MÁS IDEAS PARA APOYO EN OAXACA

IDEAS INMEDIATAS PARA CIUDADANOS:

- Informar en el hogar la realidad que estamos viviendo no importa el estado del país que sea.

- Llevar cartulinas en apoyo al pueblo oaxaqueño a la hora de llevar y recoger a los hijos en las escuelas.

- Portar el moño tricolor y otro negro para dar señal de luto por los caídos en Oaxaca.

- Escribir a todos los diarios y medios locales, nacionales e internacionales posibles.

- Realizar protestas en plazas, lugares públicos y en imágenes de FOX FECAL y ULISES mostrar el repudio a esos asesinos.

- Consultar los distintos blogs en Internet que están informando constantemente sobre el diario acontecer en el país.

Y DE PROCESO SEMANAL:

Mas de la denuncia contra los Fox,si esto sale hoy ,¿que le saldra a este par de rufianes en los proximos dias?

Icacos: ¡Viva la fiesta!
Anabel Hernández
Nota original:

El tiempo se agota. Y el pasado no perdona. Si tuviesen conciencia, los Fox y los Sahagún, con todas sus ramificaciones familiares y amistosas, tendrían que ver con preocupación el porvenir inmediato. Poco a poco, se sabe y se sabrá más de sus fechorías, aunque se ignora si el sucesor en Los Pinos estará en capacidad de ejercer la justicia a cabalidad para castigarlas... Del nuevo libro de la periodista Anabel Hernández –Fin de fiesta en Los Pinos (editorial Grijalbo)–, Proceso adelanta fragmentos sustanciales del capítulo IV, titulado “Las bacanales de la familia presidencial”, que describe tanto las francachelas como su escenario insólito: Las casas militares de la Base Naval de Icacos, en Acapulco, Guerrero.

Un diminuto cangrejo de patitas azules emerge de la dorada arena del Pacífico y camina por la playa cubierto con un pequeño caracol color carey que le sirve de camuflaje y guarida. En su andar va dejando unas diminutas huellas, casi imperceptibles, que se pierden cada vez que la ola transparente del mar llega y las cubre. Qué minúsculo parece el cangrejo al lado de los dos enormes barcos de la Secretaría de Marina anclados en la bahía donde se encuentra la Base Naval de Icacos, en Acapulco, Guerrero. Son fines de julio de 2006 y el sol de mediodía es de un esplendoroso verano.

Lo sigo con la mirada para ver a dónde van esas extremidades flacuchas como alfileres. Si el cangrejo hubiera seguido unos metros más, habría llegado a una impresionante mansión de dos pisos, extendida en más de mil 800 metros cuadrados justo a la orilla del mar, dentro de la Octava Zona Naval Militar. ¿Quién iba a decir que una magnífica residencia, más propia de Real Diamante, La Cima o Las Brisas, estaría dentro de la zona militar que un día sirvió de cárcel clandestina, lugar de muerte y tortura en la llamada guerra sucia?

La residencia está rodeada de altas paredes color crudo para que ni siquiera el personal naval que cruza por ahí todos los días irrumpa con sus ojos curiosos en la privacidad de quienes llegan a hospedarse. Pero del lado del océano Pacífico lo único que la separa del agua son unas esbeltas y bien tupidas palmeras que le sirven de cortina para ocultarla de quienes pasean en lancha dentro de la bahía.

Esta bellísima casa de color crudo, con enormes ventanales, terrazas con verandas y una inmensa alberca de mosaicos azules ha servido durante los seis últimos años de escenario para las bacanales y vacaciones de la familia presidencial, todo con cargo al erario.

Ésta es la enorme villa que el personal militar de Icacos llama “la casa presidencial” –según pude constatar porque estuve ahí–, y cuya existencia la Secretaría de Marina niega oficialmente para poder esconder los derroches del dúo del presidente Vicente Fox y Marta Sahagún, y de toda su parentela. (...)

Con quién y a dónde vayan a vacacionar o a dar sus fiestas el presidente de la República y su extensa parentela, es un asunto privado. El caso es de interés público porque en sus estancias en las casas propiedad del Estado gastaron dinero del presupuesto nacional, ya no sólo para ellos, sino para sus amigos, socios, compinches y mujeres, y porque las dependencias gubernamentales violan la Ley Federal de Transparencia a fin de mantener en secreto los gastos realizados y los hechos ocurridos en esas visitas.



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Corría el año 2002 cuando entró a tomar un par de cervezas en el restaurante bar Señor Frogs, en Acapulco. Había ido al puerto de negocios acompañado de un amigo, y se fueron a relajar un rato.

¡Cuál no sería su sorpresa cuando en el establecimiento se encontró a Manuel Bribiesca Sahagún acompañado de Guillermo Medina Plascencia, apodado Guillo, el hermano incómodo del senador panista Carlos Medina Plascencia, de Guanajuato, y amigo inseparable del primogénito de la primera dama! Los dos estaban solos, sin sus respectivas esposas.

Pasó de largo. No tenía ganas de encontrarse con Manuel. El 30 de noviembre de 2000, en el hotel Marriott de Campos Elíseos, en la Ciudad de México, había sido él quien había puesto en su lugar a Manuel Bribiesca, que andaba pavoneándose como si fuera el hijo del presidente cuando no era más que el retoño de la pareja sentimental secreta de éste, Marta Sahagún Jiménez.

En aquella ocasión, insultó a la señora Sahagún frente a Manuel, sin que éste dijera nada.

Ese día, en el Señor Frogs, Manuel Bribiesca lo reconoció enseguida y, para sorpresa suya, lo invitó a su mesa (y luego a desayunar al día siguiente a la casa de Icacos)...

El interior de la casa era de buen gusto, con elegantes muebles propios para una casa de playa. Se sentaron a desayunar en un antecomedor con vista a la piscina y a la playa. El servicio corrió a cargo de los marinos uniformados, quienes se movían con rapidez ante la impaciencia del vástago presidencial.

Manuel y su inseparable Guillo tenían caras de crudos. De hecho lo estaban: se veía que la velada de la víspera había sido intensa. Alardearon de llevar un mes de parranda, y de que acababan de llegar de las exuberantes y eróticas playas de Ibiza.

–¡Apenas llevamos 15 días aquí! ¿Cómo ves? –preguntó Manuel Bribiesca al visitante mirando por encima del hombro a su alrededor, como si todo lo que había le perteneciera a él y no al Estado mexicano–. Vicente todavía no la conoce, ¿tú crees? Entonces comprendió por qué lo había invitado: para presumirle que el fin justifica los medios y que finalmente él era el amo, que se había salido con la suya.

Entre el jugo, la fruta y los huevos, el hijo mayor de Marta Sahagún se pasó el desayuno hablando de sus millones. Él y Guillo mostraron jactanciosos a los invitados fotos de ellos abrazados a atractivas mujeres en las playas españolas.

Pero después, en tono aguafiestas, agregaron que sus respectivas esposas estaban por llegar con los hijos para vacacionar en familia.

–¡Así que hay que aprovechar! –dijo Manuel, invitando al desmán de esa noche.

Los invitados decidieron marcharse a pie. Ya no quisieron que los llevaran a su hotel, que estaba a menos de media manzana.

“Realmente era algo grotesco, casi vergonzoso, ver a todos esos sirvientes de la Armada pendientes de cada orden de Manuel”, me comentó luego en entrevista uno de los testigos de esa visita. Pero no: era una estampa que yo no podía imaginarme.



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Según personal adscrito a la oficina del presidente de la Repú-blica, a fines de 2001 la “casa presidencial” de Acapulco se remodeló ex profeso para deleite de la absurdamente llamada pareja presidencial y sus parientes. Y el mobiliario se renovó totalmente en elegante estilo contemporáneo.

Los primeros en ir a conocer las casas y dar una especie de visto bueno fueron Felipe Zavala, exsecretario privado de Fox, y Rosa María Cabrero, actual encargada de los asuntos personales del jefe del Ejecutivo.

De acuerdo con testimonios de colaboradores de la oficina de Fox, las casas se reservaban directamente con un subsecretario de Marina.

No deja de ser irónico, casi al borde de lo indignante, que este lugar, señalado por los testigos de la llamada guerra sucia como cárcel clandestina y territorio de tortura, muerte y humillación, se haya convertido en espacio de recreo y festín.

Quienes más usan el inmueble son Manuel y Jorge Alberto Bribiesca Sahagún, que han llegado a pasar largas temporadas de hasta más de un mes, a veces con intervalos de tan sólo 15 días. Sobre todo Manuel Bribiesca, porque su hermano menor iba más a la Casa Maya, en Cancún.

El hijo mayor de Marta Sahagún llegó a aprovechar la casa, propiedad del Estado, para ocuparla por las mañanas de oficina para arreglar sus asuntos con el desarrollo habitacional de viviendas populares Solidaridad I, II y III, y por las noches de espacio recreativo.

Manuel Bribiesca dividió sus estancias en Aca en dos clases: unas en plan de desmadre, en las que llegó a ir incluso con su pareja, Ivonne Vazquezmellado, y otras en plan familiar, en las que cada Semana Santa, verano y vacaciones de diciembre, después de Año Nuevo, iba con su esposa, Mónica, y sus hijas.

Marta Sahagún también iba a vacacionar con sus hermanos, sobrinos, nueras y demás, así como los hijos de Fox, Paulina, Ana Cristina y Vicente.

Según los testimonios recabados, durante las visitas de los retoños de la primera dama, no era raro que el personal naval llamara a Los Pinos para quejarse de las fiestas que organizaba.

El 25 de abril, a través de la solicitud 0001300010006, pregunté a la Secretaría de Marina sobre la existencia de esta casa, su costo de mantenimiento y quiénes eran sus usuarios.

“Solicito conocer cuántas casas tiene la Secretaría de Marina en el país para visitantes, ya sea internos o externos a la secretaría, y en qué lugares del país está cada una de ellas, así como el costo en mantenimiento de cada una.

“Solicito copia de las bitácoras o cualquier documento en el que hayan quedado registradas las visitas a las casas de la Secretaría de Marina ubicadas en el puerto de Acapulco, del 1 de diciembre de 2000 a la fecha, así como copia de los oficios mediante los cuales se solicitaron dichas casas para las respectivas visitas.

“Solicito los trámites con los que se debe cumplir para que personas ajenas a la Secretaría de Marina se hospeden en dichas casas.”

La respuesta de la dependencia fue que en Acapulco sólo hay zonas habitacionales para el personal militar; que unas las administra el ISSFAM y otras la propia secretaría, y que el mantenimiento se da con las cuotas de recuperación de los usuarios. Y se animó a añadir:

“La Marina no tiene casas para visitantes, por lo que no es posible responder a su solicitud relativa a la ubicación de éstas, el costo de su mantenimiento, bitácoras o cualquier otro documento en el que hayan quedado registradas las visitas a dichas casas ni los trámites que se deben cumplir para que personas ajenas a esta institución se hospeden en ellas.”

La Secretaría de Marina declara inexistente la magnífica residencia para no tener que explicar cuánto costó su remodelación a fines de 2001 ni el monto del nuevo menaje. Así, ocultando la inmensa casa como quien tapa el sol con un dedo, tampoco quieren explicar cuánto cuesta anualmente en mantenimiento ni cuánto se eroga en mucamas, cocineros, comida, bebida y todo lo demás que se paga con dinero del erario en cada visita de la familia presidencial y sus amigos.

Manuel, su hermano Jorge Alberto, Marta Sahagún, sus amigos y toda su parentela no son personal de la Marina, y sin embargo se la han pasado de lo lindo en la mansión. Tampoco son oficiales de la Marina Eduardo Sojo Aldape, excoordinador de Políticas Públicas de la Presidencia de la República, ni Ramón Muñoz, encargado de la Coordinación de Innovación Gubernamental, también de Los Pinos, quienes gracias a su amigo Vicente también han gozado de la residencia.

Incluso doña Mercedes Quesada viuda de Fox, a causa de su enfermedad, pasó largas temporadas en la residencia por prescripción médica para intentar regular su presión arterial. Allí la visitaban sus hijos y sus nietos. Evidentemente ella tampoco era integrante de las filas de la Secretaría de Marina.

Pero es verdad: en la Base Naval de Icacos, en Acapulco, no hay una sola casa de visitas; hay tres.

A fines de julio de 2006, entré en la inexpugnable zona militar para comprobar con mis propios ojos que la Secretaría de Marina había mentido en el papel.

Una vez pasado el retén militar, a la izquierda está el Hospital Naval de Acapulco, Octava Zona Militar, y a la derecha el Astillero de Marina número 18. Tras avanzar unos 200 metros empiezan a aparecer del lado de la playa unas hermosas y pintorescas casas de una sola planta, de paredes color mamey y techos blancos, rodeadas de hermosos jardines con palmeras, mangos y almendros, y cada una con alberca privada. Todas están a la orilla de la playa. (...)

La primera de las casas, explicó personal de la Zona Militar, es para el comandante de zona en turno, lo cual es natural y lógico. Las otras tres, de similar tamaño, más bien mediano, son para visitas, añadieron. Incluso cuando fui a una de ellas, estaba ocupada.

Del lado derecho hay oficinas y cuartos para “personal en tránsito”. La base naval está en un terreno de forma triangular bordeado por la playa y la carretera panorámica de Acapulco. (...)

El acceso a la base naval está totalmente restringido; nadie puede entrar, excepto personal militar, y cada visita queda registrada en una bitácora diaria, bajo el control de la Secretaría de Marina.

La vista no engaña. Tampoco las fotos satelitales de la Base Naval de Icacos. La casa de visitas, la residencia presidencial, allí está (...).


Mas del libro de Anabel:

El tiradero

Nota original
En su libro de inminente aparición, Fin de fiesta en Los Pinos (editorial Grijalbo), Anabel Hernández apunta que “más vale revisarles las valijas antes de que termine el sexenio”, ante el cúmulo de evidencias e indicios de lo mucho que se llevan y el tiradero que dejan.

La reportera se refiere, por supuesto, a la pareja presidencial y su parentela, y a la necesidad de examinar el equipaje con el que salen de Los Pinos, al cabo de un sexenio de excesos, equívocos, omisiones, complicidades, abusos…

En su búsqueda, Anabel confirma historias reveladas en su momento por Proceso y, en algunos casos, ahonda en ellas. Por ejemplo, los nexos de Vicente Fox y Marta Sahagún con Cosme Mares, presunto prestanombres de la familia presidencial, la red de complicidades que facilitó la fuga del capo Joaquín Guzmán Loera o la súbita bonanza de Manuel Bribiesca Sahagún.

Una parte de la investigación tiene respaldo documental, otra se basa en testimonios de personas cercanas a los hechos. La autora dice que sus archivos para este libro abarcan “más de 10 mil fojas” y que recabó declaraciones de “más de 120 personas”. Asegura conocer “el rostro, nombre y apellido de cada uno de ellos; los nombres de muchos los guardaré bajo reserva porque así me lo han solicitado para salvaguardar su integridad física…”.

Pero hay historias con asideros muy débiles, como el supuesto soborno de El Chapo Guzmán al presidente Fox “y su familia” para huir del penal de Puente Grande o las dudas sobre la muerte de Ramón Martín Huerta, quien presuntamente averiguaba negocios ilícitos de los hijos de Marta Sahagún (desde la confidencialidad, otras fuentes dicen exactamente lo contrario: que el secretario de Seguridad Pública facilitaba la operación de esos negocios).

El libro tiene hallazgos notables. Uno de ellos es la historia de la línea aérea de la familia presidencial, Avolar. Con base en documentos, Anabel demuestra los subterfugios de que se valieron Guillermo Sahagún Jiménez y Jorge Bribiesca Sahagún para encubrir su participación en la compañía detrás de un empresario poblano (Jorge Nehme) y obtener la concesión –con la complicidad obvia del secretario de Comunicaciones y Transportes, Pedro Cerisola.

“Ningún miembro de la familia presidencial está involucrado en Avolar”, sostuvo Cerisola en entrevista con Proceso. Sin embargo, Anabel exhibe el truco: la concesión fue solicitada por Nehme para su empresa Avolar Aerolíneas… pero fue finalmente otorgada a la compañía presidencial, Avolar Líneas Aéreas. La magia del poder.

Igualmente, destaca la indagación sobre “las bacanales de la familia presidencial”, que detalla el modo poco escrupuloso en que el clan Fox-Sahagún ha usado las residencias oficiales. El caso más escandaloso es el de la casa presidencial ubicada en la Base Naval de Icacos, en Acapulco, reporteada con todo detalle por Anabel. ?

Los Fox: Otro intento de despojo
Verónica Espinosa

Nota original:

SAN CRISTÓBAL, GTO.- Un grupo de propietarios de las parcelas que la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) pretende asignar al presidente Vicente Fox y su familia, presentó una demanda ante el Tribunal Unitario Agrario del XI Distrito para revertir la decisión de las autoridades.

Asesorados por la Confederación Nacional Campesina (CNC), los campesinos denunciaron que el pasado 3 de mayo, en una asamblea ejidal plagada de irregularidades –en donde estuvieron elementos del Estado Mayor Presidencial–, las autoridades de la SRA determinaron que los terrenos en los cuales se ubica la Congeladora San José, propiedad de Juan Pablo Fox Quesada, así como la presa y otras áreas de riego ocupadas por el presidente y sus hermanos, quedarían definitivamente dentro de la propiedad de los Fox.

Encabezados por el regidor de San Francisco del Rincón, el perredista José Guadalupe Cruz Pacheco, los 51 ejidatarios aducen que la resolución original, mediante la cual obtuvieron la titularidad de esos predios, data de 1937. Sin embargo, las autoridades agrarias federales intentan aplicar el Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares (Procede), con lo cual el fundo legal de San Cristóbal –que es parte del caserío que dio origen al poblado–, quedaría como parte de la “pequeña propiedad” de la familia Fox.

Los abogados de la CNC que apoyan al grupo inconforme critican al mandatario porque, aseguran, pretende donar ese predio o entregarlo a la comunidad “como si fuera una obra de caridad”. Esto es una ilegalidad, dicen, aunque así lo haya hecho en otros casos la Reforma Agraria. “El fundo legal es el origen de los ejidos, y es intocable. Y el Procede no debería modificar una resolución presidencial”, insisten los abogados de la CNC.

El grupo de ejidatarios también dirigió un escrito al titular de la Contraloría de la Procuraduría Agraria en el que denuncia las actuaciones del delegado Juan Antonio de León Torres; el visitador agrario Ezequiel Sánchez Gutiérrez, y el jefe de residencia, Alfredo Díaz Barbosa.

Los ejidatarios relatan que esos funcionarios no contemplaron la medición correcta de los predios, marcada en la resolución presidencial de 1937 y que está en el plano que aprobó el cuerpo consultivo agrario en 1946. Tampoco respetaron el amparo 449/1989 otorgado a favor del ejido en el que se ordena que el deslinde se cumpla conforme al plano de 1946 (y no a partir de un plano modificado que beneficia a los Fox).

Además, dicen los ejidatarios en su escrito, los planos de este nuevo deslinde de Procede no fueron exhibidos durante 30 días previos a la asamblea del 2 de mayo, como lo indica la normatividad en la materia. Por el contrario, convocaron a la fuerza pública, incluyendo a elementos de Seguridad del estado, policías ministeriales y colocaron vallas del Estado Mayor Presidencial para impedir el acceso de los inconformes a la asamblea del 3 de mayo.



Deslinde amañado



A través de sus abogados, los 51 ejidatarios le piden al Tribunal Agrario que se les respete la posesión de 200 hectáreas, y aseguran que “es evidente que la asamblea del 3 de mayo fue manipulada por los funcionarios de la Procuraduría Agraria.

“Con el Procede –agregan–, hacen un deslinde tomando en cuenta un plano posterior al de 1946 que, de entrada, no atiende cabalmente lo establecido en la resolución presidencial ni en el caminamiento original”, que debería ser una prueba plena para devolver al ejido predios como la presa y otras tierras de riego.

El alcalde Cruz Pacheco asegura que dicho caminamiento es la primera medición de campo que se efectúa sobre lo decretado en una resolución presidencial. “Es el primer acto material sobre la tierra afectada, sin distorsionar la resolución. Son los planos posteriores los que suelen registrar cambios amañados por los grandes propietarios”.

Entre los documentos que presentaron los ejidatarios en su demanda se encuentra un antiguo plano que fue elaborado “con base en la resolución presidencial de fecha 20 de octubre de 1937”, mediante el que buscan demostrar que esas tierras se entregaron definitivamente al poblado, y sostienen que con el acta de deslinde y amojonamiento del 19 de febrero de 2002 –que modifica el trazo del primer plano– las autoridades agrarias nuevamente recurren a un documento que favorece a la familia Fox Quesada.

Insisten en que este deslinde se realizó cuando Vicente Fox estaba ya en la Presidencia de la República, y se hizo en presencia del entonces delegado de la Procuraduría Agraria, Francisco Javier Cañada Melesio; del visitador Raymundo Nava, y de José Luis Fox Quesada –quien declaró que su presencia obedecía a su calidad de propietario de las tierras colindantes con el ejido–, así como de representantes de los ejidatarios inconformes, quienes se negaron a firmar el acta en aquella ocasión. De hecho, José Luis Fox tampoco lo hizo, fue Gumaro Martínez Pérez quien lo hizo en su representación.

Los asesores de la CNC aducen que “es absurdo que a los Fox se les hayan negado varios amparos y a pesar de ello hayan obtenido certificados de inafectabilidad. Claro, para ello contaron con el apoyo de la embajada de Estados Unidos y de funcionarios del gobierno federal. Ahora, a ver cómo atienden un asunto que lleva un interés personal para el presidente”.

Hace varias décadas, José Luis Fox Pont, padre de los Fox, no solamente obtuvo apoyo de la embajada estadunidense para estos efectos. También para aplazar el pago de contribuciones requerido por la oficina de rentas de San Francisco del Rincón, como lo refiere el oficio número 8617 fechado el 28 de diciembre de 1940, dirigido al delegado del Departamento Agrario y firmado por el administrador general de la referida oficina, Francisco Álvarez Jr., en el que este funcionario informa lo siguiente:

El señor José L. Fox Jr. (apartado no. 34, León, Gto.) en carta que dirige a esta oficina, dice lo siguiente: “Me han comunicado que usted ha llamado por teléfono recordando del pago de las contribuciones. El 29 de octubre p.p. los ejidatarios de San Cristóbal y El Desagüe obtuvieron una orden para que se les dieran tierras “donde ellos quisieran” de lo que fue la hacienda de San Cristóbal. Dado que esa orden era contra toda razón, pues los ejidos están dados en planos aprobados y en las fracciones que nos quedaron tenemos certificados, entrevistamos al C. Gobernador del Estado y fuimos a la Embajada Americana en México, gracias a lo cual logramos que dicha orden no se llevara a cabo.

El Ing. González, de la Brigada Agraria en León, estuvo aquí los días 16 y 17 del presente para llevar a cabo el deslinde definitivamente, el cual no se llevó a cabo por oposición de los ejidatarios, como ya en ocasiones anteriores ha sucedido. Estando en situación tan anormal no me conviene como vulgarmente se dice “meter dinero bueno al malo” y ese es el motivo por el que no les he remitido las contribuciones. Si ustedes me hicieran favor de escribir a Guanajuato haciendo ver la necesidad del deslinde, pues así pagaría puntualmente las contribuciones, se los agradecería…

Esta carta se encuentra entre los documentos entregados por el líder de la Alianza Braceroproa, Ventura Gutiérrez, al secretario de Gobernación, Carlos Abascal, como parte de un paquete de actas y testimoniales que presentó para solicitar una investigación que aclare la nacionalidad del padre del presidente Vicente Fox Quesada, ante los datos contradictorios asentados en los documentos oficiales de José Luis Fox Pont y de sus hijos, que dejan abierta la posibilidad de que los padres del presidente hubieran conservado su nacionalidad extranjera. Por consiguiente, Vicente Fox habría incumplido el requisito constitucional establecido para ostentar el cargo de presidente de la República.



Las presiones



Mientras tanto, los ejidatarios de San Cristóbal decidieron acudir ante el tribunal, independientemente de las mesas de trabajo que sostenían con funcionarios de la SRA, en virtud de que consideran tener a salvo su derecho de proceder por la vía de la justicia agraria, a pesar de que una de las condiciones para apoyarlos financieramente en proyectos productivos –oferta que les hizo la dependencia los días previos a los comicios del 2 de julio– era precisamente que renunciaran a cualquier posibilidad de establecer un litigio en contra de los Fox.

Actualmente, estas negociaciones se encuentran suspendidas.

Copias de la demanda interpuesta ante el Tribunal Agrario del XI Distrito –el único que existe en la entidad– fueron enviadas a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al Departamento de Derechos Humanos, Justicia y Desarrollo de los Pueblos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), al Congreso de la Unión y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

A fines de agosto pasado, los ejidatarios presentaron sus denuncias en forma individual porque así se los exigió el magistrado del Tribunal Agrario, sin embargo le pidieron por escrito que, como medida precautoria, ordenara que no se imprimieran los certificados parcelarios en el Registro Agrario, petición que fue rechazada.

Para colmo, el tribunal –cuyo titular es el magistrado Heriberto Leyva García– extravió cinco de los 51 expedientes que presentaron los denunciantes, además de que en un tercer intento declaró improcedentes los motivos expuestos por los demandantes.

En su desesperación, los ejidatarios solicitaron al magistrado que se declarara incompetente para conocer del proceso, “porque también se está prestando a los intereses de los Fox y está utilizando a las instituciones”. Además, le pidieron a Leyva García que turnara el caso al Tribunal Superior Agrario, con la esperanza de que en esa instancia no existan presiones que pudieran interferir en la resolución de su caso.

En respuesta, el magistrado advirtió a los ejidatarios que podrían hacerse acreedores a una multa de 500 pesos por “hacer diversas manifestaciones con las que dejan ver su notoria rebeldía a cumplir con lo prevenido por este tribunal, incluso dirigiéndose de manera incorrecta al suscrito juzgador…”.

Los ánimos se caldean cada vez más entre los ejidatarios de San Cristóbal, ya hubo un enfrentamiento a golpes hace unas semanas entre el regidor Cruz Pacheco y un integrante del Estado Mayor Presidencial, quien amenazó de muerte al alcalde.

Así mismo, tanto el presidente de la comisión auxiliar del ejido, Raúl Vallejo, como el delegado Lidio Ruiz Romero y su hermano Atanasio, presidente del comisariado, han sido denunciados por servirse de la fuerza pública y por recurrir a personal de la Secretaría de Gobierno del estado “para intimidarnos y despojarnos de nuestras parcelas… sin ninguna orden judicial ni administrativa, menos de amparo, nos han pedido que desalojemos nuestros predios…”, dicen los ejidatarios.

Los representantes del comisariado ejidal son apoyados permanentemente por fuerzas policiacas estatales y municipales, así como de elementos del Estado Mayor Presidencial destacados en el rancho San Cristóbal, quienes vigilan permanentemente los predios del grupo inconforme. ?

En el siguiente articulo analizan las mentiras sobre los motivos del traslado de la celebracion del grito fuera del DF a Dolores

¿Alguna pregunta?
Daniel Lizárraga

Nota original:

En vísperas de las celebraciones por el Día de la Independencia, el vocero presidencial, Rubén Aguilar, justificó el traslado de la ceremonia oficial a Guanajuato: simpatizantes de López Obrador pretendían desatar la violencia en el Zócalo de la Ciudad de México. Cuando Proceso solicitó el “reporte de inteligencia” en el que Aguilar basó la “responsable” decisión de Fox, las propias oficinas de la Presidencia y el Cisen respondieron: ese documento no existe.



Los Pinos y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) aseguran que no existe ningún documento oficial en el cual se reporte que organizaciones radicales hayan intentado provocar violencia en el Zócalo de la Ciudad de México la noche del 15 de septiembre.

Las oficinas de enlace de ambas instancias desmintieron al vocero de la Presidencia, Rubén Aguilar, quien en su conferencia matutina del 14 de septiembre habló sobre ese supuesto plan, elaborado por organizaciones incrustadas en la extinta coalición Por el Bien de Todos.

En respuesta a una solicitud de acceso a la información presentada por Proceso, la Unidad de Enlace de Presidencia señaló que no existe ningún archivo alusivo a ese incidente en las gavetas ni en las computadoras de su sistema, salvo las versiones estenográficas de las ruedas de prensa del 14 y 18 de septiembre pasados. Nada más.

Por separado, el Cisen confirmó que no existe ningún documento sobre un presunto plan de ataque a la población por grupos ligados a Andrés Manuel López Obrador durante la ceremonia del Grito de Independencia.

En su respuesta al correspondiente requerimiento de información, la Unidad de Enlace del Cisen explicó que buscó exhaustivamente en su acervo, pero no encontró ningún archivo que contuviera tal reporte.

El día anterior a la celebración de la Independencia, Rubén Aguilar justificó el traslado de la ceremonia oficial a Dolores Hidalgo, Guanajuato. El presidente Vicente Fox, dijo, lo había decidido así para proteger la vida de miles de personas que acudirían la noche del 15 de septiembre al Zócalo capitalino, pues se contaba con un reporte que alertaba del peligro ya descrito.

La reportera Marisa Rivera, de Televisa, interrogó de inmediato al vocero, quien le respondió: “Estoy en condiciones de informar que el gobierno de la República tuvo información de los servicios de inteligencia en el sentido de que algunas organizaciones radicales de la coalición Por el Bien de Todos tenían entre sus planes realizar actos de violencia en la plaza del Zócalo, en contra de la propia gente que acudiría a estas celebraciones”.

Y remató: “En alguien debía caber la responsabilidad y fue en el presidente de la República. Nadie gana, gana la prudencia, gana la responsabilidad”.

Aguilar incluso aportó detalles. Dijo a los reporteros que Fox había recibido el reporte durante una reunión privada, el miércoles 13 de septiembre, y ante el riesgo de violencia tomó la decisión de trasladar la ceremonia. Al final de esa junta, en la que estaba presente el secretario de Gobernación, Carlos Abascal, éste habló con el jefe de Gobierno capitalino, Alejandro Encinas, para proponerle que él encabezara el festejo en el Zócalo.

De acuerdo con la Ley Federal de Transparencia y con los criterios adoptados por el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), los documentos que se manejan en las dependencias públicas pueden ser solicitados por cualquier ciudadano y la única razón válida para no entregarlos es cuando se trate de una situación relacionada con la seguridad nacional. Pero este no fue el caso.



Presidencia: lo dijo el vocero



El pasado 15 de septiembre, este reportero hizo la siguiente solicitud de información a Los Pinos:

Requiero copias simples del o los reportes de inteligencia en poder de la Presidencia sobre la infiltración de grupos radicales que presuntamente pretendían reventar, como lo dijo el vocero Rubén Aguilar, el festejo del 15 de septiembre en el Zócalo.

La amenaza ya pasó y por lo tanto la información es pública. No se piden los nombres de los agentes, ni las técnicas, ni tampoco la forma en que obtuvieron la información. Se trata del reporte concreto sobre esos grupos, con todos los datos que contengan.

La Unidad de Enlace de la Presidencia envió un oficio de respuesta, fechado el 16 de octubre, en el cual destaca que las dependencias y entidades sólo están obligadas a entregar los documentos que generen, obtengan, adquieran, transformen o conserven por cualquier título.

“En este caso, no obra en los archivos de Presidencia de la República documento alguno impreso o electrónico con las características descritas en su solicitud”, puntualiza.

La unidad incluye las versiones estenográficas de las ruedas de prensa del vocero Rubén Aguilar celebradas el 14 y el 18 de septiembre. Son las únicas referencias encontradas sobre el tema.

Lo anterior contrasta con el panorama que dibujó Aguilar, quien aquel día le respondió a la reportera de Excélsior, Ivonne Melgar: “La única razón que se tomó en cuenta (para cancelar la presencia de Fox en el Zócalo), la razón radical que se tomó en cuenta, una vez que se tenían estos informes (de inteligencia), fue la defensa de la vida de las personas. No se puede arriesgar en ninguna circunstancia la vida de las personas, y tocó al gobierno federal, en un acto de responsabilidad, tomar esa decisión”.

–¿Todo este cambio de sede del grito era para preservar la vida de las personas? ¿Están considerando que pudo haber muertos? –preguntó Verónica Méndez, de W Radio, en la misma rueda de prensa.

–Sí, absolutamente, eso estamos considerando. Que había grupos dispuestos a eso –respondió Rubén Aguilar.

Su versión sobre ese supuesto reporte de inteligencia se difundió en todos los noticiarios de radio y televisión el propio 14 de septiembre.

Cuando se le preguntó directamente si la Presidencia tenía los nombres de las organizaciones radicales que pretendían atacar a la gente, Aguilar contestó: “Están absolutamente identificados esos grupos y, obviamente, ustedes lo habrán de entender por el manejo propio de la información de inteligencia, pues no vamos a abundar en más detalles sobre los mismos”.

En una revisión del Índice de Expedientes Reservados –administrado por el IFAI–, hasta el viernes 27 de octubre la Presidencia no había colocado ningún documento que, por su nombre, siglas o número pudiera estar relacionado con el reporte de inteligencia del que habló Rubén Aguilar.

Erick Camacho, reportero de TVC, también le preguntó al vocero presidencial en aquella rueda de prensa previa al Día de la Independencia:

–¿Los actos de violencia que pudieron haberse cometido incluían el riesgo de algún tipo de agresión en contra del presidente de la República?

–Con absoluta certeza –respondió Rubén Aguilar–; por estos servicios de inteligencia, nunca estuvo en juego la seguridad del señor presidente de la República, nunca.

Desde días antes de esas declaraciones, la tensión política aumentaba. López Obrador persistía en su intención de dar su propio grito en el Zócalo.

La declaración de inexistencia del reporte, elaborada en la Unidad de Enlace de Presidencia y que desmiente al vocero Rubén Aguilar, es un documento oficial. Antes de ser entregada al ciudadano que solicita los datos, debe cumplir con una serie de requisitos plasmados en la Ley Federal de Transparencia, entre ellos el de contar con la aprobación del Comité de Información del IFAI.

La declaración de inexistencia también sirve de base para que los comisionados del instituto analicen los recursos de revisión presentados por los ciudadanos. Al final de cada expediente, los comisionados confirman la inexistencia o, en su caso, la revocan.



Inteligencia ficticia



Ante la insistencia de los reporteros por conocer más detalles sobre el controvertido reporte, Rubén Aguilar dijo en la mañana del 14 de septiembre que el reporte entregado a la Presidencia fue elaborado por servicios de inteligencia.

Una reportera de Milenio Diario lo cuestionó:

–Me gustaría conocer, señor vocero, si este servicio de inteligencia se trata del Cisen.

–Sí, fueron diversos cuerpos de seguridad los que coincidieron en la observación a la cual he hecho referencia; no sólo el Cisen, también otros agrupamientos de seguridad del Estado mexicano. Ellos mismos estiman, en razón de la información que poseen, que no habría ningún problema el 16 de septiembre, sino que todo estaba concertado en un acto o actos en la noche del 15 en el Zócalo, cubiertos al tenor de la noche y en la masa que estaría ahí presente –respondió el portavoz de Vicente Fox.

Sin embargo, en su respuesta a la solicitud de información presentada el 16 de septiembre, la Unidad de Enlace del Cisen negó que sus agentes hayan participado en un operativo de observación durante los días previos a la ceremonia oficial del Grito de Independencia. Así mismo, negó categóricamente haber mandado a Los Pinos un informe con las características descritas por Rubén Aguilar.

Al igual que la Presidencia, el pasado 16 de octubre el Cisen aclaró que sólo podía poner a disposición de Proceso archivos o documentos que existan o que hayan trabajado sus agentes.

“Tras realizar una búsqueda exhaustiva en el acervo institucional, no se encontró documento alguno que se ajuste a la descripción proporcionada por usted. Lo anterior actualiza la hipótesis normativa del primer párrafo del artículo 42 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental”, indica.

No obstante, Rubén Aguilar utilizó ese documento inexistente para realzar la imagen presidencial: “Estamos muy orgullosos de tomar esta decisión en defensa de la vida de las personas que asistirán al Zócalo de la Ciudad de México. Nos congratulamos de que, con esa actitud, hayamos podido inhibir estas acciones que los servicios de inteligencia mexicano habían detectado”.

Este caso es atípico. Las unidades de enlace de la Presidencia y del Cisen usualmente clasifican los archivos que los funcionarios mencionan ante los reporteros.

Así sucedió, por ejemplo, cuando las secretarías de Relaciones Exteriores y de Gobernación intentaron mantener en secreto, durante 12 años, el reporte por medio del cual se enfriaron las relaciones diplomáticas con Cuba. Lo mismo ha sucedido con los expedientes relacionados con el presidente venezolano, Hugo Chávez. Pero en esta ocasión, la Unidad de Enlace de la Presidencia desmiente al vocero del propio Vicente Fox.

A mes y medio de sus declaraciones, nadie más dentro del gobierno ha corregido, pero tampoco ha respaldado a Rubén Aguilar. El secretario de Gobernación, Carlos Abascal, sólo confirmó el diálogo con el jefe de Gobierno en la Ciudad de México, Alejandro Encinas.

Y en vísperas del aniversario de la Revolución Mexicana, el 20 de noviembre, el gobierno federal se volvió a enredar cuando anunció la cancelación del acostumbrado desfile deportivo.

Al igual que en el caso del 15 de septiembre, el vocero presidencial tuvo un papel protagónico. En varias ruedas de prensa, Aguilar dijo a los reporteros que el desfile sería suspendido para dar paso a un nuevo tipo de celebración, “mucho más cívica”, y que la decisión no estaba relacionada con el hecho de que ese mismo día López Obrador tomaría protesta como “presidente legítimo” ante sus seguidores.

Pero el secretario de Seguridad Pública federal, Eduardo Medina Mora, expresó que sí se trató de evitar condiciones de confrontación. A diferencia de aquel 14 de septiembre, nadie trajo a colación supuestos reportes de inteligencia. ?

Yo, Fox
Jorge Carrasco Araizaga

Nota original:
La intensa utilización de los medios de comunicación por parte de Vicente Fox se convirtió, al final de su sexenio, en un testimonio de los yerros, mentiras y manipulaciones en que incurrió como presidente en casos como el protagonismo de Marta Sahagún, su papel en el desafuero de Andrés Manuel López Obrador y su injerencia en la elección presidencial.

Una edición especial del Fondo de Cultura Económica (FCE), que incluye una selección de las entrevistas que concedió a medios nacionales y extranjeros, deja constancia de su fracaso en lo relativo al acuerdo migratorio con Estados Unidos, el combate a la corrupción y sus expectativas al final del sexenio.

Vicente Fox Quesada: encuentros con los medios es el título del compendio de entrevistas que entró en circulación en todo el país, con un tiraje de 5 mil ejemplares.

Catalogada en la Colección Editorial del Gobierno del Cambio, la publicación da cuenta de los contrastes entre el discurso presidencial de Fox y los hechos de la vida pública de México durante su sexenio.

Según Fox, “este libro es pionero en su género”. En su introducción, el presidente va todavía más lejos cuando afirma: “estoy seguro de que (el texto) servirá también como un importante referente para que en el futuro todos aquellos estudiosos de la historia y el desarrollo de nuestro país puedan comprobar y comparar lo que aquí se expone –en cuanto a las decisiones y razones de las acciones del gobierno del cambio–, con las consecuencias a largo plazo para nuestro país”.

Cada una de las 26 entrevistas incluidas es antecedida por una presentación en la que Fox pretende que el lector valore la trascendencia de sus decisiones de gobierno, “las principales problemáticas enfrentadas durante su gestión y las políticas públicas emprendidas para resolverlas”.

Un tema reiterado en las entrevistas son sus propósitos de fin de sexenio. En la primera entrevista compendiada, que le hizo Raúl Sánchez Carrillo, del Núcleo Radio Mil, dijo en enero de 2001, a un mes de haber asumido la Presidencia de la República:

“Al final, ¿qué queremos en los seis años? Yo espero haber reducido los niveles de pobreza del país en 30%. Si tenemos hoy 40 millones de pobres, yo espero terminar al final de este sexenio habiendo reducido eso a 28 millones de pobres en el país.”

Con Jane Clayson, de la televisora estadunidense CBS, abundó un mes más tarde: Al fin del sexenio, dijo, veo “el regreso a México de la rendición de cuentas y el estado de derecho. Para mí ese es el principal reto, pues hacer que crezca la economía, hacer la revolución que vamos a hacer, con estabilidad política, depende de nuestra capacidad de erradicar la corrupción y vivir de acuerdo con la ley”.

El 1 de junio de 2005, con Kevin Sullivan y Mary Jordan, de The Washington Post, fue más ambicioso: “Cuando entregue mi gobierno a otro, el 30 de noviembre de 2006, será mucho, mucho mejor que el gobierno que recibí… será un mejor país con mejor gente, con una mayor riqueza de capital humano, con cambios positivos en educación y salud, con más apego a la ley, con menos corrupción de la que heredé y con mucha más verdad, honestidad, ética y moralidad de la que recibí”.

A su mujer, Marta Sahagún, no sólo la alabó porque “todo lo hace bien” en sus “responsabilidades políticas y tareas del hogar”, como le dijo en 2002 a Mikhail Gusman, corresponsal de la agencia Itar-Tass, sino que la exculpó de su protagonismo.

En 2004, en pleno proceso preelectoral, en una entrevista con Adela Micha en el noticiario Las Noticias por Adela, de Televisa, responsabilizó a los medios de haber “candidateado fuertemente” a su esposa para la Presidencia de la República.

Los mismos periodistas de The Washington Post le preguntaron acerca del protagonismo de su esposa. Fox señaló: “No me importa (que ella tuviera más presencia que él en la prensa). Yo le digo a la gente que no me importa. Estoy a favor de eso, me gusta que sea exitosa”.

En su compendio, en el que “se abordan eventos y temas políticos nacionales que pueden calificarse con el adjetivo de cambio” (sic), Fox incluyó una entrevista de marzo de 2006 con Walter Meade, de Novedades de Tabasco, en la que alude a la demanda de su esposa contra Proceso y la periodista Olga Wornat, por supuesto daño moral:

“Yo aprecio a los medios de comunicación que actúan con responsabilidad cuando ejercen a plenitud su libertad. Por eso, a veces he sido muy crítico con quienes abusan de la libertad perdiendo el respeto a los demás, calumniando; esa no es una buena manera de ejercer la libertad”. Fueron casi las mismas palabras que utilizó en 2005 al iniciarse el juicio por el agravio reclamado por su esposa.

Uno de los temas recurrentes en las entrevistas que tuvo con la prensa nacional y extranjera entre 2004 y 2005 fue su papel en el desafuero del entonces jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador.

Entrevistado en abril de 2004 por los corresponsales del diario El País, Juan Jesús Aznares, y de La Vanguardia de Barcelona, Joaquín Ibarz, Fox negó que su gobierno estuviera actuando contra el perredista.

Cuando conversó con Adela Micha, medio año después, aseguró: “Me han traído el tema a la Presidencia de la República para que lo resuelva… (pero) no se puede tomar y decidir políticamente un asunto que es jurídico”.

El asunto dominó la agenda nacional durante meses y a Pedro Ferriz de Con, del Grupo Imagen, le declaró en noviembre de 2004 en torno a las acusaciones de que era el promotor del desafuero:

“¡Rechazo categóricamente esa acusación y ese señalamiento que se ha hecho persistentemente! No por estar repitiendo una mentira o una calumnia ésta se va a convertir en verdad. Mi obligación es cumplir con la ley… Lo único que han hecho el Ministerio Público y la Procuraduría General de la República es cumplir con la ley.”

Pese a las evidencias de que el propósito del desafuero era sacar a López Obrador de la contienda presidencial, en diversas entrevistas Fox defendió su “imparcialidad” en el proceso electoral.

Cuando en marzo de 2005 Joaquín López Dóriga le preguntó cuál era su papel en dicho proceso, el presidente dijo que su actuación sería “totalmente imparcial” como jefe de Estado. “Me comportaré a la altura, ahora, mañana y en el resto del proceso electoral”.

Pero sus palabras fueron desmentidas por el propio Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación cuando calificó la elección presidencial. En su dictamen del pasado 6 de septiembre, los magistrados electorales determinaron, por unanimidad, que Fox sí intervino y que su actuación “puso en grave riesgo” la elección.

En febrero de 2006, ya con la propuesta en el Congreso estadunidense para construir un muro en la frontera –y firmada por el presidente George Bush el pasado jueves 26–, les dijo a Greg Brown y Marisol Rueda, de la revista Latin Trade:

“Creo que estamos por primera vez muy cerca de llegar a un acuerdo migratorio en el Congreso de Estados Unidos”. Y a Geri Smith, de Business Week, le aseguró el 10 de marzo 2006: “La relación (con Estados Unidos) es más fuerte que nunca”.

En materia de seguridad, el 13 de marzo de 2001, les dijo a Jorge Fernández, Guillermo Ortega y Raúl Peimbert, de MVS, que contaba con “cinco ases” para combatir la delincuencia y que por primera vez en la historia de México se coordinaban. Fox se refería a su Comisión de Orden y Respeto que fracasó precisamente por la falta de coordinación entre los titulares de las secretarías de la Defensa, Marina, PGR, Seguridad Pública y la Contraloría General de la República.

A esos mismos periodistas les comentó que la Contraloría ya había logrado “acuerdos con la sociedad para erradicar este mal de la corrupción, tanto de la esfera pública como de la esfera privada”.

Tiempo después, en medio del escándalo por los presuntos actos de corrupción de sus hijastros, los hijos de Marta Sahagún –que fueron investigados por una comisión especial del Congreso–, Fox le declaró a Mario Vázquez Raña, presidente de la Organización Editorial Mexicana, el 30 de noviembre del año pasado:

“Me parece sorprendente que el Congreso de la Unión dedique tanto tiempo a eso. Sin embargo, bienvenido, ¡qué bueno!, que le metan todo el tiempo que quieran las diputadas de oposición que están encargadas de esto, ya que al final tendrán que decirle al pueblo de México qué encontraron… la transparencia está, la rendición de cuentas está. Lo que sí hay son acusaciones y señalamientos que no se sostienen y que no van a tener resultados porque no hay nada en ese sentido.”


Y EN ESTE NUMERO COMENTAN DATOS DEL NEFASTO BOURS EL CACIQUE IMPUNE DE SONORA:

Sonora Bours, Inc.
José Gil Olmos

Nota original:
HERMOSILLO, SON.- A Eduardo Bours Castelo, nacido en Cajeme, le dicen en su tierra que es “el más panista de los priistas” por su estrecha relación con el dirigente nacional del PAN, Manuel Espino, con el presidente Vicente Fox, con la dirigente magisterial Elba Esther Gordillo y ahora con el presidente electo Felipe Calderón, a quien le hizo su campaña en el estado.

“El rumor aquí es que él va a pelear la candidatura presidencial en 2012, pero por el PAN, sobre todo después del golpe que éste le dio a su partido en las pasadas elecciones, cuando Bours apoyó a Felipe Calderón”, advierte la diputada perredista Petra Santos.

Hasta el pasado 2 de julio todo parecía ir sobre rieles para el gobernador. Con la victoria de sus candidatos en Hermosillo y Cajeme –antes en poder del PAN– y en 16 diputaciones locales, Bours parecía tener el control político total en el estado y con ello asegurar su futuro para apuntalar su proyecto nacional.

El investigador de El Colegio de Sonora, Álvaro Bracamontes, asegura que la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) de anular dos diputaciones plurinominales le cambió el escenario político a Bours, quien se ha caracterizado siempre por querer tener todo el control.

Pero no por ello el mandatario ha dejado de promover su imagen en los medios, “que lo han convertido en una figura casi mítica localmente”, dice el doctor Bracamontes, experto en temas económicos. Y es que a él le gusta dar una buena imagen a los sonorenses. En las fotografías o videos donde aparece siempre se le ve impecable, con trajes finos, costosos relojes y un cabello perfectamente arreglado…

De buena cuna, Eduardo Bours se esmera por proyectar su imagen de político y empresario exitoso, que resulta onerosa para los sonorenses. Le ha costado aproximadamente 170 mil pesos diarios al erario estatal, según se consigna en el presupuesto de 2005.

Impulsado por Luis Téllez, secretario de Energía durante el gobierno de Ernesto Zedillo y uno de los priistas que se acercaron a Felipe Calderón durante su campaña, Bours fue integrante del equipo negociador del Tratado de Libre Comercio en el área agropecuaria.

En pleno apogeo salinista, Bours participó como consejero o como miembro del consejo de administración de 11 empresas públicas y privadas, entre ellas Bachoco, Probatura, Herdez, Grupo Azucarero Mexicano, Fondo para la Capitalización e Inversión del Sector Rural, Banco Nacional de Comercio Exterior, Nacional Financiera y la Bolsa Mexicana de Valores.



La hora de las alianzas



Proclive a los reflectores, en 1995 Bours fue el defensor de un grupo de empresarios afectados por el crack financiero al encabezar la Unidad Coordinadora para el Acuerdo Bancario Empresarial (UCABE), lo que le valió las críticas de los legisladores de la oposición, a quienes contestó con amenazas de presentar denuncias judiciales por “difamación, daños morales y lo que resulte”.

También bajo la égida salinista, hizo negocios con Carlos Hank González, con quien formó una empresa de exportación de productos agroindustriales, por lo cual fue denunciado en los medios por haber incurrido presuntamente en tráfico de influencias para aprovechar las ventajas del Tratado de Libre Comercio con Costa Rica a través de la empresa Dovimex.

Pero donde el gobernador atrajo más los reflectores fue con la liquidación de la empresa Del Monte, propiedad de Carlos Cabal Peniche, que posteriormente entró al Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa). La empresa tenía un avalúo de 270 millones de dólares y fue vendida sólo en 25 millones. Sin embargo, una vez vendida se revalúo en 270 millones y, a través de la New York Stocks Exchange, fue lanzada al mercado, donde logró una capitalización inmediata de 750 millones de dólares.

En 1997, se publicó en diversos medios que Bours había recibido 321 mil dólares por la venta de Del Monte. Además, un grupo de accionistas minoritarios con sede en Miami interpuso una demanda contra el empresario sonorense por esa fraudulenta transacción.

En medio de estos escándalos, Eduardo Bours comenzó a abrirse camino en la política. En las elecciones de 2000, fue el encargado de conseguir el dinero para la campaña de Francisco Labastida. Luego llegó al Senado, desde donde saltó al gobierno de Sonora, que ganó por un margen estrecho frente a Ramón Corral, quien impugnó su triunfo alegando fraude.



Negocios de familia

Eduardo Bours proviene de una familia acaudalada. Cuentan en Hermosillo que, el 1 de enero de 1952, su tío Enrique compró 700 pollitos, que sobrevivieron en la cochera de su casa gracias a los cuidados de su esposa Beatriz, quien había estudiado ingeniería industrial en California. Semanas después, el matrimonio comenzó a vender los primeros huevos entre sus vecinos y ahí se erigió el negocio avícola de los Bours, que se sumó a la concesionaria Ford que la familia tenía en Sonora.

Durante los siguientes 10 años, la empresa avícola familiar se extendió por todo el estado y en 1971 los Bours deciden incursionar en el negocio del pollo. Bachoco ya es una realidad. En 1992, instalan sus oficinas centrales en Celaya, Guanajuato, donde Eduardo Bours conoce al gobernador Vicente Fox, con quien inicia una amistad que perdura hasta hoy.

La riqueza de la familia, sin embargo, se ha ampliado desde que Eduardo Bours Castelo llegó al gobierno del estado. La agencia Ford, por ejemplo, es un negocio familiar que provee de autos a todos los funcionarios del gobierno estatal.

Además, la compra y venta de terrenos para el clan Bours ha crecido en los municipios de Hermosillo, Nogales, Cajeme, Guaymas y principalmente en Puerto Peñasco, el centro turístico de mayor crecimiento en el país donde la familia del gobernador ha invertido en los desarrollos Sonora Spa Resort, Sonoran Sun Resort y Sonoran Sea Resort, a través de la empresa Sonoran Resort, donde tienen 33% de las acciones.

Sin ninguna pena, el mes pasado el propio gobernador Bours llevó al presidente Vicente Fox al hotel de la familia, el Sonora Sun, y ahí reveló que había ayudado a sus amigos a conseguir 2 mil millones de pesos de la iniciativa privada para este puerto turístico.

La familia Bours está interesada en comprar el desarrollo turístico Playa Norte con 3 mil 500 hectáreas, en el cual se tiene proyectado la construcción de 2 mil condominios con una inversión de 108 millones de dólares. El problema es que el desarrollo residencial turístico enfrenta un juicio que lo tiene detenido desde principios de 2005.

El negocio inmobiliario de la familia Bours no para ahí. Ricardo Bours Castelo, hermano del gobernador, es vicepresidente del Proyecto Impulsor, el detonador de proyectos de desarrollo del gobierno.

Contraviniendo también la ley que impide hacer negocios familiares desde el gobierno, Eduardo Bours compró en 2005 a sus primos Rossana, Jesús, Beatriz, Anabella, Jesús Rodolfo y Mónica Robinson Bours Muñoz, por 10 millones 500 mil pesos, cinco lotes ubicados en Ciudad Obregón.

La transacción inmobiliaria fue un escándalo. El PAN y PRD calificaron de “inmoral” e “ilegal” la transacción que realizaron el entonces coordinador ejecutivo de la Comisión Estatal de Bienes y Concesiones, Emeterio Ochoa, y el secretario de Hacienda del estado, Guillermo Hopkins, con la representante legal de la familia, Rossana Robinson.

El secreto de ese negocio se guardó un tiempo, a pesar de las peticiones de legisladores locales y del periódico El Imparcial que solicitaban información al mandatario sonorense, hasta que Eduardo Bours declaró:

“No es legal ni es inmoral la compra de estos terrenos, se hizo tal como lo marca la ley. El precio en que inicialmente se pretendía vendernos era de 140 dólares por metro cuadrado, pero se llegó a un acuerdo, a lo que se dijo en el avalúo.”

Paradójicamente, en estos terrenos el gobernador Bours piensa construir el Centro Integral de Procuración de Justicia para el sur de Sonora.

¿Cuánta sangre más?
Pedro Matías y Rosalía Vergara

Nota original:
La violenta jornada del viernes 27 evidenció el desbordamiento del conflicto en Oaxaca. Sean cuales fueran las estrategias de los antagonistas, ya fueron rebasadas por la muerte de más integrantes del magisterio y de la APPO, así como por la exigencia de Washington de poner orden en el estado tras el asesinato de un ciudadano estadunidense. O como dijo el líder Flavio Sosa poco antes de que sonaran los balazos: “Tiene que llover fuerte para borrar tanto agravio”.

OAXACA, OAX.- Mientras el embajador de Estados Uni-dos en México, Antonio O. Garza, deploraba el asesinato en esta ciudad del periodista Bradley Will –su “muerte sin sentido, dijo, destaca la necesidad de que se retorne al imperio de la ley y el orden” en la entidad–, la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) reportó que en las balaceras del viernes 27 en la capital del estado falleció también el maestro del sector D-III-34 de Candelaria Loxicha, Emilio Alonso Fabián.

Y en tanto que el asesinato de Bradley, quien formaba parte del centro de prensa independiente Indymedia Nueva York, acaparó los titulares de las páginas noticiosas en internet y en los programas informativos de radio y televisión por tratarse de un comunicador estadunidense, los integrantes del movimiento reportaron más de 16 heridos, un desaparecido y tres profesores secuestrados. El gobierno estatal reconoció tres muertes.

Al desbordarse la violencia en Oaxaca, el presidente Vicente Fox decidió no irse a descansar, como cada fin de semana, a su rancho San Cristóbal, y se reunió “de emergencia” con su gabinete de seguridad en Los Pinos.

De acuerdo con la APPO, durante el día que realizaron su llamado paro nacional hubo al menos 15 balaceras en diversos puntos de la capital del estado, cuyo centro está prácticamente sitiado.

Enrique Rueda Pacheco, dirigente de la Sección 22 del magisterio, se dio por enterado de los sangrientos hechos al salir de una reunión con el secretario de Gobernación, Carlos Abascal Carranza, a quien le pidió medidas de seguridad para el regreso a clases, el pago de salarios caídos y que se retiren las órdenes de aprehensión contra los profesores que participaron en los bloqueos.

Esa misma noche, Rueda lamentó la violencia en la capital del estado y sostuvo que los maestros seguirán privilegiando la vía política.

En contraparte, el delegado magisterial Rafael Rodríguez Enríquez, quien fuera preso político por supuestos vínculos con el Ejército Popular Revolucionario (EPR), había anticipado que aun si la Sección 22 regresaba a clases en días próximos, el movimiento proseguiría en las comunidades del estado porque ya rebasó la mera postura reivindicatoria de demandas salariales de los maestros y se ha convertido en un programa de largo plazo contra los rezagos sociales.

“Los maestros somos 70 mil, que estamos en 14 mil escuelas. Eso significa la penetración en las diferentes comunidades de los 570 municipios. Es un enorme ejército político que puede desarrollar un trabajo de construcción en las comunidades, en cada escuela, en cada barrio, en cada colonia”, afirmaba poco antes de que se desataran las balaceras.

Y añadió que, si bien durante los cinco meses del conflicto la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) ha sido la columna vertebral de la APPO, el regreso a clases sólo replantearía las formas de lucha en las comunidades.

Lo aclaró porque algunos sectores de la APPO veían la vuelta a las aulas como una traición, pero ahora, dijo, “corresponde a otros actores de la sociedad cumplir esa etapa, durante la oxigenación del magisterio. Es la necesidad de reorganización misma”.

En Oaxaca, señaló Rodríguez, existe “un movimiento similar al de Bolivia”, donde la marginación social de los indígenas rebasó los límites y estalló la lucha social. Por lo tanto, sostuvo, la APPO “tiene que organizar y canalizar debidamente el hartazgo” para que el pueblo oaxaqueño se organice y fortalezca la organización.

Y reconoció debilidades: “No tenemos armas de fuego; a lo mucho tenemos bazucas hechizas. Entonces, ¡qué mejor forma de responder a las balas que la organización misma!”

“Si la APPO revalora la necesidad de construcción política, social y comunitaria, va a tener futuro y puede convertirse en una instancia representativa del pueblo oaxaqueño”, indicó.

Coincidía con él Flavio Sosa, uno de los dirigentes de la APPO: “Suponiendo que los maestros regresen a clases –lo que está en duda por la violencia del viernes 27–, nadie asegura que el movimiento va a terminar. Los maestros pueden fortalecerse desde las comunidades y levantarse mucho más. Puede trasladarse el movimiento a las regiones y ahí ya nadie va a parar la violencia”.



A punto de tocarse



Desde el punto de vista del delegado magisterial Rodríguez Enríquez, el movimiento social de Oaxaca está enmarcado en la lucha política nacional, y así deberá seguir para dar pie a la lucha legislativa por las causas campesina e indígena.

No obstante, explicó por qué la APPO no puede condenar la lucha armada: “Hemos visto manifestaciones de diferentes grupos armados, comunicados del EPR, FARP, Tendencia Democrática Revolucionaria –que aglutina a diferentes organizaciones y núcleos guerrilleros–, manifestaciones del EZLN, y del ERPI. Hemos visto un sinfín de manifestaciones de apoyo (al movimiento social, provenientes) del movimiento armado”.

Sin embargo, reconoció que las vías políticas y las armadas no han confluido: “Se pueden cruzar en el momento en que el gobierno intente reprimirnos y desalojarnos, y es peligroso que se crucen. La APPO con sus diferentes barricadas va a responder al nivel de autodefensa, con bazucas hechizas, bombas molotov, y ellos con armas. Puede haber muertos, desaparecidos y presos. Es ahí donde le corresponde al movimiento armado responder o quedarse tranquilo”.

Los integrantes de la APPO, reiteró el profesor Rodríguez poco antes de la violenta jornada del viernes, “no estamos preparados para la lucha armada, pues no es un asunto de aventuras, ilusiones o buenas voluntades. El movimiento armado tiene otra tendencia, otra formación”. Por lo pronto, enfatizó “tiene que haber respeto” y se debe agotar la lucha política.

En ese mismo tenor, la semana pasada el investigador del Colegio de Postgraduados de la Universidad de Chapingo y coordinador del Movimiento Nacional Organizado Aquí Estamos, Gildardo Espinosa Sánchez, anunció que se instalaron 26 campamentos en apoyo a la APPO en igual número de entidades.

Y advirtió que si el gobierno federal optaba por la represión, corría el riesgo de que los 17 grupos guerrilleros que existen en el país entraran en acción y sobreviniera una etapa muy cruenta.



Revuelta mayor



El analista más agudo se va a quedar corto respecto de lo que en realidad va a pasar en Oaxaca, decía convencido Flavio Sosa. Su seguridad de que se trataba de una revuelta social de gran alcance se fundamentaba en que “se está cuestionando todo: el papel de los medios de comunicación, los liderazgos, las formas de participación social, la forma de hacer protestas y el régimen de partidos”.

Aunque el gobierno le apueste a que la APPO se quedará sola y a que Ulises Ruiz seguirá gobernando el estado, aunque sea por poco tiempo, Oaxaca sí se está transformando, afirmó Sosa.

“Los gobernantes no ponen los pies en la tierra, no saben leer lo que está pasando en la calle, y es difícil de entender porque lo que está pasando en Oaxaca es inédito”, explicó.

Por ello veía en el futuro inmediato una “amenaza de tormenta”. Y prolongó la metáfora: “Debe llover fuerte para borrar tanto agravio”.

En su opinión, las puertas de solución política al conflicto se fueron cerrando poco a poco y, hablando en plata, sólo iba a favorecer a un grupo político, a un “régimen de complicidades”, lo que irremediablemente desencadenaría futuras movilizaciones populares.

De hecho, Sosa preveía que el movimiento popular en Oaxaca podría ser el factor que acercara a La otra campaña del EZLN con la Convención Nacional Indígena (CNI) “y que pudiera ser un movimiento que jalonee a este movimiento social para impactar a nivel nacional e internacional”.

Insistía, desde entonces, el líder de la APPO: “Hay sectores de la sociedad que están radicalizados. Son los sectores excluidos o considerados desechables por el sistema, jóvenes en su mayoría”, quienes junto con amas de casa y personas de la tercera edad andan cuidando barricadas o participan de los enfrentamientos con los paramilitares o, como dicen los noticieros, los “civiles armados”.

“Hay una gran interrogante. Puede ser que regresen a clases, venga la represión selectiva y se inaugure una nueva etapa de guerra sucia en el estado, o represión contra líderes y que el movimiento quede severamente lastimado, lo que podría traer secuelas de violencia ciega y sorda durante muchos años, con lo que va a construirse un escenario similar al de Guerrero”, planteó el líder.

Y advirtió una vez más: están dividiendo a los oaxaqueños y eso es “jugar con fuego”.



La chispa



Pudo ser apenas la chispa inicial, pese a los anteriores hechos de violencia que también dejaron muertes. El viernes 27 se registraron 15 balaceras en algunas de las mil 800 barricadas que se instalaron en Oaxaca como parte del paro nacional, a partir del ultimátum para la salida de Ulises Ruiz del gobierno del estado.

A las 13:00 horas comenzó a disparar un grupo formado por Avel Santiago Zárate, regidor de seguridad pública, y Manuel Aguilar, primo del diputado priista David Aguilar Robles –quien antes encabezó la toma del periódico Noticias–, además de un policía conocido como El Chapulín. Todo ello, según la APPO, con la complacencia del presidente municipal de Santa Lucía del Camino, Manuel Martínez Feria.

El ataque en Santa María Coyotepec lo encabezaron Jorge Pablo Jiménez, regidor de educación del ayuntamiento de la ciudad, y Carlos León Zurita, secretario de salud, añadió la organización.

Los enfrentamientos se produjeron frente a edificios emblemáticos: la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y la Casa de Gobierno. Pero también se disparó en algunas de las barricadas que se instalaron desde la madrugada del viernes. Los enfrentamientos duraron horas y fueron simultáneos.

Pese a las bajas registradas, la APPO trató de impedir que alrededor de 40 atacantes armados salieran del área de los enfrentamientos. “Aquí no hay miedo, hay coraje y a ellos (los priistas) se les tienen que acabar sus balas; entonces responderemos”, gritaban activistas mientras preparaban bombas caseras.

Según información de la APPO, uno de los puntos críticos fue Santa Lucía del Camino. Ahí murió Bradley Hill y resultaron heridos Oswaldo Ramírez (fotógrafo del diario Milenio), Saúl Díaz, Jorge Hernández Hernández y el profesor Juan Andrés Robles Juárez.

Así mismo, en Santa María Coyotepec se realizó un intento de desalojo, durante el cual se dijo que murió el maestro Emilio Alonso Fabián y que tres profesores fueron secuestrados. En La Experimental, otra balacera dejó seis heridos, entre ellos Martín Olivera.

Alrededor de las 10 de la mañana, des-

pués de un tiroteo supuestos policías se llevaron al hojalatero Gerardo Sánchez. Posteriormente apareció preso en Tlaco-lula. Casi al mismo tiempo, se denunció un incendio provocado en la dirección de la Facultad de Derecho, que sólo dejó daños materiales.

En San Bartolo, donde el profesor Este-ban Zurita López fue asesinado de un balazo, el escenario también era confuso. Su cuerpo yacía a media calle, entre barricadas y tráileres atravesados; pero eso no paró la reyerta. De cuando en cuando, algunos motociclistas conducían hasta un punto entre los priistas y la APPO y gritaban: “¡Están disparando, están disparando!”, y la gente corría.

También se bloquearon carreteras en

Matías Romero, Boca del Monte, Tuxte-pec, Putla de Guerrero, Pinotepa Nacional, Nochixtlán, Huajuapan de León y Puxme-tacán.

Los tres fallecidos del viernes se sumaron a los 11 que ha cobrado el conflicto en el estado.

Ante la jornada de violencia, el aún gobernador Ulises Ruiz salió en helicóptero desde San Felipe del Agua hacia la Ciudad de México. Posteriormente, en un comunicado oficial y en entrevistas con medios de comunicación, principalmente radiofónicos, Ruiz culpó a la APPO de los enfrentamientos y de las muertes.

Responsabilizó específicamente a Fla-vio Sosa “de los hechos irracionales y violentos” del viernes. Dio sus cifras, y en todos los casos de asesinatos con arma de fuego citó a supuestos testigos de que los autores de los disparos eran integrantes de la APPO.

Ahora se dice que este sería el ambiente propicio para la intervención de la fuerza pública y que el Ejército Mexicano se encuentra en máxima alerta. Del otro lado, jóvenes con armas de fabricación casera reforzaron las barricadas. La más grande de ellas está en Brenamiel y es famosa porque sus activistas siempre están presentes en las brigadas móviles, en los enfrentamientos y en la toma de oficinas.

Las fogatas volvieron a iluminar las barricadas. A uno y otro lado de ellas, se perciben el miedo y la certeza de que el conflicto está lejos de haber terminado.


Y MAS DE LAS TRANZAS DE LOS FOX,ESOS HIPOCRITAS QUE CANTAN REZOS SIEMPRE QUE PUEDEN MIENTRAS SE PUDREN DE LOS BIENES NACIONALES QUE LOGRARON ROBAR:

20 mil hectáreas de botín...
José Gil Olmos

Nota original:
Amigos de Vicente Fox y de su esposa Marta están invirtiendo, con apoyos federales y estatales, en el megadesarrollo de Puerto Peñasco, Sonora. El acelerado crecimiento de ese incipiente emporio turístico, conocido ya como

“el Cancún del sexenio foxista”, lo impulsan y aprovechan políticos-empresarios al estilo de la familia Hank y del gobernador Eduardo Bours, a quienes no les importa arruinar flora y fauna ni expulsar a los pescadores hacia lo que se ha convertido ya en un cinturón de miseria

PUERTO PEÑASCO, SON.- En este lugar, donde se cuenta que hace tiempo algunas personas encontraron oro en las montañas cercanas, concurre ahora una nueva generación de gambusinos que han decidido explotar el oro turístico e inmobiliario que ha puesto a su alcance el llamado “Cancún del sexenio foxista”.

Se trata, entre otros –de acuerdo con la población de pescadores que han sido despojados de sus formas tradicionales de vida–, de políticos y hombres de negocios como Hank, Bours, Beltrones, Chávez Morán y Palacios (a quienes podría sumarse Montiel), quienes, con el apoyo de los gobiernos federal y estatal, han ido desplazando a los lugareños mediante la construcción de hoteles, condominios de lujo, campos de golf y marinas a lo largo de 20 mil hectáreas y 150 kilómetros de litorales del Golfo de California.

Sobre estos terrenos del desierto de Sonora, que eran ejidales y que albergan la reserva ecológica El Pinacate –rica en flora y fauna, como las águilas marinas, en peligro de extinción–, están siendo destruidos cientos de hectáreas de esteros formados en miles de años y en los cuales se reproducían almejas, ostiones, camarones, caguamas y otras especies marinas.

Ahora se construyen allí más de 9 mil 600 departamentos y casas residenciales que se venden entre 300 mil y 3 millones de dólares, sin ningún proyecto urbanístico del actual gobernador sonorense, Eduardo Bours, ni la protección ecológica de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) que encabeza el panista José Luis Luege Tamargo.

El enorme negocio inmobiliario del municipio de Puerto Peñasco inclusive ha trascendido la frontera y, aparte de los empresarios y políticos mexicanos, ha estado atrayendo inversionistas estadunidenses que ya empiezan a dominar el mercado. Y es que sólo para los próximos seis años, se calcula que la oferta de este desarrollo aumentará a 64 mil villas, cuartos de hotel, casas, condominios y residencias en la zona que los nuevos gambusinos llaman a veces Rocky Point.

Pero lo que para éstos es una gran oportunidad, para los pobladores constituye una tragedia, porque la construcción de los hoteles de lujo ha eliminado su única forma de vida, la pesca y, con bardas y alambrados de púas les han cerrado el acceso a lo que antes eran sus playas.

Y no sólo eso, sino que los habitantes de Puerto Peñasco están siendo lanzados hacia los cinturones de miseria de la ciudad, donde sus casas de cartón –construidas a las orillas del canal de desagüe– carecen de luz, agua y drenaje, al igual que las de miles de trabajadores migrantes del sur del país que son contratados temporalmente como albañiles por las grandes constructoras. Eufemísticamente este lugar se llama Nuevo Peñasco.



Los amigos de Fox



No hace mucho, el pasado 21 de septiembre, el presidente Vicente Fox visitó este lugar, considerado parte del proyecto turístico Escalera Náutica del Mar de Cortés –que incluye La Paz, Mazatlán, San Felipe y Guaymas–, para el cual el gobierno federal destinó en este sexenio 2 mil 211 millones de pesos.

“En pocos lugares en el mundo hay tanta inversión en tan poco tiempo”, reconoció ese día el presidente Fox cuando, en compañía de su esposa, Marta Sahagún, disfrutó las exclusivas playas del hotel Sonora Sun Resort, uno de los tres hoteles en funcionamiento –hay un cuarto hotel en construcción– que posee la familia del gobernador Eduardo Bours.

Y es que, aparte de sus negocios familiares, el anfitrión de la pareja presidencial, Eduardo Bours, cumple también una especie de sociedad política, pues él fue una pieza importante para que Elba Esther Gordillo –amiga de Marta Sahagún, a quien le imprimió 78 millones de ejemplares de las Guías de padres de familia y apoyó con la Fundación Vamos México– pudiera conseguir que 15 gobernadores priistas firmaran una carta en la que, pese a todas las irregularidades del pasado proceso electoral, reconocían el triunfo de Felipe Calderón, a quien más tarde la propia Elba Esther levantaría la mano.

Pero esa no era la primera vez que la familia presidencial había visitado el desarrollo turístico más importante del sexenio –dos años atrás ya habían estado allí–, que llamó igualmente la atención de otro de los amigos de la familia Fox:

Daniel Chávez Morán, fundador del Grupo Mayan Palace, quien está ligado a la pareja presidencial desde el principio de esta administración, pues apoyó abiertamente la candidatura de Fox y en 2003 donó 17 millones 395 mil 200 pesos a la fundación Vamos México, que preside Marta Sahagún (Proceso 1423). Y, al parecer, también es uno de los empresarios que más respaldo económico brindaron a Felipe Calderón en la pasada campaña presidencial.

El Grupo Mayan Palace ha sido uno de los inversionistas turísticos más activos durante el foxismo. De acuerdo con su propia información, es propietario de más de 8 mil hectáreas en siete destinos turísticos del país: Riviera Maya, Acapulco, Mazatlán, Puerto Vallarta, Nuevo Vallarta, Los Cabos y, ahora, Puerto Peñasco.

El emporio fue creado en 1984 bajo la razón social Desarrollo Marítimo Puerto Vallarta, S.A. de C.V., con un capital de 15 millones de (viejos) pesos (escritura pública 25776), y está formado por Daniel Jesús Chávez Morán, Alma Lydia Solís de Chávez, Jesús Raúl Chávez Escárcega, Adriana María Rodríguez de Chávez, María Elena Mendoza Cedeño de Chávez y Ricardo Chávez Morán.

Sin embargo, el Grupo Mayan Palace parece tener mucho más de lo que oficialmente informa, pues de acuerdo con sus promotores de venta adquirió 12 mil hectáreas del estero La Pinta, cerca de Puerto Peñasco, para construir un complejo turístico que incluye hoteles, hospitales, marinas y residencias hasta de 2 millones de dólares y departamentos hasta de 500 mil dólares, aparte de canchas de tenis y un campo de golf en los que, dentro de los próximos seis años, proyecta invertir otros 6 mil millones de dólares.

De acuerdo con información de los propios vendedores, el diseño del megaproyecto estará a cargo del grupo árabe Nakheel, que en el emirato de Dubai es responsable de la construcción de La Palma, un conjunto de tres islas artificiales de entre cinco y 14 kilómetros de extensión cada una, las cuales se levantarán sobre el mar de esa ciudad con un costo aproximado de 3 billones de dólares. La obra, sostienen, será considera la “octava maravilla del mundo”.

El proyecto del Grupo Mayan Palace en Puerto Peñasco se asemeja al de Dubai en la idea erigir un magno y lujoso conjunto arquitectónico que atraiga a inversionistas importantes de todo el mundo, quienes, además de tener al alcance servicios de estancia, tiendas, hospitales, gimnasios y muelles, gozarán de un mundo de exclusividad que incluirá hasta aeropuerto.

Mayan Palace será, pues, el único proyecto turístico en México que tendrá en sus propios terrenos un aeropuerto internacional, el cual ya fue autorizado por el presidente Fox, quien es amigo de Chávez Morán, dueño de ese consorcio que abarca también hoteles en Cancún. Vallarta, Nuevo Vallarta y Acapulco.

La inversión del grupo encabezado por Chávez Morán para el aeropuerto será de sólo 108 millones, de un total de 2 mil millones de dólares, y se prevé que la terminal quede lista completamente, con tres pistas, en 2008. Mientras tanto, para finales de este año estará operando la primera pista que atraerá turistas del país y, sobre todo, de Estados Unidos.

Sin embargo, para cumplir sus planes, a Mayan Palace parece no importarle cuidar el entorno ecológico. Al hacer un recorrido por el lugar, en el que ya operan un hotel y un campo de golf, los reporteros pudieron comprobar que el megaproyecto –donde han trabajado cientos de sonorenses y de migrantes de Chiapas, Oaxaca y el Estado de México– está causando daños irreversibles al ecosistema de los esteros de La Pinta.

“Es un desastre ecológico”, dice al respecto en entrevista el regidor de Puerto Peñasco Fernando García, quien durante más de un mes hizo un plantón en el estero en protesta por la forma en que se estaba desarrollando el proyecto del Grupo Mayan Palace.

Por su parte, Saúl Carrillo Guzmán, de la Unión de Pescadores Juventud Perdida del Mar, confirma: “No les importa la naturaleza. Con tierra están tapando los esteros donde se crían de manera natural millones de camarones, ostiones, callos de hacha y caracoles. Y la Semarnat no ha hecho nada”.

En el recorrido por los terrenos, se observó maquinaria pesada tapando el ingreso del agua a los esteros donde desovan los camarones, así como la modificación de canales naturales, ya que el proyecto incluye la construcción de una marina para el uso exclusivo de los inversionistas.

En una parte del estero donde funcionará la marina había dos avisos del Grupo Mayan Resort que anunciaban la autorización de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), con la clave DGVS/SGPA/DGVS/07168, para el “Área de Investigación Sahuaro Artificial para la Anidación del Águila Pescadora”.

“No es que estemos en contra del desarrollo. Lo que exigimos al gobierno federal y al gobernador Eduardo Bours es que se aplique la ley de conservación ecológica y que se respete lo que la naturaleza ha creado en miles de años y que para los inversionistas representa millones, pero de dólares”, plantea el regidor Fernando García, y advierte que la construcción del aeropuerto también dañará la ecología del estero La Pinta.

No es la primera vez que el grupo Mayan Palace se ve envuelto en protestas, demandas o litigios por la posesión de terrenos o por daños ecológicos. En 2000, la Semarnat le otorgó un permiso de “ampliación de actividades turísticas complementarias” en su hotel de Nuevo Vallarta, ubicado en las playas de Bahía de Banderas. Los trabajos se hicieron en un terreno de dos hectáreas que estaba en litigio. Se resolvió a favor del grupo turístico, y ello ocasionó una queja formal en el Consejo de la Judicatura Federal contra dos magistrados que beneficiaron al Desarrollo Marítimo Puerto Vallarta.

Otro caso consistió en que la misma Semarnat concedió de manera irregular a Mayan Palace Cancún un permiso para construir las secciones Tikal, Uxmal y Tulum, pero fue cancelado después de un litigio de cuatro años en el que el Centro Mexicano de Derecho Ambiental documentó que la empresa de Daniel Jesús Chávez Morán “movió 70 hectáreas de su predio a más de un kilómetro de donde está”, y aunque obtuvo una autorización para “construir un máximo de 699 cuartos, construyó 2 mil 800”.



Los políticos empresarios



El apellido de la familia Bours es uno de los que con más frecuencia se mencionan en las inversiones inmobiliarias y turísticas del litoral de Puerto Peñasco, sobre todo a partir de la llegada de Eduardo Bours al gobierno estatal, quien ha mostrado un especial interés por impulsar el crecimiento del lugar, al punto de que proyecta construir una carretera de 500 kilómetros que estará lista en tres años y que unirá Puerto Peñasco con la frontera de Estados Unidos.

La familia Bours es propietaria de la tercera parte de las acciones del Grupo Sonoran Resort, que maneja los desarrollos Sonoran Spa Resort, Sonora Sun Resort y Sonoran Sea Resort.

Los Bours planean construir un cuarto desarrollo inmobiliario, y han mostrado un gran interés por comprar el desarrollo Playa Norte, que tiene una superficie de 3 mil 300 hectáreas y 2 mil metros de playa, pero que desde 2005 estaba parado por un litigio entre inversionistas encabezados por el español Juan Luis Marfin y los hermanos Reynaldo y Everardo Grijalva Ochoa, quienes se ostentan como dueños originales de los terrenos.

Aun cuando este caso no ha sido resuelto, se habla ya de una posible inversión de los Bours por 108.5 millones de dólares para la construcción de 2 mil condominios y casas que estarían terminados en 2007.

Otro nombre que los lugareños mencionan como inversionista importante es el del exgobernador y actual coordinador del PRI en el Senado, Manlio Fabio Beltrones.

Aunque nadie pudo presentar a Proceso algún documento en el que consten los negocios de Beltrones, Fernando García Pacheco lo mencionó en una demanda que, como líder de los pescadores, presentó en 1988.

Originario de este lugar, el hoy regidor García Pacheco presentó una denuncia ante la Cámara de Diputados de Sonora el 29 de septiembre de 1998, en la que aseguraba que, el 15 de noviembre de 1994, el entonces gobernador Manlio Fabio Beltrones vendió a la empresa Inmobiliaria y Promotora de Peñasco, S.A. de C.V., un lote de 47 hectáreas del desarrollo turístico La Choya, ubicado en la bahía del mismo nombre, en 1 millón 419 mil pesos. Es decir, a razón de tres pesos por metro.

El 21 de diciembre de 1996, la misma empresa Inmobiliaria y Promotora de Peñasco, S.A. de C.V., compró otro terreno de 5 mil 502 metros cuadrados frente a la playa –el cual había sido utilizado por los pescadores y sus familias como muelle por más de 20 años–, con el pretexto de que se trataba de terrenos nacionales.

La denuncia establecía que en esta transacción hubo “tráfico de influencias”, pues la inmobiliaria era propiedad del expresidente municipal y diputado Federico Palacios Soto, quien, junto con otros miembros de su familia, participó en la operación.

La acusación estaba avalada por otros lugareños, como Cyrano González Pino, quien, a partir de entonces, fue demandado por la familia Palacios en dos ocasiones.

La denuncia de los pobladores no prosperó en el Congreso del estado y, medio año después, el propio Fernando García Pacheco desistió porque, dijo entonces, que no conocía “cabalmente” los orígenes y antecedentes del caso y, además, los medios de comunicación habían distorsionado la denuncia.

Ahora, en entrevista con Proceso, revela que él y su familia recibieron amenazas de muerte y presiones que lo orillaron al desistimiento. Pero, sobre todo, asegura que se desistió porque este caso fue utilizado por miembros de su propio partido en Sonora para negociar con el gobernador Beltrones la solución de otros conflictos personales.



Más nombres



Otros políticos mexicanos ampliamente conocidos que se han interesado en invertir en Puerto Peñasco son los mexiquenses Jorge Hank Rohn yArturo Montiel.

Jorge Hank, presidente municipal de Tijuana y amigo cercano de Roberto Madrazo, ya estableció aquí una sucursal de sus centros de apuestas Caliente, en tanto que el exgobernador Arturo Montiel –acusado de enriquecimiento durante su administración en el Estado de México– fue visto en el lugar, junto con su esposa, buscando comprar lotes turísticos.

No es para menos: De acuerdo con estimaciones inmobiliarias, la plusvalía de esta zona se disparó de manera increíble. En 1996, un lote de playa se cotizaba en casi 80 mil pesos, y ahora se vende hasta en 3 millones. Los primeros condominios en venta no pasaban de 7 mil pesos el metro, y en la actualidad ese mismo metro cuesta hasta 40 mil, según corredores inmobiliarios.

Mientras tanto, los pescadores del puerto se dicen desesperados por la marginación en que viven. Saúl Carrillo, de la Unión de Pescadores Juventud Perdida en el Mar, externa angustiado:

“Hace unos años, éramos 4 mil 500 pescadores en activo y teníamos 320 barcos. Hoy sólo hay 105 embarcaciones y 800 pescadores. Nosotros no estamos en contra del desarrollo turístico. Al contrario, que vengan a invertir, pero que nos tomen en cuenta; queremos ser parte del desarrollo, pero bien pagados. Somos pescadores, pero ya no tenemos nada, ni playas ni barcos ni criaderos de camarón. Lo que le hemos exigido desde hace dos años al presidente Fox es que nos escuche, que nos ayude a construir cuatro muelles, porque nosotros somos trabajadores del mar, no albañiles ni vigilantes de los hoteles.”


POR ULTIMO ¿PORQUE SLIM QUIERE COGERLE CARIÑITO A FECAL1?:

Va por petróleo y gas
Carlos Acosta Córdova

Nota original:
No le es suficiente dominar el mercado de la telefonía ni, pronto, el de la televisión restringida, gracias al recientemente aprobado Acuerdo de Convergencia. Carlos Slim quiere más y más: ahora enfoca sus baterías al mundo de los energéticos –sobre todo petróleo y gas– y al de los grandes proyectos

de infraestructura.

Casualmente, dos de las prioridades anunciadas por Felipe Calderón.



Desde hace tres semanas, el empresario Carlos Slim inició una suerte de idilio con el presidente electo Felipe Calderón, que pretende borrar el trato seco, indiferente y discrepante –por lo menos en el discurso– que se dispensaron durante el tiempo de campañas.

En aquel entonces, Slim no se cansaba de decir que los tres principales candidatos presidenciales estaban diciendo “puras tonterías”, que no proponían nada serio y que se la pasaban sacándose “los trapos sucios”. En fin, que no había a cuál irle.

Y Calderón, por su parte, cuando bravucón decía que Andrés Manuel López Obrador era “el más salinista de los salinistas”, le daba un repasón a Carlos Slim. “La verdad es que (López Obrador) tendría exactamente el mismo equipo que tuvo Salinas. Tendría a Manuel Camacho como operador político, ayudado por Ricardo Monreal, a Socorro Díaz en Comunicación, a Federico Arreola ahí, tratando de llevarla bien y peleándose con todo el mundo. Y de remate, su empresario favorito sería Carlos Slim”, dijo Calderón, en marzo, en una entrevista televisiva.

Es más, Felipe le reclamaba al empresario que se definiera, que dijera lo que pensaba realmente de López Obrador y que reconociera, inclusive, que el perredista era quien iba a detener el progreso y la capacidad del país de salir adelante.

Pasó el tiempo. Atrás quedaron campañas, agresivas como nunca; las elecciones cuestionadas; el país en vilo después de la jornada comicial y, finalmente, la decisión del Tribunal Electoral de nombrar a Calde-rón como presidente electo. Las cosas cambiaron: Calderón y Slim iniciaron el romance. El interés tiene pies, dice el proverbio.

Sí. Ahora Slim es, para Calderón, un mexicano ejemplar, gran empresario respetable y responsable, visionario. Y Felipe, para Slim, es un hombre que “sí tiene una idea clara para lograr un mayor crecimiento económico, como lo expone en su proyecto México 2030”. No sólo eso, sino que ahora resulta que desde la campaña Calderón planteaba “posiciones de fondo”. Dijo Slim en su primera declaración pública después del 2 de julio, en la que de paso avaló el triunfo del panista y pintó su raya respecto de AMLO: “El candidato que ganó, Felipe Calderón, habló de ser el presidente del empleo. Yo estoy convencido de que la pobreza se combate con empleo”.

Se entendieron rápido. Uno a otro se necesitan. Calderón ha dejado entrever que dará más juego a la iniciativa privada en áreas estratégicas como energía e infraestructura; que los recursos del gobierno son insuficientes para impulsar el crecimiento de la economía. Y Carlos Slim, feliz, está puesto. De la amenaza de retirar sus capitales si no le daban libertad absoluta para entrar a la televisión restringida, pasó a la disposición plena de invertir cuanto se pueda y en donde se pueda. Pero también donde él quiera.



Listo para el bocado



No es poco lo que Carlos Slim quiere. Por lo pronto, tiene la mira puesta en el petróleo y el gas, y en los grandes proyectos de infraestructura. En el primer caso, ha sido insistente en que no es necesario privatizar Pemex ni modificar la Constitución para que la inversión privada tenga una mayor participación. Primero –ha dicho– hay que “definir qué es lo fundamental para Pemex” y también “qué debemos entender como riqueza de la nación”. Sólo así se verá que hay campos en los que puede entrar la inversión privada, como la industria petroquímica, la explotación del gas y la refinación.

Ha explicado reiteradamente: Lo fundamental es que la riqueza energética sea propiedad del Estado, pero que las formas de poder desarrollarla con valor agregado –la refinación, por ejemplo– se pueda hacer aquí, con capital privado. Porque “es una paradoja” y “una estupidez” que exportemos petróleo barato e importemos grandes cantidades de gasolinas, todo muy caro. También: “la riqueza nacional no son las gasolineras ni las redes. Lo fundamental es la soberanía sobre el petróleo y el gas. Por eso no debe haber polémica en que haya inversión privada en refinación, petroquímica o transporte de petrolíferos”.

Ha sido un discurso recurrente el suyo, lo mismo que las críticas severas hacia la conducción de Pemex, a la que, dice, Hacienda y el gobierno ordeñan “como locos” y la manejan “como si fuera una miscelánea”. Apenas hace dos semanas, insistió: “No se necesita modificar la Constitución para que la iniciativa privada participe en la explotación de petróleo y gas natural, así como la realización de alianzas para llegar a aguas profundas del Golfo de México. Con los límites legales que existen lo importante es hacer aquello que se pueda hacer, como las plataformas y otras instalaciones”.

De hecho, esto último es lo que ha venido haciendo Slim desde 2003, cuando Pemex decidió –para resarcir la caída en la producción de Cantarell– licitar la construcción de 47 plataformas marinas y desarrollar la reserva de los campos de crudo y gas Ku-Maloob-Zaap, Crudo Ligero Marino y Lankahuasa, en la Sonda de Campeche, en el Golfo de México.

Fue el primero en apuntarse. Ganó 10 contratos para construir igual número de plataformas. Nueve estarán terminadas al final de este año y otra el próximo. Y justo una de ellas, construida en Tuxpan, Veracruz, es la más grande del país, el doble inclusive de las que se han fabricado en otros países. En agosto pasado, Slim acompañó al presidente Fox a ese municipio en un recorrido para inspeccionar los patios de construcción de plataformas marinas de Pemex.

Se refirió a su empresa Swecomex, parte de Carso Infraestructura y Construcción S.A. de C.V. (CICSA), que en poco más de tres años habrá construido 10 plataformas marinas.

De ser una pequeña empresa que Grupo Carso compró en 1992, Swecomex se ha convertido a partir de 2003, con el programa de plataformas marinas de Pemex, en una empresa que “puede competir internacionalmente”, según se ufanó Slim en agosto. La empresa tiene capacidad para construir tres plataformas a la vez y es la que posee las grúas de mayor tonelaje del país.

Originalmente, Swecomex (South Wes-

tern Engineering Company) producía intercambiadores de calor y generadores a vapor, con sede en Guadalajara y era filial de Condumex, la rama industrial de Carso. Pero una vez que empezó a crecer por la construcción de las plataformas, decidieron integrarla a Carso Infraestructura y Construcción (CICSA), la división que –empujada en gran parte por Swecomex– hizo posible que el Grupo Carso viera incrementado en casi 50% el precio de su acción en la bolsa de valores, el año pasado.

Pero el gas también está en la mira de Carlos Slim. Apenas en septiembre pasado, Pemex reabrió –luego de año y medio suspendidas, por la polémica que causaron los Contratos de Servicios Múltiples, que el Congreso calificó de inconstitucionales– las licitaciones para 10 proyectos de exploración y producción de gas en la Cuenca de Burgos, zona que aporta 25% de la producción total de gas en México. Swecomex compró las bases de licitación –se gastó en ello más de 250 mil pesos– para participar en dos proyectos, para los cuales requiere de un capital mínimo de 150 millones de pesos por cada uno. Fácil.

Con otras empresas de CICSA, Slim se está convirtiendo rápidamente en protagonista del ámbito de la construcción de infraestructura en México –y no sólo la petrolera–; uno de sus competidores, Ingenieros Civiles Asociados (ICA), está fuertemente endeudado con Inbursa, el brazo financiero del Grupo Carso.

Antes de llamarse Carso Infraestructura y Construcción S.A. de C.V., nombre que adoptó en 2004, se denominaba Grupo Industrial Carso, constituido en 1999, y sus empresas trabajaban casi exclusivamente en el desarrollo de obras del propio Grupo Carso. Ahora es todo un emporio, dentro y fuera del país, que abarca decenas de campos en cuatro divisiones. Una es la de fabricación y servicios para la industria química y petrolera. A través de Swecomex y Precitubo fabrica bienes de capital, como las plataformas petroleras, intercambiadores de calor, recipientes a presión, torres de telecomunicaciones y tuberías de acero.

Otra división es la de proyectos de infraestructura, con la subsidiaria CILSA a la cabeza, que construye –y les da mantenimiento– carreteras, puentes, plantas para tratamiento de agua, sistemas de conducción de agua y centrales hidroeléctricas. Una división más es la de construcción civil, que encabeza PC Constructores, que hace edificios corporativos, comerciales y de servicios, plantas y naves industriales, desarrollos inmobiliarios, centros comerciales, restaurantes, centros deportivos, estacionamientos, hangares y otras obras en aeropuertos. La remodelación de inmuebles en el Centro Histórico y la construcción del nuevo edificio de la Secretaría de Relaciones Exteriores frente a la Alameda son –por ejemplo– obras suyas.

Finalmente, la cuarta división de CICSA es la de instalaciones de telecomunicaciones, que se concentra en la construcción, ingeniería, diseño y puesta en servicio de instalaciones de telecomunicaciones en todo el país. Obviamente, sus principales clientes son Telmex y Telnor.

Fuera del país, CICSA es la encargada de la modernización y expansión de la red telefónica en Brasil; tiene proyectos de petroquímica en Colombia y Perú; en Venezuela, la construcción de una hidroeléctrica, y en Argentina una represa.

Con todo ello, debió caerle de perlas a Carlos Slim el anuncio de Felipe Calderón, el martes pasado, de que convocará a una “gran alianza por la infraestructura” y que durante su administración se hará la mayor inversión de la historia en infraestructura –“será prioridad en el Plan Nacional de Desarrollo”–, en la que habrán de concurrir capitales públicos y privados.

Slim está puesto.