Por: Fernando E. Sánchez (especial para ARGENPRESS.info) (Fecha publicación:14/07/2006)
Importante:-Por favor léanlo, aquí está todo el quid del desmadre que estamos viviendo. Y cópienlo y circúlenlo.
Falsa democracia, mitos y fraudes.
El fraude electoral que se pretende perpetrar en México debe de ser valorado en las implicaciones que tiene para la consolidación de la lucha de los pueblos no sólo en México sino en América Latina. Los recientes arribos a la presidencia en sus respectivos países del peruano Alan García, el colombiano Alvaro Uribe y la presión por consumar el fraude que beneficiaría a Felipe Calderón en México tiene un impacto que no es desdeñable en la configuración de correlaciones de fuerza en la región.
Es evidente que estos resultados son un alivio para Estados Unidos y las derechas nativas que con zozobra atestiguaron el ascenso de gobiernos progresistas y de “centro izquierda” en varios países sudamericanos a la par que el presidente Hugo Chávez se consolidaba en Venezuela y tomaba la iniciativa política en la región promoviendo una nueva integración regional y acciones conjuntas entre gobiernos que dotaran a los pueblos de América Latina de mejores condiciones.
El miedo como (des)articulador social.
Más allá de los indicios de manipulación del voto o fraude que pueden observarse, lo que identifica a las derechas en su forma de encarar los procesos electorales ha sido el recurso del miedo como eje de campañas mediáticas orquestadas para descalificar a los candidatos que se oponen a la situación imperante, a los candidatos progresistas y de izquierda, o sencillamente a quienes perciben como un peligro para los intereses de las clases en el poder.
Desde la invención del “nuevo fenómeno” del populismo hasta las campañas de calumnias y mentiras arteras, en los procesos electorales han buscado condicionar la disposición al cambio de los electores. Aunque el cambio, en rigor, no fuera necesariamente una transformación profunda o estructural que subvierta las estructuras de dominación sino simplemente el reacomodo de las políticas neoliberales y en ocasiones ni eso, la presión se ejerce igualmente.
Gobiernos considerados progresistas no han abandonado las políticas neoliberales y se mantienen en lo fundamental en la lógica impuesta por los promotores del orden internacional (el FMI y el Banco Mundial) de la disciplina macroeconómica que se orienta en exclusivo a la estabilidad de precios y a brindar certidumbre y confianza a los “mercados”, es decir a los inversionistas.
En estas condiciones, en el mejor de los casos, los gobiernos “progres” sólo se atreven a introducir en el esquema básico neoliberal una cierta dosis de políticas sociales, como si no comprendieran que las políticas orientadas a combatir la pobreza han implicado el abandono de las políticas distributivas, denostadas como “populistas”, permitiendo un neo-populismo mucho más eficaz que “asegura una clientela estable, no organizada ni conflictiva sino pasiva y agradecida, a la vez que alimenta una camada de gestores -formales o informales, tanto da- que actúan como intermediarios entre los pobres atomizados y el Estado.
[…] Cuando la desindustrialización vació los sindicatos y los neutralizó como mecanismos de control social, los poderosos implementaron los subsidios manejados por alcaldes y gobernadores y una amplia red de caudillos ('punteros') locales, que actúan de forma vertical y apelando a la violencia, que son una de las claves de la cooptación y división del movimiento social.
[…]Concentración de riqueza, arriba; control de los pobres no organizados a través de subsidios, abajo. Las llamadas clases medias, o sea los obreros y los empleados, pagan en buena medida los costos de los subsidios de los más pobres y también el escandaloso aumento de la riqueza de los más ricos. Este es uno de los ejes centrales de la nueva gobernabilidad, pero no el único.
El otro es la relegitimación de los estados gracias a la apropiación de banderas históricas de las izquierdas y los movimientos (derechos humanos, igualdad en abstracto, etc.) y sobre todo un discurso -apenas un discurso- que no ataca los problemas fundamentales pero que consigue dividir a los sectores populares.
El Estado que está emergiendo de la gobernabilidad progresista parece más estable, legitimado y potente que el de la década neoliberal. Pero puede, por eso, ser más temible para los de abajo.” Así de perniciosos resulta el “posibilismo conservador” para la lucha de los pueblos por su liberación, a pesar de lo cual las derechas hacen lo indecible por impedir su arribo al poder.
En la andanada de condicionamientos que el establishment les hace saber que deben observar, consiguen atemperar sus programas una vez que llegan al gobierno.Un objetivo obvio de las campañas de odio, miedo y mentiras en que han devenido los procesos electorales es descalificar de antemano el ejercicio autónomo e independiente de la política económica, especialmente cuando se trata de candidatos o partidos externos al círculo de los poderes fácticos, aunque posteriormente pudieran ser cooptados, sentando las bases en la opinión pública para la aceptación del continuismo.
Los mitos de la falsa democracia.
La manipulación electoral se basa en mitos muy difundidos cuya legitimidad se sustenta en un enorme y oneroso aparato de propaganda del que participan activamente los gobiernos neoliberales, los grupos de poder y sus lobby, engranados por los consorcios mediáticos.
Estos mitos son repetidos hasta el hartazgo por políticos, consultores, asesores, tecnócratas de los sectores privado y público y de los organismos internacionales, académicos, periodistas, intelectuales, analistas y “expertos” en opinión, un vasto cuan basto conglomerado cuyo propósito es la enajenación de la conciencia crítica que lentamente está emergiendo en los pueblos tras el estrepitoso fracaso del neoliberalismo y frente a las dificultades que enfrenta la agenda unilateral e imperial de Estados Unidos, aunada a la parálisis política y económica de la Unión Europea en el marco de la irresistible emergencia de nuevos protagonistas internacionales que cuestionan el orden mundial tal cual está (Brasil, China, India y Rusia) y han logrado cuando menos neutralizar el avance del programa neoliberal al paralizar a la OMC y agudizar la crisis que aqueja a las sesentonas mellizas de Bretton Woods (FMI y BM).
Estos mitos se derivan de uno básico: el mito de la democracia en los países en desarrollo, bajo cuya lógica se tejen otros mitos, tales como: el fortalecimiento de las instituciones, la libertad de prensa, el Estado de derecho, la independencia de poderes y la libertad de elección.
El fortalecimiento de las instituciones democráticas se presenta bajo la envoltura de la “gobernabilidad” o “gobernanza” , un concepto que ha cautivado a las “buenas conciencias” que con tenacidad admirable buscan por doquier el rostro humano del capitalismo, y lo que es aun más notable, creen haberlo encontrado en los programas de combate a la pobreza extrema que promueven el Banco Mundial y en los mecanismos de “cooperación internacional”.
Sustentadores y reformadores del statu quo por igual han adoptado esta nueva religión y acompañan el desgastado discurso de la disciplina monetaria y fiscal con conceptos bastante abstractos como “accountability” y “transparencia”.
Son abstractos toda vez que parecieran no perturbar las conciencias de sus epígonos cuando hacen de la vista gorda ante la corrupción del sector privado, las relaciones espurias entre poderes fácticos y gobiernos, el tráfico de influencias en el que los lobby juegan un papel esencial; vaya, hay quienes imaginan sofisticados modelos de juegos cooperativos entre agentes que tienen en común la usurpación de los recursos públicos para fines privados no siempre confesables.
La legitimación de las llamadas instituciones democráticas resulta imperiosa en un contexto en el que las políticas económicas neoliberales se han evidenciado como la fuente de degradación del bienestar y las condiciones de vida de las mayorías y del enriquecimiento de la elite privilegiada, y en el que el modelo del Consenso de Washington ha encontrado relativamente pronto serios límites para seguir avanzando.
A estas instituciones se refieren las reformas de “segunda generación” .El mito de la consolidación de las instituciones democráticas se deriva de otro mito: vivimos en una democracia. La degradación de la vieja utopía en mito es resultado de la traición liberal a los preceptos democráticos que en el marco de esa corriente de pensamiento se gestaron en el siglo XVIII.
Una de las mayores debilidades de esa construcción ideológica es que se inspiraron en la Grecia clásica en la que se combinó una relativa división de poderes con el esclavismo, pero ha resultado muy útil para un proceso que en el capitalismo se ha desarrollado con singular fuerza: la imposición del poder del dinero por encima del poder ciudadano -esencia de la democracia real.
De esta forma es como se ha enseñoreado la democracia de pacotilla, que se sustenta en el poder mediático y en la degradación y distorsión de los principios.
Vivimos en formas diversas de plutocracia, no en democracias, toda vez que el régimen político y los fundamentos del orden social son más el resultado de la imposición de los poderes fácticos que de la soberanía popular.
Esto es lo que ponen de relieve los triunfos electorales cocinados con base en campañas de miedo, chantaje mediático y propaganda enajenante.
El Estado debilitado y marginado por la aplicación de reformas neoliberales ya ni siquiera es un mediador, ha cedido el paso al control directo del poder económico.
La participación de los empresarios en la política, no como ciudadanos sino como grupos de presión es la manifestación más evidente del envilecimiento de las democracias y la imposición de las plutocracias.
Nuevas oligarquías surgen y se apoderan de los mecanismos de control social y político usurpando lo que queda del Estado y poniendo a su servicio a los poderes legislativo y judicial.
Los liberales promueven una seudo independencia de las instituciones con el argumento de que el acotamiento de la acción del Estado contribuye a empoderar a los individuos, partiendo de dos falsas premisas: 1. el estado sojuzga per se; 2. en la sociedad civil no hay mecanismos con la capacidad de sojuzgar a los individuos.
El Estado en manos de las clases explotadoras tiene como misión preservar el poder y privilegios de estas clases, para lo cual induce a la aceptación del statu quo al conjunto de la sociedad y reprime a quienes no se avienen.
En las sociedades desiguales en las que el acceso al poder está vinculado a la relación con el dinero es un mito pensar que el repliegue de las capacidades regulatorias del Estado libera al individuo de ver sojuzgadas sus libertades, porque lo que ocurrirá es que quedará sometido no a otros individuos, sino al poder del capital sin la mediación del Estado.
La utopía liberal queda expuesta, al menos en este aspecto, a una profunda inconsistencia respecto de lo que declara como su móvil central: la libertad individual.
La liberación de la sociedad de toda forma de yugos es, en todo caso, condición para que el ejercicio de la libertad individual quede acotado únicamente por la libertad del otro. Por esa razón los liberales de hoy han excluido de su proyecto societal la igualdad y la fraternidad o solidaridad y han subordinado la libertad al derecho a la propiedad.
El desarrollo de la cibernética ofrece la posibilidad de amañar datos y trastocar resultados electorales sin que la ciudadanía pueda tener evidencias: la implantación de algoritmos capaces de distorsionar en un sentido predeterminado el conteo de votos ha sido permitida por el Instituto Federal Electora (IFE) en la elección mexicana al contratar a un cuñado del candidato oficialista como proveedor de servicios informáticos.
Este procedimiento, sin embargo, requiere de un complemento, la reiteración ad-nausean de que el resultado es legítimo, para lo cual son muy útiles los paneles de “opinólogos”: analistas, expertos, personalidades a quienes el poder mediático seduce y enviste de autoridad a cambio de que se sumen a la perorata legitimadora.
La “opinocracia”, un invento del poder mediático es crucial para atacar las conciencias y razonamientos de ciudadanos suficientemente vapuleados por una cotidianeidad pletórica de falacias, por condiciones de vida precarias y por el estrés como forma de vida, lo que atenta contra su disposición y motivación para ir al fondo de los asuntos que se suscitan en su entorno, facilitando la acción corrosiva de la “opinocracia”, tal es el mecanismo de interacción entre neoliberalismo y propaganda para degradar conciencias.
Este simple hecho, al que se suman otros vinculados a la conducta y moral practicada en los medios de comunicación corporativos y los oficiosos del régimen de turno es suficiente para que la libertad de prensa se haya convertido en otro mito del sistema de dominación del capital.
La apropiación corporativa de la tecnología y los espacios, su concentración oligopólica y la legitimación y legalización de ese antidemocrático estatus a través de leyes ad-hoc a los intereses de los propietarios de los medios, como la ley de radio y televisión obsequiada previo a las elecciones por el Congreso mexicano a Televisa y TV Azteca, ponen en entredicho la existencia de una auténtica libertad de prensa y compromete seriamente la libertad de expresión, íconos incontrovertibles de la democracia liberal y de cualquier orden político que presuma respeto a las libertades individuales.
Los financiamientos de las campañas electorales por grupos económicos tiende a desvirtuar el sentido de la competencia electoral, al otorgar poder decisorio a los proveedores de fondos en un sistema en el que no acceder a los medios de comunicación pagando las tarifas que estos imponen deja sin oportunidad de comunicar a amplios sectores de votantes, que encuentran en los medios casi la única forma de acceder a la propaganda y mensajes electorales.
Es evidente que una vez otorgado el financiamiento el candidato o partido receptor de los fondos queda sometido a lazos de dependencia y subordinación. En este mecanismo de usurpación del poder político por el poder económico juegan un papel crucial los lobby o grupos de presión que en adelante actuarán constantemente sobre el ejecutivo y el legislativo para lograr un marco jurídico a modo de sus intereses.
En este contexto es absurda la pretendida rendición de cuentas y menos aún la transparencia, especialmente cuando los agentes privados argumentan en su defensa el derecho a la confidencialidad y a la privacidad.
Este mecanismo perverso de imbricación de intereses y espacios entre lo público y lo privado cuestiona la independencia de poderes y al propio Estado de derecho cuando el poder judicial cae también bajo las presiones de la plutocracia.
Si a este esquema agregamos la falta de independencia, probidad e idoneidad de las autoridades electorales, cualquier sustento del Estado de derecho habrá quedado pulverizado y se habrán sentado las bases para un ejercicio autoritario de la política.
Como se puede apreciar es la combinación de falta de ética en el ejercicio de la administración pública y la codicia del capital la que debilita la democracia convirtiéndola en un mecanismo funcional al ejercicio impune del poder contra la sociedad.
En ese contexto no es difícil que el poder económico pretenda imponer sus intereses en el ámbito electoral, toda vez que en la conformación del gobierno radica en buena medida la posibilidad de mantener la tasa de acumulación. En rigor a eso se refieren con el ubicuo concepto de “gobernabilidad”.
Una vez que se legitima la falsa democracia, de manera natural siguen otras distorsiones impuestas con el propósito de crear confusión y obnubilar el entendimiento de la situación política como primer paso para desactivar la crítica radical al sistema de dominación.
Es así como al centro derecha se le denomina centro izquierda, la derecha se convierte en centro, desaparece la extrema derecha o los radicales de cualquier signo son colocados bajo la misma denominación estigmática de terroristas y la izquierda termina siendo una variopinta amalgama en la que no es preciso cuestionar el orden social basado en la explotación para pertenecerle, se impone “lo progre” como visión del mundo que impulsa lo posible y se renuncia a las utopías, que el liberalismo ataca ferozmente a pesar de ser en sí mismo una utopía devenida en mito, y el programa revolucionario es visto con desdén aun en las filas de la “izquierda”.
Estas mutaciones ideológicas que consolidan la dominación y hegemonía del capital se ponen fuera de la vista y la conciencia con otro mito que se ha impuesto en nuestras sociedades: el fin de las ideologías.
A decir verdad, no hay nada más ideológico que esta afirmación derivada del malogrado “fin de la historia” ya abandonado por su propio mentor. Recientemente Francis Fukuyama rompió con el bloque neoconservador estadounidense, el huevo de la serpiente, abandonando una de las tesis centrales que unifica a neoconservadores y neoliberales: la necesaria jibarización del Estado o su equivalente la privatización de la gestión pública como condición para la consolidación de la democracia de mercado.
Ante el empuje del terrorismo -que los correligionarios del Proyecto para un Nuevo Siglo Estadounidense (PNAC por sus siglas en inglés) han contribuido a desarrollar especialmente en sus vertientes mesiánicas y fundamentalistas religiosas- Fukuyama lamenta no contar con un aparato represivo capaz de confrontarlo localmente: “Históricamente, el Estado cumple la función de controlar la violencia dentro de una jurisdicción territorial. Al menos para algunas culturas políticas (que los neoliberales estadounidenses deploran), el Estado también es el encargado de evitar una polarización social extrema.
En su ambición por liberar a la economía de cualquier traba, las políticas triunfantes en los años 90 atrofiaron o anularon las posibilidades del Estado para impedir la violencia, el aumento de la miseria o la explotación irrestricta del trabajo humano.
Fukuyama estima que es hora de restaurar la soberanía estatal. En su último libro, La construcción del Estado, escribe: 'En este libro defiendo la construcción del Estado como uno de los asuntos de mayor importancia para la comunidad mundial, dado que los Estados débiles o fracasados causan buena parte de los problemas más graves a los que se enfrenta el mundo: la pobreza, el sida, las drogas o el terrorismo'.
Al tratar de fundar el orden mundial en el fortalecimiento de los Estados, Fukuyama se opone al dogma neoliberal del Estado mínimo. Según el liberalismo clásico, el Estado se inmiscuye demasiado en la vida privada bloqueando las iniciativas individuales. Cuanto más restringido sea su papel, la sociedad que lo sufre como un mal necesario (por seguridad) disfrutará de mayores estímulos para multiplicar la riqueza y garantizar la libertad personal.” .
No cabe duda de que la democracia de pacotilla tiene que ser desnudada ante el movimiento popular no anteponiendo opciones autoritarias ni antidemocráticas sino radicalizándola y sacándola de los estrechos márgenes liberales y de la influencia y control que ejercen los poderes fácticos, incluida la “mediocracia”, lo que sólo sería posible con un movimiento social y ciudadano vigilante, demandante, con propuestas y organizado. la tarea de la izquierda es contribuir a su organización no sustituirla ni someterla bajo estructuras burocráticas.
La sociedad no puede dejar en manos de una clase política al servicio de los poderosos su propio futuro, sus aspiraciones y demandas. Por estas razones el llamado a la calma y el comportamiento responsable no debe confundirse con la inercia, el conformismo, el fatalismo y la desmovilización. Los dirigentes pusilánimes y los oportunistas en estas coyunturas hacen daño por igual al movimiento popular.
Tanto en México como en Perú tras las elecciones los comentaristas que aparecieron en los medios en general se contentaron con destacar el buen desarrollo de la jornada, en el sentido de que no hubo sobresaltos significativos, el buen desempeño de los electores, empezando por su copiosa concurrencia, la eficiencia en la organización de los comicios por parte de la autoridad electoral.
La dinámica viciada de las campañas, la manipulación mediática, el miedo infundido arteramente, las calumnias y mentiras, todo ello quedó convenientemente en el olvido para buena parte de los informadores, expertos y analistas.
Se destacó lo obvio, pero se ocultó cuidadosamente el trasfondo. En México donde el proceso ha quedado bajo sospecha y la credibilidad del árbitro (IFE) está en su punto más bajo, todo el esfuerzo del establishment político, empresarial y mediático se ha centrado en salvar la credibilidad de las autoridades electorales como condición para salvaguardar la legitimidad del proceso y como antesala de la legitimación de la elección de Felipe Calderón.
Las razones de fondo para una elección de Estado en México.
En el caso mexicano hay razones de fondo para que los poderes fácticos intenten imponer a Felipe Calderón en la presidencia. Un poco de entorno histórico quizá ayude a valorar la importancia del desenlace que tenga lugar.
Como lo ha expresado un analista de Financial Times México “cumple una función vital para la maquinaria industrial de Estados Unidos como fuente de trabajo barato, esencial para mantener su competitividad, especialmente en los sectores de la agricultura”
El 6 de julio de 1988 fue un día en el que se combinaron la gran conquista del pueblo mexicano y una de las mayores ignominias cometidas por la clase en el poder y sus partidos políticos: PRI y PAN. Un masivo fraude electoral colocó en el gobierno a Carlos Salinas de Gortari contraviniendo la voluntad popular manifiesta en las urnas a favor del Ing. Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano.
El PRI con el apoyo activo del PAN optó en aquella ocasión por dar carpetazo en el Congreso al debate y quemar las boletas electorales. La prisa del establishment por mantener al PRI en el poder se derivó de la ansiedad por mantener privilegios y ampliarlos poniendo en marcha la mayor operación de reconfiguración estatal y nacional desde la Revolución Mexicana a través del programa del capital transnacional conocido como Consenso de Washington.
Una vez instaurado en el poder Salinas de Gortari profundizó las reformas que tímidamente había iniciado su predecesor, Miguel de la Madrid Hurtado. En honor a la verdad habría que decir que el andamiaje de las llamadas reformas estructurales se configuró precisamente a finales de la década de 1980 cuando John Williamson reunió a un selecto grupo de tecnócratas neoliberales que habían venido promoviendo los “mecanismos de mercado” como ejes rectores de la economía para adecuarlas al sistema económico internacional que emergió tras las crisis de la década de 1970 y la crisis de la deuda externa.
Salinas llega al gobierno con ese programa y con el mandato impuesto por una alianza del capital transnacional y el capital monopólico nativo conducida por el gobiernos de Estados Unidos a través de sus brazos operativos: el FMI y el Banco Mundial.
El programa neoliberal se ejecutó con tal enjundia que la propaganda diseminada por la tecnoburocracia y la academia adictas al modelo hizo de México uno de sus íconos. Para que el efecto demostración funcionara y en un vano intento por acallar las críticas que acompañaron al creciente malestar se presentó el TLC y el “retorno” de los flujos de capital como logros del reordenamiento de la economía de acuerdo con las leyes del mercado y de la disciplina fiscal y monetaria, aunque como se sabe la estrategia de los tratados bilaterales o regionales de comercio es la manifestación pública de un proyecto de largo alcance de las transnacionales coordinado por el gobierno de Estados Unidos, para apropiarse de los recursos y los mercados, las reservas estratégicas de los países en desarrollo que con antelación fueron debidamente endeudados.
El propósito fundamental del Consenso de Washington es debilitar al Estado en los países en desarrollo como condición para avanzar en la ejecución de su programa.El otro elemento fundamental de la estrategia consistió en consolidar una nueva oligarquía con base en las privatizaciones y otras reformas para que fungiera de aliada y sustento interno del proyecto transnacional.A los tecnócratas que idearon el modelo les duró poco el encanto.
Hacia mediados de la década de 1990 el impulso que provocaron las exportaciones se había agotado y los capitales especulativos liberados de toda regulación sustantiva y consistente por las reformas financieras se encargaron de mostrar los rígidos límites del mercado.
A la crisis mexicana estallada en diciembre de 1994 siguieron en cadena crisis financieras por el conjunto de los países llamados emergentes y el rostro auténtico del neoliberalismo afloró sin máscaras en la extendida pobreza, las inconsistencias y debilidades de los aparatos productivos nacionales, la incapacidad estructural para generar empleos suficientes y el portentosamente desigual reparto de las ganancias entre países ricos y países pobres y entre propietarios y desposeídos.
El modelo neoliberal entra en cuidados intensivos y el mismo John Williamson acompañado de parte de los cortesanos ideológicos del Consenso de Washington intentan preservar el espíritu de las reformas alegando que hacía falta una segunda generación que enfatizara los mecanismos institucionales . El denodado esfuerzo por “retirar la escalera” se mantenía intacto como la convicción que profesan los fanáticos por sus creencias más allá de toda prueba.
Por lo tanto, lo que ahora está en juego es evitar el abandono de una estrategia que resultó absolutamente contraproducente para generar crecimiento sostenido, bienestar y, menos aun, desactivar las ataduras del orden internacional que mantienen a nuestras economías y nuestros pueblos en el atraso y la pobreza.
No es casual que el 2 de julio de 2006 las clases gobernantes y sus partidos políticos se hayan confabulado nuevamente para impedir la derrota de su candidato y el triunfo de quienes con su voto manifestaron su hartazgo y repudio al neoliberalismo y sus estragos.
La magnitud de la derrota electoral de la derecha debe haber sido tan significativa que se cometieron toda clase de chanchullos, atropellos y mezquindades poniendo en riesgo precisamente aquello que dicen hace falta a las reformas de primera generación para conducirnos al paraíso prometido: instituciones adecuadas y buen gobierno.
El fraude ejecutado con suprema torpeza por una derecha arrogante y soberbia se está haciendo de conocimiento generalizado a pesar de que los corporativos mediáticos, especialmente los beneficiarios de la ley ad-hoc de radio y televisión, cuando no ocultan distorsionan la información, toda vez que los medios electrónicos alternativos permiten acceder a la información con el simple requisito de tener curiosidad y aplicar la lógica frente a los hechos que se quisieran ocultar en un mar de confusión.
Los ciudadanos han comparado las actas colocadas en los centros de votación con el conteo que revela el IFE en su sitio de Internet. ¿Cómo es posible que del acta pública redactada en presencia de los observadores y representantes de los partidos políticos a la página Web del IFE y el Programa de Resultados Preliminares (PREP) los números muten? Sencillamente porque hubo dolo desde la captura de la información por parte del IFE, no de los ciudadanos que participaron en el proceso en calidad de coordinadores de mesas electorales (alrededor de medio millón de personas).
El sofisticado mecanismo que pretendía dotar de transparencia y legitimidad a una elección de Estado resultó convertido en la prueba de las intenciones de cometer fraude, fraguado desde el momento en que fracasó la estratagema del “desafuero” de AMLO, operada para retirarle el fuero, seguirle una pantomima de juicio y encarcelarlo y, así, impedir su candidatura.
El gobierno de Vicente Fox articuló la conspiración contra la voluntad del pueblo de México y el Instituto Federal Electoral fue el operador. Elba Esther Gordillo, “líder” “moral” del magisterio, la misma que traicionó a su partido llamando a los gobernadores priistas a venderle a Calderón los votos que son capaces de inducir , recomendó a Luis Carlos Ugalde para presidir la Junta General Ejecutiva del IFE.
Nominado en el marco de un oscuro contubernio entre el PRI y el PAN en 2003, Ugalde se ha encargado de desacreditar y deslegitimar la solvencia moral del Instituto ante la opinión pública con su sinuoso cuando no sesgado desempeño al frente del instituto electoral.
La pasiva permisividad practicada hacia la intromisión del jefe de Estado a favor del candidato de su partido, las campañas de infundios y mentiras contra el candidato de la Coalición por el Bien de Todos, asociándolo maniqueamente con el “autoritarismo” del presidente venezolano, Hugo Chávez, para sentenciar que es un peligro para México, los excesivos gastos de campaña del partido en el poder debidamente denunciados, la intimidación que pretendieron ejercer los gremios empresariales sobre los votantes sumándose a la campaña del miedo a través de los medios de comunicación masiva, incluso cuando los partidos habían cerrado por ley sus campañas, los contratos con la empresa Hildebrando de la cual es accionista el cuñado de Felipe Calderón para la provisión de servicios informáticos al Instituto, entre otras maniobras no han merecido una intervención en tiempo y en forma del árbitro electoral, con lo que solo se descalificó ante la opinión pública.
La derecha que busca mantener la solvencia moral del IFE, acusa a López Obrador de ser quien instiga la descalificación como parte de una estrategia de ataque a las “instituciones democráticas”, lo que sería congruente con su “tendencia al autoritarismo”.
Ante la rápida degradación de las calificaciones del IFE en la opinión pública y la evidencia que desde algunas Juntas Distritales está fluyendo información que fortalece la denuncia contra el fraude, la Junta General Ejecutiva del IFE se convocó en sesión extraordinaria urgente en medio de una crisis constitucional para aprobarse un estímulo adicional de 93 millones de pesos que elevarán la cifra total a 468 millones de pesos (43 millones de dólares aproximadamente), en medio de la gritería histérica de la derecha de lo costoso que resultaría contar nuevamente voto por voto para dar transparencia y legitimidad al proceso.
A todas luces se trata de un soborno disfrazado que se ofrece a los funcionarios del Instituto para mantener filas cerradas ante los cuestionamientos.
La cereza en el pastel la constituye el hecho de que Felipe Calderón, el candidato del PAN, fue padrino de bodas de Luis Carlos Ugalde, el Consejero Presidente de la institución que velaría por la imparcialidad, transparencia, eficiencia y limpieza de las elecciones en las que el padrino llega como candidato del sistema forzado a ganar.
La conducta ajena a la ley de los funcionarios del IFE ha quedado expuesta no sólo en la maniobra a través de la cual el Consejero Presidente Ugalde pretendió declarar a Felipe Calderón ganador de las elecciones, cosa que corresponde al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), sino en la autorización de abrir un almacén en el que se guardan los paquetes electorales cuando, nuevamente, sólo el TEPJF tiene facultades para ello.
La propia derecha panista está mostrando sus inconsistencias y el oportunismo que campea en sus filas cuando por un lado atacan al PRD por deslegitimar al IFE al demandar el recuento de los votos, mientras por otro lado impugnan una serie de casillas con lo que estarían implícitamente reconociendo anomalías en el proceso electoral.
Lo que, sin embargo, deja sin piso toda la pantomima leguleyo de la derecha es el intento de Calderón de iniciar la transición (hay un presupuesto en la Secretaría de Hacienda para este fin) sin haber obtenido la constancia de mayoría que entrega el TEPJF una vez que ha llevado a cabo la calificación del proceso electoral, para lo cual es preciso atender primero las impugnaciones y denuncias que se presenten.
¿Quién desconoce, entonces, la autoridad de las instituciones?¿Debería sorprendernos acaso que las instituciones de la “gobernabilidad democrática” hayan participado de una conspiración contra la democracia? En absoluto, porque es una falacia que vivamos en una verdadera democracia. Lo que realmente ocurre es que los poderes fácticos y en particular el poder real, el económico, se sirven impunemente de las instituciones del Estado no para llevar a cabo un proyecto de nación, lo que podría ser legítimo, sino exclusivamente para satisfacer su interminable codicia y poder imponer al pueblo los sacrificios que fueran necesarios para sostener sus privilegios.
Fines aviesos conllevan conductas deplorables con resultados contraproducentes cuando los pueblos se hartan y enfrentan a sus explotadores. “Están promoviendo el odio de clases”, repelen éstos cuando se desnudan sus medios para “alcanzar el éxito”, como si los pobres necesitaran que alguien les mostrara su miseria o no fueran capaces de constatar el gigantesco abismo entre sus condiciones de vida y los insultantes privilegios de los ricos, máxime cuando la televisión se encarga de estrujárselos en el rostro con lujo de insensibilidad y soberbia.
El desempeño de la Junta Ejecutiva del IFE muestra las verdaderas motivaciones de la derecha para dotar de “autonomía” a los órganos de regulación precisamente antes de una elección en la que se temía el triunfo de la oposición. La autonomía entendida en un sentido neoliberal forma parte de la estrategia de debilitamiento del Estado.
Paradójicamente el PRD acusado de ser un peligro para la estabilidad, el orden y las instituciones al defender su triunfo por la vía legal y orientar por esa misma vía el masivo apoyo popular (medio millón se congregaron en la Plaza de la Constitución en la primera asamblea informativa) estaría constituyéndose en factor de estabilidad y legitimidad de las instituciones.
El IFE podría salir adelante con la remoción del conglomerado de facciosos que forman su Consejo Ejecutivo, siempre que se transparente y se democratice la elección de su Junta Ejecutiva. El fracaso de la actual Junta se suma a la enorme pila de desatinos, errores y horrores de la tecnoburocracia neoliberal.
Para terminar, un mensaje al socialista que preside el Gobierno español: Sr. Rodríguez Zapatero, usted decidió equiparase a George W. Bush al ceder a la incontinencia y saludar, digamos, precipitadamente el “triunfo” de Felipe Calderón, saltando las formas diplomáticas y el respeto a las “instituciones democráticas” que son tan caras para su partido y para la corriente ideológica internacional a la que pertenece.
Es evidente que su premura ha de obedecer a las presiones que las transnacionales españoles ejercen sobre su despacho, baste con ver el triste espectáculo cotidiano que da el periódico El País, para sospecharlo con fundamento.
Lo propio ha de ser válido para el gobierno estadounidense que con el suyo comparten la pretensión de metrópolis para América Latina. A lo mejor cabría recordarle que se le están perdiendo dos siglos de historia, por más que las transnacionales de su país pretendan prefigurar un capitalismo carabelero.
¿Le suenan Repsol en Bolivia, BBVA y Santander en Argentina, Telefónica en Perú, quizá Repsol en México? Lo patético es que usted y su partido, se supone, son diferentes del execrable Partido Popular del Sr. Aznar, al menos en lo que se refiere al derecho a la autodeterminación y la coexistencia pacífica de los pueblos y al rancio hedor a franquismo de esa derecha que algunos ingenuos y otros cínicos consideran democrática y moderna. A lo mejor una democracia de pacotilla se merece unos socialistas de pacotilla.
¿Por qué será que las “buenas conciencias” que incendiaron la pradera por el “intervencionismo” de Hugo Chávez no hayan levantado la voz ni la mirada ante el impertinente y desfachatado intervencionismo de los nuevos centros coloniales? Es que el laizzes faire, laizzes passe, después de todo no es universal, es selectivo.
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