Tráfico de influencias de Gil Díaz
Ana Lilia Pérez
La Auditoría Superior de la Federación indagará los vínculos de Francisco Gil Díaz con Fénix Administradora de Activos -empresa por medio de la cual los hermanos Bribiesca adquirieron 3 mil casas a precio ínfimo-, que habría causado un quebranto al IPAB por varios millones de pesos, en oscuras transacciones con Gonzalo Ortiz Blanco, notario e hijo del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Guillermo Ortiz Mayagoitia.
La participación del ex secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, en las operaciones que emplearon los hermanos Bribiesca Sahagún para obtener 3 mil casas del Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB) -cada una a menos de 2 mil pesos, entre 2003 y 2004- por medio de Fénix Administradora, será investigada por la Auditoría Superior de la Federación.
Derivado de una denuncia ciudadana en la que se vincula a Gil Díaz en irregularidades durante su desempeño como titular de la SHCP, la Comisión de Vigilancia de la ASF en la Cámara de Diputados solicitará a Arturo González de Aragón, titular de la ASF, que incluya la fiscalización de las operaciones de Gil Díaz como asesor del consorcio J.E. Roberts, cargo que desempeñó simultáneamente con su trabajo como presidente de la Junta de Gobierno del IPAB, según reveló HSBC en enero pasado, cuando Gil se integró como consejero de este consorcio financiero.
J.E. Roberts es propietaria de Fénix Administración de Activos S. de R.L., administradora de cartera que desde el sexenio pasado ha vendido la mayor parte de los bienes que recibió el IPAB como resultado del rescate bancario.
La adquisición de miles de casas del IPAB a precio de remate por parte de los hijos de Marta Sahagún, fue uno de los resultados más importantes de la Comisión Especial de diputados que el año pasado investigó el tráfico de influencias de los hermanos Bribiesca.
Si para sus ilegales negocios como gestores de contratos en Petróleos Mexicanos, la familia de Marta Sahagún encontró en Gil Díaz (entonces integrante del Consejo de Administración de Pemex) su principal freno, hubo entre ellos negocios compartidos, según las indagatorias que a partir de marzo analizará la ASF.
En agosto pasado, la Comisión determinó irregularidades de funcionarios de alto nivel que actuaron en complicidad con los Bribiesca, y que causaron millonarios quebrantos al IPAB.
El caso podría dar un nuevo giro, toda vez que la ASF investigará si el ex secretario de Hacienda fue quien facilitó dichos negocios; pues, como reveló el HSBC, Gil Díaz era asesor de J.E Roberts (empresa dedicada mundialmente a la “administración” o compra de cartera), dueña de Fénix, al mismo tiempo que presidía la Junta de Gobierno del IPAB, periodo en el que Manuel y Jorge Bribiesca Sahagún adquirieron los activos del instituto.
Por encargo de los diputados, la ASF tendrá la responsabilidad de comprobar si fue Gil Díaz quien facilitó a los Bribiesca adquirir las casas -incautadas a los clientes por Bancrecer- mediante operaciones que habrían causado al IPAB un quebranto de más de 300 millones de pesos.
En la pasada legislatura, los diputados Jesús Gonzáles Schmall, Marta Lucía Micher y Sofía Castro Ríos determinaron que la venta de activos del IPAB que Fénix vendió a los Bribiesca provocó al IPAB un quebranto de 334 millones de pesos.
Cabe señalar que, como reveló Contralínea en septiembre pasado, según declaraciones de Magda Muñoz, ex colaboradora de Manuel Bribiesca y Miguel Khoury, la propia Marta Sahagún tenía participación en el negocio inmobiliario de sus hijos, desde 2003.
Para los Bribiesca, apropiarse de las casas significó un negocio redondo, porque además de que el IPAB, a través de Fénix, vendió a precios de ganga, Nacional Financiera y Sociedad Hipotecaria Federal les otorgaron millonarios créditos para construir viviendas y, por si eso fuera poco, la mayoría de estas casas las vendieron por medio del Infonavit y Fovissste.
De acuerdo con la denuncia, que el 16 de febrero presentó en la Comisión de Vigilancia un grupo de organizaciones ciudadanas, durante el periodo en que Gil Díaz fue asesor de J.E. Roberts, Fénix Administración de Activos hizo una serie de operaciones ilegales en detrimento del patrimonio del IPAB, que habrían causado un quebranto de 60 millones de pesos.
En estas operaciones ilegales habría tenido participación el Notario Público 98, Gonzalo Manuel Ortiz Blanco, hijo del presidente de la Corte Guillermo Ortiz Mayagoitia.
Según la denuncia, entre 2004 y 2005, el IPAB preparaba una denuncia contra Fénix por un desfalco de 60 millones de pesos de impuestos que no se habían pagado en los procesos notariales que llevaba a cabo la Notaría Número 98 del Distrito Federal.
Aunque el IPAB preparó la denuncia contra Fénix y la Notaría 98, María Teresa Fernández, secretaria ejecutiva del IPAB, habría dejado prescribir la denuncia, y el IPAB pagó los 60 millones de pesos.
Mario Di Costanzo explica la oscura transacción: “El secretario de Hacienda estaba detrás de la compra de cartera del IPAB por parte de Fénix, pero al mismo tiempo era presidente de la Junta de Gobierno del IPAB; Fénix legalizaba sus acciones en la Notaría 98, del hijo de Ortiz Mayagoitia, es un completo conflicto de intereses”.
Di Costanzo denuncia que incluso la designación de Ortiz Mayagoitia como presidente de la Corte podría haberse derivado de la complicidad de su hijo con el ex secretario de Hacienda.
“Probablemente sería el pago de todas estas prebendas, pero aún más: María Teresa Fernández, a quien se designó secretaria ejecutiva del IPAB, dejó prescribir la acción que el IPAB ejercería contra Fénix y contra la Notaría 98. El IPAB pagó los 60 millones de pesos, lo terminamos pagando los contribuyentes, sólo porque entre Fénix y la Notaría 98 se echaban la pelotita”.
Contralínea solicitó al IPAB el pronunciamiento de la secretaria ejecutiva María Teresa Fernández, en relación con la denuncia del quebranto en el que habrían incurrido la empresa Fénix y el notario Ortiz Blanco, pero no hubo respuesta.
ISOSA en la mira
Dentro de las 70 auditorías consideradas como “estratégicas”, en marzo la ASF incluirá en su revisión y fiscalización al gasto público 2006, una auditoría especial sobre la relación de Gil Díaz con la empresa Integradora de Servicios Operativos S.A (ISOSA), que involucra a políticos de alto nivel, como el senador Santiago Creel Miranda.
De acuerdo con el diputado Antonio Ortega Martínez, del PRD, presidente de la Comisión de Vigilancia en la LX Legislatura, la auditoría inculirá la fiscalización de recursos que Gil Díaz manejó dentro de los fideicomisos Aduanas I y Aduanas II, y las triangulaciones que se hicieron a ISOSA, IASA y Controladora de Servicios Integrales (COSISA).
Entrevistado durante la entrega formal de la denuncia contra Gil Díaz que le hicieran los deudores organizados en El Barzón (el pasado 16 de febrero), Ortega Martínez señala que además de las auditorías solicitadas a González de Aragón sobre el desempeño irregular de Gil Díaz, buscará el consenso con los diputados para un punto de acuerdo donde se solicite a las autoridades se finquen responsabilidades contra quien define como “el enemigo público y social de México”.
“Esperamos que podamos iniciar las acciones políticas que deriven en una investigación concreta contra Gil Díaz. Estoy plenamente convencido que habrá muchos diputados de varios partidos dispuestos a sumarse a este punto de acuerdo”, dice el legislador perredista.
Ortega añade que “es muy grave” que aún no se haya revisado a detalle el gasto público durante la administración foxista, periodo en el que Gil Díaz dirigió las finanzas del país, y en el que, a pesar de la bonanza derivada de los excedentes petroleros, “hubo un despilfarro que derivó en la crisis que padecemos hoy”.
“Fox tuvo en tan sólo dos años el doble del presupuesto que a la nación le costó 160 años, tenía todo para dirigir el andamiaje del desarrollo, y no sólo no lo fortaleció, si no que estamos en medio de una grave crisis”, dice el legislador ante los integrantes de El Barzón, quienes confian en que tanto el Legislativo, como la ASF, investiguen y finquen responsabilidades ante la impunidad con que Gil Díaz dejó al país.
Vacían fideicomisos aduaneros
Nancy Flores
Un amplio informe de la Secretaría de Hacienda revela que a finales del año pasado los fideicomisos privados Aduanas I y II –involucrados por la ASF en daños al patrimonio público que superan los 10 mil millones de pesos y oficialmente en proceso de extinción– transfirieron más de 800 millones de pesos al SAT. Los recursos, entregados bajo la etiqueta de donativos, se usarían para cubrir operaciones del órgano desconcentrado.
Un mes después de recibir la venia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación -que el 14 de agosto de 2006 convalidó la operación discrecional de los fideicomisos Aduanas I y Aduanas II, al declarar por mayoría de votos que los miles de millones de pesos obtenidos por el Derecho de Trámite Aduanero (DTA) son de naturaleza privada-, el Servicio Administración Tributaria (SAT) recibió la primera de tres excepcionales donaciones.
Los traspasos de recursos “privados” al erario público, hechos entre octubre y diciembre del año pasado por un monto total de 806 millones 933 mil 50 pesos, revelan que -tras el fallo de la Corte y en absoluta reserva- el SAT inició los movimientos financieros que afectan el patrimonio de ambos contratos.
El sigilo en las transferencias contrasta con la promesa oficial hecha por el SAT el 20 de junio de 2006, cuando -a través de un comunicado- aseguraba que a partir de entonces daría a conocer de manera periódica la información sobre los fideicomisos que administra, entre los que destacan el 954-8 Aduanas I y el Consorcio de Comercio Exterior II, conocido como Aduanas II.
Según la versión difundida por el SAT en aquella época, la institución aún encabezada por José María Zubiría Maqueo, buscaba “proporcionar información objetiva y clara sobre la administración de los fideicomisos que han aportado recursos para sustentar la modernización de las actividades tributarias en México, tanto en materia de tecnología informática y telecomunicaciones, como en la infraestructura de sus instalaciones y de las aduanas”.
Las donaciones
Las donaciones no son un asunto menor. Creados en 1993 por Francisco Gil Díaz, en su calidad de subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda (SHCP), los fideicomisos aduaneros recaudaron el cobro del DTA desde entonces y hasta 2004.
Ambos fondos, al igual que la empresa ISOSA (Integradora de Servicios Operativos S.A.), son responsabilizados por la Auditoría Superior de la Federación de cometer daños al patrimonio público por 10 mil 182 millones de pesos.
El máximo órgano de fiscalización en México acusa que los quebrantos patrimoniales se cometieron en los cuatro primeros ejercicios de la administración foxista, y fueron por 4 mil 561 millones en 2001, 2 mil 200 millones en 2002, 2 mil 585 millones en 2003 y 836 millones 346 mil pesos en 2004.
En esos ejercicios fiscales, detalla la ASF en sus informes, el SAT omitió enterar a la Tesorería de la Federación (Tesofe) los recursos obtenidos por el cobro del DTA, mismos que se depositaron “irregularmente” en el fideicomiso Aduanas I. La ruta del dinero apunta que esos ingresos se destinaban posteriormente al Aduanas II y a ISOSA.
Después de conocida la resolución de la Corte, en octubre pasado el órgano desconcentrado de la SHCP ordenó –en su calidad de fideicomitente– a Nacional Financiera (Nafin), la fiduciaria, que le entregara 10 millones 113 mil 637 pesos del Fideicomiso Consorcios de Comercio Exterior II.
Según consta en el Informe sobre la situación económica, las finanzas y la deuda públicas, este monto fue reintegrado a las arcas del SAT. En sus anexos, el documento elaborado por la Secretaría de Hacienda, detalla que la “donación” tuvo como fin la “compra de bienes donados en especie para uso en diversas aduanas del SAT”.
Un mes después, en noviembre, el organismo tributario mandó a Nafin ejecutar el traspaso de 500 millones de pesos, pero ahora sustraídos del Aduanas I. Además, en diciembre se desembolsaron otros 296 millones 819 mil 413 pesos de este mismo fideicomiso, que también fueron entregados en forma de donativo al órgano desconcentrado.
Para estas erogaciones, el fin específico detallado por Nafin y el SAT fue: “apoyar los programas editorial; de actualización del RFC en Durango, Zacatecas, Coahuila; de capacitación en el marco de la puesta en marcha de la Plataforma Tecnológica para el SAT; la amortización del Programa de Separación Voluntaria del ejercicio 2003; la cobranza de adeudos de servicios, y el Programa Paisano”.
Alonso Lujambio, presidente del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), confía en que las leyes ya existentes para regular los fideicomisos y las donaciones que involucran recursos públicos bastan para transparentar estas operaciones.
En el marco de la discusión sobre la reforma a la Ley de Transparencia, el funcionario advierte que “de acuerdo con los fallos del propio IFAI, la información sobre los fideicomisos con recursos públicos es pública. De eso ya no hay duda”.
Sobre las donaciones, explica que “cada legislación determina de manera puntual cómo deben de rendir cuentas las secretarías y dependencias. Eso ya está claramente establecido en las leyes”.
El resarcimiento
De octubre a diciembre los fideicomisos Aduanas I y II reintegraron 806 millones 933 mil 50 pesos a las arcas del SAT, de los 7 mil 682 millones de pesos que, según la Auditoría Superior de la Federación, debían resarcir a las arcas públicas.
Además de evidenciar el manejo inmediato que hizo el SAT de los millonarios recursos fideicomitidos, la transferencia contradice la tesis de la Corte, que por mayoría de votos determinó que se trataba de fondos de origen y destino privados.
Ésta no es la primera vez que el SAT ordena el traslado de dinero y bienes resguardados en el Aduanas I y en el Aduanas II. En 2005, por órdenes del entonces secretario Gil Díaz, el SAT resarció 2 mil 456 millones 800 mil pesos a la Tesofe, monto correspondiente al daño patrimonial registrado en el ejercicio fiscal de 2003.
Sin embargo, al resolver la controversia constitucional 84/2004, la Suprema Corte exoneró al SAT de reintegrar los más de 7 mil millones de pesos al erario. El fallo constituyó un franco revés al proceso de “legalización” DTA, emprendido por la Secretaría de Hacienda en diciembre de 2003 a petición del entonces presidente Vicente Fox.
Con esto, la ASF no sólo quedó impedida para auditar los ingresos por este concepto, sino que la Corte dejó sin efecto los pliegos de observación emitidos por el máximo órgano fiscalizador en contra del SAT, por los daños patrimoniales descubiertos en los primeros cuatro años de la administración foxista.
Opacidad y derroche en Aduanas I Entre enero y diciembre del año pasado, la lenidad de la Suprema Corte permitió que el SAT erogara en forma discrecional 4 mil 189 millones 476 pesos del fideicomiso privado 954-8 Aduanas I, de los 7 mil 64 millones 457 mil pesos que resguardó en ese ejercicio. De acuerdo con el balance general, publicado por el SAT en su informe Tributario y de Gestión, al cierre del ejercicio 2006 el fideicomiso Aduanas I registra un activo circulante de tan sólo 2 mil 874 millones 981 pesos. El egreso más importante, por la cantidad que implica y la opacidad del concepto, se refiere a los gastos de liquidación y asciende a mil 684 millones 767 mil pesos. Sin entrar en detalle, el SAT indica que mil 367 millones 997 mil pesos más se destinaron a la operación informática, es decir, que fueron transferidos a la empresa privada ISOSA. Otra de las erogaciones, clasificada como “operación sustantiva”, es por 326 millones 323 mil pesos; mientras que 810 millones 389 mil pesos se registraron como transferencias a la Tesorería de la Federación, donde podrían estar contenidos los donativos a favor del SAT. En el capítulo de ingresos, el breve documento registra que esta figura fiduciaria, administrada por dependencias públicas (el SAT es su fideicomitente, Nafin, su fiduciaria y la SHCP su fideicomisaria), recibió mil 242 millones 389 mil pesos por “recuperaciones”. Respecto a este concepto, el SAT omite aclarar a qué se refiere, pese a que representa 500 por ciento más que los ingresos registrados un año antes: y es que en 2005 las recuperaciones apenas sumaron los 88 millones 19 mil pesos. En los ingresos también se registran los intereses generados por 72 millones 106 mil pesos, 86 por ciento menos que en 2005, cuando ascendieron a 498 millones 335 mil pesos. A investigación Ante los posibles delitos cometidos por ex funcionarios públicos de la Secretaría de Hacienda, entre los que destaca el ex titular Francisco Gil Díaz, el diputado perredista Pablo Trejo propuso la creación de una comisión investigadora para el caso del Derecho de Trámite Aduanero. “La Corte resolvió que no había injerencia por parte de la Auditoría Superior en los fideicomisos privados, pero nosotros creemos que si analizamos el DTA podemos llegar al fondo del asunto. Por supuesto que no vamos a dejar de lado las observaciones que ya hizo la ASF al respecto”, dice el legislador. Explica que dicha comisión cumple con los requisitos de la constitución, pues se lograron reunir más de 130 firmas, por lo que sólo están esperando a que sea integrada. Advierte que el caso del DTA es uno de varios temas que indagarán, relacionados con Francisco Gil Díaz. “Vamos a proponer una auditoría al Sistema de Administración y Enajenación de Bienes, porque hay suposiciones de que se está manejando irregularmente. Tenemos una solicitud de auditoría para el sistema informático del SAT, que presenta incumplimientos en el contrato. Además de las revisiones que ya se han solicitado a la Secretaría de la Función Pública sobre el conflicto de intereses del ex secretario al asumir un cargo en el banco HSBC.” Pablo Trejo confía en que la Función Pública cumpla con la ley. “El secretario Germán Martínez Cazares manifestó que si no había denuncia no podía actuar. La denuncia fue presentada por el secretario general del PRD en el Distrito Federal, Carlos Reyes Gamiz, entonces no tiene ningún pretexto para ser omiso ante esas irregularidades que se han señalado”. Sobre la comparecencia del procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, ocurrida a fines de enero pasado, el diputado Trejo advierte que “se le preguntó si le estaban dando seguimiento al caso de Gil Díaz, a todos los actos que se han hecho públicos, que presumen algún delito y que por oficio deben de seguirse. Simple y sencillamente se quedó callado. A nosotros nos gustaría saber qué va a hacer el procurador general al respecto”. Por ello advierte que presentarán un punto de acuerdo para que la PGR investigue de oficio todas las acusaciones en contra del ex secretario. “Tenemos a un gobierno federal que dice que va a aplicar la justicia, que va a fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y la fiscalización, y si no lo hace con estos casos que son evidentes pues estaríamos en el supuesto de que una cosa es la que se dice y otra la que se hace.” Pablo Trejo señala: “Nosotros queremos llegar al fondo de las cosas. En un país donde hay muchos pobres es injusto que unos se beneficien por la información que manejan o por los cargos públicos que ostentan. Es muy preocupante que el ex secretario de Hacienda ocupe un cargo en HSBC y en Telefónica, porque toda la información que posee da una posición privilegiada a las empresas que hoy asesora”. El legislador perredista indica que las investigaciones promovidas en la Cámara de Diputados podrían alcanzar otros hechos del pasado, como el posible tráfico de información que pudiera haber cometido el ex secretario Gil Díaz con la empresa J.E. Roberts, administradora de cartera y una de las principales accionistas de Fénix. Esta última, identificada como la compañía que vendió a 3 mil pesos las casas de interés social a los hermanos Bribiesca Sahagún. “Si se confirma que estaba asesorando a J.E. Roberts mientras fungía como servidor público, para lo cual está impedido, estaríamos ante el delito de tráfico de la información. Se le tendría que juzgar por el uso abusivo de las funciones públicas”. Pablo Trejo considera que el asunto de Francisco Gil Díaz “nos da la oportunidad de saber si el gobierno federal tiene la voluntad de cumplir su palabra y de aplicar las sanciones que tenga que aplicar en caso de que los ilícitos se confirmen”. |
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Empresa fantasma administra recursos en SCT
Ana Lilia Pérez
Servicios Integrales en Autopistas S.A. de C.V. (SIASA) opera desde hace cinco años la administración del 90 por ciento de casetas de cobro de las carreteras para la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que encabeza Luis Téllez, con un cúmulo de irregularidades en las finanzas, manejo discrecional de los recursos y corrupción.
nte el deficiente estado en que se encuentran las carreteras, caminos y puentes de México, es inexplicable que las cuotas de peaje que pagan los usuarios sean de las más caras del mundo. El incremento de 3.1 por ciento en promedio, que entró en vigor en febrero pasado, fue propuesto por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y avalado por el anterior secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz.
La SCT argumentó que el alza al peaje a nivel nacional tenía el propósito de recabar más fondos para el mantenimiento de la carpeta asfáltica y mejorar la administración de casetas; sin embargo, la mayoría de los recursos son entregados, desde hace cuatro años, a SIASA, una empresa “de portafolios” que opera con la venia de Luis Téllez y Agustín Carstens.
Hace tres semanas el secretario de Comunicaciones anunció que este año destinará mil 60 millones de pesos para obra carretera y mantenimiento de la Autopista del Sol, que además de ser la segunda más cara del país y una de las más caras del mundo, año con año la SCT le destina mayores recursos para su mantenimiento.
Esta carretera, al igual que el 90 por ciento de las autopistas de cuota, tanto de la llamada Red Propia como de la Red del Fideicomiso de Apoyo al Rescate Carretero, son administradas y “conservadas” por SIASA, creada por funcionarios del gobierno foxista para desmantelar Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe).
SIASA entró en operaciones en mayo de 2002, y actualmente mantiene el control administrativo y de personal de autopistas de cuota, con la autorización de Luis Téllez la en SCT y Agustín Carstens en la SHCP, pese a las graves irregularidades con las que opera.
Fideicomiso encubierto
Durante el gobierno de Carlos Salinas, la SCT, por medio de Capufe, creó el fideicomiso F/121128 para administrar el personal asignado a carreteras y puentes federales de cuota, mediante un contrato elaborado entre Capufe, como fideicomitente, y el entonces Banco Mexicano S.A., como fiduciario.
El fideicomiso tendría vigencia de cinco años a partir del 6 de agosto de 1993; oficialmente concluyó en 1998, pero a finales de la administración de Ernesto Zedillo y durante los primeros meses de 2000 continuó su operación sin que nadie dijera algo.
En 2000 el Sindicato de Terrajeros emplazó a huelga al fideicomiso por irregularidades en la firma del contrato colectivo de trabajo en centros que no dependían de Capufe, sino del fideicomiso.
En noviembre de 2001, Manuel Zubiría Maqueo fue nombrado por Vicente Fox como director general de Capufe. A unas semanas de asumir el cargo, el hermano del actual titular del SAT, José María Zubiría, junto con el abogado Baltasar Cavazos Chena (hijo de Baltasar Cavazos Flores, presidente de la Academia Mexicana de Derecho Procesal del Trabajo), crearon SIASA. La cual, al amparo de la SCT y de la SHCP, ha hecho un jugoso negocio sin ninguna obligación legal.
De acuerdo con servidores públicos y ex funcionarios de Capufe, Manuel Zubiría ideó crear la empresa para desmantelar la planta laboral de Capufe.
La abogada Claudia Ruiz, asesora de los trabajadores del sector carretero, y quien durante los últimos cuatro años ha llevado denuncias laborales contra SIASA, señala: “cuando lo nombran director, Manuel Zubiría dijo que tenía un amigo que podía resolver los asuntos laborales de Capufe, y trajo a Baltasar Cavazos Chena; así crearon SIASA”.
Servicios Integrales de Autopistas inició operaciones el 1 de junio de 2002. Un año después cambió su nombre a Servicios Integrales en Autopistas S.A. para deslindarse de denuncias laborales y adeudos fiscales.
SIASA tiene atribuciones para “recibir más del 93 por ciento de los ingresos carreteros; proveer a Capufe de la mano de obra que se requiera para operar, administrar, conservar y reconstruir las vías de cuota concesionadas”. Contrata al personal que opera en carreteras, la parte operativa se realiza con equipo de Capufe, desde herramientas menores hasta camiones, grúas o maquinaria pesada.
Cuando los trabajadores demandan a SIASA, Capufe entra como “obligado solidario” de aquella para pagar los litigios perdidos, incluso las demandas en tribunales laborales contra la empresa tienen como codemandado o segundo demandado a Capufe. Así que, en caso de que los juicios se pierdan, si SIASA se niega a pagar las indemnizaciones, Capufe asume los pagos.
Actualmente la empresa mantiene una oficina en Palenque 395, colonia Vértiz-Narvarte, donde no hay personal, salvo una recepcionista y un contador.
De acuerdo con abogados que litigan en tribunales laborales contra SIASA, ésta ha cambiado por lo menos 12 veces de domicilio, y en ninguno de ellos ha mantenido personal fijo ni estructura administrativa, lo que revela su dudosa personalidad jurídica que la convierte en empresa “de portafolios”.
La cara visible de SIASA es el despacho de abogados de Baltasar Cavazos, asesor del Senado de la República. Tanto Baltasar como Humberto Cavazos han comparecido ante tribunales laborales como apoderados legales de SIASA. Sin embargo, la SCT y Capufe se niegan a revelar la identidad de los dueños de la empresa, pese a que controla la administración y operación de las carreteras del Estado.
SIASA presenta también irregularidades fiscales. Apenas el pasado 16 de enero el Órgano Interno de Control de la Secretaría de la Función Pública en Capufe la inhabilitó de forma temporal (tres meses) por presentar documentación apócrifa para justificar su estado legal ante Hacienda (Contralínea 73).
En tribunales federales del país están abiertas unas 4 mil denuncias contra la empresa, por abuso laboral y despido injustificado. En la mayoría de ellas, dicen los abogados de los trabajadores, se integraron documentos apócrifos como pruebas de renuncia.
Dicha empresa no tiene patrimonio ni bienes, y nunca responde de las relaciones profesionales de trabajo, además utiliza a los altos mandos de Capufe para el “trabajo sucio”.
Los operadores
En la poco clara relación entre las autoridades de Capufe y SIASA, los altos mandos de la dependencia del Estado: delegados y subdelegados de carreteras, operan también como jefes visibles de los empleados que contrata SIASA, es decir, la empresa no tiene personal de mando visible.
Un ejemplo de la subordinación de los funcionarios públicos de la SCT y Capufe, fue un operativo con policías federales y estatales para despedir a 60 trabajadores asignados a la carretera México-Pachuca.
Durante casi 10 años, 60 trabajadores de esa caseta fueron empleados del entonces fideicomiso F/121128, y para 2002, SIASA se convirtió en su patrón, hasta la madrugada del pasado 22 de marzo.
Claudio Bernardo Vasconcelos, subdelegado de Operación Regional de la Zona Centro Sur de Capufe, llegó esa madrugada acompañado de elementos de la Agencia Federal de Investigaciones, de la Policía Federal de Caminos y policías municipales de Ecatepec para desalojar a los trabajadores, a quienes sometieron durante 10 horas al acoso y agresión para que “entregaran” la administración al nuevo personal de SIASA.
Juana Valadez, administradora de la caseta, señala: “llegaron a las 12 de la noche, en el cambio de turno. Todos iban armados, a los cajeros los encañonaron. El delegado de Capufe, Alfonso Vásquez Repetto, jamás dio la cara. Llegó un dizque representante legal de SIASA que nunca se identificó y dijo que traía orden de liquidar a todos, nos hicieron firmar la renuncia y entregamos la administración”.
Valadez dice que nunca supo quiénes eran los dueños de la empresa, y refiere que cuando la Secretaría de Hacienda hacía alguna auditoría, la orden era asumir que toda la administración y el personal era de Capufe. Para cuestiones laborales, dice, “éramos SIASA”, y para pagos “fideicomiso 121128”.
Explica que la empresa mantenía diferentes figuras para protegerse ante demandas fiscales o laborales.
Cuando los trabajadores de la México-Pachuca fueron desalojados, el “representante legal” de SIASA -quien nunca les proporcionó su nombre- les extendió una hoja de liquidación con el nombre de la empresa, un borroso logo de Capufe y su firma como ‘representante legal’.
La disyuntiva de la empresa, dice la ex administradora, fue “o firmas o te vas a la cárcel; protestamos, pero no había otra opción”.
La mayoría tenía más de 20 años en el sector caminero. Señalan que a pesar de que SIASA les hizo firmar una carta de renuncia, durante los años que trabajaron a nombre de ésta, nunca firmaron contrato.
En carreteras, tanto de Farac como de Capufe, es difícil identificar quiénes corresponden a los organismos del Estado y quiénes a SIASA, pues ésta procesa las nóminas de los trabajadores en instalaciones de Capufe, y para hacer los pagos, semanalmente envía camionetas de valores.
Aunado a la evasión de impuestos, su pasivo laboral crece a la par de los despidos masivos de forma injustificada. Lo más grave, señala la abogada Claudia Ruiz, es que como “obligado solidario” Capufe está como codemandado y finalmente deberá responder al pago de las indemnizaciones de los trabajadores.
Atropello laboral
El caso de la trabajadora Marisol Castillo Ríos es emblemático de la forma cómo opera SIASA. Ella se desempeñaba como cajera en la caseta de cobro de la autopista México-Pachuca. Embarazada, fue atropellada en su lugar de trabajo; quedó “lisiada” de una pierna. Al regreso de su incapacidad, fue despedida por Franciso Ruiz Díaz, administrador de la caseta.
En febrero de 2003 demandó a SIASA y a Capufe, y en representación de la empresa privada el despacho Cavazos Flores presentó un documento apócrifo como prueba de la renuncia.
Desde su despido Marisol no ha encontrado trabajo, y aún espera que las autoridades laborales actúen con imparcialidad y no por influencias de los representantes legales de SIASA.
Las denuncias contra esa compañía en algunos estados, como en Guerrero, se iniciaron a partir de agosto de 2002, cuando trabajadores de la Autopista del Sol enviaron una querella al entonces titular de la SCT, Pedro Cerisola, al que le notificaban que Manuel Zubiría, director de Capufe, pretendía hacerlos firmar un contrato de trabajo con una empresa “fantasma”, para desconocer sus derechos laborales.
La disposición fue avalada por la propia SCT, la cual confirmó que los trabajadores del fideicomiso F/121128 debían sujetarse a las disposiciones de SIASA para que a partir del 1 de junio de 2002, fungiera como su nuevo patrón, para encubrir ilegales operaciones del fideicomiso, que operó hasta mayo de 2002.
En la denuncia, los trabajadores exponían que los contratos de SIASA eran temporales y lesionaban por sus derechos laborales puesto que, además, en ningúno se especificaba los alcances legales.
Los trabajadores expusieron su indefensión jurídica al enfrentarse al representante legal de SIASA, Baltasar Cavazos Chena, con “grandes influencias” en tribunales laborales, y quien “ha pisoteado los derechos de los trabajadores a favor de los intereses de sus representados”.
Actualmente SIASA opera con 3 mil trabajadores, entre administrativos y operativos, distribuidos en todo el país, sometidos a extenuantes jornadas de trabajo por sueldos mínimos, sin equipo especial, ni uniformes de seguridad, todos eventuales.
Aunado a las denuncias laborales, lo más peligroso, señala Martín Curiel Gallegos, secretario general del sindicato de Capufe, es que SIASA maneja los recursos en las casetas de cobro, y administra la mayoría de las casetas del fideicomiso Farac, con las que supuestamente se pagaría la deuda carretera, que en el sexenio foxista pasó de 57 mil 316 millones a 167 mil 316 millones de pesos.
De acuerdo con estimaciones de Martín Curiel, “caminero” de más de dos décadas de experiencia, de cada peso que se paga en las casetas la utilidad es de 85 centavos. Curiel reclama que fue la propia SHCP quien avaló la creación de SIASA y sigue solapando sus irregularidades.
Los abogados demandan que la Secretaría de Hacienda audite a la empresa y que junto con la SFP investiguen por qué, pese a los millonarios montos administrados por SIASA, las condiciones laborales son deplorables.
Por su parte, la abogada Claudia Ruiz responsabiliza a la SCT “como cabeza de sector” de las consecuencias que pudiera tener el que la empresa “de portafolio” desaparezca de un momento a otro y que Capufe tenga que absorber su pasivo como obligado solidario.
Se solicitó entrevista con los titulares de SCT, Luis Téllez, y de Capufe, Humberto Treviño, para saber su postura respecto a las ilegalidades con las que opera SIASA, pero no hubo respuesta.
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