NO HAY NEGOCIACIÓN QUE VALGA ANTE LOS INTERESES SUPERIORES DE LA NACIÓN.

Un viejo régimen, un nuevo fraude.

Jesús Ortega Martínez.
07 de septiembre de 2006.

La base de la actual crisis política que vive nuestro país descansa en la falta de decisión y voluntad para hacer del primer gobierno de la alternancia un auténtico gobierno de transición. Las estructuras del viejo régimen no desaparecieron con la llegada de Vicente Fox, y su gobierno no fue consecuente con la esperanza ciudadana que anhelaba un cambio real.

Por el contrario, esas viejas estructuras fueron mantenidas al igual que las prácticas políticas que las sostienen y, por ello, el actual conflicto postelectoral es consecuencia del anacronismo aún prevaleciente. Esto es parte de la traición a la democracia que se le imputa al Presidente. El resultado de tal rumbo apuntaló a lo más sórdido del viejo régimen, es decir, el corporativismo sindical enquistado en el PRI, y ese es, ahora, el soporte del inexistente triunfo del candidato de la derecha.

La expresión más acabada del compromiso por perpetuar los liderazgos anquilosados a cambio de apoyo electoral se encuentra en los sindicatos de maestros, con Elba Esther Gordillo, y de ferrocarrileros, con Víctor Flores. Son estos aparatos sindicales y sus líderes los que fraguaron y ejecutaron un plan de beneficios mutuos: operación electoral a cambio de protección en el nuevo gobierno.

El tejido de complicidad para sustituir funcionarios de casilla el día de la jornada electoral, por maestros del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación que no fueron, de ninguna manera, insaculados sino colocados en funciones aquel domingo por la mañana, vincula a funcionarios del IFE, comenzando por su presidente, con intereses enfocados en evitar, a toda costa, el triunfo electoral de Andrés Manuel López Obrador.

Las instituciones de nuestra incipiente democracia electoral tenían un bono de confianza ciudadana para que las elecciones se desarrollaran con libertad, imparcialidad y equidad. Esa confianza fue traicionada por los intereses económicos y políticos que defendieron los intereses privados y personales de unos cuantos, utilizando a esas mismas instituciones y desplegando un manto de normalidad legal para encubrir contubernios y complicidades que actuaron contrario a la ley y a la voluntad ciudadana.

Entonces, ante la evidente actuación facciosa comenzando por el Presidente de la República y demás funcionarios, ante la complicidad cínica de organizaciones sindicales disfrazadas de partidos políticos, ante la displicencia de la institución encargada de realizar los comicios, ante todas las pruebas entregadas al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ante todo esto, ¿a qué normalidad pretenden que regresemos? ¿Acaso a la normalidad donde la ley es letra muerta? Eso sería mucho más grave para el país.

Estamos en un momento crítico de la vida del país. Un amplio sector de la población se siente defraudado y agraviado. Las instituciones que pensamos imparciales no lo fueron y la legalidad fue trastocada en distintos momentos del proceso electoral, ante lo cual el Tribunal Electoral señala que las violaciones e irregularidades no fueron determinantes e incluso son libres de castigo y pena. Esta situación no tiene ya salidas políticas fáciles.

El país cambió ya y no vamos a retornar a ningún estadio anterior. La lucha emprendida se dará, como hasta ahora, en el marco legal y de manera pacífica; en las calles y en los órganos de representación del pueblo. No hay negociación que valga sino a los intereses superiores del país, y precisamente por ello es que se confunden los que piensan que esto se resuelve con un café, un apretón de manos o unos cargos públicos. La defensa de la legalidad y de la democracia se hace con principios y carácter y de eso hay mucho en el movimiento que defiende el triunfo electoral de López Obrador.