DEL PROCESO SEMANAL

El descrédito
José Gil Olmos

El caso de la muerte de la indígena Ernestina Ascencio Rosario –originada, hasta donde los documentos conocidos revelan, por una violación múltiple– es un carbón encendido que va de mano en mano y que está quemando a diversos órdenes de gobierno: el presidente de la República, la Secretaría de la Defensa Nacional, el gobierno de Veracruz y, de paso, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que se ha visto prácticamente obligada, en plan de parapeto, a conciliar lo irreconciliable, a ajustar las contradicciones de las autoridades, a enredarse ella misma, a solventar las torpezas de las diversas versiones de lo que primero fue oficialmente un crimen y acabó convirtiéndose, inclusive, en una”muerte por pobreza”...

A poco más de un mes de ocurrida, la muerte de Ernestina Ascencio Rosario se ha convertido en un conflicto que pone en juego la credibilidad de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), del presidente de la República Felipe Calderón, y del gobierno de Veracruz. En medio de graves contradicciones en la investigación del caso, el organismo a cargo del doctor José Luis Soberanes descarta la presunta violación cometida por soldados, pues afirma que no hay ninguna prueba de violencia, ni siquiera rastros de semen que apunten a que la anciana indígena sufrió una agresión sexual. A su vez, la Sedena, luego de conocer la postura de la CNDH, modificó el reporte que había hecho en tres comunicados distintos fechados el 6, 7 y 8 de marzo, donde decía hallarse comparando el “líquido seminal recogido del cuerpo de la hoy occisa” con las pruebas obtenidas de los soldados acusados, pertenecientes a la Base de Operaciones “García”. Ahora la Sedena sostiene que “no cuenta con muestra alguna de líquido seminal”, y señala que si antes se había referido a ese “líquido seminal” en sus comunicados “es porque partía de la premisa de que estarían dichas pruebas en poder de la autoridad investigadora, en este caso la Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz” (PGJE). Así, mientras la CNDH y la Sedena coinciden actualmente en que no tienen registro del líquido seminal que confirmaría que la anciana nahua Ernestina Ascencio fue violada, la segunda visitadora general de la CNDH, Susana Pedrosa, afirma en entrevista con Proceso que la PGJE de Veracruz ya admitió que “se le perdió” el líquido seminal que supuestamente había recogido del cuerpo de Ernestina, como lo informó en la necropsia realizada el 26 de febrero. Al respecto, Pedrosa expresa que la autoridad estatal cometió graves errores en sus exámenes y que la mujer indígena de 73 años murió de causas naturales: “anemia aguda por sangrado digestivo”. Curiosamente, desde el 13 de marzo, el presidente Felipe Calderón ya había usado el mismo argumento de la CNDH, pues sin mediar pregunta, en una entrevista concedida a La Jornada, manifestó inopinadamente que Ernestina Ascencio había muerto de “gastritis crónica”. “He estado pendiente del caso de la señora que se dice asesinaron en Zongolica. La CNDH intervino, y lo que resultó de la necropsia fue que falleció de gastritis crónica no atendida. No hay rastros de que haya sido violada. Ojalá ustedes puedan tener, por sus medios, acceso a esa información”, aseguró entonces el titular del Ejecutivo. El presidente de la Comisión, José Luis Soberanes, en ningún momento se deslindó de lo declarado por el mandatario. Fue hasta dos semanas más tarde, el 29 de marzo, cuando afirmó que la mujer falleció a consecuencia de una “anemia aguda”, y que después de la exhumación no se apreciaron “lesiones a nivel de cráneo” ni la existencia de “desgarros en la región vaginal y anal” de la víctima. Ahora la visitadora encargada de realizar la investigación de la CNDH no sólo respalda las afirmaciones de Soberanes y de Calderón, sino que afirma que la Procuraduría veracruzana mintió sobre la presencia de semen en el cuerpo de Ernestina Ascencio. En una ríspida entrevista con este reportero, Susana Pedrosa sostuvo que, de acuerdo con las pruebas histológicas, fotográficas y un video de la segunda exhumación del cuerpo de Ernestina que exigió realizar la CNDH, la anciana murió a causa de “una anemia aguda por sangrado del tubo digestivo secundario, úlceras gástricas pépticas”, y no por fractura craneoencefálica, como lo sostiene la PGJE. “Esta CNDH se pronuncia en el sentido de que no está acreditado que la señora haya sufrido un ataque de naturaleza sexual. ¿Por qué no? Porque tenemos laminillas (histopatológicas con pruebas de tejido) de los márgenes vaginales y rectales, donde no hay evidencia alguna de que la señora haya sido tocada. “No hay lesión exterior. Eso quiere decir que no hubo traumatismo craneoencefálico, no hubo homicidio, no hubo golpes a la señora. ¡Entonces no hay crimen!”, expresa tajante la funcionaria, quien en todo momento desacredita los trabajos realizados por la Procuraduría veracruzana. Sin embargo, la funcionaria de la CNDH no sabe responder cuando se le inquiere sobre la manipulación de información que hizo la Sedena respecto de la muerte de Ernestina. Y es que, el pasado 6 de marzo, la Sedena había difundido un comunicado (el número 19) donde ya deslindaba al personal militar de los hechos: “…Es preciso señalar –asentaba– que grupos desafectos a este Instituto Armado en reiteradas ocasiones han puesto en tela de juicio las acciones que realiza en beneficio de la sociedad mexicana, y en este caso en particular, delincuentes que utilizaron prendas militares perpetraron el crimen buscando inculpar a integrantes de esta Dependencia del Ejecutivo Federal y que se abandone el área para con ello continuar con sus actividades.” Pero este párrafo desapareció en un nuevo comunicado que, marcado con el mismo número 19, fue entregado a algunos medios de comunicación de Veracruz a los que se les pidió regresar el primer documento. Y respecto al hecho de que la Sedena primero hubiera admitido la existencia de rastros de semen en el cuerpo de Ernestina, mientras que actualmente lo niega, la visitadora de la CNDH encargada de la investigación simplemente dice que la Sedena tendrá que responder de esto en su tiempo y asegura que en su recomendación incluirá las “irregularidades acreditadas” de la Secretaría de la Defensa Nacional. Pero no sólo los documentos periciales de la PGJE hablan de violación y muerte violenta, sino que también el presidente de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh), Adrián Ramírez, observa que hay suficientes pruebas de que Ernestina Ascencio no murió como afirman Soberanes y Calderón partiendo de “conjeturas” que, agrega, sólo empañan la investigación, desacreditan a las instituciones y lastiman a los familiares. La muerte violenta Adrián Ramírez, médico con maestría en atención integral de salud social y con 16 años de atención a víctimas de tortura y violaciones a los derechos humanos, hizo un análisis del examen médico y de las dos necropsias practicados a Ernestina Ascencio. Con base en el protocolo modelo de la ONU para la investigación forense de muertes que pudieron haberse producido por violación a los derechos humanos, reconoce que los peritajes tienen algunas omisiones y faltas en la descripción de lesiones y en el análisis “para determinar la verdad de los hechos en relación a las afecciones, a la integridad corporal, a las alteraciones orgánicas y funcionales y a las causas de muerte” de Ernestina. “Partiendo de los dictámenes con los que contamos, el estado previo de edad y de salud son sólo factores que predisponen a una fragilidad de la persona, pero no son la causa directa de la muerte. Es decir, que dicha mujer no habría muerto por una enfermedad crónica de evolución natural, sino como consecuencia de los hechos denunciados”, expone de entrada. Sobre la integridad física, el médico legista indica que el cuerpo presentaba “equimosis en cabeza en región frontal, equimosis por sujeción en ambos brazos, además en la espalda y en los muslos, las cuales son lesiones compatibles y congruentes –por su distribución y localización– con actos traumáticos atribuidos a la participación de varios sujetos que la mantuvieron en posición de decúbito dorsal, es decir, acostada boca arriba y con los muslos abiertos. “Tal es la mecánica a la que pueden atribuirse dichas lesiones. La equimosis en la región frontal fue producida por un agente contundente, es decir, un golpe”, aclara. Respecto al examen ginecológico, indica que hay “equimosis o lesiones en labios mayores con laceraciones, labios menores con equimosis difusas, equimosis en todo el orificio himeneal, en la pared de la vagina y en el cuello de la matriz, con horquilla vulvar eritematosa. Además, al tacto vaginal se aprecia secreción blanquecina en introito vaginal”. Tales aspectos, a juicio del especialista, no pueden ser producidos por agentes infecciosos o procesos degenerativos: sólo pueden atribuirse a actos traumáticos compatibles con la introducción forzada del pene o de algún objeto. “La presencia de la secreción blanquecina en la vagina y el introito a unas horas de haberse presentado los hechos, puede corresponder, en primer lugar, a semen; en segundo, a algún otro líquido instilado, o bien, a agentes infecciosos, como la candidiasis o monilia (hongos)”. No obstante, descarta de inmediato esta última hipótesis porque no se aprecian los signos típicos de enrojecimiento ni las huellas de rascado, además de que esos hongos no brotan súbitamente, en unas cuantas horas. En referencia al examen proctológico, recuerda que la región anal presenta eritema, “enrojecimiento, escoriaciones y desgarros recientes, con sangrado escaso en capa; esto es, se aprecia en ese momento el escurrimiento de sangre fresca y salida abundante de líquido hemático transanal en abundante cantidad. “En cuanto al tacto rectal: tono del esfínter externo disminuido, ámpula rectal con probable perforación de la pared posterior de recto, hueso sacro doloroso a la palpación; al retirar el guante explorador se aprecian huellas de materia fecal y sangre fresca y coágulos, además de fetidez intensa.” Tales lesiones, puntualiza, son totalmente compatibles con actos de introducción del pene o de objetos en el ano que producen las laceraciones y el sangrado recientes, por lo que pueden descartarse causas como las infecciones, la parasitosis o las hemorroides. “Al momento de las revisiones en vida no se aprecia, o al menos no se describe en la nota clínica del hospital –ni en la de la perito forense– la presencia de melena o sangre semidigerida, característica de los sangrados del tubo digestivo alto. El hecho de que en estos primeros dictámenes periciales no se aluda a la existencia de melena lleva a descartar la presencia de un sangrado crónico del tubo digestivo alto, es decir, que la occisa padeciera previamente de cuadros de gastritis hemorrágica crónica. Pero los dictámenes postmortem sí refieren la abundante presencia de melena, compatible con un cuadro agudo de sangrado.” Comenta que las condiciones físicas que corresponden a una mujer indígena de más de 70 años de edad “se vieron severamente agravadas por una serie de eventos traumáticos agudos que impactaron en su ya débil y frágil persona”. Partiendo de los informes periciales, puntualiza, no se puede atribuir la muerte de Ernestina Ascencio a causas naturales relacionadas con su estado de salud previo. Y abunda: “Es obvio que la señora Ernestina Ascencio Rosario presentó daños a su salud de manera súbita que, de acuerdo a los peritajes, son perfectamente compatibles y correspondientes a los hechos denunciados de probable violación tumultuaria, con base en los datos descritos. Así mismo, tal evento traumático severo es capaz de desencadenar como mecanismo productor directo un sangrado transrectal, como el descrito en los informes periciales, y un cuadro severo de gastritis hemorrágica aguda secundaria a estrés intenso, como se describe en los dictámenes postmortem”. Destaca que el sangrado del tubo digestivo alto o estómago pudo presentarse como consecuencia inmediata de la violación sexual. “Tal afirmación se sostiene con los hallazgos de las dos primeras revisiones médicas, en las que no se consigna la presencia de sangre semidigerida, es decir, melena. Y en las necropsias aparece de manera abundante, además de datos francos de sangrado del estómago”. El médico de la Limeddh manifiesta que aún especulando que Ernestina hubiese tenido gastritis crónica –“lo cual, repetimos, sería incompatible con el cuadro descrito en los dictámenes periciales”–, eso no cobra relevancia, “puesto que dicha circunstancia no es causa de muerte por sí misma, sino que requiere de un factor desencadenante. En otras palabras, de haber existido antecedentes de gastritis o úlcera péptica previa, sólo sería un factor más de riesgo, y no la causa desencadenante”. El sangrado abundante del tubo digestivo, argumenta, produce una disminución de la presión sanguínea, y esto, a su vez, desencadena un colapso circulatorio que lleva al estado de choque, de coma y, finalmente, a la muerte. En consecuencia, “no se trata de que Ernestina haya muerto por una gastritis mal atendida, sino que ella muere por un sangrado del tubo digestivo alto como consecuencia de un estrés en el que el organismo aumenta la actividad secretora de los líquidos gástricos y del ácido clorhídrico responsable de la lesión de la mucosa, o sea, del recubrimiento interior del estómago. Así se produce el sangrado”. El experto Adrián Ramírez descarta, así mismo, como causas de la muerte los traumatismos craneoencefálicos o la fractura de vértebras cervicales, con afectación de la médula espinal, mencionados en los dictámenes del departamento médico forense de la PGJE, ya que “la evolución de las lesiones traumáticas producen un cuadro clínico distinto, y su desarrollo, hasta producir la muerte, es diferente”. De este modo, tras una lectura y análisis minuciosos de los tres expedientes, concluye que Ernestina Ascencio Rosario “fue objeto de violación vaginal y anal, provocando además un estrés intenso que le llevó a presentar una gastritis hemorrágica aguda, o sea, acompañada con sangrado del tubo digestivo alto, desencadenando un cuadro severo de anemia aguda y las consecuencias orgánicas, titulares y funcionales, que la llevaron a la muerte”. En su calidad de presidente de la Limeddh, Adrián Ramírez advierte que la falta de sensibilidad política y el descuido en las investigaciones han generado una serie de irregularidades que ponen en riesgo la credibilidad de instituciones públicas como la Presidencia de la República, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz y la CNDH. Por ello exige la intervención de las ONG y de peritos independientes para garantizar la transparencia en la investigación y, sobre todo, para mantener una adecuada cadena de custodia de los elementos relacionados con la misma. Intocables En una entrevista que por momentos es ríspida, sobre todo cuando se abordan las posturas del Ejército y del presidente Felipe Calderón en el caso, la segunda visitadora general de la CNDH, Susana Pedrosa, reitera que demandarán penalmente al procurador veracruzano Emeterio López Márquez, por violar la seguridad jurídica y el derecho a la intimidad de las personas al difundir de manera ilegal una fotografía que muestra a Ernestina Ascencio sangrando, para afirmar que se trató de un “traumatismo craneoencefálico”. “Esto es una manipulación de la información de la propia procuraduría del estado. No se puede jugar con una persona que es indígena, mayor de 70 años –al igual que con sus familiares–, y difundir una foto diciendo que es traumatismo craneoencefálico, cuando fue (tomada) después de la necropsia”, exclama. Acompañada en sus oficinas por el médico forense Fernando Cervantes, el visitador adjunto Héctor Lecona y cuatro integrantes del equipo de prensa, la visitadora demerita, para empezar, las dos necropsias practicadas por la PGJE porque, a su juicio, tenían muchas irregularidades. Y plantea: La procuraduría dijo “que había abundante líquido seminal. Pues había que buscarlo porque no estaba detallado. El traumatismo craneoencefálico había que tratar de ubicarlo, saber cómo se dio, cuál fue la mecánica. Pero cuando se exhuma el cuerpo, resulta que no hay nada de eso”. Durante la entrevista, el médico forense y el visitador adjunto respaldan las aseveraciones de Susana Pedrosa y desmenuzan los tres documentos de la procuraduría veracruzana, destacando sus lagunas y contradicciones; por ejemplo, la ausencia en el segundo peritaje de la fractura craneoencefálica como causa de la muerte, así como errores en relación con las lesiones vaginales y rectales. “No hay nada”, expresa el médico forense Fernando Cervantes, y asegura que la PGJE no tiene rastros del líquido seminal y tampoco tomó muestras del tejido vaginal y anal de Ernestina. Pero cuando se pide a la visitadora y su equipo las muestras del tejido y otras pruebas –como las 614 fotografías que dicen tener de la segunda exhumación y con las cuales pretenden desmentir los informes de las autoridades de justicia de Veracruz–, dicen que no pueden ofrecerlas porque la investigación sigue abierta. –Pero el doctor Soberanes ya hizo declaraciones públicas de un caso que no está concluido y ahora usted me dice que no puede enseñar las pruebas –le señala el reportero. –Son declaraciones contundentes y las reitero como encargada de la investigación –replica Pedrosa y exige al fotógrafo de Proceso que apague su cámara a fin de que no tome fotografías de la segunda exhumación de Ernestina. –Mire –le comenta el reportero–, la razón por la que estamos aquí es que nos prometieron que nos iban a enseñar las pruebas y me iban a permitir tener registro de todo. Ahora me pide que no tomemos fotos... –Pues sí, porque es violentar los derechos humanos... Se le recuerda entonces que no sólo el doctor Soberanes ya dio a conocer las conclusiones de la investigación, sino también el presidente Felipe Calderón, con anticipación, en una entrevista publicada el pasado 13 de marzo. La segunda visitadora general responde que la CNDH no le dio la información al presidente Calderón, sino que fue la Secretaría de la Defensa Nacional, y apunta que el jefe del Ejecutivo no violó ninguna ley, aunque difundió información de un expediente abierto. “Es el jefe de las Fuerzas Armadas y dio esa declaración basado en los informes que le proporcionó el propio Ejército Mexicano. Él es el jefe de las Fuerzas Armadas, y eso sí lo puedo seguir sosteniendo. Pregúntenle a la Sedena.” –¿Pero es intocable? –¡No, no!, aquí en este país nadie es intocable. Lo que pasa es que no hay ninguna irregularidad, digamos, violatoria de los derechos humanos. Si alguien le dio la información y fue el Ejército Mexicano, él es el jefe de las Fuerzas Armadas. –¿Y por eso tiene el derecho de hacer esta declaración aunque no haya concluido la investigación? –Debe tener los elementos de la procuraduría de Justicia Militar, y uno que ya vio la averiguación previa de la Procuraduría... hay muchos elementos ahí que seguramente le informaron al presidente. Yo ya la vi, y ya vimos la averiguación previa de la Justicia Militar. –¿Pero él sí puede hacer eso? –Él puede hacer eso porque es el jefe de las Fuerzas Armadas. Así lo dice la Constitución. Es el jefe de los militares. No podemos contradecir la Constitución. En cuanto a los rastros de semen que la Secretaría de la Defensa informó haber recogido del cuerpo de doña Ernestina –en tres comunicados distintos, fechados el 6, 7 y 8 de marzo– y que envió a la PGR para que los analizara, la visitadora general de la CNDH manifiesta que ya le pidió un informe y que está en espera de una respuesta. Los comunicados Y es que, en el comunicado número 19, la Sedena también señala: “Peritos especialistas llevan a cabo el dictamen pericial en materia forense, consistente en comparar el líquido seminal recogido del cuerpo de la hoy occisa con muestras de sangre que se tomen del personal”. Luego, en los comunicados 20 y 21, con fecha del 7 y 8 de marzo, la Sedena da cuenta de que ya se tomaron muestras hemáticas a todo el personal de la Base de Operaciones “García” y añade que “estas muestras, junto con la de semen obtenida del cuerpo de la extinta, serán trasladadas a la Ciudad de México, DF, para que, con apoyo de los servicios periciales de la Procuraduría General de la República, se obtengan los perfiles genéticos que permitan compararlos y arribar a resultados contundentes, para deslindar responsabilidades”. Estima allí además que esos resultados estarían en un tiempo estimado de 15 a 20 días. Pero un día después de la entrevista con la visitadora de la CNDH Susana Pedrosa, quien anunció que para el martes 10 de abril esperaban respuesta de la Sedena, la oficina de prensa castrense a cargo del general de brigada Lucio González Cortés, titular de la Dirección General de Comunicación, reveló que ellos tampoco tienen muestras del líquido seminal, en contradicción con lo informado en los tres comunicados citados. Más aún, en una carta publicada el viernes 6 de abril en La Jornada en respuesta a una entrevista con la misma funcionaria de la CNDH que se publicó un día antes, la autoridad militar señala: “La Secretaría de la Defensa Nacional no cuenta con muestra alguna de líquido seminal supuestamente encontrado en el cuerpo de la señora Ernestina Ascencio Rosario, y jamás lo ha tenido.” Argumenta que si en un comunicado anterior hizo referencia a ese hecho “es porque partía de la premisa de que estarían dichas muestras en poder de la autoridad investigadora, en este caso la Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz”. Agrega que hasta la fecha no ha recibido dichas muestras, pero no especifica cuándo las solicitaron. En la entrevista con la visitadora se le pregunta sobre lo dicho por la Sedena en sus tres comunicados. En respuesta, pide al reportero dirigirse a la instancia militar y dice que la CNDH ya le había solicitado un informe al respecto, pero apenas el pasado 1 de abril. Según el visitador adjunto, Héctor Lecona, la solicitud se hizo hasta estos días porque la PGJE reconoció desde el 27 de febrero no tener pruebas del líquido seminal. “Se les perdieron”. A pesar de que aún no cuentan con el informe solicitado a la Sedena, la visitadora Susana Pedrosa manifiesta que ya pueden emitir una recomendación porque tienen las pruebas del tejido vaginal y anal, en las cuales no hay rastro de semen y, por ende, concluyen que no se produjo un ataque al derecho a la libertad sexual de la mujer indígena. Se le expresa entonces que los integrantes de la CNDH parecieran tener una actitud débil ante las autoridades militares, y la visitadora contesta: “Su servidora y el presidente de la CNDH no nos tentamos nada para emitir (una recomendación), salir y hablar con contundencia en el caso de militares…” Por parte de la propia CNDH, el remate al caso llegó a través de una entrevista con Fernando Cervantes, identificado por el diario Milenio como “perito médico” del propio organismo, quien atribuyó la muerte de Ernestina “a padecimientos que cualquiera puede tener, agravados por la pobreza en la que vivió durante 73 años y que tenían su cuerpo al límite de la vida”

Me voy a defender: el legista veracruzano
Regina Martínez

SIERRA DE ZONGOLICA, VER.- De ser necesario, “no dudaré en defenderme de las declaraciones que han descalificado mi trabajo como médico legista”, advierte Juan Pablo Mendizábal Pérez, suspendido temporalmente de su cargo en el Ministerio Público de Orizaba junto con otros dos peritos y quien, el 26 de febrero, practicó la primera necropsia a la indígena Ernestina Ascencio.

La labor del médico legista, quien estableció entonces que la mujer, presuntamente violada por militares, falleció a raíz de las lesiones provocadas por la agresión, fue desacreditada el pasado 30 de marzo por el titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes. En entrevista con el diario La Jornada, el funcionario sentenció: “¡Qué lamentable que le hayan practicado (a la señora Ascencio) una autopsia mal hecha, totalmente irregular, con muchas omisiones, con negligencia y dejadez”. Y, más aún, dijo que la CNDH llevará el caso hasta la Procuraduría General de la República, en donde presentará una denuncia penal contra los peritos veracruzanos. A su vez, Mendizábal Pérez, en una declaración por escrito entregada el jueves 5 a esta corresponsal, y sin mencionar por su nombre a la CNDH, señala que las declaraciones vertidas “ponen en tela de juicio mi trabajo, sin que tenga la posibilidad de externar cuál fue la verdad que aconteció de acuerdo a mi leal saber y entender como médico legista”. Agrega que tiene una experiencia de casi 20 años en esa actividad, sustentada en un diplomado en medicina forense que avaló la Universidad Veracruzana, así como en una maestría en ciencias penales cursada en la Universidad Popular Autónoma de Puebla. Sin embargo, anuncia que se ha abstenido y se abstendrá, por lo pronto, de emitir cualquier comentario sobre las investigaciones del caso Ascencio, “pues de acuerdo a la ley penal en el estado de Veracruz, los datos y diligencias deberán ser secretos, a fin de no entorpecer las labores de la autoridad investigadora”. Por eso, puntualiza, “me he mantenido al margen de las declaraciones públicas que han dado a los medios defensores de los derechos humanos tanto a nivel estado como nacional, ya que sin ser un perito en derecho y de acuerdo a la ley mencionada, todo aquel que haga públicos datos sobre los cuales debe guardarse secreto, puede tener responsabilidad penal”. No obstante, “el hecho de no dar ningún dato o rebatir los datos que supuestamente tienen las personas que irresponsablemente han declarado a los medios de comunicación, no atiende (sic) a aceptar tácitamente culpa o responsabilidad alguna de mi parte sino, como ya lo he explicado, pleno respeto y apego a la ley que rige el ejercicio de mi trabajo como médico legista”. Y sostiene que esa labor la ha realizado “con pleno apego a derecho y sin servir a ningún mezquino interés político, económico o de cualquier otra especie”. La suspensión temporal de Mendizábal Pérez, así como la de los peritos María Catalina Rodríguez Rosas e Ignacio Gutiérrez Vázquez, fue determinada el 28 de marzo a pesar de que hasta el momento la CNDH no ha enviado al gobierno de Veracruz la recomendación anunciada por las presuntas irregularidades que se detectaron en los peritajes iniciales del caso. La subprocuradora de Supervisión y Control de la PGJE, Carolina Hernández Pinzón, dio a conocer esa medida que, dijo, se tomó por instrucciones del procurador Emeterio López Márquez. Mientras tanto, el fiscal especial designado por la PGJE para aclarar la muerte de la indígena nahua, Juan Alatriste Gómez, sostiene que las investigaciones del caso “van avanzando”, aunque no precisa en qué consisten los “avances”. Entrevistado por Proceso en Orizaba, advierte que no busca entrar en controversia con el presidente de la CNDH, quien manifestó que Ernestina Ascencio no fue violada, como lo dictaminaron inicialmente las autoridades estatales, sino que falleció por “anemia aguda no atendida”. “Respeto mucho sus decisiones. No tengo opinión al respecto porque ni las conozco ni tampoco las he visto (sic)”, añade. –¿Ha sido un caso difícil? ¿Ha tenido presiones? –Ninguna presión. Estamos haciendo lo conveniente. Estamos investigando y eso es obligación. La autoridad ministerial se dedica a eso. Todo lo que se está realizando es conforme a derecho y, además, todas las autoridades tenemos la obligación de cumplirle a la sociedad. Movilización en Soledad Atzompa El director del hospital regional de Río Blanco, Hugo Zárate Amezcua, afirma que la conclusión de la CNDH “es muy clara cuando señala que no hubo violación”, y responsabiliza al personal del nosocomio a su cargo de las fracturas encontradas en el cuerpo de Ernestina Ascencio. “No hubo fractura de cráneo ni de vértebras cervicales. Las fracturas que tenía, en costillas, fueron provocadas aquí mismo (en el hospital), porque como tuvo un paro cardiorrespiratorio, se le dieron maniobras de respiración; entonces, a la viejita se le fracturaron las costillas, pero nada más”, dijo a El Sol de Orizaba el 30 de marzo pasado. A su vez, los familiares de Ernestina Ascencio, apoyados por organizaciones civiles y comunidades indígenas de la mayoría de los municipios de la Sierra de Zongolica, solicitaron la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA. Y, ante el temor de que el expediente del caso “desaparezca” por las repercusiones políticas y sociales que está cobrando, exigen la renuncia del titular de la CNDH. En asamblea realizada en Soledad Atzompa, los participantes acordaron adoptar “una estrategia de lucha jurídica”, con la colaboración de Amnistía Internacional y grupos ciudadanos, “ya que este asunto lo enturbian cada vez más los intereses oscuros, desde el Ejército y la Presidencia de la República”. Autoridades comunitarias y municipales de esa localidad conformaron un “comité amplio”, junto con organizaciones civiles de la zona, para demandar “justicia por el crimen”. En la asamblea se estableció que, debido al “manoseo político” que le han dado al asunto el presidente Felipe Calderón y José Luis Soberanes, “la justicia se aleja cada vez más”, por lo que también se acordó adoptar “una estrategia política”. En principio, indicaron que se ratificará la “alianza estratégica” con el gobernador del estado, Fidel Herrera Beltrán, en materia de seguridad comunitaria, así como la confianza en que el mandatario cumplirá con su palabra de que “en el caso de nuestra hermana Ernestina se hará justicia y no habrá impunidad, ya que él declaró que no se trata de una muerte natural, sino de un crimen”. Apuntaron que el pueblo de Soledad Atzompa respaldará a los diputados federales que vuelvan a tomar la tribuna del Congreso de la Unión para exigir la comparecencia de Soberanes, “ya que nuestros legisladores serán nuestra voz para demandar su destitución como presidente de la CNDH por manejar políticamente su puesto y ocultar los verdaderos resultados de la investigación policiaca y criminalística”. El punto central de este movimiento, explicaron, “es demandar la desmilitarización de la Sierra de Zongolica y el respaldo gubernamental a los proyectos de autodesarrollo integral sustentable y autónomo de los municipios nahuas, (y) el fortalecimiento de sus policías comunitarios y municipales coordinados con los del estado”. Y es que aun cuando los militares salieron del territorio de este municipio, ocasionalmente realizan incursiones en la sierra de Zongolica, en donde las mujeres ya no se atreven a salir solas; “ahora andamos acompañadas, en grupos de tres o cuatro”, refiere Noemí, una joven de la congregación de Atzompa. “Después de lo que le pasó a doña Ernestina, tenemos miedo de andar solas en el monte, donde tenemos que ir a cortar leña y a cuidar a nuestros animalitos, pues pueden regresar los soldados y hacernos lo mismo que a la señora mayor”, comenta un grupo de mujeres que lava ropa en un arroyo cercano a su comunidad.

DEL CASO CASTAÑOS EN COAHUILA, EL JUEZ CON LA CONSIGNA DE SALVAR A LOS MILICOS:


En Coahuila, juicio a modo
Arturo Rodríguez García

CASTAÑOS, COAH.- El proceso que se sigue a ocho militares en un tribunal del fuero común por la violación de 13 mujeres en la zona de tolerancia de Castaños, el 11 de junio de 2006, llegó a su etapa final entre fuertes críticas de la diócesis de Saltillo y de algunos organismos defensores de derechos humanos.

El Centro Diocesano de Derechos Humanos Fray Juan de Larios, fundado por el obispo Raúl Vera López, considera que el juez Hiradier Huerta, encargado del proceso, ha cometido múltiples irregularidades en el curso del mismo. Además, asegura, el impartidor de justicia no se apega a los convenios internacionales firmados y ratificados por México, como el de la Convención de Belem do Pará para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. En su artículo 7, esa convención condena todas las formas de violencia contra la mujer y aboga por adoptar, “por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia”. En uno de sus incisos indica que los agentes del Estado de los países firmantes deberán “abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer y velar por que las autoridades, sus funcionarios, personal y agentes e instrucciones se comporten de conformidad con esta obligación”. De acuerdo con el Centro Fray Juan de Larios, que lleva el seguimiento de las pesquisas, el juez Huerta se extralimitó en sus funciones al ceder a una petición de la defensa de los militares acusados para que se realizara una “inspección” en el lugar donde se cometieron las violaciones de las 13 mujeres. En esa reconstrucción de los hechos, realizada el pasado 26 de marzo en los salones El Pérsico y Las Playas, en la zona de tolerancia de Castaños, participaron las víctimas, dos de las cuales cayeron en crisis y debieron recibir atención médica por el shock que les produjo ese simulacro. La audiencia se inició a las 21:00 horas del 26 de marzo y terminó a las 8:00 horas del día siguiente. El obispo Vera López anunció que solicitará la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que conmine a las autoridades federales a desterrar este tipo de prácticas ilegales y exhorte al juez a ceñirse a la legalidad y a respetar los convenios internacionales sobre derechos humanos. Otras activistas, como Lucy López, del grupo Voces de Esperanza, y Sara Lovera, integrante de Comunicación e Información de la Mujer, A.C. (CIMAC), una organización especializada en periodismo con perspectiva de género, calificaron la acción del juez Huerta de “vejatoria” y “brutal para las víctimas”, al tiempo que criticaron a la defensa de los militares por inducir esa medida. Entrevistado al respecto, el juez Hiradier Huerta sostiene que la diligencia del 26 de marzo se celebró conforme a derecho y explicó que las víctimas no fueron llamadas a participar en la audiencia, pero sí podían asistir de manera voluntaria, como finalmente lo hicieron. Las abogadas del Centro de Protección a Víctimas de Violencia Intrafamiliar (Ceprovi), que asesora a la mayoría de las mujeres de la zona de tolerancia, consideran que la reconstrucción de los hechos fue un gran avance para la causa judicial. Las víctimas pudieron despejar dudas que la defensa de los soldados había introducido a lo largo del proceso para proteger a sus clientes, dijo la abogada del Ceprovi Marta Castillón. Sin embargo, lamenta que el juez haya liberado a uno de los presuntos implicados en la violación tumultuaria por falta de pruebas, e intente exculpar a otro militar. “El proceso ha sido tortuoso para las víctimas –asegura Castillón–, quienes han tenido que soportar los careos con sus agresores, así como amenazas e intimidación de oficiales del Ejército. También han sido objeto de escarnio en los periódicos por la profesión que ejercen en la zona de tolerancia (donde trabajan como bailarinas)”, explica Castillón. Este último aspecto, agrega, fue uno de los temas centrales de la ayuda terapéutica que el Ceprovi proporcionó al grupo de las mujeres violadas. A su vez, el obispo Raúl Vera advierte que la sociedad no puede permitir que la injusticia quede impune, pues ello “autorizaría a que otras mujeres sean violentadas”. Y agrega: “Nuestras hermanas nos están enseñando un camino para trabajar por la justicia”. Amenazas A raíz de sus críticas al proceso judicial por la violación de las 13 mujeres, el padre Vera López ha sido amenazado en varias ocasiones. En su homilía del 11 de marzo pasado, el prelado mencionó que un vehículo lo había seguido mientras circulaba por el tramo carretero Cuatro Ciénegas-Monclova, justo después de pasar un retén del Ejército. Según el Centro Fray Juan de Larios, las amenazas contra Vera López se iniciaron desde julio de 2006, poco después de que los soldados violaran a las 13 bailarinas, precisamente porque el obispo acudió a la zona de tolerancia de Castaños para acompañar a las víctimas. En los días posteriores, Vera denunció ante una agencia del Ministerio Público que recibió llamadas telefónicas intimidatorias: “Te sacaste el premio mayor”, decía uno de los mensajes. Por los números telefónicos registrados en su celular, Vera López asegura que esas llamadas provenían de Guerrero. Tras la denuncia, el procurador de Coahuila, Jesús Torres Charles, corroboró los datos y se lo comunicó al prelado. Varios de los militares implicados en el juicio son originarios de aquel estado. Así mismo, personal que labora en el obispado asegura que vio a hombres con vestimenta paramilitar introducirse a la casa de Vera López. –¿Por qué no llaman a la policía? –pregunta el reportero a las mujeres del Centro Fray Juan de Larios. –Cuando lo que ves son dos botas de soldado en la ventana, lo que menos quieres es que te oiga respirar… Y de denuncias, pues ya ves lo que ha pasado cuando las interpone el obispo Raúl. ¡Imagínate nosotras!

UFRAUDE SE SUELTA EL PELO, Y RECONOCE ALGUNAS DE LAS MARRANADAS DE LA ELECCIÓN, TAMBIÉN QUE SE AGACHA CON LA MAMA DE CHUCKY; aunque no dudo que esto sea parte de la chamba de "TIRELE AL BURRO PARADO", para limpiar al PELELE:


El activismo de Fox: Inoportuno, irresponsable, indeseable.
J. Jesús Esquivel y Jenaro Villamil

La percepción de la autonomía del Instituto Federal Electoral fue afectada por la “inoportuna” intervención del presidente Vicente Fox en los comicios de 2006, admite Luis Carlos Ugalde, presidente del organismo. Sin embargo, en entrevista con este semanario, defiende a toda costa la legalidad y el carácter “técnico” de la actuación del IFE. El camino para superar la crisis, dice, no es la remoción de los consejeros del instituto, sino contar con una nueva ley electoral.

El activismo de Vicente Fox durante la campaña de 2006 fue “irresponsable”, “indeseable”, “inoportuno” y generador de “tensión y contaminación en la contienda”, admite el consejero presidente del Instituto Federal Electoral (IFE), Luis Carlos Ugalde, a nueve meses de las elecciones presidenciales más conflictivas y con el margen de victoria mas estrecho en la historia de los comicios federales. A pesar de todo ello, Ugalde señala que tanto los spots del mandatario como sus discursos e intervenciones “alegóricas” durante la campaña fueron legales, porque “la ley electoral en ninguna parte prohíbe que el presidente hable. No le prohíbe opinar”. El mismo funcionario se pregunta y se responde: “¿Fue irresponsable? Sí, sí fue irresponsable. ¿Fue indeseable? Sí, sí fue indeseable. ¿Fue inoportuno? Sí, sí fue muy inoportuno”. –¿Eso no era un motivo para anular las elecciones? –se le pregunta. –De acuerdo con el Tribunal Electoral, hubo medidas del IFE que atemperaron la causal de nulidad, pero esa es una pregunta para los jueces –justifica. –¿Realmente pudieron atemperar a Fox? –se le insiste. –Así como estoy advirtiendo de situaciones nuevas y complejas que se presentaron durante 2006, también debo defender con toda contundencia lo que sí hizo el IFE y que nunca se había hecho: el acuerdo de neutralidad, la tregua navideña... fue la primera vez que se les prohibió a Ejecutivos estatales y al federal que se anunciaran. –Pero, con todo y acuerdo de neutralidad, Fox hizo lo que quiso. Nadie lo pudo parar… –El acuerdo de neutralidad no incluía referencias alegóricas, poéticas o simbólicas de los gobernantes. Imagínese que un acuerdo dijera algo así. Un acuerdo no podía contener referencias abstractas, no podíamos establecer situaciones ex ante, donde un personaje como Fox habla sobre cosas como el caballo y el jinete. –O los renegados… –O los renegados o la crisis económica. Si se comenta, si se sonríe, si se camina, se sanciona. Eso es imposible. Ir más allá de eso es entrar a un campo inaplicable. El gesto de enojo y tensión es inevitable en Ugalde al abordar con Proceso el tema del expresidente Vicente Fox. Durante la entrevista exclusiva, realizada en dos momentos y en dos lugares distintos: en Washington el 28 de marzo, y en la Ciudad de México el 4 de abril, el consejero presidente del IFE admite que el mensaje televisivo simultáneo que emitieron él y Fox la noche del 2 de julio de 2006 para anunciar la ausencia de un ganador claro, contribuyó a afectar la imagen de autonomía del IFE. “Seguramente si el presidente de la República no hubiera aparecido, dado el escenario de empate, hubiera sido mejor para la percepción de la autonomía del IFE. Eso es muy diferente a decir que el presidente apareció porque había una comunicación previa. Eso es falso. En el mundo de las percepciones este tipo de apariciones no contribuyen a la sensación de pulcritud, pero es un asunto que estaba fuera del ámbito del IFE”, argumenta. La molestia del consejero presidente del IFE es mayor cuando se le pide su opinión sobre la declaración que hizo Vicente Fox en febrero pasado en Washington, en la que admitió su intervencionismo en los comicios para evitar el triunfo de Andrés Manuel López Obrador, candidato de la coalición Por el Bien de Todos. “Me parece que es una expresión desafortunada que no contribuye al clima de discreción política que el país está viviendo”, responde Ugalde. Se requiere una nueva ley En relación con las dudas sobre la legitimidad y la equidad de la elección presidencial, a Ugalde se le mencionan varios acontecimientos y reuniones entre él y Fox que presuntamente tuvieron lugar el sábado 1 y el domingo 2 de julio. “Es totalmente falso e incorrecto que haya habido una reunión con el presidente Vicente Fox el 1 de julio. Durante ese día, a partir de las nueve de la mañana y hasta cerca de las 11 de la noche, tuve actividades ininterrumpidas en el IFE. Hay diversos testigos que lo corroboran”, afirma. Y entrega a Proceso una copia de su agenda de aquel sábado, que incluyó dos reuniones logísticas sobre el conteo rápido y un ensayo general para su mensaje del 2 de julio por la noche. El presidente del IFE admite algunas críticas, pero finalmente se deslinda de responsabilidad sobre sucesos como los spots del Consejo Coordinador Empresarial, las campañas negativas, la crispación electoral, el despilfarro de los partidos en publicidad televisiva y el rechazo del IFE a abrir todos los paquetes electorales. Todo eso, advierte, debe resolverse mediante una nueva ley electoral: “Creo que se debe modificar el modelo que regula las campañas políticas en la vertiente de su financiamiento, de su duración, de la difusión de la propaganda electoral y en la vertiente del debate de las ideas. Es necesario acortar la duración, acotar el financiamiento. “El modelo vigente de spoteo de 20 segundos, de mantenerse así, va a conducir a un deterioro más agudo de la democracia electoral mexicana y, entonces, lo que se tiene que hacer es introducir incentivos nuevos al sistema para que se haga obligatorio un mecanismo que mantenga el spoteo, pero también que existan franjas diarias de publicidad, administradas por el IFE”, indica. Ugalde defiende la actuación del Consejo General del instituto: “Querer culpar al IFE de los modales, dichos y estrategias de los políticos, de sus irresponsabilidades, es trasladar a la autoridad algo que es responsabilidad de los políticos. Creo que estamos desbalanceando las cargas de la responsabilidad. El IFE hizo muchas cosas en cuanto a lo que le compete sobre el proceso electoral, pero que cada quien asuma su responsabilidad”. –Sin embargo, la percepción de la pérdida de autonomía del IFE prevalece… –¿Perdió autonomía o carece de instrumentos sancionatorios? ¿Perdió autonomía o en la ley no se establece con precisión qué hacer con el caso de los sindicatos y de los organismos empresariales? ¿Perdió autonomía o los políticos mexicanos siguen actuando de manera irresponsable? –pregunta a su vez, a la defensiva. –¿Usted qué cree? –Creo que la reflexión fundamental es que la ley electoral de 1996 tenía como propósito fundamental evitar el fraude. Eso lo logró, pero no previó fenómenos nuevos, como son las condiciones de la competencia, las precampañas, el acceso a los medios de comunicación, la intervención de terceros y de particulares, la participación de funcionarios públicos... Luis Carlos Ugalde tiene además dos propuestas para evitar que en comicios futuros se contamine el proceso electoral y para contener a los gobernantes que pretendan inclinar la balanza en cualquier sentido: “Prohibir que el gobierno federal y estatal anuncien su obra pública durante períodos electorales, de manera absoluta; prohibir que la imagen del titular de un órgano de gobierno aparezca vinculada a la publicidad oficial porque genera distorsión, provoca un gasto excesivo y abre un espacio para la promoción política y de las precampañas al amparo de la publicidad oficial”. La crisis poselectoral En vista de la división política que persiste hasta hoy, y que derivó de la crispación durante las campañas, se le pregunta al consejero presidente del IFE: –¿La responsabilidad fundamental está entonces en los actores políticos? –Ahí y en el reglamento. Es una combinación de factores: una ley que no da respuestas claras a fenómenos inéditos, la responsabilidad de los actores políticos y el margen tan estrecho de diferencia entre el primero y el segundo lugar. La estrechez del margen explica en buena parte la crisis poselectoral. Sucedió en Taiwán, en Costa Rica, en Estados Unidos y en Italia. Los márgenes estrechos dan lugar a conflictos poselectorales, no es que sean resultado de irregularidades. No. Los márgenes estrechos dan incentivos a los jugadores para revertir el resultado mediante recursos legales. –¿No es conveniente, entonces, la segunda vuelta electoral para evitar esta situación? –La segunda vuelta tiene una ventaja, porque genera un ganador más contundente y evita un conflicto poselectoral –concede Ugalde–, pero no se debe incluir sólo para evitar conflictos poselectorales, sino reflexionar si contribuye a la gobernabilidad y a la estabilidad de un sistema. Creo que sí, la segunda vuelta es una manera de evitar conflictos poselectorales, pero también hay otras maneras. Y entonces se remite al miércoles 5 de julio, el día del conteo en los 300 distritos electorales. Para el funcionario, esa fase se convirtió en “la segunda elección”, ya que el domingo 2 de julio no se obtuvo un ganador contundente. –Frente a las circunstancias de crisis poselectoral, ¿no hubiera sido mejor abrir todos los paquetes electorales el 5 de julio? –Una vez más: la autoridad actúa a partir de consideraciones de ley, no con consideraciones estratégicas o de prospectiva. La autoridad para abrir paquetes electorales está en los 300 distritos. Recuerdo que se nos solicitó que el IFE ordenara la apertura de todos los paquetes. La respuesta ahora y entonces fue que el IFE no tiene autoridad para ordenar la apertura de todos los paquetes. Esa es una decisión autónoma de los 300 consejos distritales. –¿Entonces a qué se debió el comunicado interno del Consejo General a los 300 distritos para aclarar las condiciones para abrir paquetes? –El comunicado sólo establecía cuáles eran las causales que ordenaban la apertura de los paquetes. Había un precedente muy importante, en el cual en elecciones locales se abrieron los paquetes sin causales claras: fue el caso de Tabasco, y eso fue causal de nulidad de la elección. En los cómputos distritales se abrieron un poco más de 3 mil paquetes, pero creo que en circunstancias futuras las causales se deben modificar para que existan más aperturas de paquetes, las partes queden satisfechas durante los cómputos distritales y no sea necesario esperar a que el Tribunal Electoral haga una revisión general y dé su punto de vista. –Usted enfatiza que el IFE sólo toma decisiones legales y no a partir de consideraciones estratégicas. ¿No fue una decisión estratégica no haber dado a conocer en la noche del 2 de julio el resultado del conteo rápido? –Fue una decisión técnica. Y aquí voy a compartir unas precisiones: el conteo rápido fue diseñado por los partidos políticos y un comité de científicos. Todos acordamos que si la diferencia caía en un margen de 0.6 % de diferencia, el IFE no daría a conocer los resultados. A mí lo que se me mandata es que debía leer el mensaje B, es decir: no hay manera de determinar al ganador de la elección presidencial. Es exactamente lo que hice a las 11 de la noche. “Si el IFE hubiera dado a conocer los rangos de votación, habría generado un mal efecto. De los tres modelos que utilizó el comité de científicos (el vallesiano, el robusto y el clásico), en dos de ellos el rango o intervalo del candidato Felipe Calderón iban por arriba del candidato López Obrador. Perdón. Vuelvo a repetir esto: en los tres modelos, el intervalo del candidato Calderón estaba siempre por arriba del candidato López Obrador; sin embargo, no era conclusivo. “¿Qué hubiera pasado si el presidente del IFE hubiera salido a decirles: están empatados, pero saben qué, los intervalos de Felipe Calderón están un poco arriba de López Obrador? ¿Habría eso generado tranquilidad, moderación entre los candidatos, o habríamos estado en una peor situación de la que tuvimos esa noche? Yo no creo que haya sido un error porque fue un mandato y porque estaban estadísticamente empatados.” –¿Qué sucedió con la llamada telefónica que le hizo Vicente Fox a usted a las 11:40 de la noche, después del mensaje de ambos? –Fox manifestó preocupación porque la falta de un ganador claro podría generar consecuencias negativas para el país, lo cual indica que en Los Pinos había preocupación por que leyera el escenario B. En la noche del 2 de julio, la falta de un ganador claro generó incertidumbre, molestia, críticas a la autoridad electoral, pero creo que la autoridad actuó con base en lo que acordó con los partidos políticos. Sin embargo, otra consecuencia de las dudas sobre la actuación del IFE se tradujo en la propuesta de senadores del PRD y del PRI para que los actuales integrantes del Consejo General sean sustituidos. Ugalde reitera su posición: –Desconozco las motivaciones de los políticos, pero defiendo la legalidad con la que se organizó la elección de 2006, que el 2 de julio se actuó conforme a lo que se estableció con el comité de científicos. Si los empates y la falta de un ganador contundente generan críticas, eso no es un asunto que le corresponde al IFE evaluar. La autoridad toma decisiones con base en la ley y en los acuerdos. Y eso es lo que hicimos. “Los consejeros electorales –continúa– tenemos un mandato constitucional que es inamovible por una razón de independencia del IFE. Los consejeros electorales no actuamos con base en negociaciones políticas de los partidos ni con base en propuestas de intelectuales o académicos.” Tras descartar que exista una polarización entre los nueve consejeros del IFE y enfatizar que han tomado por unanimidad más de 90% de sus decisiones, Luis Carlos Ugalde vuelve al tema de la remoción de los consejeros cuando se le plantea: –A Proceso le han relatado que antes de que Felipe Calderón asumiera la Presidencia de la República, usted sostuvo un encuentro con Jorge Alcocer, enviado de Calderón, quien le planteó la necesidad de que los nueve consejeros dejaran el cargo. ¿Así fue? –Con Jorge Alcocer he platicado muchas veces en mi vida. Es mi amigo. Es una persona que conoce como pocos la materia electoral, con quien he tenido conversaciones e intercambios. No recuerdo si hablamos del tema, pero no es una consideración relevante. –¿Ha hablado usted con Calderón sobre la renovación del Consejo General del IFE? –se le insiste. –No, yo no he hablado con nadie (de eso), con ningún partido, ningún político y ningún académico he hablado de que los consejeros tomen en consideración factores políticos o negociaciones políticas. Si los consejeros iniciáramos en esa ruta, entonces mañana, en la fiscalización de las campañas, podríamos tomar en consideración negociaciones políticas de los partidos. El negocio político y el publicitario Al calor de la reforma electoral y la solicitud de algunas agrupaciones políticas de constituirse en partidos para 2009, Ugalde subraya que “las reglas actuales para formar un nuevo partido político no necesariamente están generando los partidos representativos que México necesita”. –¿Le conviene a la democracia mexicana tener más partidos? –Creo que nuestro sistema es fundamentalmente tripartidista, aunque existan cinco o seis partidos pequeños. Me parece importante enriquecer el sistema, pero tenemos que tener en cuenta que sean partidos representativos, transparentes, honestos y que respondan al público. La gran crítica en los últimos años ha sido que en algunas situaciones estos partidos pequeños son negocio, que algunos sobreviven por formar coaliciones y que no necesariamente enriquecen el debate plural. –¿Cómo evitar que algunos partidos políticos pequeños se conviertan en un negocio? –Si la gran crítica social ha sido en ocasiones que el propósito es el dinero más que la representación, entonces invirtamos los incentivos: en lugar de darles dinero una vez que fueron constituidos como partido, démosles el dinero una vez que obtienen la representación en el Congreso, de tal forma que abramos la puerta para que todos aquellos que quieran competir en elecciones lo puedan hacer, pero cerremos la puerta del dinero para que solamente aquellos que accedan al cargo obtengan los recursos. La fiscalización del presupuesto de los partidos es uno de los elementos más controvertidos de una reforma electoral, admite Ugalde, y señala que el IFE ha recibido más de 700 quejas sobre irregularidades cometidas el año pasado, entre ellas la que se interpuso contra el PAN por violar la tregua navideña de 2005. El consejero presidente del IFE adelanta que el resultado de la fiscalización del proceso electoral se dará a conocer el próximo 21 de mayo. Sin dar detalles, deja entrever que ese análisis deberá ser motivo de reflexión en la reforma electoral: “Creo que a partir de ahí seguramente saldrá la necesidad de revisar el marco legal para discutir temas como el papel de las campañas negativas, su carácter o no democrático, la importancia de los medios electrónicos para definir la voluntad de los votantes, la importancia de prohibir o no la publicidad de la obra de gobierno durante procesos electorales y la magnitud de los recursos que se destinan a los medios y a los partidos.” –¿Por qué Televisa no cumplió con el acuerdo de transparencia firmado con el IFE para dar a conocer todas las facturas que se pagaron durante la campaña electoral? –Televisa ha entregado información parcial de un convenio voluntario que celebramos con la empresa. Y justamente en este momento la información que nos entregó Televisa, más la que están obligados los partidos a entregar, está siendo utilizada para poder cruzarla. Pero hay algo muy importante: la información voluntaria que entregó Televisa y otros medios electrónicos es secundaria frente a la información obligatoria de los partidos políticos, es decir, la fiscalización pasa por los reportes de los partidos, no por la información voluntaria que, siendo útil, no es la más relevante para la fiscalización de este año. Desde su punto de vista, no debe prohibirse totalmente la compra de tiempo-aire por los partidos en medios electrónicos, sino aplicar otro modelo, que no consista sólo en el libre mercado de promocionales: “Yo desearía campañas de más calidad, que no hubiera difamación o diatriba, pero en lugar de prohibir, es mejor obligar a que se realicen debates presidenciales, tener un debate de más calidad y menos mediatizado. ¿Por qué no pensar que haya franjas electorales gratuitas diarias, como se da en Brasil, además del espoteo?” –Ahí se enfrentará el IFE a los intereses del mercado mediático. A ninguna de las dos compañías televisivas les interesa una franja gratuita electoral; lo que les interesa es el negocio de la crispación a través de los spots –se le comenta. Ugalde guarda un largo silencio. Luego precisa: “Creo que los principales responsables de la calidad del debate son los partidos y los candidatos. Sería tanto como decirle que los semanarios, los periódicos o los canales de televisión son los responsables de que los candidatos se ofendan”. –Sin embargo, es responsabilidad del IFE frenar la publicidad negativa en los medios electrónicos. –En 2006 fue la primera vez que observamos un fenómeno sistemático de publicidad negativa, fundamentalmente por parte de las dos principales fuerzas políticas que quedaron en primero y segundo lugar. La definición de diatriba, calumnia y difamación que establece la ley electoral es muy ambigua, porque en la publicidad es muy difícil la línea divisoria entre difamación y veracidad. “En 2006 corregimos 22 spots y lo que descubrimos es que es muy difícil que a través de estos medios sancionatorios se pueda evitar la publicidad negativa. Retirábamos un spot y luego salía otro a los tres días, con el mismo formato y con el mismo propósito. La experiencia de 2006 muestra que es profundamente difícil evitar la propaganda negativa, que es inoportuno porque el proceso de investigación y de descargo de pruebas entre las partes lleva varios días y los spots negativos por definición tienen un período corto de cuatro días. “Eso nos debe llevar a la reflexión de qué es lo mejor: prohibirla o fomentar un mejor debate a través de franjas electorales gratuitas con cargo al Estado, con debates electorales y spots. Creo que eso es lo deseable.” Finalmente, Ugalde se refiere a su relación con la dirigente magisterial Elba Esther Gordillo, considerada como uno de sus apoyos más fuertes para llegar a su cargo actual: “Hay un mito sobre la influencia de Elba Esther en el IFE”. Añade: “Creo que es necesario explicar y lo haré por primera vez porque creo que vale la pena ponerlo sobre la mesa y desmontar ese mito: yo conocí a Elba Esther Gordillo en el año 2003, pocos meses antes de mi nombramiento como presidente del Consejo General del IFE. La conocí en casa de mi gran amiga María Elena Pérez Jaén, en una reunión que hizo con más de 20 personas, quizá por allá del mes de abril o mayo. “Entre la fecha que la conocí y la fecha de mi nombramiento, probablemente haya conversado con ella en dos ocasiones, manifestándole mi interés de ser considerado candidato a ser consejero electoral del IFE, igual que lo hice con posibles diputados del PRD, del PAN, del Partido Verde y de Convergencia. “Una vez que fui designado consejero presidente del IFE, tuve probablemente dos encuentros adicionales con ella y otras personas. Y desde hace más de dos años no he tenido comunicación, conversaciones, encuentros con Elba Esther Gordillo. Por lo tanto, esta idea de que hay una presencia desproporcionada, una influencia en las decisiones del IFE, es totalmente falsa”

UN PEQUEÑO RECUENTO:

Recuento de tropelías

Los consejeros electorales deberían ser sometidos a juicio político, sentencia el senador perredista Ricardo Monreal en el libro El fraude que no se vio. Crónicas de una soberanía usurpada, que será editado por el Senado de la República a finales de este mes. Con su autorización, se reproduce un capítulo.

La conformación del IFE para la elección del año 2006

El Consejo General del IFE que presidió José Woldenberg funcionó hasta la elección federal de 2003, cuando fue reemplazado por un nuevo Consejo. Sobre el procedimiento mencionaremos algunos hechos políticos relevantes. Si bien es cierto que el Consejo General del IFE en 1996 se integró en forma equilibrada entre las principales fuerzas políticas representadas en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, este proceso se desechó para el año 2003, donde dos de las fuerzas políticas se repartieron los espacios del Consejo General: cinco consejeros para el PRI y cuatro consejeros para el PAN, en su composición original. Este nuevo Consejo General fue encabezado por Luis Carlos Ugalde, según se dice como regalo de bodas de la entonces secretaria general del PRI, además de coordinadora de los diputados federales de ese partido. El problema para la democracia mexicana no fue que se formara un escenario bipolar, que de una u otra forma hubiese creado un cierto equilibrio en la contienda presidencial. La gravedad del asunto radica en que, por razones internas, se enfrentaron los dirigentes del PRI: por un lado, Roberto Madrazo, presidente de su partido, cuando fue designado candidato a la Presidencia de México; por el otro, la secretaria general del PRI y dirigente nacional del magisterio, Elba Esther Gordillo, que aspiraba a la presidencia del PRI y que fue aliada política del presidente Vicente Fox en el impulso a diversas iniciativas de reforma. El problema para la elección presidencial de 2006 radicó en que fue la maestra Gordillo quien, según diversos testimonios,1 integró las listas definitivas de consejeros electorales “ciudadanos”, con el consiguiente compromiso político y conflicto de intereses. De esta forma, Elba Esther Gordillo y Vicente Fox formaron una alianza, no formal pero sí material, con la que el PAN terminó controlando el Consejo General del Instituto Federal Electoral.2 No debemos olvidar que la negociación para renovar el Consejo General del IFE la llevaron a cabo dos distinguidos panistas, Juan Molinar y Germán Martínez, quienes negociaron directamente con Elba Esther Gordillo, de forma que sin ningún recato votaron por planillas a los consejeros, en lugar de hacerlo “sucesivamente”, o sea uno por uno, como lo ordena la Constitución.3 De esta forma, puede considerarse que el actual Consejo General del IFE nació al margen de la Carta Magna. En el Capítulo III describimos cómo el Consejo General impactó a todo el Instituto Federal Electoral y se transformó en un verdadero factor político de decisión, que terminó controlando las estructuras de los Consejos y las Juntas, locales y distritales, aun cuando existan equilibrios en la composición del Consejo. Imaginémonos cuál pudo haber sido el comportamiento de un Consejo General controlado por un solo partido que, además, es el partido del Presidente de la República. En este Consejo ya no hubo equilibrios ni contrapesos. Por ejemplo, se contrató a la empresa del cuñado de Felipe Calderón, en ese entonces reconocido aspirante del PAN a la Presidencia de la República, para realizar trabajos de ingeniería en los sistemas de recepción del sufragio popular, y se estableció un sistema estadístico de encuestas de salida, cuya seguridad, según el Consejo, era absoluta, pero que finalmente no sirvió sino para tender una larga sombra de duda sobre el Programa de Resultados Electorales (PREP), que era la fuente principal de confianza en los resultados electorales. El Consejo General del IFE, al margen de la ley El Instituto Federal Electoral y su Consejo General se rigen por cinco principios rectores, que son: Certeza Legalidad Independencia Imparcialidad Objetividad El Consejo General implementó un mecanismo para presentar un sistema de encuestas de salida paralelo al PREP. Por principio de cuentas, el IFE, como autoridad constituida, sólo puede hacer aquello que la Constitución o la ley expresamente le autorice, y nosotros no encontramos ninguna norma que autorice una desmesura como la famosa encuesta en comento, que bien pudo provocar problemas mayores en tanto que fue anunciada con bombo y platillo y finalmente no se pudo dar un resultado objetivo como el prometido. El resultado fue contraproducente: proyectar la impresión de que existieron actos irregulares. La acción de actuar al margen de la ley y fuera de un mandato concreto legal violentó directamente el artículo 124 de la Constitución y vulneró los principios de certeza, legalidad y objetividad, por lo que los consejeros electorales, en un régimen de derecho, deberían ser sometidos a juicio político por violaciones directas a la Constitución. De esta forma, la actuación de un Consejo General que empezó en tela de duda, terminó confirmando su integración parcial y partidizada. La actuación del IFE en el proceso electoral de 2006 ha sido cuestionada desde diversos ángulos. Están los dictámenes del TEPJF, donde lo apercibe por no usar plenamente sus facultades y atribuciones legales; la actuación omisa frente a la intervención del Ejecutivo federal en el proceso electoral; la permisividad en relación a las campañas negativas y de ataques, expresamente prohibidas por la legislación electoral; en suma, la baja calidad del proceso electoral, evidenciada en el fallo mismo del TEPJF, puede considerarse como un resultado directo de la fallida actuación del Consejo General del IFE. Las precampañas, campañas y elecciones de 2006 Como pudimos narrar en el Capítulo III, los consejeros del PAN sacaron de la doctrina el concepto “precampañas” y lo incluyeron dentro del parámetro de opciones de calificación del Instituto Federal Electoral, dando al traste con una tradición de muchos años y creando un esquema de impunidad para quienes rompen las leyes del juego electoral. No queremos dar la impresión de ser remisos al cambio; por el contrario, estamos denunciando cómo, con el pretexto del cambio democrático, se han formado verdaderos cotos de impunidad y abuso. Después de la elección de 2000, todos los políticos capitalizaron bien las señales: se puede salir antes del día que autoriza la ley, ya que las sanciones a que nos pudiéramos hacer acreedores son mínimas; más aún, cuanto mayor sea el tiempo de anticipación mayor es la posibilidad de impunidad, bajo el argumento de que las precampañas no están reguladas. Sin embargo, debemos distinguir: una cosa es que una persona se encuentre en campaña para obtener una candidatura o votos para una elección, y otra muy distinta es que se mencione que esa persona está en campaña por el simple hecho de que las personas lo perciban como candidato. El caso de Vicente Fox se encuentra claramente ubicado dentro del primer supuesto, ya que cuando era gobernador realizó todo tipo de actos de campaña rumbo a la Presidencia de la República. Otro escenario muy distinto es aquel donde los enemigos de alguien lo destapan y lo presentan como candidato, para que después lo puedan señalar, exhibir y golpear impunemente. De esta forma, nos encontramos ante un verdadero enigma para quienes no estudiaron la cuestión objetivamente, puesto que es sorprendente cómo una persona puede ser mencionada con tanta frecuencia por los medios y la ciudadanía como candidato, en tanto él no ha dicho sí a quienes lo postulan. Lo expuesto nos lleva a la necesidad de distinguir dos tipos de candidaturas: las formales, que son aquellas que se realizan ante los órganos electorales competentes, y las materiales, que a su vez las podemos dividir en dos: las candidaturas materiales aceptadas, que generalmente se promueven a partir de la voluntad del candidato, o las candidaturas materiales involuntarias, que son aquellas que se realizan a partir de que un sector de los medios o de los ciudadanos comienza a mencionar a una persona como candidato; incluso, en contra de su conveniencia. Con lo expuesto, queremos señalar que existe un conjunto de intereses que generalmente escuda un juego de intenciones no confesadas públicamente, y que se pueden usar de diversas formas, no siempre favorables al candidato involuntario. El problema del ejemplo que dejó Fox en su campaña de seis años para la Presidencia de la República no es sólo lo pernicioso de mostrar al mundo que todo se vale en nuestro país si se alcanza el poder, sino que se piense que una misma situación irregular se puede repetir impunemente sin que se den circunstancias similares. De esta forma, el acceso al poder presidencial de Vicente Fox debe estudiarse en el contexto que presentamos a lo largo del análisis de las condiciones que hicieron factibles su triunfo electoral, como fueron las presiones estadunidenses a favor de la alternancia presidencial, un golpe de Estado incruento o técnico en la Corte y un cansancio social de la impunidad emanada del poder político. Esas candidaturas involuntarias se dan a lo largo de la historia de nuestro país, en medio del famoso “tapadismo” que caracterizó al sistema de partido hegemónico, y sobreviven al ascenso del PAN como una fórmula que se utiliza para golpear a los enemigos políticos con mucha anticipación, pues la concatenación de factores que hicieron posible el triunfo de Fox difícilmente volverá a presentarse en nuestra historia. De esta forma, se puede percibir un juego de política sucia que beneficia a quien tiene el control directo de los medios de comunicación masiva. Sería importante reflexionar sobre si la reciente elección presidencial no fue un ensayo de estas posturas, donde se precipitaron con mucha antelación algunas candidaturas y se desgastó a los aspirantes involuntarios, en tanto que los últimos en ser mencionados llegaron sin desgaste a la contienda. l 1 Ver las revelaciones de Noé Rivera Domínguez, creador de la Organización Nacional de Observadores Electorales del Magisterio y excolaborador de la profesora Elba Esther Gordillo, a la revista Proceso, números 1552 y 1554, donde además se formulan graves denuncias sobre la forma de operar del IFE para favorecer el registro del Partido Nueva Alianza, para beneficiar al candidato presidencial del PAN y para acreditar a maestros del SNTE como representantes electorales en diversos distritos donde Felipe Calderón registró altas tasas de votación

Y SOBRE LA PETICIÓN DE PROCESO DE TENER ACCESO A LAS BOLETAS ELECTORALES.


Acceso a las boletas electorales
IFAI: la opinión que falta
Daniel Lizárraga

El Instituto Federal Electoral ha rechazado en dos ocasiones la solicitud de Proceso para obtener copia de las boletas que se utilizaron en la pasada elección presidencial. Según el IFE, eso podría vulnerar la seguridad del Estado. Pero en vista de los exagerados argumentos y del interés público que tiene esa información, este semanario propuso al Tribunal Electoral –última instancia en México para esta solicitud– que el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública dé su punto de vista sobre el caso.

En alrededor de dos semanas más, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) decidirá si las boletas utilizadas en las elecciones del pasado 2 de julio pueden ser consultadas por Proceso antes de su inminente destrucción. Hasta el momento no se vislumbra una tendencia clara sobre el sentido del fallo. Los siete magistrados han sostenido largas discusiones respecto de la manera en que puede abordarse este inusitado asunto. Como sea, pretenden desahogarlo en el corto plazo. El viernes 19 de enero pasado, el TEPJF aceptó abrir un juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, promovido por Proceso y mediante el cual este semanario pretende tener acceso únicamente a las boletas utilizadas en la elección presidencial, con el fin de emprender una investigación periodística que incluye, entre otras tareas, un recuento ciudadano de los votos. El proyecto de sentencia fue asignado originalmente al presidente del tribunal, Flavio Galván Rivera. En otras circunstancias, este jurista debió preparar el expediente con su equipo de trabajo y someterlo a la consideración de sus seis compañeros de la Sala Superior. Pero debido a la complejidad y la importancia del caso, los siete magistrados se involucraron desde el principio en la solución del recurso judicial interpuesto por este semanario. Ugalde: Criterios diferentes En entrevista con el corresponsal Jesús Esquivel, el 28 de marzo en Washington, el presidente consejero del Instituto Federal Electoral, Luis Carlos Ugalde, manifestó su desacuerdo en que un medio de comunicación como este semanario tenga acceso a las boletas electorales para efectuar un recuento de los votos emitidos en la elección presidencial del 2 de julio de 2006. Su argumento: “Afortunadamente en México hay una instancia de revisión, que es el Tribunal Electoral, y además la revista Proceso ha interpuesto un amparo que ha llegado a la Suprema Corte de Justicia; es decir, que el derecho ciudadano se mantiene permanente hasta que no haya un órgano jurisdiccional que defina. Y qué bueno que así sea porque quiero decir que ante situaciones de duda es importante que un juez decida, y creo que aquí el criterio del IFE puede ser diferente al criterio de la ciudadanía; por eso la autoridad resolverá”. Ugalde afirmó que ante el IFE se presentaron 800 solicitudes de revisión de las boletas, una de las cuales, dijo, “es la de Proceso, y quizá por su visibilidad la de mayor relevancia, pero no por ello la única; se contestó a todas exactamente lo mismo, y lo que se contestó fue que, de acuerdo con la ley electoral y con la Ley de Transparencia, y esa es una interpretación del IFE, la información pública disponible es aquella sentada en las actas de votación”. Y puntualizó: “Si el tribunal o la corte, si el tribunal nos ordena dar las boletas, las daremos”. El 8 de agosto pasado, Proceso tramitó un paquete de solicitudes de acceso a la información ante el IFE. En dos de ellas se requirió la apertura de los sobres con los votos emitidos para elegir presidente de la República, con el fin de emprender una investigación académica y periodística. En dos ocasiones el IFE rechazó esta posibilidad. Primero, mediante su Comité de Información, el instituto concluyó que las boletas no son documentos públicos susceptibles de ser consultados por los ciudadanos, periodistas o medios de comunicación. Según su dictamen, se trata de la expresión política de los ciudadanos transformada en votos y que por ello debe permanecer bajo resguardo. Posteriormente, la Comisión del Consejo para la Transparencia y el Acceso a la Información del propio IFE reiteró que las boletas electorales no son documentos públicos. Pero eso no fue todo. En esa rotunda negativa para abrir los paquetes electorales, el instituto afirmó que están de por medio razones de Estado. En el expediente de 93 páginas, advirtió que facilitar la entrada a sus bodegas equivaldría a exponer la seguridad nacional, a vulnerar el orden constitucional y a poner en riesgo la integración del gobierno. Y en la última parte de su resolución –tomada por mayoría de votos– destacó que aceptar la solicitud de acceso a la información de Proceso afectaría gravemente las funciones del Estado. Dice el expediente: “En el caso de los supuestos de reserva (respecto a los archivos en poder del Gobierno Federal), no basta con que se actualice el contenido de la información por referirse a una de las materias reservadas, sino que es necesario, además, que exista un elemento del daño que permita afirmar que su divulgación podría afectar gravemente una de las funciones del Estado, cuestión que acontece en el presente asunto.” La Comisión de Transparencia también arguyó que si se permite el acceso a la documentación referida, podrían vulnerarse “los principios rectores de la función electoral”. La Comisión del Consejo para la Transparencia –segunda instancia en atender las solicitudes– agregó que aceptar un nuevo conteo de votos echaría abajo el sistema político: “No sólo se vulneraría el interés o la legitimación de las instituciones designadas por nuestra Carta Magna para la celebración de un proceso electoral, sino a la Constitución en sí misma, al pacto federal rector de la actividad estatal de nuestro país, tutor de la integración de los poderes de la unión y protector al mismo tiempo de los derechos ciudadanos mexicanos, así como de sus expectativas frente al Estado.” Los pretextos A la petición que Proceso formuló junto con un grupo de académicos e investigadores, se sumaron varias universidades privadas y públicas, así como alrededor de 200 organizaciones civiles y 8 mil lectores del semanario. Los integrantes de la Comisión de Transparencia del IFE consideraron que el derecho de acceso a la información tiene límites, y entre ellos está el de “garantizar el orden público, el interés social, así como las funciones primordiales del Estado mexicano, entre ellas la seguridad nacional”. Y explicaron que hay posibilidades de restringir la libertad de expresión o de información cuando el ejercicio de este derecho atente contra valores públicos de gran importancia para la colectividad, entre ellos todos los proyectos para la integración del gobierno. Ante tal respuesta, Proceso solicitó la intervención del TEPJF. La única vía posible era el “juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano”, diseñado por los magistrados salientes del tribunal, que se renovó en octubre de 2006. De hecho Arturo Zárate, periodista de El Universal, consiguió por esa vía saber a cuánto asciende el sueldo de los dirigentes partidistas. Independientemente del recuento de los votos, este semanario decidió recurrir a la última instancia posible en México, toda vez que está de por medio el derecho de los medios de comunicación y de los reporteros de tener acceso a la información en poder del Estado. En este caso, se trata del contenido de las boletas electorales que todavía están bajo la custodia del IFE. En el texto de la solicitud inicial –presentada ante el Tribunal Electoral bajo la firma de este reportero– se expusieron, entre otros, los siguientes argumentos: El rechazo a esta solicitud de información afectó mis derechos políticos. El resultado de la elección presidencial del pasado 2 de julio me generó dudas sobre la forma en que el Instituto Federal Electoral manejó mi voto. En este sentido, al no permitirme el acceso a las boletas se afectaron mis derechos políticos. Por otro lado, en el desempeño de mi profesión como reportero, en la revista Proceso, intento desarrollar una investigación periodística sobre la elección presidencial del pasado 2 de julio y, en esta lógica, resulta indispensable para ese fin acceder a las boletas utilizadas durante esa jornada. El 19 de enero pasado, el TEPJF aceptó iniciar el juicio; éste se turnó al magistrado presidente Flavio Galván. Ya en el desahogo de las pruebas, Proceso acudió ante los magistrados para solicitar que el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) emita una opinión sobre este caso: el pasado 16 de marzo, mediante un escrito enviado al magistrado Flavio Galván, se consideró que la intervención de los comisionados del IFAI sería importante para valorar los argumentos del IFE, en específico los relativos a las razones de Estado. El tribunal aún no toma una decisión al respecto.

EL PELELE ¿CUMPLE O NO CUMPLE? PREGUNTEN A AZCARRAGA:

Portazo a la tercera cadena
Jenaro Villamil

Nada detiene a Emilio Azcárraga Jean en su afán por dominar las telecomunicaciones en México y sacar todas las ventajas de la Ley Televisa, que recientemente cumplió un año de haber sido aprobada. Mientras tanto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación sigue retrasando su fallo respecto de esta ley, impugnada por concesionarios, académicos y legisladores. El llamado es apremiante: la Corte debe frenarla antes de que el proceso de concentración monopólica sea irreversible.

Al cumplirse el 30 de marzo pasado un año de la aprobación de la Ley Televisa, los peores presagios de sus detractores se confirmaron: la concentración es creciente en un sector cuyas ventas son cercanas a 50 mil millones de dólares y el crecimiento anual de 18%; Televisa se expande hacia el área de las apuestas vía internet y avanza en el control de la televisión por cable; hay diferencias y descoordinación entre los dos organismos reguladores –la Comisión Federal de Telecomunicaciones y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes–, y organismos reguladores de comercio y telecomunicaciones de Estados Unidos se pronuncian contra el régimen monopólico de la televisión mexicana. Así mismo, en los últimos 12 meses se ha desatado una guerra entre el dueño del conglomerado televisivo, Emilio Azcárraga Jean, y el del Grupo Carso, Carlos Slim, y se excluye a nuevos competidores mediante un régimen legal calificado como “discriminatorio”. El nombre del juego, según los conocedores de la pugna entre los dos grandes consorcios, es el cambio de título de concesión de Telmex, que le permitirá entrar de lleno a difundir contenidos vía televisiva. Así, el espectro se ha cerrado a las opciones. El pasado 29 de marzo, el titular de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), Héctor Osuna, anunció que en septiembre y octubre de este año se licitarán concesiones de radio y televisión, pero sólo de cobertura local y regional. De aplicarse esta medida, se cancelará definitivamente la conformación de una “tercera cadena” nacional de televisión, lo que beneficia a Televisa y a TV Azteca, empresas que en enero pasado lanzaron una campaña para impedir que se constituyera una competidora más. El comisionado Eduardo Ruiz Vega llegó a decir en una conferencia en Orlando, Florida, que la Cofetel descarta la opción de “empaquetar” concesiones para ofrecer cobertura nacional. Adelantó que entre julio y agosto de este año se licitará la banda de 3.4-3.7 gigahertz, que le permitirá a las compañías telefónicas fijas o móviles promover servicios de internet de banda ancha. En previsión de estos cambios, las dos compañías telefónicas de Ricardo Salinas Pliego –Iusacell y Unefon– se fusionan con miras a dar servicios de telefonía inalámbrica y de transmisión simultánea de datos en internet, imagen y voz, lo que se conoce como triple play. Con esta fusión, el dueño de TV Azteca controlará 7% del mercado de telefonía celular con 3.4 millones de suscriptores. Salinas Pliego reforzó su vínculo con Carlos Slim, ya que recientemente a través de Inbursa el dueño de Grupo Carso le hizo un préstamo de mil millones de dólares a la televisora del Ajusco. Grupo Carso, consorcio que controla 90% de telefonía fija a través de Telmex y 85% de la telefonía celular mediante Telcel, recibió el 23 de marzo otro espaldarazo de la Cofetel: el pleno del organismo determinó que la compañía de Carlos Slim no deberá pagar ninguna contraprestación para modificar su título de concesión y transmitir su señal de televisión restringida. Por ello, en estos días comenzará a operar Carso Media, el canal de salida de los contenidos a través de T1, el portal de Prodigy. Telmex negocia ya con Televisa, y sobre todo con TV Azteca, la transmisión de programas deportivos, telenovelas y espectáculos. El consorcio de Slim, que posee seis compañías de televisión por cable en varios países de América Latina, en especial las colombianas Cablecentro y Satelcaribe, reforzó ya sus contactos con otros competidores de Televisa –Televisión Azteca, Multivisión y General Electric, principalmente– y se apresta a adquirir un porcentaje de acciones del Grupo Prisa, el consorcio español editor del diario El País y hasta ahora socio de Televisa en W Radio. Slim incursionó también en Italia donde, asociado con AT&T, América Móvil y Telmex, intenta controlar Telecom Italia. A su vez, Televisa cobra más fuerza en la televisión por cable en el país, sector clave para la competencia del triple play. A través de Cablevisión controla 65% del sector y prevé comprar acciones en Multimedios, Cablemás y Megacable, con lo cual controlaría más de 85% del mercado. Freno a Televisa en Estados Unidos A diferencia de Grupo Carso, Televisa no ha podido posicionarse en otros países, especialmente en Estados Unidos, el principal mercado incluido en su proyecto de expansión. Luego de fracasar en su intento por adquirir Univisión, la cuarta cadena en importancia en Estados Unidos, Emilio Azcárraga Jean confirmó el 29 de marzo la venta de 11% de su participación accionaria en esta empresa. Su valor: mil 94 millones de dólares. El veto a Televisa provino no sólo de su exsocio, Joe Perencchio, quien optó por vender Univisión en más de 12 mil millones de dólares al magnate Haim Saban, sino de la propia Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos (FCC, por sus siglas en inglés), que arguyó que, por “razones de Estado”, era inconveniente que el consorcio mexicano tuviera el control de la televisión de habla hispana que acapara más de 60% de la audiencia latina residente en territorio estadunidense. De manera simultánea, la Oficina de Representación Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) consideró que los intereses del duopolio televisivo en México constituyen una “barrera para el comercio exterior”. El informe de la USTR destaca que medirá el incremento de poder de la Cofetel para saber si garantizará una mayor competencia en el sector. Explícitamente, la autoridad comercial estadunidense considera que Televisa y TV Azteca “continúan ejerciendo influencia sobre la legislación, la política y los cuerpos reguladores para impedir la competencia. La Ley de Radio y Televisión aprobada en marzo de 2006 (conocida como Ley Televisa) ha sido criticada por restaurar los intereses de los jugadores dominantes en la industria e imponer desventajas permanentes a nuevos competidores”. En clara referencia al veto de las televisoras a la existencia de una “tercera cadena”, encabezada por Telemundo, propiedad de General Electric, la USTR reprocha en su reporte que el duopolio haya bloqueado el ingreso de una compañía televisiva estadunidense a México. El espaldarazo de la Corte El plan de negocios de la Ley Televisa le ha funcionado a la empresa de Azcárraga Jean. El 23 de enero pasado, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que son constitucionales los 130 permisos para operar centros de apuestas y salas de sorteos que les entregó Santiago Creel en mayo de 2005, pocos días antes de dejar la Secretaría de Gobernación. Según la firma estadunidense Bear Stearns, Televisa proyecta obtener ingresos por 198 millones de dólares en el negocio de juegos de lotería, que representará 5.1% de las ventas del consorcio. Incluso la empresa de Azcárraga Jean proyecta abrir 10 centros de apuestas y lotería, y no descarta la posibilidad de promover este sistema vía televisión restringida e internet. Además, hasta ahora la SCJN no ha respondido al recurso de anticonstitucionalidad contra la Ley Televisa interpuesto por 48 senadores hace 11 meses. Los promoventes aseguran que esta situación ha creado incertidumbre en el sector de telecomunicaciones y son cada vez más los grupos económicos, académicos y políticos que urgen a la Corte para que atienda la queja antes de que el proceso de concentración monopólica sea irreversible. El ministro ponente, Sergio Aguirre Anguiano, ha cerrado las puertas a quienes denuncian las violaciones constitucionales de la Ley Televisa; además, el consorcio cabildea dentro de la Suprema Corte, donde busca acreditar la figura de los “derechos adquiridos” sobre el uso del espectro radioeléctrico, según confirmaron distintas fuentes internas del máximo tribunal consultadas por este reportero. Joaquín Vargas, dueño de Multivisión, es el principal concesionario televisivo que pidió a la Suprema Corte emitir urgentemente su fallo. El 20 de marzo pasado, durante un acto organizado por la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi), el empresario aseguró que todo el sector se encuentra “parado” por la incertidumbre jurídica. Indicó que el artículo clave es el 28 de la Ley Federal de Radio y Televisión, que le permite a los concesionarios de televisión quedarse con el espectro sobrante. “Están paralizadas las relaciones entre la SCT y Cofetel y, por ende, todos los trámites y sectores de una industria dinámica que no tolera este tipo de obstáculos o de burocracia. Es urgente que la Corte defina si son procedentes las reformas”, subrayó Joaquín Vargas. Y Manuel Bartlett, quien como senador impulsó la acción de anticonstitucionalidad junto con Javier Corral en la legislatura anterior, afirma que es “falso” que los promotores de la acción de anticonstitucionalidad ya no tengan ninguna representación, al cumplirse un año de que dejaran el Senado. Bartlett también exhortó a la Suprema Corte a resolver la acción de anticonstitucionalidad. “Es de tal prioridad que dejar a la Cofetel actuar es la posibilidad de tomar decisiones irreversibles. Por eso es muy delicado que se hayan tardado”, subraya. “De lo que percibo de las pláticas con los ministros, existen quienes comprenden los efectos de esa ley en contra de la sociedad mexicana. Sin embargo, existen otros que no han querido recibirnos”, asegura el exsenador. Al tomar posesión como nuevo presidente de la Suprema Corte, el pasado 2 de enero, el ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia mencionó que la acción de anticonstitucionalidad contra la Ley Televisa es uno de los 10 principales asuntos a resolver por el máximo tribunal, pero hasta ahora no existe anteproyecto de resolución y los ministros han mantenido un absoluto hermetismo. Desde que se aprobó la Ley Televisa, compañías productoras como Disney Channel se han visto afectadas en su sistema de televisión restringida por los vetos de la empresa de Azcárraga Jean, que no sólo se entromete en el diseño de la programación, sino que fomenta la mercantilización de los espacios de la pantalla. Además, ha asfixiado económicamente a las radiodifusoras públicas y a las estaciones de radio independientes y comunitarias. Desde la discusión de las reformas al sector de telecomunicaciones durante 2006 se congeló el proyecto de licitar 260 estaciones de radio en la banda de frecuencia modulada en 134 ciudades del país. Además, durante los primeros 100 días del gobierno de Felipe Calderón tampoco se cumplieron las promesas del panista para el sector de telecomunicaciones: no se hizo la licitación para crear una “tercera cadena” de televisión abierta; tampoco se definió el estándar ni los apoyos para la digitalización de las estaciones de radio, ni se cumplieron cabalmente las condiciones de interconexión, portabilidad numérica y plena convergencia tecnológica en la telefonía.

LOS MAGISTRADOS DEL TRIFE, EL DISPENDIO Y LA OPACIDAD, ¿SEGUIRAN CON LA MISMA TARIFA PARA EL FRAUDE?


Opacidad electoral
Ernesto Villanueva

Los nuevos integrantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) dan muestras de regresión en la apertura informativa y de dispendio con cargo al erario mediante decisiones que no son precisamente valores de un Estado democrático de derecho. Veamos.

Primero. El parque vehicular del tribunal es, en principio, uno de los más costosos si se compara con el de otras instituciones del Estado. Mientras dependencias, entidades, órganos autónomos y poderes públicos recurren a la compra de autos compactos, el TEPJF prefiere Honda o similares, que suponen una mayor carga al presupuesto público. Hay para ejemplificar con un caso escandaloso. Se trata de la compra de una camioneta Mercedes Benz Sprinter que, de acuerdo con los registros del propio tribunal, fue adquirida por un precio de 977 mil 500 pesos en 2004. No sólo es una adquisición impropia de un sistema republicano y austero, sino que, además, ha tenido un mínimo uso, pues registra 6 mil 681 kilómetros promedio al año. La subutilización de ese vehículo de gran lujo no ha sido, empero, impedimento para que se destine a su mantenimiento la cantidad de 33 mil 563.35 pesos anuales, sin ningún rubor. Segundo. Una pregunta básica inicial de todo sistema de acceso a la información pública consiste en requerir la agenda de actividades desglosada de los servidores públicos, lo cual se hizo repetidamente en 2003 para probar la eficacia de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (LFTAIPG). Esa misma pregunta básica se formuló al tribunal y la respuesta fue negativa, ya que dio la información genérica que establecen la ley y el reglamento, pero negó los datos concretos sobre las citas con hora y personas con las que se reunieron los magistrados electorales federales. Fue, además, congruente con esa política de opacidad negar datos de los radios y sistemas de comunicación de los magistrados, con el argumento de que “las facturas de dichos servicios no se pueden proporcionar en virtud de que figuran en ellas datos personales como los números telefónicos de terceras personas”. Se ejerce así una interpretación restrictiva que violenta el principio de máxima publicidad, previsto en el artículo 6 de la LFTAIPG, que a la letra dice: “En la interpretación de esta ley se deberá favorecer el principio de publicidad de la información en posesión de los sujetos obligados”. En estos casos, lo que corresponde es testar o tachar los datos personales y proporcionar la información restante. Se trata del mínimo minimorum que hasta la Secretaría de Gobernación, que no es propiamente la campeona de la transparencia, ha entregado bajo esta fórmula. Tercero. Pero si uno había pensado que ahí se agotaba la opacidad, debe observarse que los magistrados electorales han ofrecido toda una tesis doctrinal sobre la función judicial traída al presente de la peor tradición del siglo XIX. Al requerirse a los magistrados copias de las facturas de sus comidas, la respuesta ofrecida no tiene desperdicio. Véase si no: “Se omite la exhibición de las facturas de alimentos en atención al criterio de reforzar la independencia de los magistrados en cuanto que, esa consideración, se hace valer por la necesidad que tienen los mismos de sostener encuentros de trabajo con integrantes del Poder Judicial de la Federación, con las autoridades electorales de los estados y el Distrito Federal, funcionarios de instituciones afines de otros países, así como también con motivo de actividades propias de los comités y comisiones en que participan; la revelación de los lugares donde los magistrados suelen tener reuniones de trabajo con alimentos, por razones de seguridad y para evitar situaciones que pudieran vulnerar su criterio respecto de su función, no es posible informarlo”. Ahora resulta que la información amenaza la independencia judicial. O que saber dónde comió un magistrado puede poner en riesgo su seguridad. Es importante reiterar que la citada independencia no es causal de exclusión del principio de rendición de cuentas. Por el contrario, la rendición de cuentas fortalece la independencia de la función jurisdiccional. Es de preocupar que se confunda la actividad administrativa con el trabajo jurisdiccional. Más aún, conviene dejar claro que la independencia judicial es un medio para llegar al fin, la imparcialidad. Y en el secreto, esa imparcialidad se debilita y genera dudas sobre la integridad de los juzgadores. Cuarto. El panorama no es alentador. Es de explorado derecho que el primer paso en el Poder Judicial es el acceso a la información de orden administrativo. El conocimiento del quehacer jurisdiccional supone un estadio de mayor desarrollo que en México está en curso. Y este dato no es menor. Como se sabe, la revista Proceso interpuso un recurso ante el TEPJF para tener acceso a las boletas electorales de la pasada elección presidencial. Si el Tribunal Electoral no cumple con lo menos, ¿cree alguien que podría cumplir con lo más? Habrá que ver en los próximos días en qué sentido resuelve esta inédita iniciativa de transparencia comicial. l (evillanueva99@yahoo.com)