LO MENOS QUE SE ESPERABA ERA LEGITIMIDAD.

REFORMA.
Lorenzo Meyer.

El llano y las llamas.

La resolución inatacable del TEPJF cerró un capítulo de nuestra historia política y abrió al tiempo otro de impredecible contenido. La democracia mexicana está en vilo.

Fin y principio.
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) encontró problemas en la elección presidencial del 2 de julio pasado pero al final declaró ganador por medio por ciento al candidato de la derecha. Legalmente, ya no hay nada más que hacer y así se ha cerrado el último capítulo formal de la conflictiva elección.Pero no fue un cierre con broche de oro sino todo lo contrario.

No logró disipar las dudas que una parte de la ciudadanía mantiene en torno a la legitimidad del triunfo que ha avalado el entramado institucional vigente. La decisión del TEPJF intentó apegarse a la letra de la ley pero de ninguna manera a su espíritu, y justamente por eso, a la vez que cierra, también abre un nuevo y muy difícil capítulo en la historia política de México.

Ante la negativa del TEPJF a sacar las conclusiones posibles de la obvia parcialidad que afectó al proceso, así como a restaurar la certeza en torno a los resultados en el total de urnas que arrojaron votos de más y de menos, el derrotado ha optado por no reconocer la legitimidad del fallo.

El fallo de los magistrados del TEPJF fue el último eslabón de una cadena que empezó a forjarse años atrás, a mediados del sexenio. Sin embargo, ese eslabón también pudiera ser el primero de algo no previsto por el Tribunal Electoral ni por el resto de quienes contribuyeron a que las cosas llegaran hasta donde están hoy: una nueva sucesión de hechos políticos encabezados por una oposición radicalizada y cuya dirección, naturaleza e intensidad no es posible predecir.

Las cosas bien pudieron haber sido de otra manera, pero ya no hay marcha atrás y ahora hay que examinar las opciones de cara a un futuro donde la parte derrotada considera al conjunto de ganadores una "República espuria" con la que no hay que negociar sino abolir.

Posibilidades.
La última vez que el llano social mexicano estuvo realmente en llamas fue hace ocho o siete decenios, cuando la "Guerra Cristera" (1926-1929) y sus secuelas asolaron buena parte del centro del país. Evidentemente pocos mexicanos, si es que alguno, desean hoy el retorno del incendio. Sin embargo, no son tan pocos los que, como antaño, con una combinación de cortedad de miras e irresponsabilidad están jugando con fuego en un llano que desde hace mucho tiene partes muy secas, entre otras cosas, por la corrupción, la incapacidad de la economía de crear empleos y el agravamiento de la inequidad en la distribución de cargas y beneficios.

Durante el periodo de vigencia del viejo régimen del PRI, una combinación de corrupción, prepotencia, miedo, miopía, irresponsabilidad y voracidad prendió varias hogueras que, sin embargo, el Estado autoritario fuerte logró aislar y extinguir con una combinación de represión y cooptación.

En los 1960 y 1970, excesos locales en el marco del autoritarismo llevaron en Chihuahua y Guerrero a grupos de origen rural, y encabezados por maestros, a buscar con las armas la justicia y dignidad que sistemáticamente les era negada. La cerrazón y represión de 1968 y 1971 ante las demandas de apertura política orilló a varios jóvenes urbanos a optar por la vía armada.

Una dureza ancestral de las oligarquías locales en relación con las comunidades indígenas en Chiapas desembocó en 1994 en la insurrección de las cañadas. Finalmente, el poder apagó las llamas que él mismo prendió, pero a un gran costo.

Andrés Manuel López Obrador (AMLO) encabeza hoy un movimiento que empezó como electoral, pero que está modificando radicalmente su naturaleza como respuesta a la decisión del gobierno, de las instituciones electorales y de los grandes poderes económicos y religiosos, de volver a cargarse en favor del candidato oficial.

Para AMLO y los suyos, la electoral ya no es hoy la vía adecuada para procesar de manera efectiva las demandas, justas e impostergables, de las clases populares y por eso están trasladando su centro de gravedad de los partidos al movimiento social. Un movimiento que puede fracasar si no logra afianzarse en una base social importante pero que, si, pese a tener en contra a todos los poderes del gobierno y fácticos en contra, consigue echar raíces en las clases populares, puede convertirse en un hecho político inédito en México.

La metamorfosis .
En los años 1960, y teniendo como trasfondo la energía que irradiaba la entonces joven Revolución Cubana, la izquierda mexicana, pese a su marginalidad, logró dar forma a un discurso que cuestionó la legitimidad del orden posrevolucionario.

El sistema autoritario mexicano decidió buscar una vía no represiva para neutralizar a ese adversario -moverse para permanecer en el mismo sitio- y llevó a cabo siete últimas reformas electorales -1973, 1977, 1987, 1989, 1990, 1993 y 1996- para abrirle un espacio institucional controlado.

Las reformas electorales, combinadas con el fracaso y desaparición de la Unión Soviética y el fin de la Guerra Fría, hicieron que el grueso de la izquierda mexicana, y pese a lo inequitativo de las reglas, aceptara conducir sus energías y demandas por la vía electoral. La gran excepción fue el neozapatismo chiapaneco.

Cuando finalmente en el 2000 las urnas le ganaron al autoritarismo, el triunfo fue para la derecha. La izquierda resintió el golpe pero no abandonó el camino electoral y a inicios del 2006, con un nuevo liderazgo, vislumbró posibilidades de éxito.

Desde el 2003 el presidente Fox, su partido y un buen conjunto de actores e intereses políticos -desde Elba Esther Gordillo hasta grupos empresariales pasando por la iglesia dominante- se pusieron como tarea prioritaria impedir una alternancia de izquierda en el 2006. Y para lograrlo no vacilaron en acudir a esa enorme maniobra antidemocrática que fue el intento de desafuero del único candidato viable de la izquierda o en usar al máximo e ilegalmente los recursos de la Presidencia para combinarlos con una dura campaña de miedo emprendida lo mismo por el PAN que por el Consejo Coordinador Empresarial.

Todo ello, aunado a la sospecha de fraude alimentada, entre otras cosas, por la inexplicable presencia de votos de más o de menos en las casillas, desembocó en lo que tenemos ahora: una negativa rotunda de la segunda fuerza electoral a reconocer la legitimidad de todo el proceso electoral y al inicio de un movimiento de resistencia pacífica pero en un llano muy seco, donde una chispa puede desembocar en un nuevo incendio.

Las posibilidades.
Según la teoría, los sistemas autoritarios necesitan acabar con cualquier oposición que intente movilizar y organizar a la sociedad de manera independiente. Sin embargo, el nuevo régimen mexicano, que en principio se considera democrático, ya no tiene ni las razones ni la libertad para usar los instrumentos de fuerza con que sus antecesores acabaron con las resistencias del pasado: disolución de manifestaciones, prisión, tortura y asesinato de opositores, etcétera.

Por su parte, esos movimientos sociales ya no tienen necesariamente que desembocar en la insurgencia armada pues se pueden mantener como desobediencia pacífica y ser efectivos.En esta circunstancia y por primera vez en México, el seco llano social pudiera ser transformado sin necesidad de un gran incendio previo, como ocurrió en los dos siglos pasados. Sin embargo, el peligro de incendio sigue siendo significativo.

La movilización iniciada por AMLO puede generar mucha energía política en los sectores donde tiene su raíz: en las clases populares y menos favorecidas. Tanto líderes como bases del movimiento, y literalmente "por el bien de todos", deben mantener dentro de límites muy estrictos esa energía producto de la frustración ante lo que perciben como una justicia denegada.

La misma advertencia, pero más contundente, debe hacerse a quienes controlan las fuerzas del Estado, quienes deben contener sus naturales inclinaciones de derecha a imponerse a como dé lugar y tomar en cuenta que el entorno político ha cambiado y que ya no se defiende el orden establecido con los métodos de antaño, pues eso puede provocar un incendio social de consecuencias impredecibles.

En suma, la estructura institucional heredada por la joven democracia mexicana -IFE, TEPJF, Suprema Corte, etcétera- resultó incapaz de avalar lo que requiere cualquier democracia que funcione bien: garantizar una lucha en buena lid que, consecuentemente, dispensase legitimidad a quien ejerce el poder.

Al borde de lo desconocido, esperemos que los actores políticos muestren más inteligencia y responsabilidad de la que han exhibido hasta hoy. El camino mexicano de consolidación democrática resultó mucho más difícil de lo imaginado. Hay que cuidar que sus graves deficiencias no acaben por echarlo por la borda.