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lunes, 26 de marzo de 2007

Le otorgaron a Roberto Hernández Ramírez, acusado por los POR ESTO! desde 1997 de vínculos con el narcotráfico, autorización para un proyecto turístico en área protegida de la costa del Pacífico MEXICO, D.F., 25 de marzo (LA JORNADA).- La organización Amigos del Consejo para la Defensa de la Costa del Pacífico denunció ante la Secretaría de la Función Pública a los funcionarios que dieron el permiso ambiental de los proyectos turísticos Marina Careyes, del ex banquero Roberto Hernández Ramírez -acusado por los POR ESTO! desde 1997 de vínculos con el narcotráfico-, y Tambora, en la zona colindante de la reserva de la biosfera Chamela Cuixmala, Jalisco. La acción jurídica iniciada el pasado 22 de marzo es uno de los procesos legales que llevará a cabo esta organización ante los permisos ambientales otorgados por la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) el año pasado, horas antes del fin de la administración foxista. La denuncia por estas autorizaciones se dio a conocer a nivel internacional el jueves pasado al publicarse un desplegado de esta organización en el periódico estadounidense New York Times. El documento, dirigido a Felipe Calderón, refiere que la administración del ex mandatario Vicente Fox "llegó a su término hace sólo 3 meses, dejando un legado bien documentado de incumplimiento a las leyes ambientales de México, que se tradujo en una seria devastación ecológica de la riqueza natural del país. De ahí que se depositen expectativas tan altas en su administración para revertir dichos antecedentes. Destaca que estos proyectos amenazan la reserva Chamela Cuixmala, de bosque seco tropical; un santuario playero de tortugas marinas en Playa Teopa; y un santuario del archipiélago de aves migratorias en la bahía de Chamela. Agrega que en los últimos seis meses se dio un cambio radical en las políticas tradicionales mexicanas de protección ambiental, porque se autorizaron varios proyectos de desarrollo ilegales justamente en el corazón de tres áreas protegidas, que incluyen frágiles lagunas estuarinas consideradas como humedales de importancia internacional en la Convención de 1971 de Ramsar sobre humedales y como parte del Programa sobre el hombre y la biosfera de la UNESCO. Destaca que esta región está considerada por el Fondo Mundial para la Naturaleza como una de las 200 ecorregiones más importantes del mundo y la Comisión Nacional para el Conocimiento y uso de la Biodiversidad, organismo desconcentrado de la Semarnat, la identifica como un área de conservación prioritaria. "Pocos sitios en el planeta han alcanzado tal grado de protección tanto a nivel nacional como internacional, debido a su reconocida importancia ambiental. De hecho esta área es uno de los sitios más delicados en términos ambientales y de mayor riqueza biológica a nivel mundial, como demuestran tantas capas de protección jurídica que se le han asignado". Sin embargo, señala el texto, a pesar de ello la construcción ilegal de una carretera por parte del gobierno estatal, "en complicidad con la llamada 'Procuraduría' Federal de Protección al Ambiente, está amenazando a la importante reserva de la biosfera, justamente en el lugar donde el Río Chamela --que abastece al hábitat con sus especias protegidas, bosque seco y humedales-- entra a su territorio, mientras que en el suroeste, la construcción ilegal de un proyecto engañoso llamado Casa Matos también amenaza el área central de la reserva así como el santuario de tortugas". Lo peor, advierte, son los proyectos de desarrollo turístico Tambora y Marina Careyes, en los costados oeste y noroeste de la Reserva de la Biosfera, "que tienen un impacto en los dos santuarios arriba referidos, mismos que fueron autorizados en las últimas horas de la Administración presidencial de Vicente Fox el pasado 30 de noviembre". El documento considera que Marina Careyes, promovido por Roberto Hernández, "es de especial preocupación, porque por más de diez años, él ha tratado constantemente de realizar desarrollos ilegales similares en esa región en particular. Ya presentó hace dos años el proyecto para construir una marina en el área de Careyes y tuvo que retirarlo porque iba totalmente contra la ley. La estrategia fue volver a presentarlo con otro nombre en el año 2006, al final de la Administración y buscar alguna forma para hacer que lo aprobaran. En esta ocasión, encontró una vía, que seguramente fue cuestionable y obscura, para que Ricardo Juárez, titular de la DGIRA de la Semarnat, aprobara ilegalmente su proyecto de la Marina". Precisa que Juárez Palacios "autorizó un proyecto cuyo impacto ambiental no se ha identificado como lo establece la ley y para el cual, en consecuencia, no se han previsto las medidas de mitigación pertinentes". Este plan turístico considera un desarrollo residencial turístico que implica la construcción de una marina artificial para embarcaciones y para la realización de una variedad de actividades navales, así como la construcción de mil 25 habitaciones de hotel, áreas comerciales, clubes playeros, carreteras, infraestructura para el abastecimiento de agua, alcantarillado y drenaje, energía eléctrica y servicio telefónico. Frente a ello la agrupación demanda la cancelación de los permisos ilegales de Tambora y Marina Careyes y la suspensión de toda actividad de construcción en el área; el despido inmediato de Ricardo Juárez y que rinda cuentas por sus actos y omisiones; y la evaluación de ambos proyectos turísticos por parte de un grupo de expertos independientes.