Rechaza el Gobierno Legítimo la reforma a la Ley del ISSSTE
La iniciativa de Ley del ISSSTE es una ley “espejo” de la Ley del IMSS que entró en vigor en 1997. Obedece al mismo esquema privatizador y tiene los mismos efectos perjudiciales para la pensión de los trabajadores y sobre los servicios médicos.
Tiene las mismas promesas que la del IMSS que hoy sabemos que no se cumplieron. Entonces, como hoy, los legisladores encargados de pasarla descalificaron todos los argumentos y las evidencias presentadas por los expertos en seguridad social y la ley se aprobó contra la protesta masiva de los trabajadores, académicos y expertos.
No se ha presentado un diagnóstico real y verificable sobre la situación del ISSSTE sólo pronunciamientos catastrofistas e incluso que una reforma de estas características fue recomendada por el Banco Mundial desde 1995 y reiterada en mayo 2001. Las autoridades responsables tienen el diagnóstico pero no ha querido ponerlo a discusión de cara a la sociedad y a los directamente involucrados.
Por ello y por las razones de fondo que aquí se exponen, el Gobierno Legítimo rechaza la iniciativa de ley del ISSSTE.
La pensión de los trabajadores será más baja.
El nuevo sistema de pensiones se basa en cuentas de capitalización individual con un monto de pensión desconocido que contrasta con el actual, en el cual el monto de la pensión es fijado en la ley.
La administración de estas cuentas se hará a través del sistema Afore-Siefore que cobra una comisión e invierte el fondo en la bolsa o papeles del gobierno. El monto de la pensión depende entonces del monto depositado en la cuenta del trabajador más los intereses ganados menos las comisiones cobradas por su administración.
Los últimos dos montos no se conocen de antemano y por tanto no se puede decir cuánto recibirá el trabajador en pensión.
Con la experiencia de las Afores, todo el mundo, empezando por CONSAR, reconoce que la pensión será mucho más baja que con el sistema actual porque con treinta años de cotización el trabajador apenas logra una pensión del orden del 25-30% de su último salario, mientras que las Afores sacan grandes ganancias.
A 10 años de funcionamiento éstas han ganado unos 25 mil millones de pesos. Además al trabajador le puede ir muy mal porque sobre el recae todo el riesgo de los fracasos de la inversión. Por ejemplo si cae la Bolsa de Valores se afecta su pensión pero no al Afore.
Los años de cotización y la cuota del trabajador se incrementan
El sistema de capitalización individual requiere entonces que el trabajador cotice más años y que pague una cuota más alta. Por ello en la iniciativa de ley se quita gradualmente la jubilación por años de servicio y se incrementa gradualmente la edad para jubilarse a 65 años y la cotización sube de 3.5% del salario básico al 6.125%.
Los trabajadores que acepten el “Bono de Pensión” entran en este esquema y todos los nuevos trabajadores. Habría que advertir que el monto del bono puede parecer importante pero es un papel y el trabajador nunca dispondrá de este dinero. Primero va a su cuenta individual que no puede tocar y luego se transfiere a una aseguradora privada para el pago de su pensión.
El ahorro de los trabajadores se entrega a los grandes grupos financieros
El Pensionissste funcionará como cualquier Afore y después de tres años los fondos pueden entrar a todas las demás Afores. Es decir los grandes grupos financieros ligados a los bancos y a las aseguradoras de pensiones tendrán en sus manos nuevos y cuantiosos fondos financieros –los de los trabajadores asegurados por el ISSSTE—primero en las Afores y luego en sus aseguradoras.
Esto les permite sacar ganancias mediante las comisiones de alrededor de 25% de los depósitos en las cuentas de los trabajadores. Pero además tienen en sus manos grandes cantidades de dinero para especular con el e, incluso, provocar altas y bajas en el mercado financiero según sus intereses particulares, sean estos económicos o políticos.
En el límite pueden causar un “crack” de la Bolsa o “fugar” masivamente este capital al extranjero.
Pensionissste es una concesión temporal a las cúpulas sindicales
Este organismo será quién maneje los ahorros de los trabajadores por tres años y es una especie de Afore Pública pero con características que le permitirán a Elba Esther Gordillo y Joel Ayala manejar discrecionalmente estos fondos.
El Pensionissste tendrá una Junta de Gobierno que se integrará por 18 personas de las cuales 9 serán representantes de los trabajadores y 9 del gobierno federal y el Banco de México.
La iniciativa no especifica el perfil profesional de los integrantes de la Junta y es poco probable que los representantes sindicales sean expertos en pensiones.
Por ello, la toma de decisiones en Pensionissste las llevara a cabo la Junta de Gobierno, que de acuerdo a su conformación establecida en la ley, será prácticamente controlado por Elba Esther Gordillo, de quién se comenta su poca transparencia al actuar, pero sí actúa en función de sus intereses particulares y no los de los trabajadores o la nación.
Es decir, manejará en un inicio a través de Pensionissste por lo menos 50 mil millones de pesos que podrán incrementarse a 160 mil millones durante los tres próximos años.
Pero aún más grave resulta, que la iniciativa establece que Pensionissste preferentemente deberá invertir los ahorros de los trabajadores en vivienda, generación de energía eléctrica, explotación de gas y petróleo y construcción de carreteras. Ninguna de estas opciones puede ser considerada como una inversión “segura y de alta rentabilidad”.
Por otro lado resulta absurdo e ineficiente que el tope para las comisiones que cobrará Pensionissste por el manejo de cuentas de los trabajadores será como “máximo” el promedio que cobren las Afores privadas en detrimento del ahorro de los trabajadores.
Las comisiones son precisamente de donde las cúpulas de la FSTSE y SNTE sacarán provecho para ellas y sus huestes.
Es importante señalar que actualmente la OCDE está desarrollando un informe sobre la urgente necesidad de replantear los órganos de gobierno de las agencias públicas y privadas que se dedican a manejar fondos de pensiones de los trabajadores, por ello sería imprescindible que los legisladores y sindicatos realizaran formalmente una consulta al respecto a este organismo internacional.
Los servicios de salud no mejoran
La situación de los servicios médicos prestados en el ISSSTE es grave. Tienen un déficit de infraestructura de por lo menos 4,000 camas hospitalarias y 25,000 equipos obsoletos así como falta de personal, medicamentos y otros insumos.
Le falta $4.6 mil millones para su gasto de operación. Como resultado hay un diferimiento de atención en todos los servicios que incluso puede causar la muerte de los pacientes.
El fondo emergente de $8 mil millones prometido en la iniciativa no alcanza para corregir esta situación. El incremento en las cotizaciones para el seguro de salud de 5.445% sobre el salario básico es gradual y no está completo hasta 2011.
Por la experiencia del IMSS es insuficiente la cotización de 1.345% para los servicios médicos para los pensionados lo que hace vislumbrar la permanencia del déficit en los servicios de salud.
Los servicios de salud rentables se privatizan
La iniciativa de ley contiene explícitamente la perspectiva privatizadora de los servicios de salud. Permite la transferencia de parte de los fondos de salud a la empresa médica privada; fondos que no serán utilizados para fortalecer los servicios del Instituto.
Para ello se establece un organismo financiero separado de las unidades médicas. Este organismo garantizará el “equilibrio financiero” del seguro de salud y firmará convenios o acuerdos de gestión con los prestadores de servicios médicos, sean estos del mismo ISSSTE o empresas privadas. Supuestamente este arreglo mejorará los servicios por la competencia entre los prestadores.
Donde este esquema se ha aplicado, por ejemplo en Chile o Colombia, los resultados han sido malos y están en revisión. Por un lado, ha llevado a restringir los servicios cubiertos por el seguro quitando los más caros cuya atención causan costos por encima del punto de equilibrio financiero. Para acceder a ellos se tiene que contratar un seguro complementario, público o privado, o pagarlos directamente.
Por el otro, el sector privado ha seleccionado para sí los asegurados con alta cotización, con bajo riesgo de enfermar o sanos, dejando para el sector público, en este caso el ISSSTE, los asegurados con baja cotización, alto riesgo y enfermos. Se privatizan así las ganancias y se socializan los costos.
Este esquema carga sobre el ISSSTE la mayor parte de la atención médica al tiempo que le quita una parte sustancial del incremento del fondo de salud.
La intención privatizador del gobierno de derecha también se ve en la afirmación en la exposición de motivos que dice que el ISSSTE ha alcanzado su máxima cobertura.
Esto quiere decir que ya no habrá más maestros o médicos o enfermeras en el sistema público y, por tanto el crecimiento de servicios educativos y de salud sólo se dará en el sector privado.
El costo de la reforma es altísimo para los contribuyentes
El costo de la reforma es muy alto para el erario y para los contribuyentes. El sistema de cuentas individuales no implica que las transferencias fiscales al ISSSTE para el pago de las pensiones vayan a desaparecer.
Van a seguir otorgándose y van a aumentar ya que el Estado asume el pago de las pensiones en curso y las de los que no entran al nuevo sistema. También pondrá el dinero para completar los fondos de los trabajadores para que alcancen la pensión mínima garantizada.
En términos prácticos el gobierno está expropiando los fondos de los trabajadores para ser invertidos en las áreas que el propio gobierno designe, cubriendo así la ausencia de una reforma fiscal progresiva. Sin embargo, al mismo tiempo, está trasladando el problema de las pensiones para dentro de quince años en el mejor de los casos, y el costo de ésto lo van a pagar los futuros jubilados con una pensión insuficiente.
A lo anterior se añade la emisión de los Bonos de Pensión a los trabajadores que opten por migrar al nuevo régimen, que es un título de deuda que emitirá por el gobierno federal sin contar con el aval del Congreso y por ello tiene vicios de inconstitucionalidad.
Sólo esta deuda lleva el costo de la reforma a unos 1.6 billones de pesos lo que corresponde aproximadamente a la mitad de la deuda total actual de la economía mexicana.
Adicionalmente, el Estado incrementará su contribución al seguro de salud y a la pensión en un 4.76% sobre el salario básico. Finalmente proporcionará fondos emergentes por $10 mil millones de pesos.
Si a este gasto se añaden los compromisos contraídos por el Estado para financiar la privatización del sistema de pensiones del IMSS se pone de manifiesto el enorme monto de recursos del erario público para subsidiar al sistema financiero privado sin beneficios para los trabajadores y el resto de los mexicanos.
Este dinero se debería usar para financiar otra reforma en beneficio del país y sus habitantes.
Urgente y necesaria una reforma alternativa de la seguridad social
El Gobierno Legítimo considera necesaria y urgente una reforma alternativa del sistema mexicano de seguridad social para corregir su deterioro generalizado y la pérdida de derechos.
El Gobierno Legítimo tiene como objetivo prioritario elevar el Estado de Bienestar a rango constitucional y, en este marco, las instituciones de seguridad social juegan un papel central. Estas instituciones deben mantener y fortalecer su carácter público, solidario, redistributivo e integral. Deben ser garantes de los derechos sociales de todos los mexicanos.
Las grandes cantidades de dinero que el Estado se ha comprometido dedicar a sus reformas privatizadoras de los institutos de seguridad social son suficientes para instrumentar la reforma alternativa de seguridad social. Alcanzan para fortalecer los servicios públicos de salud y darles viabilidad a largo plazo.
Las instituciones públicas fortalecidas pueden prestar servicios cruzados entre sí como el primer paso para un sistema público único de salud. Los fondos alcanzan para construir un sistema de pensiones solidario basado en un sistema de reparto proporcional que evita los altos gastos de administración y las extraordinarias ganancias del sector privado, pero que sobretodo que garanticen una pensión digna para los trabajadores y que esté administrado con transparencia por personal competente.
Si a esto se añade necesaria una política de austeridad republicana y de combate frontal a la corrupción, habría fondos suficientes para extender la pensión alimentaria universal a todos los adultos mayores de 70 años.
El día de hoy la ciudad de México vio llegar la primavera y un año más del natalicio de Don Benito Juárez García uno de los personajes históricos más importantes en toda la nación. Pero un ingrediente adicional y que sin duda marca diferencia cada día más, es el comienzo de la Segunda Convención Nacional Democrática, que tendrá mesas de trabajo y de discusión con distintos temas, todo ello para buscar la verdadera transformación del país y la defensa de la soberanía del pueblo.
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