¿GIL DÍAZ, CAPO DE TUTI CAPI?.

REFORMA.
Miguel Ángel Granados Chapa.

ISOSA y Hacienda.

Si como parece, la Procuraduría General de la República se ocupa de la indagación del crimen del director operativo de una singular empresa que presta servicios de cómputo aduanero, se frustrará el intento de hacer suponer que es un asesinato más.

En la mañana del martes 29 de agosto fue asesinado el ingeniero Francisco Obel Villarreal Ontelo. Veinticuatro horas después, en Los Pinos, el secretario de Hacienda lamentó esa muerte: "es una tragedia que estén asesinando gente de la forma que la están asesinando en la ciudad de México". Su intención era obvia: amén de cargar el homicidio a la cuenta de las autoridades capitalinas, incapaces de contener la ola de violencia de que ese crimen era expresión, buscó que se le considerara uno más.Pero quizá no lo sea.

Por un lado, porque los indicios muestran que se trata de una ejecución, es decir de un homicidio deliberado, no el resultado fortuito de un intento de asalto que se frustra por resistencia de la víctima. Y, por otra parte, porque Villarreal Ontelo era el director operativo de una empresa situada de tanto en tanto ante la atención pública por su peculiar organización y funcionamiento.

Se trata de Integradora de Servicios Operativos, S. A. (ISOSA), que es una suerte de hija bastarda en la Secretaría de Hacienda. Se alega, por un lado, que sus actividades, y por ende sus ingresos, son privados. Pero el propio titular de esa dependencia lamentó al hablar del caso que la víctima haya sido "un colaborador de la Secretaría de Hacienda a través de ISOSA".

A pesar de que el homicidio es un delito del fuero común, cuya investigación corresponde al Ministerio Público local, la Procuraduría General de la República solicitó informes sobre el arma utilizada en la ejecución, curiosidad profesional que no muestra -sería imposible que lo hiciera- respecto de cada asesinato con violencia en la Ciudad de México. Se presume que la PGR busca un fundamento para hacerse cargo de la averiguación previa, aunque no lo ha solicitado. Pero todavía anteayer, el procurador Daniel Cabeza de Vaca dijo que su oficina estudia si atrae o no el caso. Si finalmente se resuelve que la indagación local se vuelva federal, habrá motivos para suponer que la naturaleza de la empresa en que laboraba Villarreal Ontelo no es ajena a su ejecución.

No obstante adoptar la forma de una sociedad anónima, ISOSA es una empresa pública: el 99 por ciento de sus acciones pertenece a la Secretaría de Hacienda (y el 1 por ciento a Francisco Gil Díaz). Fue creada en junio de 1993, cuando Gil Díaz era subsecretario de Ingresos, bajo la autoridad de Pedro Aspe. Su actividad deriva del artículo 16 de la ley aduanera, que faculta a Hacienda a "autorizar a los particulares para prestar los servicios de procesamiento electrónico de datos y servicios relacionados, necesario para llevar a cabo el despacho aduanero". Ésa es la función de ISOSA, que está en proceso de liquidación.

La empresa fue creada poco después de constituido el fideicomiso 974-1, conocido como Aduanas I, abierto en mayo de 1993 como parte de la modernización relativa al régimen fiscal del comercio exterior demandada por la inminente firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá.

Tanto el fideicomiso como la empresa fueron creadas conforme al derecho privado, lo que ha permitido a Hacienda manejar amplios recursos fuera de los controles administrativos y fiscales, procedentes del derecho de trámite aduanal y de la contraprestación por los servicios de ISOSA.

La Auditoría Superior de la Federación pretendió fiscalizar esos recursos, que sólo en los primeros cuatro años de la actual administración sumaron más de 10 mil millones de pesos, depositados en el fideicomiso Aduanas I. Pero el órgano legislativo se enfrentó a la negativa de Hacienda y de Nacional Financiera -institución fiduciaria en este caso- a que se investiguen esas ambiguas formas de manejar como privados fondos públicos. Llegó al extremo de iniciar una controversia constitucional contra la Auditoría Superior, resuelta apenas hace tres semanas por la Suprema Corte. El tribunal concedió la razón al Ejecutivo -es decir, a Hacienda- considerando que se trata de entidades privadas no sujetas al escrutinio gubernamental.

A la luz de ese criterio resulta incomprensible por qué en marzo pasado el Servicio de Administración Tributaria enteró a la Tesorería de la Federación cerca de 2 mil 500 millones de pesos, monto semejante a la suma recabada por Aduanas I en el año 2003.

La pregunta sobre la naturaleza de ese fideicomiso, y de ISOSA, había sido ya formulada por el subsecretario de Ingresos de Zedillo, Ismael Gómez Gordillo, según puede leerse en el libro Fraude transexenal, del periodista Miguel Badillo, que ha seguido puntualmente ese caso en su revista Contralínea. Cuando Gómez Gordillo supo que debía presidir el comité técnico de aquel fideicomiso, integrado por directores de la Subsecretaría de Ingresos, tuvo clara la naturaleza de esas figuras: "...este es un fideicomiso privado en donde el comité técnico está integrado por puros burócratas, el dinero viene de una contribución federal y se gasta para dar un servicio a la Subsecretaría de Ingresos. Aun así, ¿ustedes sostienen que es un esquema privado?".Esa forma de operación se sostiene hasta el día de hoy, situación generadora de una gran opacidad que lleva a tomar a guasa la "completa transparencia" en que según Hacienda operan ISOSA y el fideicomiso.

Lo dijo en un comunicado, el lunes, donde además de insistir sobre el carácter común del acontecimiento criminal, lamenta que "se hayan difundido suspicacias descabelladas en torno a un nuevo y alarmante episodio de inseguridad pública en la Ciudad de México".

Cajón de Sastre.
El domingo 30 de julio Felipe Calderón fue recibido por los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Además de contarles la enternecedora historia de sus vicisitudes democráticas, les dijo cómo realizar su trabajo: "Y no es difícil lo que hay que hacer. Es una decisión muy difícil por su relevancia, pero fácil de tomar: simple y sencillamente hay que seguir con decisión lo que la ley dice". Después de haber cumplido con sus deberes, los propios magistrados recibieron una vez más, ayer, a Calderón, a quien anteayer declararon Presidente electo. En presencia de los ministros de la Corte y los consejeros del IFE, Calderón recibió el pliego correspondiente. Fue notable la asistencia del secretario de Gobernación, Carlos Abascal. Hace seis años quien ocupaba ese cargo en el último gabinete priista no fue invitado o se abstuvo de acudir. Es probable que ahora, en cambio, sí estuviera entre los invitados especiales, ya que Diódoro Carrasco, que de él se trata, es diputado panista.