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domingo, marzo 04, 2007

AGENDA DE PROTESTAS CONTRA BUSH

Ya hemos publicado esto como 2 veces pero va de nuevo:

CALENDARIO DE ACCIONES EN CONTRA DE LA VISITA DE GEORGE W. BUSH A MEXICO

LUNES 5 DE MARZO: MERIDA MARCHA DESDE EL PARQUE DE MEJORADA A LA PLAZA A LAS 5 P.M.

MARTES 6 DE MARZO: MERIDA TOKADA EN LA PLAZA GRANDE A LAS 5 P.M.
MITIN POR LA LIBERTAD DEL SOLDADO AGUSTIN AGUAYO www.aguayodefense.org

MIERCOLES 7 DE MARZO: PERFORMANCE EN EL CONSULADO USA. LUGAR DE SALIDA, MONUMENTO A LA BANDERA A LA 1 P.M. MERIDA
LECTURA DE SENTENCIA DEL SOLDADO AGUAYO, JUZGADO EN MANHAEIM ALEMANIA

JUEVES 8 DE MARZO: PASE DE VIDEOS ACERCA DE PROBLEMAS MIGRATORIOS, TLC, ETC. EN LA PLAZA GRANDE A LAS 5 P.M. MERIDA

VIERNES 9 DE MARZO: SEGUNDA MANIFESTACION Y PERFORMANCE. SALIDA DESDE EL PARQUE DE MEJORADA A LAS 5 P.M. ACUDE CON PANCARTAS, DISFRAZADO O COMO QUIERAS.
RUEDA DE PRENSA MEXICO DF COMITE AGUAYO MAS INICIATIVA MEXICANA CONTRA LA GUERRA, CAFE KARAKOLA , PLAZA CIBELES 7 COLONIA ROMA 11 HRS.

LUNES 12 MARZO MANIFESTACIONES ANTE CONSULADOS USA EN MONTERREY, GUADALAJARA, ACAPULCO, TIJUANA, HERMOSILLO
Y MITIN EN EMBAJADA DE MEXICO 12 HRS

SABADO 17 MARZO A 4 AÑOS DE LA INVASION A IRAK: MANIFESTACION ANTE EMBAJADA USA MEXICO CONVOCA PARTIDO POPULAR SOCIALISTA PPS


La última acción de plano me dio risa. ¿Todavía existe el PPS? No maus...

Je, me acuerdo que en Los Agachados al PPS Rius le decía el PePeNe, por que nomás estaban viendo a ver que hueso pepenaban. Quien sabe que sean ahora.


Una razón más para apoyar al peje en el 2007.

CORRUPCIÓN EN PEMEX

Del Blog Regeneración


Gestión de Luis Ramírez Corzo: Corrupción en PEMEX


Por El Zurdo


La Secretaría de la Función Pública “investiga”la transparencia de adjudicaciones que hizo Pemex Gas y Petroquímica Básica a una empresa privada hace un par de años y que involucran a funcionarios de nivel directivo de la paraestatal.



El monto de las compras puestas en duda alcanza los 48 millones de dólares, en adquisiciones, a la compañía Turbinas Solar. Hasta hoy los auditores de la SFP han confirmado que no hay desvíos ni daño o quebranto patrimonial en contra de PEMEX, lo cual no es de sorprender ya que es costumbre del gobierno federal protegerse entre ellos. En lugar de encarcelar a los corruptos, encarcelan a Paquita la del Barrio y líderes sociales.



Una de las dudas de los auditores resultó de comprobar que Luis Ramírez Corzo Hernández, actual director de Pemex Exploración y Producción, fue director de Turbinas Solar hasta el 15 de abril de 2001. Desde entonces este hombre comenzó a laborar para Pemex con la responsabilidad que hoy tiene.



Los funcionarios señalados en los oficios de auditoría del órgano interno de control de Pemex Gas y Petroquímica Básica como presuntos responsables de diversas irregularidades, en particular por beneficiar a la empresa Turbinas Solar para la compra de equipo diverso, son: Claudio Urencio Castro, subdirector de Ductos; Gilberto Arredondo Silve, gerente de Operación de la Subdirección de Ductos; Francisco Ávalos Cervantes, subgerente de Control de Flujos de la Gerencia de Operación de la Subdirección de Ductos; Víctor Domínguez Cuéllar, gerente de Planeación; Genaro Ceballos Bravo, gerente de Proyectos, y José Ramón Anzures Sánchez, director de Proyectos, todos de Pemex Gas y Petroquímica Básica.



En la auditoría, que en estos momentos lleva a cabo la Secretaría de la Función Pública, el equipo de expertos comprobó la existencia del equipo adquirido por Pemex Gas y Petroquímica Básica, y corroboró que técnicamente es útil y acorde a las necesidades de la paraestatal.



Hubo ocho adjudicaciones directas de Pemex Gas y Petroquímica Básica a la empresa Turbinas Solar, con valor de 48.1 millones de dólares. Fuentes involucradas en las investigaciones de la SFP ayer desconocieron la existencia del oficio 18/577/OIC/AI/—/2003, de fecha 31 de julio de 2003, en el cual se detallan adjudicaciones por 18.7 millones de dólares, una parte del gasto total denunciado.



Los tres oficios del órgano interno de control Pemex Gas y Petroquímica Básica del 28 de julio, 31 de julio y 4 de agosto pasados refieren las diversas adjudicaciones celebradas entre 2000 y 2001. En el avance de las indagaciones de la SFP se han ido desvaneciendo responsabilidades.



Por ejemplo, los auditores responsables de los tres oficios citados, Marco Antonio Salazar Ramírez, Emilio Navarro Jardón, José Horacio Tovar García y Alan Alor Soto, hallaron que en un caso fue aceptada la recepción de equipo en la ciudad de México, debiendo realizarse en los talleres de Mabank, Texas.



Además, los cuatro auditores señalaron en los oficios que se propició un pago anticipado al haber recibido físicamente el equipo 177 días después de aceptarse oficialmente.



Sin embargo, los auditores de la SFP, que ahora revisan el asunto, corroboraron que no hubo irregularidad alguna por hacerse la entrega de ese equipo en la ciudad de México y no en Texas, porque así se establecía en los convenios firmados entre Pemex Gas y Petroquímica Básica y Turbinas Solar.



Las fuentes consultadas explicaron que incluso algunos de los cuatro auditores que hicieron la primera revisión ya no trabajan en la SFP, e incluso el anterior titular del órgano interno de control de Pemex Gas y Petroquímica Básica, Andrés Álvarez Kuri, renunció hace un mes y en su lugar fue designado Rubén René Paredes.



En las próximas semanas la SFP concluirá la auditoría para determinar si en verdad fue favorecida la empresa Turbinas Solar, y en ese caso el siguiente paso será confrontar a las autoridades responsables de Pemex Gas y Petroquímica Básica, para poder emitir finalmente un dictamen. Por lo pronto, queda descartado el desvío de recursos o el daño o quebranto al patrimonio de Pemex.



En el oficio 18/577/OIC/AI/—/2003 se detalla la forma en cómo operaron los citados funcionarios y la empresa Turbinas Solar en la adjudicación directa de 8 contratos para la rehabilitación de nueve equipos turbocompresores por un total de 48 millones 141 mil dólares.



Con la investigación que se inició hace casi un año y medio, las autoridades lograron comprobar que la empresa privada venía entregando equipos con especificaciones y componentes diferentes a los que supuestamente fueron objeto de los trabajos de licitación.



El documento de 49 páginas describe con todo detalle el procedimiento seguido por funcionarios de la paraestatal y la empresa privada desde 1998, cuando todavía Ramírez Corzo prestaba sus servicios a Turbinas Solar.



La empresa recibía la licitación para trabajos que incluyen restitución, reparación y actualización tecnológica de los turbocompresores para PGPB, con el argumento de que el equipo a reparar tenía derechos exclusivos en favor de la misma compañía. El tiempo en que realizarían los trabajos llegó a pactarse hasta en 210 días. Las cotizaciones que presentó Turbinas Solar en las diversas licitaciones reveló que al final resultó hasta 70 por ciento más caro para Pemex rehabilitar que comprar equipos nuevos.



Por si ello fuera poco, los trabajos se llevaron al cabo fuera de México, en Mabank, Texas, lo que implicó el desplazamiento del equipo que salía en pedimentos de exportación con ciertas especificaciones y componentes y regresaba con otros, aunque llegaban con el mismo número de serie. Los equipos regresaban a la paraestatal 7 u 8 días después, es decir, casi 200 días antes de lo establecido en el contrato, lo que reveló que “no existía posibilidad física o material de que los equipos se rehabilitaran en una semana”.



De esta forma, se documenta en la investigación que la empresa Turbinas Solar habría obtenidos “beneficios económicos indebidos” por 18 millones 778 mil dólares en la rehabilitación de tan sólo dos turbocompresores. En todas las ocasiones, se trataría de equipos que aparentemente serían rehabilitados, aunque en dos casos tales equipos resultaron inexistentes y en otros 6 sólo una parte fue trasladada a Estados Unidos, donde ocurría la fingida renovación.



Y aún insisten en que PEMEX necesita inversión extranjera…



PEMEX necesita ser limpiada de corruptos

Link

desdelatrinchera@gmail.com

CONVOCATORIA PARA LAS MUJERES OAXAQUEÑAS 8 DE MARZO



Comentarios

desdelatrinchera@gmail.com

ALGUNOS APORTES DE LOS MEDIOS

EL PROCESO DE "VENTA DE MENTIRAS" EN MARCHA:

04/03/2007 15:10

nota original
SCT prevé recibir $275,000 millones por carreteras
El secretario de Comunicaciones y Transportes, Luis Téllez, estimó que se obtendrán 275,000 millones de pesos por las concesiones carreteras, de los cuales 160,000 millones se destinarán para pagar la deuda neta del FARAC, y 115,000 millones de pesos para el desarrollo de obra nueva.

Redacción / El Economista.com.mx
NOTA:Los medios afines, ya están enfrascados en apoyar mediáticamente la farsa del PELELE, de vender a sus "nuevos socios".

LOS FASCISTAS DEL "PAIS DE LA LIBERTAD" Y LAS CARCELES:

El negocio de encarcelar a niños inmigrantes y cotizar al alza en el mercado de valores
Amy Goodman · · · · ·

04/03/07

“Quiero ser libre. Quiero salir, y quiero ir a la escuela”, reclamaba un chico de 9 años desde el micrófono de la prisión. La prisión no se hallaba en algún país lejano, no procedía de alguna de esas dictaduras que, se supone, encarcelan a los niños. Está encarcelado en los EEUU.

El chico, Kevin, está encerrado en Taylor, Texas, en el establecimiento carcelario T. Don Hutto Residencial Facility. Sus padres también están encerrados allí. La historia que llevó a esta familia llegó a la cárcel no es sino un ejemplo más del desjarretamiento de las políticas inmigratorias en neustro país. Es una historia de niños abandonados, de valores familiares puestos tras las rejas, del uso que se hace del dinero de vuestros impuestos.

Los padres son iraníes, y estuvieron 10 años en Canadá buscando asilo. Kevin, su hijo, nació en esa tiempo en Canadá. Su petición de asilo fue finalmente denegada, y fueron deportados de vuelta a Irán. Majad, el padre, dijo que él y su mujer fueron encarcelados y torturados allí. Pronto escaparon a Turquía y se hicieron con pasaportes griegos. Esperaban volver a pedir asilo en Canadá, pertrechados con la prueba de las torturas sufridas en Irán.

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Una brillante reflexión de historia y filosofía
De Hitler a Bush
por Dr. Federico Fasano Mertens*
Del incendio del Reichstag al martes negro 11 de setiembre, pasando por la demolición de la ONU y el Lebensraum petrolero, culminando con la formidable blitzkrieg dirigida por la Luftwage más mortífera de todos los tiempos para ocupar Irak. ¿Habrá acaso también una nueva Cancillería en ruinas?

30 de marzo de 2003

Países
Estados Unidos

El señor embajador de los Estados Unidos de Norteamérica en Uruguay, Martin Silverstein, hace unos pocos días me envió un comunicado acusando al diario La República, publicación que me honro en dirigir, de carecer "de toda medida de integridad periodística" por comparar a su presidente, George Bush con el canciller del Tercer Reich alemán, Adolfo Hitler.

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ANALIZAN A LOS CÓMPLICES DEMÓCRATAS DE LA MAQUINARIA DE GUERRA, MUESTRAN QUE NADA CAMBIARA CON LA "MANO IZQUIERDA"EN GRINGOLANDIA:

El presupuesto imperial y el partido demócrata
Sharon Smith · · · · ·

04/03/07

La propuesta presupuestaria de Bush para el año fiscal 2008 es paradigmática de la crisis social que se desarrolla en el seno del imperio de los EEUU, con unas derivas todavía ampliamente ignoradas por las principales corrientes políticas. Combinados unos colosales gastos militares con permanentes recortes fiscales para los extraordinariamente ricos, el presupuesto de Bush reduce lo poco que queda del ya muy dañado sistema de seguridad social para los miembros más maltratados de la sociedad más rica del mundo.

La guerra de Irak marca la primera gran guerra en el siglo pasado realizada sólo por los intereses de la actual elite estadounidense sin siquiera la pretensión de “sacrificio compartido”. Durante la Primera Guerra Mundial, la proporción de impuestos pagados por los ciudadanos con más ingresos era del 77%; durante la Segunda Guerra Mundial fue del 94%. Incluso durante la guerra de Vietnam, los más ricos afrontaron una proporción del 70 % de la renta personal. Probado está que la sangría en Irak no ha sido más que para el control por parte de EEUU del petróleo de Oriente Medio, la clase más pudiente continúa disfrutando de una tasa de pago de impuestos limitada al 35% desde el año 2003 –el de la invasión estadounidense de Irak.

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NOTA:Algunos me están comentando que la "caída de Bush" y sus halcones es inminente, sin embargo el historial de guerra y muerte de los demócratas es mas que revelador, apoyando lo mismo dictadores, exterminios, guerras fratricidas, etc. El dinero no tiene colores señores.


Y VOLVIENDO A MÉXICO, SABRITAS Y BIMBO, CRIMINALES DE LA SALUD EN EL BANQUILLO:


BURRITOS DE CHICHARRÓN EN PELIGRO DE EXTINCIÓN

Insisten diputados en una iniciativa para prohibir alimentos chatarra en escuelas ante la ola de obesidad que causa diabetes, hipertensiòn y otras enfermedades en los niños

04/03/2007



De cada tres niños de primaria, uno es obeso o tiende a la obesidad y tiene sìntomas de diabetes, colesterol alto e hipertensión arterial.

Por ello el diputado Jesús Enrique Gámez, Secretario de la Comisión de Salud en el Congreso del Estado, argumentó que el problema de la obesidad proviene de una costumbre de alimentos cargados con carbohidratos y grasas que conducen a la obesidad y que las personas sufran padecimientos crónicos degenerativos.

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Y MIENTRAS LA REBATINGA POR LOS PUESTOS EN EL PRD CHIHUAHUITA ESTA DURISIMA, LAS "AUTORIDADES ELECTORALES" SE ENTTREGAN AL MEJOR POSTOR:
nota original
CALÍGULA DEMÓCRATA EN ASAMBLEA ELECTORAL

Asume esta semana como Presidente del órgano electoral municipal el restaurantero Ricardo Ramírez Vela que con apoyo del Centro Empresarial lograr meter a su asistente como Secretario General

04/03/2007



Esta semana será instalada en Ciudad Juárez la Asamblea Electoral Municipal.

Por primera vez en la historia de la era democrática, el máximo órgano electoral llevará como dirigentes a dos improvizados cuya especialidad es la cocina de mariscos: Ricardo Ramírez Vela y su asistente el contador público, Carlos Enríquez Aguilar, que va como Secretario General.

Ambos son representantes del Centro Coordinador Empresarial, que logró obtener ambos cargos en la puja por la Consejería Electoral y con el aval de los partidos políticos.

Ramírez y Enríquez no saben ni papa de ley electoral y ni siquiera son abogados. Tampoco han ocupado antes un cargo de carácter electoral.

Autoridades del Instituto Estatal Electoral les darán posesión este miércoles para esta que se antoja, la mas reñida contienda electoral que podría definirse en la mesa de las negociaciones, con dos resturanteros al frente de la mesa para hacer acuerdos a la carta.
NOTA:Esto debe ser una alerta a todos los ciudadanos, los puestos a los traidores del FRAUDE ELECTORAL no se han terminado de repartir, y la INACCION de los partidos ante este crimen en favor del CCE que financio (lavo dinero sucio dirán algunos) dándole la posesión de las juntas distritales no tiene otro nombre que COMPLICIDAD.



El futuro del capitalismo de mercados financieros

Joachim Bischoff · · · · ·

04/03/07

“El desafío de una transformación social profunda radica en conseguir un control social de la producción y de la distribución”

En los últimos años, la economía global ha comenzado su recesión cíclica. ¿Tendrá un aterrizaje “suave“ o “forzoso“? Joachim Bischoff analiza los distintos factores.

La atenuación del impulso para la acumulación de capital y para el crecimiento económico que sufren EE.UU. y Japón, es compensado en parte por la prosperidad en Europa y el boom económico en China. El impacto que va a tener esta ralentización y cómo va a repercutir en las distintas áreas económicas no se ve con claridad, pues se ven diferentes tendencias: en Europa, y por lo tanto en la República Federal de Alemania, los movimientos de revalorización del ciclo económico se han fortalecido; también en el Sudeste Asiático, la expansión económica, sobre todo en China y la India, es estable.

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LLEGA EL NUEVO ARTICULO DE SAMUEL SCHMIDT:


El cardenal mintió


El cardenal Norberto Rivera Carrera se ha distinguido por intervenir en cuestiones sociales y políticas y por agredir cotidianamente el principio de separación entre iglesia y Estado.
Cuando le conviene defiende los derechos ciudadanos de los curas, pero cuando le es incómodo reclama la no intervención del Estado en asuntos de protección de la sociedad.
La jerarquía de la iglesia católica se ha lanzado en contra de la ley que castiga la pederastia pero ha guardado un silencio vergonzoso y cómplice sobre el daño contra numerosos niños por curas homosexuales que han depredado abusando de su posición eclesiástica.

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DEL BLOG REGENERACIÓN ENVÍAN APORTE:
No dejen de visitar este excelente blog:

Gestión de Luis Ramírez Corzo: Corrupción en PEMEX

Por El Zurdo



La Secretaría de la Función Pública “investiga”la transparencia de adjudicaciones que hizo Pemex Gas y Petroquímica Básica a una empresa privada hace un par de años y que involucran a funcionarios de nivel directivo de la paraestatal.



El monto de las compras puestas en duda alcanza los 48 millones de dólares, en adquisiciones, a la compañía Turbinas Solar. Hasta hoy los auditores de la SFP han confirmado que no hay desvíos ni daño o quebranto patrimonial en contra de PEMEX, lo cual no es de sorprender ya que es costumbre del gobierno federal protegerse entre ellos. En lugar de encarcelar a los corruptos, encarcelan a Paquita la del Barrio y líderes sociales.



Una de las dudas de los auditores resultó de comprobar que Luis Ramírez Corzo Hernández, actual director de Pemex Exploración y Producción, fue director de Turbinas Solar hasta el 15 de abril de 2001. Desde entonces este hombre comenzó a laborar para Pemex con la responsabilidad que hoy tiene.

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DEL OFICIO DE PAPEL DE LA SEMANA:
nota original
Lunes 05 de marzo de 2007

* La “solución” de Zubiría y los líos del SAT
* Despiden a Alejandro Cota de Los Pinos
* Las confrontaciones entre Slim y Gil Díaz



Hasta la Cámara de Diputados llegó la bomba de tiempo que ha generado el retraso indefinido que enfrenta la “Solución Integral” ordenada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) a la empresa Oracle para modernizar su plataforma tecnológica y que representó un dudoso contrato, por decir lo menos, de más de 52 millones de dólares.


Los legisladores buscan una explicación congruente del jefe del SAT, José María Zubiría Maqueo, quien ha dicho que los problemas con este contrato no son atribuibles a hechos de corrupción o negligencia en el organismo que preside. Aún más, asegura que Oracle o Peoplesoft –la empresa que originalmente obtuvo el contrato– tampoco tienen toda la culpa. Se trata, afirma Zubiría, de una arquitectura tecnológica muy compleja.

Precisamente por esta razón, Oracle obtuvo uno de los contratos más cuantiosos de la administración pública. Se trata de una licitación internacional que se realizó bajo la supervisión del Banco Mundial y con la que se buscaba sentar un precedente positivo sobre el uso de la tecnología para incrementar la recaudación tributaria (¿sí?), mejorar la distribución de la riqueza (¿cómo no?) y combatir la corrupción (¿ajá?).

Asegura Zubiría que una consultora analiza ya las fallas en las que ha incurrido Oracle, y que si bien se le sancionará a través de un proceso de arbitraje que seguirá las reglas del Banco Mundial, es un hecho que no se cancelará el contrato. Sería más costoso para el SAT, asegura el funcionario, a quien como ya informamos no se le permitió dejar su puesto en el organismo tributario en tanto no resuelva el conflicto tecnológico que tiene olores fétidos de corrupción.

Al interior del SAT, el llamado “periodo de estabilización” de la “Solución Integral” vive un periodo de agudización de fallas e irregularidades. Aún más grave, se corre el riesgo de que los contribuyentes enfrenten problemas con los trámites realizados y que el periodo de declaraciones anuales enfrente problemas nunca antes vividos. Para muestra, una perla de los profundos problemas que se enfrentan en el SAT: con el nuevo sistema desarrollado por Oracle se pretendía eliminar el uso de papel. Es cierto que en noviembre pasado ya no era necesario presentar fotocopias de los documentos solicitados para trámites como la inscripción al Registro Federal de Contribuyentes. Ahora, sin embargo, la guía de trámites del SAT publicada a través de Internet volvió a incluir la obligación para el contribuyente de presentas originales y fotocopias. ¿La razón? El sistema de escaneo de documentos que incluye la plataforma tecnológica de Oracle dejó de funcionar, nada más.

El contratista del SAT, me informan fuentes al interior del organismo fiscalizador, subcontrato el sistema de escaneo de documentos conocido como Documentum. Para los trabajadores del SAT el uso de este sistema ha convertido los procesos de integración de documentos en una verdadera y riesgosa pesadilla. El peligro de perder información valiosa del contribuyente está presente a cada momento.

José María Zubiría recibió en su momento la advertencia de que el sistema de escaneo no estaba funcionando. Sin embargo, aseguró que se trataba del paquete para la plataforma que había vendido y recomendado Oracle y que correspondía a las más avanzadas prácticas internacionales.

Más allá del caos operativo que reina en el SAT, lo que más preocupa al interior del organismo son las decisiones que tomará Zubiría para tratar de cubrir el enorme boquete. Se dice al interior del SAT que Zubiría busca convencer al titular de la Secretaría de Hacienda, Agustín Carstens, de que si la aplicación no se construyó a partir de las necesidades de la organización ahora será más fácil reconvertir al SAT para que se adapte al sistema.

El problema, reconoce el propio Zubiría, es que no se construyó para el SAT. El contrato y el manual de operaciones presentado al Banco Mundial, establecía que se trataba de un sistema especialmente diseñado para el SAT. ¿No se pagó bastante por ello? Entonces no se ha regalado nada al gobierno mexicano y dicho programa puede convertirse en una verdadera crisis en la recaudación, por lo que habría que preguntar si se le fincarán responsabilidades a Zubiría Maqueo o el señor Carstens empezará su gestión con turbiedades y omisiones en la aplicación de la Ley Federal de Responsabilidades a los Servidores Públicos.

Por ello se publicará un nuevo reglamento interno para el SAT, con el cual se buscará solucionar el problema. Pero los pronósticos hasta ahora son reservados pero el temor que prevalece.

El SAT podría enfrentar un mayor desorden con incalculables pérdidas económicas para el erario, de tal manera que el plan de Zubiría es colocar en puestos clave de la organización al personal que hasta ahora ha participado en la licitación, desarrollo y operación del fallido sistema.

La reestructura busca justificarse con la necesidad de que ahora la plataforma cuente con las “mejores prácticas de servicio” al contribuyente, un ejemplo que se tomó del sistema tributario chileno en donde la participación de la recaudación respecto del PIB sí aumentó gracias a la tecnología. Se trata, sin embargo, de una base de contribuyentes mucho menor y sin las complejidades de la mexicana.

La noticia que se debería esperar, sin embargo, es la ola de sanciones para Oracle–Peoplesoft después de que incumplió una y otra vez los términos del contrato. Preocupa, además, el acceso irrestricto que tuvo esta empresa estadounidense a las bases de datos que controlan la información de más de 20 millones de contribuyentes.

Lo único que sabemos hasta el omento es que hay demasiada complacencia y esto se está convirtiendo en una bomba de tiempo a punto de estallar. En resumen se trata de una herencia de Francisco Gil Díaz, quien a cambio de impunidad y compromisos que asumió con él Felipe Calderón, dejó al frente de Hacienda a un empleado del FMI que no está acostumbrado a tomar decisiones y espera órdenes desde los Estados Unidos para poder actuar.

Carta aclaratoria de funcionario de Los Pinos



La semana pasada escribimos cómo el sistema de seguridad en la Presidencia de la República había sido violado por una empresa privada que instaló cámaras de video y micrófonos en áreas restringidas y privadas de la residencia oficial de Los Pinos en donde vive el presidente Felipe Calderón y su familia.

La información generó de inmediato la reacción del jefe de la oficina de la Presidencia de la República, el español Juan Camilo Mouriño, quien ordenó limpiar el lugar y retirar cámaras y micrófonos, además de iniciar una investigación para determinar si se trata de una conspiración en contra del jefe del Poder Ejecutivo y determinar quiénes son los responsables.

Todo inició hace poco más de tres meses cuando la Presidencia de la República otorgó un contrato directo por unos 25 millones de dólares a una empresa privada de Monterrey llamada Security Network Systems para, con un supuesto propósito de vigilar y resguardar todo lo que sucede dentro de Los Pinos, instalar 100 cámaras de video con igual número de potentes micrófonos que graban todo lo que se hace y se dice en Los Pinos.

Aunque se ha buscado insistentemente una respuesta oficial sobre este delicado asunto, hasta ahora dicha información sigue clasificada como confidencial y en la Presidencia de la República se niegan a explicar lo que ha sucedido; de tal manera que se ha recurrido a fuentes extraoficiales, las cuales informaron que uno de los implicados en el espionaje a Calderón y familia era Alejandro Cota Alcázar, director general de Tecnologías de la Información, adscrito a la Coordinación General de Administración de la Presidencia de la República, quien ha dejado el cargo y hasta ahora se desconoce el motivo de ello, por lo que se cree está relacionado.

Sin embargo, Cota Alcázar nos envió una carta para aclarar que él nada tiene que ver con el espionaje, aunque sí confirma que ha sido cesado de su cargo en la Presidencia de la República.

Esta es su carta íntegra:

Carta Aclaratoria

Viernes, 02 de marzo de 2007.

Periodista Miguel Badillo

Oficio de Papel, Columna semanal.

El pasado día 26 de febrero del presente en su columna “Oficio de Papel” señala que mi persona esta siendo investigada “es investigado si tuvo alguna participación en la contratación del sistema de espionaje en la casa presidencial” a lo cual, con todo respeto, le informo que en ninguno de los hechos mencionados he te nido que ver, ni participe, ni tenia conocimiento hasta que usted escribe al respecto. Ya que durante los 62 días que fungí como Director General de Tecnologías de la Información, adscrito a la Coordinación General de Administración de la Presidencia de la República, no como “responsable del área de telecomunicaciones”, nunca intervine en nada relacionado a lo relatado en su columna. Además, a la fecha, no ostento ningún cargo en la Secretaría de Relaciones Exteriores como también es señalado por usted. Por lo que solicito, respetuosamente a usted, realice una nota aclaratoria o sírvase publicar esta carta aclaratoria en igualdad de circunstancias que su columna, dado que esta dañando a mi persona y atañen el profesionalismo con el que yo siempre me he desempeñado como funcionario público y en el ámbito profesional y académico.

Conocedor de la veracidad de la información de su columna estoy seguro que esta petición será resuelta favorablemente, por lo que le envió un fuerte saludo.

Sin más por el momento agradezco a usted la atención que se sirva brindarle a la presente.

Atentamente,

Alejandro Cota Alcázar

Nota: Al no poder encontrar dirección alguna en donde enviarle esta carta, se la hago llegar a través de sus dos direcciones de correo electrónico que publica en su columna. Por lo anterior, solicito a usted atentamente, me acuse de recibido esta carta aclaratoria.

Hasta aquí la “carta aclaratoria” y, como me pide Cota Alcázar, en mi acuse de recibo de la misiva también le pregunto el motivo de su renuncia a la Dirección General de Tecnologías de la Información, pues parece una reacción al espionaje presidencial, pero hasta ahora no hay respuesta.

La lucha por el poder: Slim y Gil Díaz

El cinismo del ex secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, va en aumento. Primero fue el desastre que dejó en las finanzas públicas y la enorme corrupción y desvío de recursos del erario federal. Ahora se contrata con empresas extranjeras para entregar la información privilegiada que manejó en su responsabilidad como servidor público, a cambio de jugosas inversiones, acciones y ganancias.

Pero eso no es todo, en una conferencia de prensa amañada en donde se atribuyeron el derecho de acceso a los medios de comunicación afines con el ex secretario, para evitar así molestas preguntas de quienes tienen pruebas de la corrupción de Gil Díaz, el ex funcionario declaró que no viene a México a pelear con Carlos Slim, otro magnate de las telecomunicaciones.

Sin embargo, las pruebas que hay dicen lo contrario, pues las diferencias entre ambos personajes revelan el encono y odio de Gil Díaz en contra de Slim. Por ejemplo, antes de que Gil Díaz abandonara la Subsecretaría de Ingresos allá por el año de 1994, inició una persecución fiscal en contra de Slim y del Grupo Carso que disfrazó como una campaña en contra de la evasión.

El Grupo Carso (conglomerado de unas 150 empresas integradas fiscalmente), propiedad de Carlos Slim y de sus hijos Marco Antonio y Carlos Slim Domit, estuvo sometido durante 10 años a una intensa investigación por parte de la Secretaría de Hacienda, al asegurar ésta que habían cometido un cuantioso fraude fiscal por cerca de 300 millones de pesos.

De acuerdo con documentos oficiales de la Secretaría de Hacienda y en poder de Oficio de Papel, las auditorías aplicadas a Grupo Carso duraron 4 años y 8 meses, tiempo en el que se revisaron los ejercicios correspondientes a 1995 y el periodo del 1 de enero al 1 de agosto de 1996.

De las casi 150 empresas del Grupo Carso, la Secretaría de Hacienda concluyó con base en papeles de trabajo oficiales, que hubo cruces de información, por lo que a 2 empresas les hicieron observaciones, pero el caso fue cerrado en la PGR por órdenes presidenciales. Por falta de espacio la próxima semana hablaremos de los perdones fiscales a los amigos y cómplices de Gil Díaz y de las persecuciones a los que consideraba enemigos y competidores.



oficiodepapel@contralinea.com.mx
oficiodepapel@yahoo.com.mx


NOS VISITA EL GENOCIDA BUSH, ALGUNOS APUNTES:


Entre la zanahoria y el garrote:
La política de Bush hacia América Latina

Sally Burch

ALAI-AMLATINA, 02/03/2007, Quito.- La próxima visita de George W. Bush a
América Latina, del 8 al 14 de marzo, es considerada por muchos comentaristas como un intento tardío por remendar las relaciones con una región que ha estado rezagada entre las últimas prioridades de la agenda de su administración y que a todas luces se le resbala de las manos.

Mientras tanto, el cambio reciente a una mayoría demócrata en ambas Cámaras del Congreso de EE.UU. está levantando interrogantes en cuanto a la posibilidad de que provoque cambios en las políticas hacia la región.

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BOLETÍN DE LA PRESIDENCIA LEGÍTIMA

Reducido a pintar de azul palacios municipales, el cambio panista: AMLO


• Acusó a los panistas de convertir el gobierno en un comité al servicio de unos cuantos y de traficar con la pobreza de la gente

• Hizo énfasis en que Calderón no obtendrá legitimidad ni con los viajes al extranjero, ni con el apoyo de los gobernadores priistas

• Para entregar las carreteras a la IP, el presidente espurio designó a uno de los sirvientes de Salinas: Luis Téllez

• En 60 días, el Presiente Legítimo de México ha visitado 200 municipios del país

A dos meses de que inicio un recorrido por la geografía nacional, Andrés Manuel López Obrador afirmó que el gran cambio que ofrecen los panistas se limita a pintar de azul las fachadas de los palacios municipales y hasta los monumentos históricos, pero lo peor es que son muy ladrones, falsos, chuecos y vulgares.

Puntualizó que los operativos emprendidos por el presidente pelele en contra de la delincuencia son puro teatro, circo, espectacularidad y faramalla, porque los responsables de la lucha contra el crimen organizado son los mismos que ocuparon cargos similares en la gestión foxista.

Al subrayar que se deben de combatir al mismo tiempo las causas y efectos de la delincuencia, el Presidente Legítimo de México acusó a los panistas de convertir el gobierno en un comité al servicio de unos cuantos y de traficar con la pobreza de la gente, así como de entregar migajas de los recursos públicos a cambio del voto en tiempos electorales.

A cinco meses de la contienda electoral para renovar las 11 presidencias municipales del estado, López Obrador convocó al pueblo hidrocálido a mantener la unidad, a no caer en actos de divisionismo, y a apoyar a los candidatos del Frente Amplio Progresista, formado por el PRD, PT y Convergencia, para derrotar en las urnas a la ultraderecha reaccionaria, incrustada en la cúpula panista.

La jornada de este día inició con una entrevista que concedió a Radio B! La estación de las Noticias, que se transmite por el 7.90 de Amplitud Modulada. La conductora del matutino “Buenos Días Aguascalientes”, Nayeli Muñoz le otorgó un espacio de 50 minutos, en los cuales el Presidente Legítimo reiteró que participan en un movimiento por la transformación auténtica del país y que no lucha por cargos públicos; de lo contrario “abría negociado con la mafia política en la elección del 2 de julio, pero tengo principios y convicción”, aclaró.

A los radioescuchas de Radio BI expresó que los panistas Vicente Fox y Manuel Espino aceptaron su participación en el fraude electoral, cuando ellos mismos y otros integrantes de la cúpula del partido albiazul se quejaban en el pasado de los fraudes perpetrados por los gobiernos de extracción priísta.

Sin embargo, los panistas se han arrancado ahora la máscara, han mostrado el cobre y resultaron ser peores que los priístas, porque carecen de autoridad moral para gobernar, trafican con la pobreza de millones de familias en periodos de elecciones municipales y estatales, denunció López Obrador ante los micrófonos de “Buenos Días Aguascalientes”.

Hizo énfasis en que el presidente pelele no obtendrá legitimidad ni con los viajes que realiza al extranjero, ni con el apoyo que recibió de ocho gobernadores priístas, entre ellos los mandatarios locales de Nuevo León, Sonora, Tamaulipas, Durango, Puebla y Estado de México, tampoco con asistir a actos públicos rodeado de cientos de militares.

A pesar de que dicen ser gente de bien y de asistir a misa todos los domingos, los panistas de arriba son unos reverendos hipócritas, que no respetan los mandamientos, ni expresan sentimiento alguno ante el dolor de la gente.

A pregunta expresa de la conductora del mencionado informativo, Andrés Manuel López Obrador dijo ser un luchador social y no un rebelde o agitador como dicen sus adversarios políticos, y recordó que durante casi dos meses de resistencia civil en el Zócalo de la Ciudad de México no se rompió un sólo vidrio de los establecimientos comerciales ubicados en la zona.

Otro tema fue el relacionado sobre el origen de los recursos para financiar el Gobierno Legítimo de México. Ante ella López Obrador respondió que los gastos que implican las giras realizadas por los 2 mil 500 municipios se pagan con aportaciones, principalmente de la gente humilde.



Mencionó que cada semana se invierten de 20 mil a 50 mil pesos en los recorridos por el territorio nacional, que se realizan a ras de tierra, por carretera, por caminos de terraceria. “Viajamos como gente normal, como debe ser”, en un promedio de 500 a mil kilómetros por día.

En otra parte de su intervención, Andrés Manuel López Obrador aseguró que el presidente espurio está en pleno proceso de pago de facturas a todos aquellos que financiaron o apoyaron el fraude electoral. Hace unos días Calderón anunció que se entregarán en concesión las carreteras federales, cuyo rescate y saneamiento financiero tuvo un costo de 160 mil millones de pesos, destacó.

Para operar la entrega de las autopistas a particulares, el presidente pelele designó al secretario de Comunicaciones y Transportes, Luis Téllez, uno de los sirvientes de los ex presidentes Carlos Salinas y Ernesto Zedillo, abundó.

En las reuniones informativas que sostuvo este día con los habitantes de San Francisco de los Romos, Pabellón de Arteaga, Rincón de Romos, San José de Gracia y Calvillo, subrayó que el gran número de mexicanos en condiciones de pobreza, la creciente migración y el estancamiento de la economía son prueba fehaciente del fracaso del modelo económico neoliberal, impuesto hace 25 años.

“Es insultante la pobreza que padecemos y no es cristiano que unos cuantos lo tengan todo, mientras millones carezcan hasta de lo indispensable”, agregó.

En San Francisco de los Romos –conocido también como San Pancho- y Pabellón de Arteaga, López Obrador dio a conocer que la Segunda Asamblea de la Convención Nacional Democrática se desarrollará del 21 al 25 de marzo en la Ciudad de México.

En el encuentro con las comunidades de Rincón de Romos y San José de Gracia, expuso que serán dos temas fundamentales los que se abordarán en la multitudinaria concentración. Uno de ellos es el relacionado con la carestía y la alza de precios en artículos de consumo básico y generalizados, como la tortilla y las gasolinas, mencionó.

El segundo tópico será la defensa del patrimonio nacional, ante cualquier intentona de Calderón para depositar en manos de particulares la industria petrolera, que es un bien propiedad de todos los mexicanos, resaltó.

En la antesala de los comicios estatales en donde se renovarán 11 presidencias municipales y 18 diputaciones, López Obrador llamó a la población hidrocálida a elegir a sus candidatos en una ambiente de unidad y desechar cualquier asomo de división, pero sobre todo anteponer el interés general y dejar de lado los intereses de grupo y personal.

En San José de Gracia manifestó la importancia de apoyar a los candidatos del PRD a diputados locales y presidentes municipales, “porque nuestro corazón está al centro y a la izquierda”.

Al concluir esta semana los recorridos por Zacatecas y Aguascalientes, el presidente Legítimo de México ha visitado un promedio de 200 municipios en 60 días de gira de trabajo.



Una razón más para apoyar al peje en el 2007.

ATENCO Y OAXACA JAMAS SERAN OLVIDADOS

Las botas de la represión caminan impunemente en mi país, bajo las órdenes de los sectores mas recalcitrantes y conservadores de la sociedad que han usado el poder político para sus propios fines. Los medios masivos cómplices de la barbarie justifican en la unidad e institucionalidad el proceder de lo fascistas.

Las instituciones como la Iglesia a traves de sus representantes jamas se pronunciarón en contra de la represión como método para sofocar el descontento social que recorre en sus sectores mas desfavorecidos, convirtiendose en expectadores mudos de la injusticia cometida contra el pueblo que profesa esa Fé.

Hace tan sólo unos dias una anciana fallecío por las lesiones que recibio de parte de miembros del ejercito cuando era violentada su libertad sexual, no es permisible que la militarización traiga como concecuencia el abuso de autoridad por una parte y por otro el desprecio de las libertades fundamentales que tenemos.

El siguiente video me refresca la memoria de los abusos sexuales que recibieron en Atenco y Oaxaca los presos, y aun siendo comprobados no hay detenidos en los altos mandos de la AFI, PFP y ejercito.



http://www.youtube.com/watch?v=calXCzwI1EM

Ademas de la represión de los movimientos sociales tenemos el encarcelamiento y desaparición de lideres sociales como operación legitima de un sistema político debil sin apoyo popular. A continuación les presento este video que representa una parte del sentir de muchas familias y muchos mexicanos que queremos libertad de los presos políticos de Oaxaca y Atenco.



http://www.youtube.com/watch?v=6nLHK2cDtno

Si tienes algún comentario

desdelatrinchera@gmail.com

PREGUNTA SOBRE EL GDF

Pregunta un lector desde el foro del Sendero:

Bien recibidos por muchas familias, han sido las acciones que ha tomado el GDF para regularizar predios y rehubicaciones. Y es que ésto no se veía desde hace mucho tiempo en la ciudad.

En la casa de ustedes, tengo un problemilla... resulta que somos aledaños a unos vecinos que entraron a el plan de regularización de predio y les han construido sus departamentos, bien por ellos pues durante el gobierno PRIísta nunca les hicieron caso y daban largas a su asunto, diciendo únicamente que sí podian quedarse en aquél lugar toda vez que no invadieran propiedad privada, en otras palabras famosos 'paracaidístas'... Ajenos a sus problemas, pagamos el predial y demás servicios públicos en forma cabal.

Resulta que abrirán la calle, y de paso se llevarán un 'cacho' de Terreno. Pero núnca recibimos notificación alguna... Me comenta un licenciado que si se trata de una obra de gobierno, hay de por medio una indemnización, pero la verdad es que ni luces. Al pedir información al menos para el proyecto, nos traen como pelotas de ping-pong, vaya aquí, vaya allá, hable con tal, etc...

Caray eso es clásico con los PRIístas, pero no con el PRD, no es por nada pero el PEJE si es el rayo de esperanza y, sinceramente el que algunos partidarios actúen con despotismo...

La cuestión es, si me pueden echar la mano para arreglar ésto. Con quién dirigirme y eso, porque realmente es desesperante y a la vez frustrante que la misma gente a la que apoyaste con el voto, te dé la espalda...


COMENTO:
Si alguien le puede echar una mano a este lector, por favor escríbanos al e-mail del Sendero o responda directamente en el foro del Sendero.

Ah, y una cosa: ahí donde la ven, algunas oficinas burocráticas del GDF son una mierda gracias a los changos que pusieron ahí. Con el peje se mantuvieron a raya, pero con Marcelo se están descarando. Ahí tienes otra queja, Marcelo. NO TE HAGAS GÜEY CON ESTO como te has hecho güey con otros asuntos.



Una razón más para apoyar al peje en el 2007.

SOBRE LA LENGUA DEL BURRO PARADO

Cortesía de Sharfs:




http://www.youtube.com/watch?v=H5ZAoT4hbew

LA RATOTA DE GIL DIAZ.

Tráfico de influencias de Gil Díaz

Ana Lilia Pérez
La Auditoría Superior de la Federación indagará los vínculos de Francisco Gil Díaz con Fénix Administradora de Activos -empresa por medio de la cual los hermanos Bribiesca adquirieron 3 mil casas a precio ínfimo-, que habría causado un quebranto al IPAB por varios millones de pesos, en oscuras transacciones con Gonzalo Ortiz Blanco, notario e hijo del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Guillermo Ortiz Mayagoitia.

La participación del ex secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, en las operaciones que emplearon los hermanos Bribiesca Sahagún para obtener 3 mil casas del Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB) -cada una a menos de 2 mil pesos, entre 2003 y 2004- por medio de Fénix Administradora, será investigada por la Auditoría Superior de la Federación.

Derivado de una denuncia ciudadana en la que se vincula a Gil Díaz en irregularidades durante su desempeño como titular de la SHCP, la Comisión de Vigilancia de la ASF en la Cámara de Diputados solicitará a Arturo González de Aragón, titular de la ASF, que incluya la fiscalización de las operaciones de Gil Díaz como asesor del consorcio J.E. Roberts, cargo que desempeñó simultáneamente con su trabajo como presidente de la Junta de Gobierno del IPAB, según reveló HSBC en enero pasado, cuando Gil se integró como consejero de este consorcio financiero.

J.E. Roberts es propietaria de Fénix Administración de Activos S. de R.L., administradora de cartera que desde el sexenio pasado ha vendido la mayor parte de los bienes que recibió el IPAB como resultado del rescate bancario.

La adquisición de miles de casas del IPAB a precio de remate por parte de los hijos de Marta Sahagún, fue uno de los resultados más importantes de la Comisión Especial de diputados que el año pasado investigó el tráfico de influencias de los hermanos Bribiesca.

Si para sus ilegales negocios como gestores de contratos en Petróleos Mexicanos, la familia de Marta Sahagún encontró en Gil Díaz (entonces integrante del Consejo de Administración de Pemex) su principal freno, hubo entre ellos negocios compartidos, según las indagatorias que a partir de marzo analizará la ASF.

En agosto pasado, la Comisión determinó irregularidades de funcionarios de alto nivel que actuaron en complicidad con los Bribiesca, y que causaron millonarios quebrantos al IPAB.

El caso podría dar un nuevo giro, toda vez que la ASF investigará si el ex secretario de Hacienda fue quien facilitó dichos negocios; pues, como reveló el HSBC, Gil Díaz era asesor de J.E Roberts (empresa dedicada mundialmente a la “administración” o compra de cartera), dueña de Fénix, al mismo tiempo que presidía la Junta de Gobierno del IPAB, periodo en el que Manuel y Jorge Bribiesca Sahagún adquirieron los activos del instituto.

Por encargo de los diputados, la ASF tendrá la responsabilidad de comprobar si fue Gil Díaz quien facilitó a los Bribiesca adquirir las casas -incautadas a los clientes por Bancrecer- mediante operaciones que habrían causado al IPAB un quebranto de más de 300 millones de pesos.

En la pasada legislatura, los diputados Jesús Gonzáles Schmall, Marta Lucía Micher y Sofía Castro Ríos determinaron que la venta de activos del IPAB que Fénix vendió a los Bribiesca provocó al IPAB un quebranto de 334 millones de pesos.

Cabe señalar que, como reveló Contralínea en septiembre pasado, según declaraciones de Magda Muñoz, ex colaboradora de Manuel Bribiesca y Miguel Khoury, la propia Marta Sahagún tenía participación en el negocio inmobiliario de sus hijos, desde 2003.

Para los Bribiesca, apropiarse de las casas significó un negocio redondo, porque además de que el IPAB, a través de Fénix, vendió a precios de ganga, Nacional Financiera y Sociedad Hipotecaria Federal les otorgaron millonarios créditos para construir viviendas y, por si eso fuera poco, la mayoría de estas casas las vendieron por medio del Infonavit y Fovissste.

De acuerdo con la denuncia, que el 16 de febrero presentó en la Comisión de Vigilancia un grupo de organizaciones ciudadanas, durante el periodo en que Gil Díaz fue asesor de J.E. Roberts, Fénix Administración de Activos hizo una serie de operaciones ilegales en detrimento del patrimonio del IPAB, que habrían causado un quebranto de 60 millones de pesos.

En estas operaciones ilegales habría tenido participación el Notario Público 98, Gonzalo Manuel Ortiz Blanco, hijo del presidente de la Corte Guillermo Ortiz Mayagoitia.

Según la denuncia, entre 2004 y 2005, el IPAB preparaba una denuncia contra Fénix por un desfalco de 60 millones de pesos de impuestos que no se habían pagado en los procesos notariales que llevaba a cabo la Notaría Número 98 del Distrito Federal.

Aunque el IPAB preparó la denuncia contra Fénix y la Notaría 98, María Teresa Fernández, secretaria ejecutiva del IPAB, habría dejado prescribir la denuncia, y el IPAB pagó los 60 millones de pesos.

Mario Di Costanzo explica la oscura transacción: “El secretario de Hacienda estaba detrás de la compra de cartera del IPAB por parte de Fénix, pero al mismo tiempo era presidente de la Junta de Gobierno del IPAB; Fénix legalizaba sus acciones en la Notaría 98, del hijo de Ortiz Mayagoitia, es un completo conflicto de intereses”.

Di Costanzo denuncia que incluso la designación de Ortiz Mayagoitia como presidente de la Corte podría haberse derivado de la complicidad de su hijo con el ex secretario de Hacienda.

“Probablemente sería el pago de todas estas prebendas, pero aún más: María Teresa Fernández, a quien se designó secretaria ejecutiva del IPAB, dejó prescribir la acción que el IPAB ejercería contra Fénix y contra la Notaría 98. El IPAB pagó los 60 millones de pesos, lo terminamos pagando los contribuyentes, sólo porque entre Fénix y la Notaría 98 se echaban la pelotita”.

Contralínea solicitó al IPAB el pronunciamiento de la secretaria ejecutiva María Teresa Fernández, en relación con la denuncia del quebranto en el que habrían incurrido la empresa Fénix y el notario Ortiz Blanco, pero no hubo respuesta.

ISOSA en la mira

Dentro de las 70 auditorías consideradas como “estratégicas”, en marzo la ASF incluirá en su revisión y fiscalización al gasto público 2006, una auditoría especial sobre la relación de Gil Díaz con la empresa Integradora de Servicios Operativos S.A (ISOSA), que involucra a políticos de alto nivel, como el senador Santiago Creel Miranda.

De acuerdo con el diputado Antonio Ortega Martínez, del PRD, presidente de la Comisión de Vigilancia en la LX Legislatura, la auditoría inculirá la fiscalización de recursos que Gil Díaz manejó dentro de los fideicomisos Aduanas I y Aduanas II, y las triangulaciones que se hicieron a ISOSA, IASA y Controladora de Servicios Integrales (COSISA).

Entrevistado durante la entrega formal de la denuncia contra Gil Díaz que le hicieran los deudores organizados en El Barzón (el pasado 16 de febrero), Ortega Martínez señala que además de las auditorías solicitadas a González de Aragón sobre el desempeño irregular de Gil Díaz, buscará el consenso con los diputados para un punto de acuerdo donde se solicite a las autoridades se finquen responsabilidades contra quien define como “el enemigo público y social de México”.

“Esperamos que podamos iniciar las acciones políticas que deriven en una investigación concreta contra Gil Díaz. Estoy plenamente convencido que habrá muchos diputados de varios partidos dispuestos a sumarse a este punto de acuerdo”, dice el legislador perredista.

Ortega añade que “es muy grave” que aún no se haya revisado a detalle el gasto público durante la administración foxista, periodo en el que Gil Díaz dirigió las finanzas del país, y en el que, a pesar de la bonanza derivada de los excedentes petroleros, “hubo un despilfarro que derivó en la crisis que padecemos hoy”.

“Fox tuvo en tan sólo dos años el doble del presupuesto que a la nación le costó 160 años, tenía todo para dirigir el andamiaje del desarrollo, y no sólo no lo fortaleció, si no que estamos en medio de una grave crisis”, dice el legislador ante los integrantes de El Barzón, quienes confian en que tanto el Legislativo, como la ASF, investiguen y finquen responsabilidades ante la impunidad con que Gil Díaz dejó al país.

Vacían fideicomisos aduaneros

Nancy Flores
Un amplio informe de la Secretaría de Hacienda revela que a finales del año pasado los fideicomisos privados Aduanas I y II –involucrados por la ASF en daños al patrimonio público que superan los 10 mil millones de pesos y oficialmente en proceso de extinción– transfirieron más de 800 millones de pesos al SAT. Los recursos, entregados bajo la etiqueta de donativos, se usarían para cubrir operaciones del órgano desconcentrado.

Un mes después de recibir la venia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación -que el 14 de agosto de 2006 convalidó la operación discrecional de los fideicomisos Aduanas I y Aduanas II, al declarar por mayoría de votos que los miles de millones de pesos obtenidos por el Derecho de Trámite Aduanero (DTA) son de naturaleza privada-, el Servicio Administración Tributaria (SAT) recibió la primera de tres excepcionales donaciones.

Los traspasos de recursos “privados” al erario público, hechos entre octubre y diciembre del año pasado por un monto total de 806 millones 933 mil 50 pesos, revelan que -tras el fallo de la Corte y en absoluta reserva- el SAT inició los movimientos financieros que afectan el patrimonio de ambos contratos.

El sigilo en las transferencias contrasta con la promesa oficial hecha por el SAT el 20 de junio de 2006, cuando -a través de un comunicado- aseguraba que a partir de entonces daría a conocer de manera periódica la información sobre los fideicomisos que administra, entre los que destacan el 954-8 Aduanas I y el Consorcio de Comercio Exterior II, conocido como Aduanas II.

Según la versión difundida por el SAT en aquella época, la institución aún encabezada por José María Zubiría Maqueo, buscaba “proporcionar información objetiva y clara sobre la administración de los fideicomisos que han aportado recursos para sustentar la modernización de las actividades tributarias en México, tanto en materia de tecnología informática y telecomunicaciones, como en la infraestructura de sus instalaciones y de las aduanas”.

Las donaciones

Las donaciones no son un asunto menor. Creados en 1993 por Francisco Gil Díaz, en su calidad de subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda (SHCP), los fideicomisos aduaneros recaudaron el cobro del DTA desde entonces y hasta 2004.

Ambos fondos, al igual que la empresa ISOSA (Integradora de Servicios Operativos S.A.), son responsabilizados por la Auditoría Superior de la Federación de cometer daños al patrimonio público por 10 mil 182 millones de pesos.

El máximo órgano de fiscalización en México acusa que los quebrantos patrimoniales se cometieron en los cuatro primeros ejercicios de la administración foxista, y fueron por 4 mil 561 millones en 2001, 2 mil 200 millones en 2002, 2 mil 585 millones en 2003 y 836 millones 346 mil pesos en 2004.

En esos ejercicios fiscales, detalla la ASF en sus informes, el SAT omitió enterar a la Tesorería de la Federación (Tesofe) los recursos obtenidos por el cobro del DTA, mismos que se depositaron “irregularmente” en el fideicomiso Aduanas I. La ruta del dinero apunta que esos ingresos se destinaban posteriormente al Aduanas II y a ISOSA.

Después de conocida la resolución de la Corte, en octubre pasado el órgano desconcentrado de la SHCP ordenó –en su calidad de fideicomitente– a Nacional Financiera (Nafin), la fiduciaria, que le entregara 10 millones 113 mil 637 pesos del Fideicomiso Consorcios de Comercio Exterior II.

Según consta en el Informe sobre la situación económica, las finanzas y la deuda públicas, este monto fue reintegrado a las arcas del SAT. En sus anexos, el documento elaborado por la Secretaría de Hacienda, detalla que la “donación” tuvo como fin la “compra de bienes donados en especie para uso en diversas aduanas del SAT”.

Un mes después, en noviembre, el organismo tributario mandó a Nafin ejecutar el traspaso de 500 millones de pesos, pero ahora sustraídos del Aduanas I. Además, en diciembre se desembolsaron otros 296 millones 819 mil 413 pesos de este mismo fideicomiso, que también fueron entregados en forma de donativo al órgano desconcentrado.

Para estas erogaciones, el fin específico detallado por Nafin y el SAT fue: “apoyar los programas editorial; de actualización del RFC en Durango, Zacatecas, Coahuila; de capacitación en el marco de la puesta en marcha de la Plataforma Tecnológica para el SAT; la amortización del Programa de Separación Voluntaria del ejercicio 2003; la cobranza de adeudos de servicios, y el Programa Paisano”.

Alonso Lujambio, presidente del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), confía en que las leyes ya existentes para regular los fideicomisos y las donaciones que involucran recursos públicos bastan para transparentar estas operaciones.

En el marco de la discusión sobre la reforma a la Ley de Transparencia, el funcionario advierte que “de acuerdo con los fallos del propio IFAI, la información sobre los fideicomisos con recursos públicos es pública. De eso ya no hay duda”.

Sobre las donaciones, explica que “cada legislación determina de manera puntual cómo deben de rendir cuentas las secretarías y dependencias. Eso ya está claramente establecido en las leyes”.

El resarcimiento

De octubre a diciembre los fideicomisos Aduanas I y II reintegraron 806 millones 933 mil 50 pesos a las arcas del SAT, de los 7 mil 682 millones de pesos que, según la Auditoría Superior de la Federación, debían resarcir a las arcas públicas.

Además de evidenciar el manejo inmediato que hizo el SAT de los millonarios recursos fideicomitidos, la transferencia contradice la tesis de la Corte, que por mayoría de votos determinó que se trataba de fondos de origen y destino privados.

Ésta no es la primera vez que el SAT ordena el traslado de dinero y bienes resguardados en el Aduanas I y en el Aduanas II. En 2005, por órdenes del entonces secretario Gil Díaz, el SAT resarció 2 mil 456 millones 800 mil pesos a la Tesofe, monto correspondiente al daño patrimonial registrado en el ejercicio fiscal de 2003.

Sin embargo, al resolver la controversia constitucional 84/2004, la Suprema Corte exoneró al SAT de reintegrar los más de 7 mil millones de pesos al erario. El fallo constituyó un franco revés al proceso de “legalización” DTA, emprendido por la Secretaría de Hacienda en diciembre de 2003 a petición del entonces presidente Vicente Fox.

Con esto, la ASF no sólo quedó impedida para auditar los ingresos por este concepto, sino que la Corte dejó sin efecto los pliegos de observación emitidos por el máximo órgano fiscalizador en contra del SAT, por los daños patrimoniales descubiertos en los primeros cuatro años de la administración foxista.

Opacidad y derroche en Aduanas I

Entre enero y diciembre del año pasado, la lenidad de la Suprema Corte permitió que el SAT erogara en forma discrecional 4 mil 189 millones 476 pesos del fideicomiso privado 954-8 Aduanas I, de los 7 mil 64 millones 457 mil pesos que resguardó en ese ejercicio.

De acuerdo con el balance general, publicado por el SAT en su informe Tributario y de Gestión, al cierre del ejercicio 2006 el fideicomiso Aduanas I registra un activo circulante de tan sólo 2 mil 874 millones 981 pesos.

El egreso más importante, por la cantidad que implica y la opacidad del concepto, se refiere a los gastos de liquidación y asciende a mil 684 millones 767 mil pesos. Sin entrar en detalle, el SAT indica que mil 367 millones 997 mil pesos más se destinaron a la operación informática, es decir, que fueron transferidos a la empresa privada ISOSA.

Otra de las erogaciones, clasificada como “operación sustantiva”, es por 326 millones 323 mil pesos; mientras que 810 millones 389 mil pesos se registraron como transferencias a la Tesorería de la Federación, donde podrían estar contenidos los donativos a favor del SAT.

En el capítulo de ingresos, el breve documento registra que esta figura fiduciaria, administrada por dependencias públicas (el SAT es su fideicomitente, Nafin, su fiduciaria y la SHCP su fideicomisaria), recibió mil 242 millones 389 mil pesos por “recuperaciones”.

Respecto a este concepto, el SAT omite aclarar a qué se refiere, pese a que representa 500 por ciento más que los ingresos registrados un año antes: y es que en 2005 las recuperaciones apenas sumaron los 88 millones 19 mil pesos.

En los ingresos también se registran los intereses generados por 72 millones 106 mil pesos, 86 por ciento menos que en 2005, cuando ascendieron a 498 millones 335 mil pesos.

A investigación

Ante los posibles delitos cometidos por ex funcionarios públicos de la Secretaría de Hacienda, entre los que destaca el ex titular Francisco Gil Díaz, el diputado perredista Pablo Trejo propuso la creación de una comisión investigadora para el caso del Derecho de Trámite Aduanero.

“La Corte resolvió que no había injerencia por parte de la Auditoría Superior en los fideicomisos privados, pero nosotros creemos que si analizamos el DTA podemos llegar al fondo del asunto. Por supuesto que no vamos a dejar de lado las observaciones que ya hizo la ASF al respecto”, dice el legislador.

Explica que dicha comisión cumple con los requisitos de la constitución, pues se lograron reunir más de 130 firmas, por lo que sólo están esperando a que sea integrada. Advierte que el caso del DTA es uno de varios temas que indagarán, relacionados con Francisco Gil Díaz.

“Vamos a proponer una auditoría al Sistema de Administración y Enajenación de Bienes, porque hay suposiciones de que se está manejando irregularmente. Tenemos una solicitud de auditoría para el sistema informático del SAT, que presenta incumplimientos en el contrato. Además de las revisiones que ya se han solicitado a la Secretaría de la Función Pública sobre el conflicto de intereses del ex secretario al asumir un cargo en el banco HSBC.”

Pablo Trejo confía en que la Función Pública cumpla con la ley. “El secretario Germán Martínez Cazares manifestó que si no había denuncia no podía actuar. La denuncia fue presentada por el secretario general del PRD en el Distrito Federal, Carlos Reyes Gamiz, entonces no tiene ningún pretexto para ser omiso ante esas irregularidades que se han señalado”.

Sobre la comparecencia del procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, ocurrida a fines de enero pasado, el diputado Trejo advierte que “se le preguntó si le estaban dando seguimiento al caso de Gil Díaz, a todos los actos que se han hecho públicos, que presumen algún delito y que por oficio deben de seguirse. Simple y sencillamente se quedó callado. A nosotros nos gustaría saber qué va a hacer el procurador general al respecto”.

Por ello advierte que presentarán un punto de acuerdo para que la PGR investigue de oficio todas las acusaciones en contra del ex secretario. “Tenemos a un gobierno federal que dice que va a aplicar la justicia, que va a fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y la fiscalización, y si no lo hace con estos casos que son evidentes pues estaríamos en el supuesto de que una cosa es la que se dice y otra la que se hace.”

Pablo Trejo señala: “Nosotros queremos llegar al fondo de las cosas. En un país donde hay muchos pobres es injusto que unos se beneficien por la información que manejan o por los cargos públicos que ostentan. Es muy preocupante que el ex secretario de Hacienda ocupe un cargo en HSBC y en Telefónica, porque toda la información que posee da una posición privilegiada a las empresas que hoy asesora”.

El legislador perredista indica que las investigaciones promovidas en la Cámara de Diputados podrían alcanzar otros hechos del pasado, como el posible tráfico de información que pudiera haber cometido el ex secretario Gil Díaz con la empresa J.E. Roberts, administradora de cartera y una de las principales accionistas de Fénix. Esta última, identificada como la compañía que vendió a 3 mil pesos las casas de interés social a los hermanos Bribiesca Sahagún.

“Si se confirma que estaba asesorando a J.E. Roberts mientras fungía como servidor público, para lo cual está impedido, estaríamos ante el delito de tráfico de la información. Se le tendría que juzgar por el uso abusivo de las funciones públicas”.

Pablo Trejo considera que el asunto de Francisco Gil Díaz “nos da la oportunidad de saber si el gobierno federal tiene la voluntad de cumplir su palabra y de aplicar las sanciones que tenga que aplicar en caso de que los ilícitos se confirmen”.


Empresa fantasma administra recursos en SCT

Ana Lilia Pérez
Servicios Integrales en Autopistas S.A. de C.V. (SIASA) opera desde hace cinco años la administración del 90 por ciento de casetas de cobro de las carreteras para la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que encabeza Luis Téllez, con un cúmulo de irregularidades en las finanzas, manejo discrecional de los recursos y corrupción.

nte el deficiente estado en que se encuentran las carreteras, caminos y puentes de México, es inexplicable que las cuotas de peaje que pagan los usuarios sean de las más caras del mundo. El incremento de 3.1 por ciento en promedio, que entró en vigor en febrero pasado, fue propuesto por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y avalado por el anterior secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz.

La SCT argumentó que el alza al peaje a nivel nacional tenía el propósito de recabar más fondos para el mantenimiento de la carpeta asfáltica y mejorar la administración de casetas; sin embargo, la mayoría de los recursos son entregados, desde hace cuatro años, a SIASA, una empresa “de portafolios” que opera con la venia de Luis Téllez y Agustín Carstens.

Hace tres semanas el secretario de Comunicaciones anunció que este año destinará mil 60 millones de pesos para obra carretera y mantenimiento de la Autopista del Sol, que además de ser la segunda más cara del país y una de las más caras del mundo, año con año la SCT le destina mayores recursos para su mantenimiento.

Esta carretera, al igual que el 90 por ciento de las autopistas de cuota, tanto de la llamada Red Propia como de la Red del Fideicomiso de Apoyo al Rescate Carretero, son administradas y “conservadas” por SIASA, creada por funcionarios del gobierno foxista para desmantelar Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe).

SIASA entró en operaciones en mayo de 2002, y actualmente mantiene el control administrativo y de personal de autopistas de cuota, con la autorización de Luis Téllez la en SCT y Agustín Carstens en la SHCP, pese a las graves irregularidades con las que opera.

Fideicomiso encubierto

Durante el gobierno de Carlos Salinas, la SCT, por medio de Capufe, creó el fideicomiso F/121128 para administrar el personal asignado a carreteras y puentes federales de cuota, mediante un contrato elaborado entre Capufe, como fideicomitente, y el entonces Banco Mexicano S.A., como fiduciario.

El fideicomiso tendría vigencia de cinco años a partir del 6 de agosto de 1993; oficialmente concluyó en 1998, pero a finales de la administración de Ernesto Zedillo y durante los primeros meses de 2000 continuó su operación sin que nadie dijera algo.

En 2000 el Sindicato de Terrajeros emplazó a huelga al fideicomiso por irregularidades en la firma del contrato colectivo de trabajo en centros que no dependían de Capufe, sino del fideicomiso.

En noviembre de 2001, Manuel Zubiría Maqueo fue nombrado por Vicente Fox como director general de Capufe. A unas semanas de asumir el cargo, el hermano del actual titular del SAT, José María Zubiría, junto con el abogado Baltasar Cavazos Chena (hijo de Baltasar Cavazos Flores, presidente de la Academia Mexicana de Derecho Procesal del Trabajo), crearon SIASA. La cual, al amparo de la SCT y de la SHCP, ha hecho un jugoso negocio sin ninguna obligación legal.

De acuerdo con servidores públicos y ex funcionarios de Capufe, Manuel Zubiría ideó crear la empresa para desmantelar la planta laboral de Capufe.

La abogada Claudia Ruiz, asesora de los trabajadores del sector carretero, y quien durante los últimos cuatro años ha llevado denuncias laborales contra SIASA, señala: “cuando lo nombran director, Manuel Zubiría dijo que tenía un amigo que podía resolver los asuntos laborales de Capufe, y trajo a Baltasar Cavazos Chena; así crearon SIASA”.

Servicios Integrales de Autopistas inició operaciones el 1 de junio de 2002. Un año después cambió su nombre a Servicios Integrales en Autopistas S.A. para deslindarse de denuncias laborales y adeudos fiscales.

SIASA tiene atribuciones para “recibir más del 93 por ciento de los ingresos carreteros; proveer a Capufe de la mano de obra que se requiera para operar, administrar, conservar y reconstruir las vías de cuota concesionadas”. Contrata al personal que opera en carreteras, la parte operativa se realiza con equipo de Capufe, desde herramientas menores hasta camiones, grúas o maquinaria pesada.

Cuando los trabajadores demandan a SIASA, Capufe entra como “obligado solidario” de aquella para pagar los litigios perdidos, incluso las demandas en tribunales laborales contra la empresa tienen como codemandado o segundo demandado a Capufe. Así que, en caso de que los juicios se pierdan, si SIASA se niega a pagar las indemnizaciones, Capufe asume los pagos.

Actualmente la empresa mantiene una oficina en Palenque 395, colonia Vértiz-Narvarte, donde no hay personal, salvo una recepcionista y un contador.

De acuerdo con abogados que litigan en tribunales laborales contra SIASA, ésta ha cambiado por lo menos 12 veces de domicilio, y en ninguno de ellos ha mantenido personal fijo ni estructura administrativa, lo que revela su dudosa personalidad jurídica que la convierte en empresa “de portafolios”.

La cara visible de SIASA es el despacho de abogados de Baltasar Cavazos, asesor del Senado de la República. Tanto Baltasar como Humberto Cavazos han comparecido ante tribunales laborales como apoderados legales de SIASA. Sin embargo, la SCT y Capufe se niegan a revelar la identidad de los dueños de la empresa, pese a que controla la administración y operación de las carreteras del Estado.

SIASA presenta también irregularidades fiscales. Apenas el pasado 16 de enero el Órgano Interno de Control de la Secretaría de la Función Pública en Capufe la inhabilitó de forma temporal (tres meses) por presentar documentación apócrifa para justificar su estado legal ante Hacienda (Contralínea 73).

En tribunales federales del país están abiertas unas 4 mil denuncias contra la empresa, por abuso laboral y despido injustificado. En la mayoría de ellas, dicen los abogados de los trabajadores, se integraron documentos apócrifos como pruebas de renuncia.

Dicha empresa no tiene patrimonio ni bienes, y nunca responde de las relaciones profesionales de trabajo, además utiliza a los altos mandos de Capufe para el “trabajo sucio”.

Los operadores

En la poco clara relación entre las autoridades de Capufe y SIASA, los altos mandos de la dependencia del Estado: delegados y subdelegados de carreteras, operan también como jefes visibles de los empleados que contrata SIASA, es decir, la empresa no tiene personal de mando visible.

Un ejemplo de la subordinación de los funcionarios públicos de la SCT y Capufe, fue un operativo con policías federales y estatales para despedir a 60 trabajadores asignados a la carretera México-Pachuca.

Durante casi 10 años, 60 trabajadores de esa caseta fueron empleados del entonces fideicomiso F/121128, y para 2002, SIASA se convirtió en su patrón, hasta la madrugada del pasado 22 de marzo.

Claudio Bernardo Vasconcelos, subdelegado de Operación Regional de la Zona Centro Sur de Capufe, llegó esa madrugada acompañado de elementos de la Agencia Federal de Investigaciones, de la Policía Federal de Caminos y policías municipales de Ecatepec para desalojar a los trabajadores, a quienes sometieron durante 10 horas al acoso y agresión para que “entregaran” la administración al nuevo personal de SIASA.

Juana Valadez, administradora de la caseta, señala: “llegaron a las 12 de la noche, en el cambio de turno. Todos iban armados, a los cajeros los encañonaron. El delegado de Capufe, Alfonso Vásquez Repetto, jamás dio la cara. Llegó un dizque representante legal de SIASA que nunca se identificó y dijo que traía orden de liquidar a todos, nos hicieron firmar la renuncia y entregamos la administración”.

Valadez dice que nunca supo quiénes eran los dueños de la empresa, y refiere que cuando la Secretaría de Hacienda hacía alguna auditoría, la orden era asumir que toda la administración y el personal era de Capufe. Para cuestiones laborales, dice, “éramos SIASA”, y para pagos “fideicomiso 121128”.

Explica que la empresa mantenía diferentes figuras para protegerse ante demandas fiscales o laborales.

Cuando los trabajadores de la México-Pachuca fueron desalojados, el “representante legal” de SIASA -quien nunca les proporcionó su nombre- les extendió una hoja de liquidación con el nombre de la empresa, un borroso logo de Capufe y su firma como ‘representante legal’.

La disyuntiva de la empresa, dice la ex administradora, fue “o firmas o te vas a la cárcel; protestamos, pero no había otra opción”.

La mayoría tenía más de 20 años en el sector caminero. Señalan que a pesar de que SIASA les hizo firmar una carta de renuncia, durante los años que trabajaron a nombre de ésta, nunca firmaron contrato.

En carreteras, tanto de Farac como de Capufe, es difícil identificar quiénes corresponden a los organismos del Estado y quiénes a SIASA, pues ésta procesa las nóminas de los trabajadores en instalaciones de Capufe, y para hacer los pagos, semanalmente envía camionetas de valores.

Aunado a la evasión de impuestos, su pasivo laboral crece a la par de los despidos masivos de forma injustificada. Lo más grave, señala la abogada Claudia Ruiz, es que como “obligado solidario” Capufe está como codemandado y finalmente deberá responder al pago de las indemnizaciones de los trabajadores.

Atropello laboral

El caso de la trabajadora Marisol Castillo Ríos es emblemático de la forma cómo opera SIASA. Ella se desempeñaba como cajera en la caseta de cobro de la autopista México-Pachuca. Embarazada, fue atropellada en su lugar de trabajo; quedó “lisiada” de una pierna. Al regreso de su incapacidad, fue despedida por Franciso Ruiz Díaz, administrador de la caseta.

En febrero de 2003 demandó a SIASA y a Capufe, y en representación de la empresa privada el despacho Cavazos Flores presentó un documento apócrifo como prueba de la renuncia.

Desde su despido Marisol no ha encontrado trabajo, y aún espera que las autoridades laborales actúen con imparcialidad y no por influencias de los representantes legales de SIASA.

Las denuncias contra esa compañía en algunos estados, como en Guerrero, se iniciaron a partir de agosto de 2002, cuando trabajadores de la Autopista del Sol enviaron una querella al entonces titular de la SCT, Pedro Cerisola, al que le notificaban que Manuel Zubiría, director de Capufe, pretendía hacerlos firmar un contrato de trabajo con una empresa “fantasma”, para desconocer sus derechos laborales.

La disposición fue avalada por la propia SCT, la cual confirmó que los trabajadores del fideicomiso F/121128 debían sujetarse a las disposiciones de SIASA para que a partir del 1 de junio de 2002, fungiera como su nuevo patrón, para encubrir ilegales operaciones del fideicomiso, que operó hasta mayo de 2002.

En la denuncia, los trabajadores exponían que los contratos de SIASA eran temporales y lesionaban por sus derechos laborales puesto que, además, en ningúno se especificaba los alcances legales.

Los trabajadores expusieron su indefensión jurídica al enfrentarse al representante legal de SIASA, Baltasar Cavazos Chena, con “grandes influencias” en tribunales laborales, y quien “ha pisoteado los derechos de los trabajadores a favor de los intereses de sus representados”.

Actualmente SIASA opera con 3 mil trabajadores, entre administrativos y operativos, distribuidos en todo el país, sometidos a extenuantes jornadas de trabajo por sueldos mínimos, sin equipo especial, ni uniformes de seguridad, todos eventuales.

Aunado a las denuncias laborales, lo más peligroso, señala Martín Curiel Gallegos, secretario general del sindicato de Capufe, es que SIASA maneja los recursos en las casetas de cobro, y administra la mayoría de las casetas del fideicomiso Farac, con las que supuestamente se pagaría la deuda carretera, que en el sexenio foxista pasó de 57 mil 316 millones a 167 mil 316 millones de pesos.

De acuerdo con estimaciones de Martín Curiel, “caminero” de más de dos décadas de experiencia, de cada peso que se paga en las casetas la utilidad es de 85 centavos. Curiel reclama que fue la propia SHCP quien avaló la creación de SIASA y sigue solapando sus irregularidades.

Los abogados demandan que la Secretaría de Hacienda audite a la empresa y que junto con la SFP investiguen por qué, pese a los millonarios montos administrados por SIASA, las condiciones laborales son deplorables.

Por su parte, la abogada Claudia Ruiz responsabiliza a la SCT “como cabeza de sector” de las consecuencias que pudiera tener el que la empresa “de portafolio” desaparezca de un momento a otro y que Capufe tenga que absorber su pasivo como obligado solidario.

Se solicitó entrevista con los titulares de SCT, Luis Téllez, y de Capufe, Humberto Treviño, para saber su postura respecto a las ilegalidades con las que opera SIASA, pero no hubo respuesta.






SONORA Y EL NARCO.

Sonora en manos del narcotráfico

Erika Ramírez
El mapa de las drogas en México revela a Sonora como la región con mayor presencia del narcotráfico. Según el estudio, el crimen organizado se ha asentado en 25 municipios de dicho estado, donde impera la violencia y la corrupción de las autoridades.

Sonora es el estado con más municipios dominados por el narcotráfico; sin embargo, los operativos de seguridad que arrancaron con la administración de Felipe Calderón para combatir a este flagelo no han tocado la región que gobierna actualmente el priísta Eduardo Bours Castelo.

De acuerdo con el estudio de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) denominado El mapa de las drogas en México, de la autoría de Carlos Resa Nestares, consultor de la Oficina de las Naciones Unidas sobre Drogas y Delincuencia, en Sonora está asentada la mayor presencia del narcotráfico del país, pues de los 100 municipios con más habitantes dedicados al narcotráfico, esa entidad concentra 25 cabeceras municipales.

El análisis español señala que la circunscripción de Naco, ubicada al noreste de la entidad, encabeza la lista de una centena de ayuntamientos en donde se encuentra la residencia habitual de los sentenciados por producción, tenencia, tráfico, proselitismo y otros actos en materia de narcóticos por cada 100 mil habitantes.

Le sigue Onavas, con la segunda posición, localizado al sureste de Sonora, y en tercer lugar se encuentra San Vicente Coatlán, en Oaxaca. El ayuntamiento de Guerrero en Tamaulipas ocupa el cuarto sitio, y nuevamente los municipios de Sáric, Imuris y General Plutarco Elías Calles, en Sonora, llegan hasta el séptimo de los 10 primeros lugares.

Antes de llegar al sitio 20, Sonora tiene registrados siete cabildos: Yécora, Altar, Nogales, Rosario, Bacerac, Puerto Peñasco y Bavispe. Luego, según la investigación, se ubican Agua Prieta, Álamos, San Luis Río Colorado, Bacoachi, Santa Ana, Caborca, Nácori Chico, Cananea, Magdalena, Navojoa, Cajeme, Pitiquito y Banámichi.

Luis Gerardo Serrato Castell, secretario de la Comisión de Seguridad Pública por el Partido Acción Nacional del estado de Sonora, señala que la inseguridad y el crimen organizado son “el lado flaco del gobernador Bours”, quien no ha podido abatir estos problemas.

“Nosotros hemos solicitado que los operativos de combate al narcotráfico se lleven a cabo también en Sonora. El senador Guillermo Padres Elías que ya lo pidió formalmente, y yo me sumé a dicha solicitud en mi carácter de secretario de la Comisión de Seguridad Pública.”

Serrato Castell advierte que ha habido muchos actos violentos en el estado, mismos que han afectado a la comunidad, por lo que exige se lleven a cabo este tipo de operativos. El estado tiene muchos problemas que son focos amarillos, tendientes a rojos, prácticamente desde que inició el gobierno de Eduardo Bours.

El legislador panista dice que “ya solicitamos el apoyo del gobierno federal ante la falta de resultados por parte del estado. El narcotráfico es el lado flaco de la administración estatal y veo un problema serio de falta de coordinación”.

Al conocer la estadística realizada por el investigador de la universidad española, Rodrigo Medina de la Cruz, presidente de la Comisión de Seguridad Pública por el Partido Revolucionario Institucional, señala que es “alarmante” ver que en ciertos estados o municipios se lleven a cabo este tipo de actividades ilícitas, por lo cual habría que tomar medidas emergentes.

No obstante, el legislador priísta defiende la administración de Bours Castelo y detalla que el problema de la inseguridad no es privativo de una sola entidad. “No debemos etiquetar a una sola persona este problema”.

La inseguridad y el narcotráfico “han crecido porque no hemos sido capaces, sobre todo en el sexenio de Vicente Fox, de encabezar una gran cruzada nacional para poder convertir a todos los actores en parte de la solución y no del problema.

“Necesitamos que parte de la coordinación sea efectiva, no en un solo estado sino en toda la República, que el gobierno federal se convierta en ese líder nacional que pueda sentar en la mesa a los diferentes gobernadores y regidores y los pueda sacar adelante a todos, agrega.

Medina De la Cruz critica que la lucha contra el narcotráfico no nada más se va a dar con otorgar más recursos y discursos. “Hay que demostrar y comunicar a la ciudadanía que esto se está atendiendo con acciones contundentes que se transformen en una mejor calidad de vida para las personas”.

El legislador priísta agrega que las posiciones de los municipios relacionados con el narco que muestra la investigación de la UAM española no hace a Sonora un estado en el que prive la inseguridad y el crimen organizado.

“También estamos viendo como Guerrero, Michoacán, Tamaulipas y muchos otros estados de la República tienen este problema. No considero que lo más inteligente sea atacar a una persona o achacar el problema hacia una sola institución. Todos hemos permitido que esto se incremente, sobre todo las autoridades pertinentes”, dice.

Para Armando Barreiro Pérez, secretario de la Comisión de Seguridad Pública en la Cámara de Diputados por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), “no es una novedad que los estados del norte y que en particular Sinaloa y Sonora hayan estado sometidos al flagelo del narcotráfico. Ello es un indicador más de cómo han fracasado las políticas de seguridad pública que instrumenta el Estado”.

Las cifras

El estudio del español Carlos Resa, miembro de la International Association for the Study of Organized Crime, señala que en Sonora por cada cien mil habitantes hay 143.57 sentenciados –por producción, tenencia, tráfico, proselitismo y otros actos en materia de narcóticos–.

De acuerdo con el cuadro Densidad de narcos según estados, le siguen Baja California, con 135.97 personas; Sinaloa, 121.13; Chihuahua, 117.13; Baja California Sur, 100.46; Nayarit, 89.22; Colima, 86.43; Durango, 56.33; Tamaulipas, 53.79; y Michoacán, con 50.98 entre los 10 primeros estados.

Mientras Sonora ocupa el primer lugar a nivel estatal, Tijuana, Baja California, es la ciudad que tiene a más personas consignadas por cada cien mil habitantes. Le siguen Ciudad Juárez (Chihuahua) con 133.16; León (Guanajuato), 71.73; Guadalajara (Jalisco), 70.76; Zapopan (Jalisco) 39.56; Monterrey (Nuevo León), 33.30, Distrito Federal, 17.63, Nezahualcoyotl (Estado de México), 12.40; Puebla, 9.50 y Ecatepec (Estado de México) con 8.94.

Acciones para legitimar

Armando Barreiro Pérez, secretario de la Comisión de Seguridad Pública en la Cámara de Diputados por el PRD, hace un balance de las acciones que puso en marcha el ejecutivo federal para el combate al narcotráfico y descarta que se vayan a lograr resultados favorables de alto alcance, pues los operativos han servido para que el presidente Felipe Calderón intente legitimarse y para polemizar la problemática.

El legislador perredista hace referencia a las declaraciones que hizo el secretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna, quien afirmó el pasado 12 de febrero que se llevaba a cabo una investigación al alcalde de Acapulco, Félix Salgado Macedonio, por su presunta vinculación con el narcotráfico en la región.

“Parece que igual que en el sexenio anterior, con el programa que se llamó México Seguro, no ha tenido el efecto que mediáticamente nos han dicho, si no que están siendo en algunos puntos contraproducentes, porque son aprovechados para politizar el combate en contra del crimen organizado”, dice.

“A este tipo de declaraciones hay que agregar que no ha habido los resultados esperados, por lo que los legisladores del PRD consideramos que deben someterse a revisión los operativos. Y ya desde hace unas semana estamos solicitando la comparecencia del secretario García Luna ante esta Cámara”, agrega Barreiro Pérez.

El secretario de la Comisión de Seguridad Pública por el PRD señala que es a través de los efectos mediáticos que el presidente Felipe Calderón intenta legitimarse. “Esa va a ser la tendencia, debido a la necesidad que tiene su gobierno espurio”.

El investigador Resa Nestares coincide con el legislador perredista, pues señala que el mensaje del presidente con estos operativos es “soy el nuevo presidente, con una legitimidad escasa, así que opto por enfrentarme a un enemigo fácilmente manipulable ante la opinión pública: la industria de las drogas. Nada nuevo. Todo muy aparatoso, pero con nulos efectos reales, fuera de los publicitarios para el nuevo gobierno”.

Agrega que “para combatir el "flagelo" de las drogas, las medidas son inocuas. La presencia física del Ejército reduce el ejercicio de la violencia en ciertos lugares. Pero, conociendo que la violencia no es una parte intrínseca sino un subproducto de la industria de las drogas, combatir sus efectos no tiene porqué generar ningún efecto sobre la industria en su conjunto”.

Luego de ser consultado sobre las posibles implicaciones sociopolíticas previsibles en esta materia, el académico español concluye: “Ninguna. La población por abrumadora mayoría, pero con excepción de una minoría muy ruidosa, está a favor de una mayor participación de las fuerzas armadas en la represión de la industria de las drogas y de la delincuencia en general, con lo cual es cumplir con los deseos de la mayoría. La industria de las drogas seguirá sin cambios”.

Sufre Sonora el cacicazgo de Bours

Zósimo Camacho
Las agresiones contra periodistas y medios de comunicación en Sonora son el corolario de casi cuatro años de atentados contra las garantías individuales y los derechos humanos en la entidad. A decir de legisladores federales -quienes denuncian haber sufrido “en carne propia” el atropello a sus derechos-, el gobierno encabezado por el empresario Eduardo Bours “no tolera” las críticas ni las opiniones contrarias a él y sus intereses.

Al asumir el gobierno del estado, luego de una cuestionada elección que supuestamente ganó con menos de un punto porcentual (7 mil 900 votos), Eduardo Robinson Bours Castelo comenzó una soterrada campaña para minimizar las acusaciones de fraude electoral y desterrar de los medios de comunicación las críticas a su gobierno. A las publicaciones que intentaron mantenerse independientes sencillamente se les negó la publicidad del gobierno estatal y del sector privado.

Sin embargo, fue hasta el 2 de abril del año pasado -con la desaparición de Alfredo Jiménez Mota, reportero del diario El Imparcial- cuando los medios de comunicación del resto de la República comenzaron a poner atención a lo que ocurría en Sonora. El periodista, quien tenía 26 años cuando se le vio por última vez y había publicado una serie de reportajes sobre las bandas del narcotráfico, estaba a punto de divulgar los nexos de la clase política gobernante con la banda de “Los Números” o “Los Güeros”.

Según un reportaje de Alejandro Gutiérrez, publicado en la revista Proceso, Jiménez Mota investigaba las relaciones del capo Raúl Enríquez Parra con Ricardo Bours, hermano del gobernador. Este mismo reportaje provocó que la edición 1577 no circulara en la entidad, pues misteriosamente fueron comprados todos los ejemplares antes de que se pusieran a la venta.

A la revistas Contralínea nacional y Contralínea Sonora les ocurrió lo mismo durante las últimas ediciones. Pero las agresiones subieron de nivel después de haber divulgado una conversación entre funcionarios de la administración de Bours que descubre la existencia de una unidad de espionaje (el C-4) al servicio del gobernador.

Así, cuando estaba a punto de distribuirse la edición donde se denunciaban los embates del gobierno estatal contra los indígenas comca’ac con el objetivo de arrebatarles la Isla Tiburón, el distribuidor de la revista en la entidad, Mauricio Capdeville, y su chofer Ricardo Ramírez fueron detenidos arbitrariamente por agentes del gobierno de Eduardo Bours (ver Contralínea Sonora de febrero de 2007).

“Esto viene desde hace tiempo y no vemos que (el gobernador) busque rectificar”, dice el senador del Partido Acción Nacional (PAN), Guillermo Padres Elías. Agrega que las agresiones contra los periodistas y los medios de comunicación en el estado no son hechos aislados, sino parte de toda una “actitud” con la que gobierna Bours Castelo. “El problema de la libertad de expresión se suma a la falta de transparencia y a la violación a los derechos fundamentales de los ciudadanos”.

En esto coincide su correligionario y también senador por Sonora Javier Castelo Parada, quien añade que a los propios legisladores -quienes gozan de fuero- Eduardo Bours les ha “coartado el derecho a opinar”. Ejemplifica con la censura a un spot televisivo después de las pasadas elecciones federales y la “explicación” del gobernador.

“Yo traía un spot en la televisión del estado y en los canales de Televisa sobre lo que pensaba de las reformas estructurales. El gobierno me lo vetó. Entonces hablé con el gobernador. Le dije que era un error de su parte censurar mi opinión política. Él me replicó que no quería que se politizara el canal del estado. Pues ciérralo, le dije, porque no quieres que se politice pero nada más hablan de ti. Finalmente me señaló que ya era una decisión tomada.”

A regañadientes, la Ley de Transparencia

Para el senador Padres Elías el acoso contra la prensa, la falta de transparencia en el ejercicio de gobierno y las violaciones a los derechos humanos en el estado son “señales” de que el gobierno tiende a imponer una “política pública dura, rígida, algo que no debemos permitirlo”.

Y es que para el legislador no fue casualidad que a pesar de que la mayoría de las entidades federativas cuentan desde 2002 con una ley de transparencia, por reticencias de Eduardo Bours Sonora tuvo la propia hasta 2006. Destaca que la mayoría de los diputados del Congreso local habían logrado acuerdos, pero fue precisamente el gobernador quien retrasó la entrada en vigor de la normatividad.

“Y ahora que ya está en vigor, niega, sin más, la información”, señala en alusión a los diferendos que mantiene el gobierno del estado con el diario El Imparcial precisamente por las solicitudes de información que el gobierno se ha negado atender.

Castelo Parada añade que no sólo a los periodistas sino también a los legisladores locales se les niega la información. Ante cualquier solicitud, la administración de Bours contesta que tiene carácter de “reservada”.

En efecto, los legisladores de oposición en el Congreso sonorense ni siquiera tienen derecho a saber el monto total y desglosado de los recursos públicos que el gobierno estatal entrega a organizaciones no gubernamentales.

“Para tranquilidad del propio gobierno, debería decirlo y no esconderlo. Es clara la cerrazón del gobierno de Sonora y la negativa a respetar y aceptar la libertad de expresión y de prensa. Incluso ni respeta el fuero que a los legisladores nos otorga la Constitución”, advierte Javier Castelo Parada.

Agrega que a tres años y medio, el gobierno de Eduardo Bours se ha caracterizado por no responder a los intereses del estado y de la sociedad que supuestamente representa.

“El ejercicio del poder ha sido personal e intolerante. Parece que no se da cuenta que vivimos en un mundo plural. Desde un inicio siempre tuvo en mente el control político y el máximo beneficio para su partido. Hay que recordar que su victoria fue muy cerrada. Ya no vamos a cuestionarla porque los órganos electorales avalaron su triunfo; pero recordemos que hubo exceso de recursos utilizados, por no abundar en otras irregularidades.”

“El tema de la libertad es muy atractivo”

Por su parte, el senador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Alfonso Elías Serrano rechaza que en Sonora se atente contra la libertad de expresión. En entrevista, el secretario de la Comisión de Seguridad Pública -y a quien se le ubica como parte del mismo grupo político que Eduardo Tours- sale en defensa del accionista mayoritario de Bachoco. Pausadamente, aquilata cada una de las palabras de su alegato.

“El tema de la libertad de prensa es muy atractivo y el espíritu de los senadores es proteger y abogar por él. Sin embargo, lo expuesto por el senador Padres distorsiona la realidad de lo que se vive en Sonora: afirma que se están violando las garantías individuales; pero yo, como ciudadano sonorense, te puedo decir que hay libertad de expresión y se respetan plenamente los derechos.”

–Hay denuncias puntuales de El Imparcial, Proceso y Contralínea, medios que señalan que han sido objeto de acoso, amenazas y de obstaculizar su labor informativa.

–En ese punto específico, donde hay controversia, sería mejor darle confianza a las autoridades para que se resuelva desde un punto de vista jurídico e imparcial. No es el ánimo del gobierno del estado poner obstáculos al derecho a la información.

El legislador federal dice tener la convicción de que el gobierno del estado está “interesado en respetar y proteger la libertad de prensa”.

El otro senador priísta de origen sonorense, Manlio Fabio Beltrones, prefirió no opinar sobre el tema. La rivalidad que el presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República mantiene con Eduardo Bours, le ha valido ser sospechoso de filtrar información “incómoda” para el gobernador. Beltrones simplemente eludió el tema.

El senador por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) Leonel Godoy Rangel, secretario de la Comisión de Justicia y presidente de la de Reforma del Estado, señala que “todo funcionario público, y con mayor razón los titulares de los Ejecutivos municipales, estatales y federal, están obligados a mantener un respeto irrestricto a la libertad de expresión en cualquiera de sus manifestaciones. Es condenable cualquier intento de censura”.

Bours debe respetar: Senado de la República

El 8 de febrero pasado el senador Guillermo Padres Elías subió a tribuna para proponer un punto de acuerdo de urgente y obvia resolución para exhortar al gobierno de Sonora a que “en estricto apego a la Constitución Política garantice los derechos fundamentales de información, libertad de expresión y de prensa”.

Pero también a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra Periodistas “para que ejerza la facultad de atracción respecto de los hechos ocurridos en contra de los periodistas del diario El Imparcial y las revistas Contralínea nacional y Contralínea Sonora”.

El exhorto también fue al Ejecutivo federal para que, a través de las secretarías de Gobernación y de Seguridad Pública, “tomen medidas necesarias a efecto de vigilar el cumplimiento de los preceptos constitucionales, salvaguardar y proteger la integridad de los periodistas”.

La propuesta también estuvo firmada por la senadora del PRD Rosario Ibarra. A favor de la propuesta habló el perredista Ricardo Monreal y el panista Javier Castelo Parada. Monreal dijo que “no podemos permitir que los gobernadores se conviertan en caciques. De ninguna manera lo vamos a admitir”.

El punto de acuerdo fue aprobado abrumadoramente con la abstención del Partido Revolucionario Institucional.