su nombramiento días después de que dejó el cargo, pero que recibió el documento firmado por Fox hasta la mañana del mismo 20 de septiembre, dos días después de que Lujambio “tuvo conocimiento” de la decisión presidencial.
--¿A qué atribuye que su nombramiento no haya sido propuesto al Senado?
--El (artículo) 34 o 32, por hay (sic), es muy claro y sí habla de que el nombramiento tiene que pasar… vaya, sale de Presidencia y va al Senado. El 5 transitorio establece como una facultad del presidente la ratificación. De alguna manera, como fue la única ratificación en la historia de esta ley, es potestad de Presidencia haber interpretado lo que interpretó, digamos.
--Aunque el 13, el vocero presidencial decía que iban a ser los dos nuevos nombramientos al Senado...
--Habrá que preguntarle a él qué fue lo que pasó.
Y se deslinda: “En todo caso la actuación de Presidencia es independiente de la actuación del IFAI”
Subordinación
Pero el oscuro proceso en el nombramiento y ratificación de los consejeros tiene otras repercusiones que, según Athié y Villanueva, minan la imparcialidad y autoridad moral del IFAI, y que de acuerdo con el segundo colocan a la institución en un latente partidismo, como lo padece el Instituto Federal Electoral (IFE), del que Lujambio fue consejero.
A raíz del amparo promovido por Aguilar, quien se mantiene en su cargo, el IFAI decidió, por mayoría del pleno y a propuesta de Lujambio, litigar “como tercero interesado” contra el comisionado con la estructura jurídica de la institución, bajo el pretexto de que el amparo lesiona la “certeza” legal para el proceso de nombramiento y ratificación de los comisionados.
En la sesión del miércoles 11, y con la ausencia de Aguilar, el único de los cuatro comisionados que se opuso rotundamente a que el IFAI le haga el trabajo al Ejecutivo fue Juan Pablo Guerrero Amparán, quien aclaró que esa institución es ajena al litigio, pero sobre todo porque pone en entredicho la autonomía orgánica.
“A pesar que el IFAI tiene la oportunidad de asumir una actitud prudente e imparcial, considero que la intervención menguará la cohesión institucional y el liderazgo del pleno, sin garantía alguna de resultados favorables, y con el riesgo de poner en entredicho la autonomía del Instituto.”
Explicó: “Me opongo a la intervención activa del IFAI en el amparo interpuesto por Horacio Aguilar Alvarez de Alba en contra del Ejecutivo federal al considerar que el juicio no confronta al Instituto con el comisionado Aguilar Alvarez de Alba, sino que versa sobre un asunto en el cual el Instituto no tendría aportación jurídica alguna, pues se refiere al nombramiento y ratificación de los comisionados, cuestión que de conformidad con la ley atañe exclusivamente al presidente de la República y a la Cámara de Senadores (o en su caso la Comisión Permanente).
“La integración del pleno de los cinco comisionados actuales permite al IFAI estar en condiciones de cumplir a cabalidad con sus obligaciones; en este sentido, el Instituto no debe tener un interés contrario al quejoso en el acto reclamado.”
Sin embargo, esta argumentación de Guerrero --que quedó inscrita a petición suya en el acta de la sesión-- fue desdeñada por los tres comisionados, quienes están enfurecidos por la decisión de Aguilar de promover el amparo y por la entrevista publicada en Proceso, en su edición 1558 del 17 de septiembre, en la que revela las maniobras de Fox y Calderón en la designación de Lujambio como presidente del IFAI.
Al respecto, Athié no aprueba la intervención del IFAI en el litigio de Aguilar contra el Ejecutivo: “Lamentablemente por errores de origen, tanto en la ley como en el proceso, y la falta de definiciones, está envuelta en esta nube de incertidumbre que debe resolver. Tiene que tener mucho cuidado en no verse debilitado metiéndose en cuestiones más complicadas. Que exponga sus criterios, pero que su prioridad sea el respeto al derecho de acceso a la información, más allá de intereses particulares que pudiera haber.”
A su vez, Villanueva afirma que, en el caso de la ratificación de Marván debió intervenir, “sin duda”, el Senado, y tampoco se respetó el espíritu de la ley para evitar la discrecionalidad del Ejecutivo, como cuando el Senado objetó el nombramiento de Guillermo Velasco Arzac, a quien precisamente sustituyó la comisionada.
“Lo que se hizo cuando trabajamos en la elaboración de la ley es que no se quedara a la libre discreción del titular del Ejecutivo. Si bien no se podía ir más allá, porque se requería una reforma constitucional, lo más que se pudo hacer fue establecer ese formato de no objeción del Senado, con el propósito de generar un equilibrio que garantizara, por un lado, que llegaran los perfiles adecuados y el análisis puntual de los antecedentes, y tener un contrapeso y control político.”
Sobre la decisión de la mayoría del pleno del IFAI, con la oposición de Guerrero, de litigar contra Aguilar, Villanueva advierte serios riesgos: “Genera una división interna, encona todavía más las cosas y pone al IFAI en una situación inadecuada, porque vulnera el espíritu del trabajo colegiado. Era innecesario meterse como protagonista en esa batalla que no es suya.”
--¿Le está haciendo el trabajo al Ejecutivo?
--Quizá no hace el trabajo, pero sí convalida que efectivamente ese es el espíritu que marque y toma una postura ante un hecho que debió haber mantenido una prudente distancia, no sólo por ser un comisionado, miembro del mismo instituto, sino por la propia naturaleza de las funciones que tiene el IFAI y, sobre todo, de cara a los estados, donde el IFAI es un líder moral de promoción de leyes, y con esto va a generar polémica.
Y advierte: “La institución se va partidizando y podemos caer en el riesgo del IFE: de ser un órgano garante e imparcial, hoy es un órgano que nos ha dado muestra y pruebas claras de una parcialidad a favor de un candidato y en perjuicio de otros, y el propio Tribunal (Electoral) lo ha reconvenido.
Aclara: “Si bien no estamos en un caso como el del IFE, porque todavía el IFAI da alguna batallas importantes a favor de la transparencia, si quieres como coartada, pero estos elementos y esa amistad que pregona de manera pública el comisionado Lujambio, que tiene sus derechos políticos –aunque lo que cuenta es la percepción--, lo ideal en un órgano de esta naturaleza es adoptar una cuestión de imparcialidad. Se es servidor público las 24 horas.
“Esto resta credibilidad, va a generar problemas en dos cosas: en la capacidad de interlocución con los acores políticos del país y, segundo, en la negociación con el Congreso para la negociación presupuestal, y se coloca en una situación que antes no tenía, porque precisamente por esa imparcialidad le daba calidad moral que hoy comienza, por lo menos, a ser cuestionada.”
VAYA NO HAY DIA QUE LAS "SANTAS AUTORIDADES" TENGAN ALGUN LIO CON LA LEY DE LOS HOMBRES
Niega la CEM recibir dinero del narcotráfico
arturo rodríguez garcía
Saltillo, Coah., 23 de octubre (apro).- En nombre de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), su tesorero, el obispo de Piedras Negras, Alonso Garza Treviño, aseguró que “ni cinco centavos ha ingresado a la Iglesia” provenientes del narcotráfico.
La negativa del obispo Garza Treviño cobra notoriedad en él, pues en abril de 2004, luego de una devastadora inundación que borró del mapa la comunidad de Villa de Fuente, cercana a Piedras Negras, él mismo fue el encargado de distribuir ayuda a miles de damnificados, proveniente de un singular donante: Osiel Cárdenas Guillén, feje del cartel del Golfo, preso en el penal de La Palma, en el Estado de México.
Aún más: Garza Treviño, titular de la fronteriza curia, ha sido severamente cuestionado por la ostentosa construcción de una catedral y un edificio para albergar el Obispado, con recursos ilimitados –lo que se considera extraño en una diócesis recién creada-, además de enfrentar un litigio por la propiedad irregular de las tierras escogidas para sus construcciones.
Entre sus acciones durante los cinco años que lleva al frente de la Diócesis, Garza Treviño ha organizado festivales del Día del Niño, donde se reparten regalos con una tarjeta de salutación que reza: “Con los atentos saludos de Osiel Cárdenas”.
Fue justamente en la inundación de Villa de Fuente, donde Garza Treviño se dio a conocer, pues, inclusive, fue denunciado por el desvío de 750 mil dólares, enviados como ayuda a los damnificados, quienes aseguran que jamás recibieron el envío.
Interrogado respecto a sus declaraciones y los antecedentes de su desempeño, el obispo Alonso Garza, apodado aquí “el padre Loncho”, intentó explicar que la ayuda enviada por el jefe del cártel del Golfo, no era para la Iglesia, sino para los feligreses damnificados, además de que todo fue una confusión, pues el trailer en que se transportaban los artículos, se estacionó afuera de una Iglesia.
Entonces adoptó nuevamente su carácter de tesorero de la CEM, para decir que él, por el puesto que ocupa en la jerarquía católica, sabe muy bien que en las arcas del organismo jamás ha entrado dinero del narcotráfico y luego, reconoció que hay delincuentes que son creyentes y piden sacramentos, por lo que algunos sacerdotes de pueblo les aceptan sus dádivas, pero insistió en que no es una política de la Iglesia ni se financia mediante la delincuencia organizada.
Alonso Garza, además de los supuestos vínculos con el narcotráfico, ha sido denunciado por la protección que brinda a sacerdotes adúlteros y dado innumerables muestras de relación con elites del poder político y del dinero. En los días posteriores a la tragedia de Pasta de Conchos, por ejemplo, defendió a los dueños de la mina, Grupo México, y pidió a los deudos que perdonarán, llamándolos a la reconciliación, ganándose además la animadversión de varios de sus sacerdotes, que buscaron a Raúl Vera, el obispo de Saltillo, para que diera cauce a las quejas e información obtenida entre los deudos de las víctimas.
Y DE ALVARO DELGADO:
Fox y Marta, desechados
Álvaro delgado
México, D.F., 23 de octubre (apro).- Conforme se aproxima el relevo formal en la Presidencia de la República, que no está desde luego garantizada, Felipe Calderón toma distancia de Vicente Fox y de su mujer, Marta Sahagún, una tendencia que habrá de robustecerse más allá de la espectacularidad de los “quinazos” previstos.
Si Calderón mantuvo entre algodones a Fox durante la campaña, con la misma hipocresía con la que sostenía que no había convalidado el Fobaproa, obedeció a un factor: De la operación del gobierno federal dependía la obtención de votos y la impunidad en la instrumentación de prácticas fraudulentas, como el ilegal e inmoral activismo presidencial, así como la colusión entre mapaches panistas y priistas.
Pero ya legalmente investido como jefe del Ejecutivo, aunque para millones de mexicanos sea espurio, Calderón viene instrumentando una ruptura con su antecesor, incluyendo a su mujer y el ejércitos de acólitos que los acompañan, en la misma lógica que lo hacían los presidentes priistas entrantes, aunque en las formas de la supuesta democracia.
Fox dejó de ser políticamente funcional desde el momento en que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) emitió su fallo sobre las elecciones, el 5 de septiembre, y se consagró a la impunidad: La máxima autoridad en la materia reconoció que había sido una elección sucia, por la intervención presidencial y empresarial, sobre todo, pero que era legal.
Sólo la hipocresía --esta enfermedad nacional hermana de la corrupción-- evita apreciar semejante realidad.
Por eso, Fox y su mujer son ya desechables: Allegados a Calderón y él mismo, con su silencio, enjuician, públicamente los desfiguros de la inepta gestión; y aseguran que inaugurarán el primer gobierno panista de la historia, un proyecto de la derecha de varios sexenios que, en el colmo, ya es visto como ¡socialdemócrata! por la opinocracia adicta al régimen en ciernes.
Estos son los hechos: En su primer discurso tras el fallo del TEPJF, en la misma sede del Partido Acción Nacional (PAN), Calderón omitió mencionar a Fox y proclamó el inicio de “una nueva era de la vida nacional”: Si el olvido fue involuntario, el dato es relevante; si fue deliberado, también.
Luego, Germán Martínez, uno de los “comodines” en el gabinete de Calderón, adelantó a este reportero, en una entrevista efectuada el 19 de septiembre, que ya comenzó el deslinde con el foxismo:
“El foxismo se expresa, plásticamente, en tres elementos y símbolos: Una águila mocha, una pareja presidencial y unos head hunters para definir el gabinete. Eso no se va a repetir con Felipe Calderón”, dijo en la entrevista publicada en el semanario Proceso, en la edición del domingo 24.
Dijo más Martínez: “El foxismo es una suerte de amateurismo político que le costó mucho al PAN y al país. Las frivolidades alrededor de eso no van a durar y el foxismo se diluirá, inmediatamente, el 1 de diciembre.”
Apenas la semana pasada, el viernes 20 de octubre, el coordinador de asuntos internacionales del equipo de transición, Arturo Sarukhán, anunció un “golpe de timón” en la diplomacia, algo que ya había anticipado al concluir la primera gira internacional por Centro y Sudamérica, el viernes 6, cuando reconoció el desastre diplomático del foxismo en la región.
“No les voy a mentir. Creo que sería generar tantas expectativas si yo les digo que el liderazgo mexicano se va a recuperar de la noche a la mañana, no es cierto”, puntualizó Sarukhán en entrevista con los periodistas enviados a esa gira, en la que se perfiló la conducta excluyente de Calderón con los medios que no le son cómodos, algo en lo que se parece a Fox.
Otro deslinde de Fox lo ha estableció también, con una alta dosis de cinismo, el patrón de Saruhkán en la Secretaría de Relaciones Exteriores, Jorge Castañeda, quien en el diario Reforma se desmarcó ante el arrojamiento del foxismo al basurero. Hasta tituló su artículo: “Aguas: que no cuenten cuentos”.
Más allá de su proclamada inocencia en el diseño de la política exterior, Castañeda pone distancia del uso de los head hunters en la integración del gabinete de Fox y confirma lo que aquí siempre se ha dicho: Que ese pretendido método de modernidad fue, siempre, una tomadura de pelo, un ejercicio de engañabobos instrumentado por Ramón Muñoz para poblar el gobierno con integrantes de la mafia ultraderechista de la Organización Nacional del Yunque.
De hecho, El Yunque se está convirtiendo, también, en un desecho que acompañará a Fox y a su mujer al basurero, según el plan de Calderón que es, hay que decirlo, bastante hipócrita: Hace que rompe con esa organización extremista, particularmente con Manuel Espino, y, al mismo tiempo, se rodea de otros militantes, como su secretario particular, César Nava, y Juan Carlos Romero Hicks, su más reciente adquisición.
En este juego de hipocresías, que en realidad es ajuste de cuentas en el grupo mafioso, emergen también datos interesantes: Manuel Espino, en su empeño de deslindarse de Fox, exhibió la conducta facciosa del gobierno y sus cómplices del Poder Ejecutivo y el Legislativo para eliminar a Andrés Manuel López Obrador.
De este episodio grotesco, que fue debidamente documentado en su momento, y de otros --como el fraude electoral-- seguirá brotando más información de boca de sus protagonistas como parte de la descomposición de la facción política aparentemente hegemónica, tan rica en traiciones y ajustes de cuentas en el reparto del botín.
Los primeros damnificados son, por ahora, Fox y su mujer: Si ya de por sí concitaban el repudio de amplios sectores de la sociedad, por sus abusos y los de sus entenados, ahora son empujados por sus propios cómplices al basurero de la historia, aun con museo en el rancho familiar y centro de las artes en Zamora.
Apuntes
La voracidad de la derecha no tiene límites cuando de recursos públicos se trata: No me refiero a la voluminosa figura Agustín Carstens --que es macabra en un país de muertos de hambre y ante la cual Calderón se ve hasta esbelto-- y su consagración a la continuidad de la política económica, sino a la innovación tecnocrática de los bonos “de marcha”: La nueva adquisición de Calderón, Juan Carlos Romero Hicks, premió a la altura burocracia de Guanajuato con medio millón de pesos a 36 altos funcionarios. ¿Por qué? Porque sí. Un total de 18 millones de pesos del raquítico presupuesto del estado fueron para los amigos de Agustín de Iturbide, que tal es el seudónimo de Romero en El Yunque… El Senado, una de las vigorosas instituciones de México, no ha cedido al chantaje de muertos de hambre y decretó que el gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, es valuarte más de las gloriosas instituciones nacionales. Y puede hacer lo que se le pegue la gana en su hacienda estatal y emular a su paisano decimonónico, Porfirio Díaz: “Mátalos en caliente.”... El Senado se dispone, también, a elegir a los próximos magistrados electorales, custodios del Estado de derecho: Mariano Azuela ya ordenó aprobar a Elvia Díaz de León D’Hers, sin ninguna prenda en la materia, y a Alfonso Oñate Laborde, priista como su hermano Santiago. El PAN apoya a Jacinto Silva Rodríguez, quien como contador mayor de Hacienda del Congreso de Jalisco, en 2001, puso en orden las cuentas del gobierno de Alberto Cárdenas Jiménez y como premio obtuvo un bono de 69 mil pesos, y a María del Carmen Alanís, amiga íntima de Margariza Zavala, la mujer de Calderón. Un caso patético, también, es el de Héctor Arturo Mercado López, acusado ante el Consejo de la Judicatura Federal de repartirse 50 millones de pesos con los magistrados Tarcisio Aguilera y Alicia Rodríguez para emitir un fallo a favor de la Secretaría de Hacienda en el litigio iniciado por la ciudadana Lilia Cortés García contra Cecilia Barra, exoficial mayor de la SHCP y quien ostenta el mismo cargo en la PGR. Qué robustas son las instituciones de México, proclama la opinocracia funcional.
Comentarios: delgado@proceso.com.mx
NOTA:En la nota anterior vemos como,a toda costa,pretenden asegurar la posesion de la Suprema Corte,ya que esta dependencia,al mejor postor,sirve solo para legalizar lo ILEGALIZABLE bajo cualquier otra intancia,preparan el camino del fraude y la corrupcion,y solo nos confirman AL DIABLO LAS INSTITUCIONES,SUS INSTITUCIONES A MODO.
Y UN DATO MAS DE LOS MANIROTOS PANUCHOS DE GUANAJUATO,SIVIENDOSE DE LA RIQUEZA DE UN PAIS QUE NO LES ES DE SU PROPIEDAD.
Dispone Romero Hicks de 18 mdp para liquidar a 36 excolaboradores
verónica espinosa
Guanajuato, Gto., 23 de octubre (apro).- El gobierno estatal literalmente “se deshace” en explicaciones sobre la “prestación por término de la relación laboral” dispuesta por el exgobernador Juan Carlos Romero Hicks un mes antes de dejar su cargo --en agosto anterior--, quien benefició a sus excolaboradores mediante un decreto manejado discretamente por él y su sucesor, el también panista Juan Manuel Oliva Ramírez.
Mientras en el gobierno federal y en otros niveles, como en el Distrito Federal, persiste el jaloneo por la entrega del bono sexenal, Romero Hicks dejó un mes antes de concluir su gestión un decreto mediante el cual hasta ahora se ha “liquidado” a 36 funcionarios de los niveles más altos, entre ellos siete secretarios, con una aportación total que rebasa los 18 millones de pesos.
Los efectos del “decreto 278” publicado el 22 de agosto se conocieron apenas la semana anterior por las publicaciones locales. Es decir, casi dos meses después. Nada dijo Romero sobre esta disposición antes de dejar su cargo, ni tampoco su sucesor había tocado el tema.
En principio se aclaró que la medida fue tomada por Romero –hoy integrado al equipo de transición de Felipe Calderón, y con posibilidades de convertirse en el secretario de Educación-- con una partida ya prevista en el presupuesto que se ejerce este año.
Pero a la solicitud expresa de conocer los nombres y montos de cada funcionario favorecido por el decreto, la nueva administración había respondido con una negativa.
Apenas este lunes, el secretario de Gobierno, Gerardo Mosqueda, y el de Finanzas, Gustavo González Estrada, han salido a ofrecer --“como una muestra de la transparencia y de que hoy se sabe dónde está cada centavo” del erario-- la información sobre cuánto y quiénes son los funcionarios públicos, de los niveles 12 al 23, en varios casos considerados como “trabajadores de confianza”.
Según las palabras de Mosqueda, la medida asumida por Romero Hicks fue “perfectamente legal y sustentada jurídicamente”, además que correspondió a una estrategia asumida en la entidad por los gobiernos panistas para formalizar un acto que “antes, con los gobiernos del PRI”, era discrecional y carecía de reglas claras.
Sin embargo, en los hechos el gobierno de Oliva Ramírez ya asumió los costos de la polémica, pues el propio Mosqueda confirmó la versión de que durante este sexenio no habrá bono de productividad, estímulo o situación que se le parezca para la burocracia estatal.
Aunque sí se anunció que se trabaja en un esquema de “ahorro voluntario”, aunque aún se carece de detalles sobre este punto, en el que también se verían involucrados recursos del erario, de acuerdo con la forma en que operan este tipo de fondos en las empresas y en instancias como el Congreso local.
Mientras tanto, los 36 funcionarios hasta ahora “liquidados” han recibido el equivalente a 12 días por año trabajado; aguinaldo, vacaciones y prima vacacional proporcional, además de hasta tres meses de salario, según la antigüedad, básicamente, y con el descuento correspondiente por impuestos.
Así, según la información que también hasta este lunes se difunde en la página de Internet del gobierno de Guanajuato (guanajuato.gob.mx), el exsecretario de Educación, Víctor Manuel Ramírez Valenzuela, encabeza la lista por el monto recibido, pues se le contabilizaron 12 años colaborando en la administración estatal, por lo que junto con las demás prestaciones referidas, le fue entregada la suma neta de 991 mil 300 pesos.
Otros excolaboradores de Romero Hicks que recibieron en promedio poco más del medio millón de pesos, fueron los extitulares de la Gestión Pública, Jorge Romero Hidalgo; coordinador de asesores, Enrique Ayala Negrete; secretario particular, Hugo Baca Gasca (aunque éste no cubrió todo el sexenio), así como los exsecretarios de Agricultura, Eduardo Nieto Almeida; de Seguridad Pública, Gerardo Luis Rodríguez Orozco; de Desarrollo Social y Humano, Justino Arriaga Silva; de Finanzas, Luis Mario Aguilar y Maya Medrano, y de la Unidad de Proyectos e Inversión Estratégica, Joel Arredondo.
El exsecretario de Gobierno, Samuel Alcocer Flores, fue uno de los que más recibió --706 mil pesos--, a pesar que solamente ocupó este cargo durante los últimos meses de la gestión de Romero Hicks, que cambió de titular en esta área en cuatro ocasiones. A Alcocer se le contabilizaron de todos modos los cinco años que en total trabajó en el gobierno.
Lo mismo ocurrió con el exdirector del DIF estatal, José Cruces Carrillo, quien a pesar de que nada más estuvo en ese cargo un año y medio, salió con poco más de 430 mil pesos.
El decreto tiene como término el 31 de enero del 2007. Aquellos funcionarios que reciban esta liquidación y después sean recontratados en el gobierno, deberán devolver el monto por este concepto, según establece el propio acuerdo.
NOTA:Esta bola de corruptos ,abusones,estafadores,saben que tienen la guadaña de la opinion publica encima,el CARACHUECA solo es un ejemplo mas de lo nefasto que pueden ser estos persignados que creen tener el favor divino para sus fechorias.Por cierto,el ultimo punto del acuerdo de SOBORNO LEGALIZADO nos confirma que lo que el CARACHUECA quiere es que le deban el favorcito y se CALLEN EL HOCICO SI SALEN BRONCAS.
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