Pedro Miguel
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Dan vergüenza
Señores magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Salvador Aguirre Anguiano, Mariano Azuela Güitrón, Margarita Luna Ramos, Guillermo Ortiz Mayagoitia, Olga Sánchez Cordero y Sergio Valls Hernández:
Ustedes tienen en las manos una vasta experiencia jurídica y el conocimiento profundo de la menudencia legal. Disponen de bibliotecas digitalizadas de jurisprudencia y cuentan con equipos de asesores e investigadores. Disfrutan de unos emolumentos que les permiten llevar un tren de vida equiparable al de los grandes empresarios, y además cuentan con alimentos, transporte, telefonía y gastos médicos mayores, todo ello pagado por nosotros, el resto de los ciudadanos. Ustedes tienen oficinas alfombradas y cómodas a fin de que puedan examinar en condiciones óptimas los graves asuntos que son sometidos a su consideración. Ustedes han sido provistos por el país de todo lo necesario, y con exceso. La idea es que no les falte nada para adoptar las decisiones correctas. Esto es así no porque ustedes sean particularmente simpáticos o preciosos o héroes de la película, papá, sino porque se espera que no nos fallen a la hora de tomar determinaciones que son inapelables e inatacables y que, por ello, no deben ser contrarias a la verdad, al sentido común y al decoro.
En el caso de las acciones emprendidas por el gobernador de Puebla, Mario Marín, y por funcionarios de su gobierno, para agredir y silenciar a una periodista honesta, ustedes tuvieron a su alcance todos los elementos, así como un generoso lapso para reflexionar, allegarse datos adicionales y consultar, en la quietud y la comodidad de sus oficinas, las páginas de la Constitución y sus propias conciencias.
La sociedad mexicana estaba particularmente pendiente de sus actuaciones en este caso porque en él se había hecho evidente hasta la náusea el ejercicio de un poder torcido, el influyentismo como factor de atropello a los ciudadanos, el nudo de complicidades –presente en tantas instancias de la República– entre el poder económico y el poder político. En ese expediente y en el fallo de ustedes estaban en juego el inicio del siempre postergado combate a la impunidad, la vigencia de la libertad de expresión, la capacidad de los órganos del Estado de corregir y sancionar abusos cometidos en oficinas públicas. Los votos de ustedes eran cruciales para poner un límite al enorme poder de las redes que trafican con menores explotados. De ustedes dependía en buena medida la restitución de las facultades de los órganos impartidores de justicia y el freno al guarurismo como estilo de gobierno.
Poco o nada podía esperarse de un candidato que criticó acremente la obscenidad del maridaje coñaquero entre Kamel Nacif y Mario Marín y que unos meses más tarde, ya en la Presidencia, optó por darle al gobernador poblano abrazos del tamaño de una factura política. Poco o nada podía esperarse de usted, Mariano Azuela Güitrón, luego que, en su calidad de presidente de un tribunal constitucional, opinó que algún fragmento de la Carta Magna está “escrito con los pies” y se descalificó a sí mismo de manera inapelable e inatacable. Del resto de ustedes, en cambio, podía (¿podía?) esperarse un poquito de independencia, distancia y ecuanimidad.
La sociedad confió en ustedes y se equivocó. Ustedes decidieron que la ley está divorciada de la verdad, que el principio jurídico abomina de la ética, que la Constitución ampara la impunidad.
Ustedes decidieron que no hay nada de malo ni de punible en una procuración de justicia a punta de “pinches coscorrones a las viejas cabronas” (nada que lamentar de este lenguaje, ¿verdad Margarita Luna Ramos y Olga Sánchez Cordero?), ni en escamotear notificaciones legales, ni en ser partícipe y encubridor de una conspiración para propiciar la violación de una periodista.
Después de semejante toma de posición, ya pueden ustedes, señores magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Salvador Aguirre Anguiano, Mariano Azuela, Margarita Luna Ramos, Guillermo Ortiz Mayagoitia, Olga Sánchez Cordero y Sergio Valls poner una demanda por difamación, ir con el góber precioso de su preferencia y ofrecerle dos botellas de coñac (o una suprema absolución) para que mande guaruras a encarcelar y atropellar a los ciudadanos que pensamos, decimos y escribimos que ustedes dan vergüenza.
Magdalena Gómez
Derechos humanos: ¿crisis de Estado?
A unos días de un aniversario más de la Declaración universal de los derechos humanos, nuestro país presenta una auténtica crisis de Estado en esta materia. Los casos que han sido abordados por los poderes Ejecutivo y Judicial nos muestran que el antiguo régimen sigue más vivo que nunca. La llamada alternancia, representada en el PAN, se convirtió pronto en un impulso fallido, cuya evidencia más escandalosa se vivió en las elecciones presidenciales de 2006. Vivimos así una suerte de reconversión política donde ya los linderos del PRIAN son imperceptibles. Y un espejo para este escenario es el de los derechos humanos. Sus saldos se expresan en la impunidad para crímenes de lesa humanidad como los cometidos en 1968, en 1971 y en los años de la llamada guerra sucia. Igual derrotero observamos en los más recientes: Aguas Blancas, El Charco, Acteal. Hay un patrón común de protección desde el poder que parece guiarse por la consigna del “hoy por ti, mañana por mí”.Leer más...
México SA
Carlos Fernández-Vega
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Chantaje del barón del cobre
Amenaza Larrea con cerrar un negocio que representa 64% de sus utilidades
Ningún empresario medianamente cuerdo estaría dispuesto a sacrificar la tajada mayor de su negocio y sus ganancias en un histérico arranque para “demostrar” la “ilegalidad” de una huelga estallada por los trabajadores por él contratados. Mucho menos lo haría público.
Ni uno tomaría esa ruta, pero Germán Larrea Mota Velasco, el zar del cobre y presidente del Grupo México, pretende convencer a propios y extraños que él sí procederá en tal sentido y que está dispuesto a cerrar Mexicana de Cananea (la otrora paraestatal, obsequio del régimen de la “solidaridad”) por la “ilegal” huelga que desde junio pasado mantienen los mineros y que desde agosto un juez federal declaró legalmente válida.
Muchos diagnosticarían oligofrenia en Germancito, hijo de El Azote Jorge Larrea, porque Mexicana de Cananea no sólo es uno de los yacimientos cupríferos más grandes del mundo en poder del Grupo México, con 82 años más de vida útil, sino que representa el 64 por ciento de sus utilidades potenciales, medidas a través de las reservas de mineral que el consorcio tiene en territorio mexicano, y 42 por ciento si se consideran sus propiedades en Sudamérica, por medio de la Southern Perú Cooper Corporation.Leer más...
Destaca los logros de los gobiernos de izquierda en esta materia
A desarrollo social, $160 mil millones, dice Ebrard
Insta a una gran cruzada casa por casa, calle por calle, para “transformar la realidad en la que estamos”
Junto con Batres presentó el programa para el periodo 2007-2012
Se trazan 50 metas y 5 líneas de acción sexenales
Bertha Teresa Ramírez
El jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, saludó a jóvenes que estaban formados para entrar a la pista de patinaje en el Zócalo, luego de la presentación del Programa de Desarrollo Social 2007-2012 Foto: Jesús Villaseca
Tras afirmar que en los 10 años de gobierno de la izquierda en la ciudad de México la tarea primordial “ha sido transformar la realidad social con acciones sociales precisas, combatiendo la inseguridad y la discriminación, garantizando la expansión de los derechos sociales y el ejercicio pleno de los derechos humanos”, Marcelo Ebrard Casaubon señaló que el Gobierno del Distrito Federal invertirá 160 mil millones de pesos en el Programa de Desarrollo Social 2007-2012 para construir la ciudad más equitativa del país.
Al presentar el plan de trabajo en este rubro para lo que resta de su gestión, el titular del Ejecutivo local dijo que tras los logros alcanzados después de una década de gobiernos perredistas, “es tiempo de hacer un alto en el camino y decir qué es lo que sigue, hacia dónde vamos”, y eso es justamente lo que significa este programa, apuntó.
Para ello, lo primero será combinar todas las instancias de gobierno para alcanzar metas comunes en lo que se refiere al combate de la desigualdad social, como la expansión de los derechos sociales, fundamentales, como el recién instituido Seguro del Desempleo, garantizar el acceso a la educación pública de calidad, lo cual requerirá un esfuerzo muy grande para ampliar la infraestructura de educación media superior, así como apoyar a los estudiantes para que puedan terminar sus estudios.
Asimismo, garantizar el acceso a los servicios de salud suficientes, oportunos y especializados, “lo cual va a significar un esfuerzo muy grande para construir hospitales de especialidades, porque se está desmantelando la capacidad instalada del Instituto Mexicano del Seguro Social y del ISSSTE”.Leer más...