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jueves, septiembre 07, 2006

Ningún mexicano bien nacido, consciente de lo que ha ocurrido y que tenga dignidad, podrá aceptar una imposición producto de un golpe de Estado antici

Octavio Rodríguez Araujo.

¿Consummatum est? .

Dice la leyenda que estas fueron las últimas palabras de Jesús en la cruz, pero sin interrogación. Lo que en español quiso decir, siempre siguiendo la leyenda y el Evangelio de San Juan, fue que todo se había acabado, que todo se había cumplido. El empleo de estas palabras suele ser a propósito de un desastre y de un gran dolor. La interrogación la uso para preguntar si de verdad todo se acabó. Aunque el desastre y el dolor sí existen, como se prueba con algunas fotografías de gente que ingenuamente quiso creer en las instituciones, pienso que no, que en realidad todo empieza ahora que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió torpemente que Felipe Calderón Hinojosa sea el próximo presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

Dije "torpemente" pues en sus propias explicaciones llevaba la contradicción de sus conclusiones. Los sabios del tribunal, siguiendo una consigna más que la razón y el entendimiento, cayeron en sus propias trampas, al igual que el niño cuando miente y trata de que le crean. Después de señalar que el presidente Fox puso en riesgo la elección, que el Consejo Coordinador Empresarial tuvo injerencia en el proceso electoral, que hubo irregularidades en los comicios, que el IFE no actuó como debía, después de reconocer todo esto, declaró que nada de eso probaba que la elección y su proceso previo hubieran sido ilegales; sólo un poquito, les faltó añadir.
En una democracia madura, no me cansaré de repetirlo, los votos se hubieran contado en su totalidad, era la única forma de transparentar una elección bajo sospecha. No se hizo, y el tribunal no quiso hacerlo; ahora ya sabemos por qué, aunque lo sospechábamos. Pero con su actuación lo único que ha demostrado es que no sólo el Poder Ejecutivo federal sino también el Judicial fueron cómplices de un golpe de Estado ex ante (de antemano, anticipado) para evitar que López Obrador, precisamente por la vía electoral e institucional, pudiera llegar al poder. Lo que ha concluido ahora no es el proceso electoral, sino un golpe de Estado preparado, como todos los golpes de Estado, desde los aparatos del Estado mismo.


Las famosas instituciones, las que defienden desde afuera (¿que tan afuera?) los intelectuales seguidores de lo "políticamente correcto" y, desde luego, los titulares de esas instituciones que las usaron para su beneficio y el de sus amos, han demostrado empíricamente que deberán ser reformadas, si no sustituidas. El Instituto Federal Electoral, como ha quedado claro con las denuncias de varios de sus consejeros de Querétaro, Quintana Roo, Nuevo León, Michoacán y Oaxaca, y con la valiente renuncia de Esteban Garaiz en Jalisco, por considerar que las campañas no fueron limpias ni equitativas, deberá reformarse, y sus consejeros nacionales, comenzando por Ugalde, deberán renunciar de inmediato o el Congreso de la Unión sustituirlos sin mayor trámite. Los magistrados del TEPJF se van, salvo uno, el mes que entra, pero antes deberían ser sometidos a juicio político junto con el presidente (con minúsculas) de la República.

El escarnio que los dueños de las instituciones han hecho de éstas no es cualquier cosa. Las han reducido a nada y las han puesto en la ilegalidad constitucional. Con esta sola acción, para no mencionar otras más, han invitado al pueblo de México a exigir que las instituciones le sirvan y a negarse a servirlas como han querido los gobernantes y sus paleros de los poderes Judicial y Legislativo. El Estado y no sólo el gobierno, le ha dado la espalda al pueblo de México; justo será que éste, en reciprocidad, levante la bandera de la dignidad y desconozca a las instituciones, con la Constitución en la mano.

La imposición de un presidente ilegítimo, sólo apoyado por una legalidad usada facciosamente por los facinerosos coludidos a cargo de las instituciones, sólo nos deja una salida, también legal y con amparo constitucional: la resistencia civil y la organización popular en una convención nacional democrática que impulse un nuevo país democrático en el que, por primera vez en muchísimos años, el poder sea del pueblo y para el pueblo.

Ningún mexicano bien nacido, consciente de lo que ha ocurrido y que tenga dignidad, podrá aceptar una imposición producto de un golpe de Estado anticipado, llevado a cabo desde que se quiso eliminar con el desafuero a nuestro candidato a la Presidencia. Si lo permitimos seremos cómplices de este gran atropello. El Estado mexicano ha mostrado, una vez más, su verdadera cara. Enseñémosle la nuestra. No todo se ha acabado, no estamos ante un hecho consumado: del dolor por el desastre conducido por la oligarquía política y económica surgirá la rabia, y de ésta la lucha por un México verdaderamente mejor. A diferencia de ellos, que sólo cuentan con las instituciones de las que se han burlado y con inmensos recursos económicos, nosotros contamos con un líder, con un proyecto y con un gran espíritu de lucha para enfrentarlos. Felipe Calderón no será presidente.

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