Justamente hoy AMLO anuncia en su gira por Edomex, que enviará al Congreso una iniciativa de ley para elevar a rango Constitucional una ley de salarios austeros para los servidores públicos. Ya Victor hace mas abajo la crónica de esa propuesta.
Yo quiero insertar aquí este artículo que escribe Alberto Aziz Nassif,en el Universal para que tengamos una muestra de la realidad del porqué la mayor parte del presupuesto se designa al gasto corriente:
Salarios de privilegio
DESDE que se inició la transparencia sobre la información pública, los ciudadanos nos hemos enterado de cuáles son los salarios que gana la alta burocracia. Ahora podemos llegar a esa información a través de las páginas de internet de las dependencias oficiales.
En los últimos días han sido noticia de primera plana los sueldos, compensaciones y
demás mecanismos de ingreso de los altos niveles del Poder Judicial. Sin duda, los elevados montos son razón suficiente para analizar el caso: ¿son adecuados a su nivel de responsabilidad? ¿Son un privilegio en un país en donde la inmensa mayoría percibe salarios radicalmente inferiores? ¿Cómo está México en comparación a otros países?
Los altos salarios públicos forman parte de la agenda de discusión de la campaña electoral. Uno de los compromisos de López Obrador es bajarlos a la mitad. Pero de qué hablamos con altos salarios: un ejemplo puede ser el de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que durante 2006 destinará 166 millones de pesos para cubrir las pensiones, compensaciones y prestaciones de 40 ministros jubilados, es decir, que a cada uno de estos jubilados de lujo le tocarán en este año 4 millones 150 mil pesos.
Otro ejemplo es el del presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que percibirá un ingreso de 4 millones y medio de pesos, con lo cual se le considera el funcionario mejor pagado de la Federación; el magistrado del TEPJF ganará un millón de pesos más que el
presidente de la SCJN (EL UNIVERSAL, 1/III/2006). Otro ejemplo es que cada uno de los 11 ministros de la SCJN recibió durante 2005 dos bonos por un total de un millón y medio de pesos (Reforma, 28/II/2006).
Comparativamente, los altos funcionarios del Poder Ejecutivo (secretarios, subsecretarios, directores generales) están por debajo de estos ingresos, pero sus sueldos son del más alto
nivel. Con base en el trabajo de Laura Carrillo y Juan Pablo Guerrero, Los salarios de los altos funcionarios en México desde una perspectiva comparada (CIDE 2002), podemos observar que las hipótesis que apuntalan esos ingresos no se sostienen. La idea de que los altos salarios son una forma de compensación por los riesgos de un despido inesperado se cae cuando se ve que en los países desarrollados se cuenta con sistemas profesionales y con un servicio civil de
carrera que le da certidumbre a la carrera del funcionario público.
De la misma forma se examina en ese trabajo que la idea de que México posee a una de
las burocracias mejor pagadas del mundo porque deben compensarse los servicios privados de educación y salud, que en otros países son públicos, o porque se tienen que compensar las dificultades y riesgos de la ciudad de México. Se trata de argumentos que no se sostienen, simplemente porque el resto de la población también tiene que resolver estos problemas, por lo que se va desnudando el argumento hasta llegar a considerarlo simplemente como un privilegio.
Comparativamente los altos salarios rebasan a las burocracias en los países más desarrollados, con el agravante de que en México no existen mecanismos claros de rendición de cuentas y, sobre todo, de profesionalización del servicio público, proyecto que hoy en día está en una fase inicial dentro del gobierno federal. Otro de los argumentos más empleados es que el alto salario es una
suerte de blindaje en contra de las oportunidades de la corrupción, supuesto que se desmorona con la comparación internacional y los índices de corrupción.
En nuestro país, que paga mejor que la mayoría de los países desarrollados, se tienen índices de corrupción mucho más elevados, o sea que el ingreso alto no garantiza por sí solo un dique a la corrupción. La comparación entre Chile y México nulifica el argumento: en el primer caso un alto funcionario percibe 28 mil dólares al año, en tanto que en nuestro país se eleva a 158 mil, con la
diferencia de que los chilenos tienen una nota de 7.5 en el índice de corrupción de Transparencia Internacional -cuya escala más alta de menor corrupción es 10- y México obtiene sólo un 3.6 en el índice (Carrillo y Guerrero).
Con datos de 2002, los autores muestran cómo un director general gana tres veces más que
el nivel de ingreso promedio más alto, y 85 veces más que el grupo de menores ingresos, según la encuesta de hogares mexicanos. En países desarrollados el diferencial es mucho menor, lo cual expresa la alta polarización que existe en México en el ámbito salarial, y apuntala la pésima distribución de la riqueza de nuestro país.
La burocracia mexicana se ubica en la escala salarial más alta frente a Europa occidental y Estados Unidos. ¿Cómo justificar estos salarios de privilegio frente a un maestro de primaria que no llega a los 5 mil pesos al mes, un médico del Seguro Social o un universitario que reciben 12 mil pesos al
mes? ¿Será más importante la labor de un alto burócrata a la de un investigador, un médico o un maestro?
Otro argumento empleado para justificar el privilegio es el de mantener la competitividad de mercado entre el sector público y la empresa privada. En el mismo texto se analiza cómo en ningún país del mundo los sueldos se asemejan, porque el sector privado siempre tendrá, en
sus altos niveles, sueldos superiores a los de la alta burocracia. A este diferencial los autores añaden otras razones como las diferencias de formación profesional, de reglas del juego, trayectorias y culturas laborales, que marcan a cada actividad como campos completamente distintos.
Si la alta burocracia del gobierno federal tiene los niveles más altos de ingreso, la élite del Poder
Judicial está todavía mucho más arriba formando un pequeño grupo de privilegiados. Además, el Poder Judicial tiene mucho menos avances en transparencia y visibilidad que el Poder Ejecutivo. El otro caso es el Poder Legislativo, que tiene varios agravantes, altos salarios, poca transparencia y
nula profesionalización. En el Congreso reinan el reparto de bonos, la discreción en el gasto y la nula rendición de cuentas, lo cual hace del Poder Legislativo un espacio opaco de privilegio. Un 62% de la ciudadanía opina que el Congreso es ineficiente (EL UNIVERSAL, 6/III/2006).
Los salarios de privilegio son una vieja herencia del pasado autoritario que todavía está entre
nosotros. Muy poco avanzará el país si no logra tener un poder público eficiente, profesional, que rinda cuentas y tenga salarios republicanos. Cuando no hay más justificación para este nivel de salarios, salvo los argumentos del privilegio, estamos ante un serio problema para nuestra incipiente democracia.
Investigador del CIESAS.
Imposible negar que le asiste la razón a AMLO cuando afirma que urge una reforma Constitucional respecto de este asunto. También , es necesario enfatizar, que este saqueo al erario por medio de los altos salarios, se da en la clase política que llega al poder con su cauda de recomendados, aviadores y eternos mamadores de la ubre presupuestal, como es el caso típico de FeCal y su familia consaguínea y su parentela política. No es el caso de la burocracia de base que a duras penas sobrevive con 3 ó 4 salarios mínimos.
Esta es una mas de las mil razones que hay para votar por AMLO y la mayoría perredista al Congreso.
UPDATE
Este es un botón de muestra de como se las gastan los que están en el poder, echemos un ojo a esta nota de la
Jornada, acerca de la "egoteca de la Suprema Corta", 14 millones de pesos en unos pinches retratos pintados:
La Suprema Corte tendrá su egoteca.
453 retratos de ministros a lo largo de 180 años; $14 millones, gasto sólo por imágenes
JESUS ARANDA Y MERRY MAC MASTERS
Las paredes del primer piso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación albergarán de manera permanente los retratos al óleo de todos los magistrados que han pasado por el máximo tribunal a lo largo de su historia. Por lo pronto, en uno de los corredores ya se exponen algunas de las
imágenes. Para expertos en museografía, ''tal cantidad de cuadros es un exceso''
Consiste en colocar 453 imágenes de los magistrados que han integrado la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a lo largo de 180 años. Extraoficialmente se dice que se trata de una egoteca en la que los ministros ''pasarán a la historia'' al formar parte de una colección inédita que
convertirá en sala permanente de exposiciones prácticamente todas las paredes del primer piso de la Corte.
Con el pretexto de que los recursos para esta obra fueron aportados por un fideicomiso de la Secretaría de Educación Pública, la presidencia de la SCJN se negó a revelar el monto económico del proyecto, que se prevé concluir en cinco meses. Sin embargo, fuentes judiciales consultadas
revelaron que el costo ronda los 14 millones de pesos, sólo en elaboración de retratos, sin contar la reparación de centenares de metros cuadrados de paredes del edificio de Pino Suárez 2, los cuales son tratadas con pintura especial para colocar las imágenes.
A ello se suman los gastos de iluminación y equipamiento de las paredes, así como los de una nueva estructura burocrática integrada en la Dirección de Proyectos Artísticos y Culturales de la Secretaría General de la Presidencia y Oficialía Mayor.
De acuerdo con la directora general del proyecto, Paola Pineda, serán 45 los "retratistas" encargados de la obra. Se estima que cada artista se hará cargo de 10 retratos, con costo unitario
aproximado de 30 mil pesos. En entrevista para una publicación interna del Poder Judicial de la Federación -la funcionaria se negó a platicar con este diario sobre el proyecto-, Pineda dijo que se buscó a 45 pintores para tener "45 maneras distintas de representar el retrato". Su reconocimiento y seriedad son garantía de "muy buen" trabajo, expresó.
Aunque no menciona la forma en la que se eligieron, se supo que fue por análisis de su obra, por concurso o por recomendación de funcionarios de la Corte, de la Secretaría de Educación Pública
o del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.
Las obras -10 de ellas ya se exponen en uno de los corredores del primer piso de la Corte- son
elaboradas en bastidores de lino de 40 por 50 centímetros y se prevé que prevalezcan en los óleos los pigmentos negros, blancos, rojos, tierras, naranjas, azules, verdes, violetas y amarillos.
La idea del proyecto, informó Pineda, es colocar los retratos en orden cronológico y que se conjunten en armonía con los murales de José Clemente Orozco que hay en el primer piso.
A diferencia del optimismo expresado por la funcionaria, expertos consultados comentaron que colocar 453 retratos es poco práctico desde el punto de vista museográfico, porque tal cantidad de cuadros sólo provocará cansancio entre los visitantes.
"Es un exceso", señalaron especialistas, quienes agregaron que cualquier exposición requiere de un espacio adecuado, y si en cada tramo de pared se van a atiborrar 10 retratos difícilmente se cumplirá con la idea del proyecto.
De los 60 retratos que ya están listos, la mayoría son de los 11 ministros que actualmente integran el pleno de la Corte. Algunos reconocen que no son muy partidarios de la idea, pero que la tentación de ver un óleo con su efigie no es del todo despreciable. Además, señalan que fue una
decisión del ministro presidente, Mariano Azuela Güitrón, en homenaje "a quienes los antecedieron en el cargo".
Así las cosas, en las paredes de la Corte se rendirá un reconocimiento lo mismo a Ernesto Díaz Infante, quien fue procesado penalmente por haber sido sobornado para que interviniera en favor de la liberación de Alejandro Braun Díaz, conocido como El Chacal de Acapulco, quien fue acusado de matar y violar a una menor en 1987; Miguel Montes García, quien fue el prototipo de los ministros designados por el presidente en turno más por razones políticas que por merecimientos jurídicos; hasta ministros que formanparte de la "historia negra" de la Corte, sobre los cuales se conocen internamente historias de corrupción, pero que hacia fuera mantenían una imagen inmaculada "para no afectar al Poder Judicial Federal".
En 2002, al término de su gestión, el entonces presidente el máximo tribunal, Genaro David Góngora Pimentel, inició estos "homenajes" con la creación de una Sala de Presidentes de
la Suprema Corte, en la que se colocaron retratos de todos los que presidieron ese órgano colegiado desde su fundación; cuatro años después, su sucesor, Mariano Azuela Güitrón, no se quiso quedar atrás y ordenó el acondicionamiento de práticamente todas las paredes del primer piso de la sede de la Corte para colocar 453 óleos de juzgadores en activo y del pasado.
Una razón mas para votar por AMLO y la mayoría perredista en el Congreso.