¿CUAL AUTORIDAD MORAL?

Autoridad moral perdida

lunes, 26 de marzo de 2007

Por María Teresa Jardí En el Distrito Federal hay un claro consenso ciudadano con relación a que el aborto se debe despenalizar como se ha hecho en todos los países donde impera el estado de derecho y por ende donde existen sociedades modernas y ciudadanías que se respetan por los servidores públicos y a sí mismas. No es el caso de nuestro país, evidentemente, donde ni siquiera en el Distrito Federal se respetan debidamente las garantías que la Constitución otorga y por eso esa misma ciudadanía que apoya la despenalización del aborto está en contra de las expropiaciones que Ebrard va haciendo por la vida. En el caso del aborto, se trata de un grave problema de salud pública, incluso por la cantidad de muertes de mujeres que los abortos clandestinos dejan. El problema del aborto es muy similar al de la droga. Con el falso argumento de que se defiende la vida, se protege el redituable negocio que a las mafias gubernamentales y empresariales beneficia. La droga no se despenaliza porque la droga mantenida como clandestina deja dinero a raudales y el narcotráfico, a pesar de su violencia inaudita, la incluye, en México el corte de las cabezas, no se combate porque es necesario para mantener la droga como mercancía clandestina. A cada impune ejecución el gobierno responde que es un ajuste de cuentas entre narcos. Y como los narcos no van por la vida asesinando personas no involucradas con ellos, eso se queda para la policía mexicana, la amenaza al gobierno encabezado por el ilegítimo, suponiendo que no se trate también de otra mentira, amenaza para que "el gobierno fecalista deje de proteger al Chapo", es una evidente amenaza entre narcos. Es lo malo de dejar impunes los crímenes: se corre el riesgo de recibir el mismo trato. La jerarquía católica se opone al aborto sin moral alguna para hacerlo. La perdió al no oponerse con la misma actitud decidida a cada crimen impune que involucra a los gobiernos. Ni modo. Los principios, los valores y la ética, más temprano que tarde, pasan las facturas cuando de manera tan brutal se les desprecia. El aborto es la medida más extrema que la mujer encara en la vida. Es un problema personal de cada conciencia. La prevención de los abortos es una obligación gubernamental no cumplida y se convierte en crimen cuando se obliga a la mujer a abortar en pésimas condiciones, atendida por charlatanes, de manera clandestina. Alertar sobre los riesgos que entraña el uso de las drogas es una obligación que el gobierno no atiende porque se acabaría el negocio que la droga mantenida como mercancía prohibida significa. Y al no cumplimiento de esa obligación gubernamental esencial se suma un crimen perverso: el de la venta de droga al menudeo encabezada en Yucatán y en otros estados, por la policía. La droga es un problema de educación y de salud desatendido porque la educación y la salud, que la Constitución consagra para cada mexicano como elemental derecho, se han convertido en monopolios al servicio de la dueña del sindicato de maestros y de uno de los empresarios a modo del sistema político. La expropiación es una medida extrema que como facultad otorga la ley a los gobiernos por causa probada de utilidad pública. Ebrard debió y pudo, con la procuraduría de justicia del Distrito Federal a su servicio, investigar y probar antes de expropiar. Por respeto al movimiento ciudadano tan fuerte en el D. F. debió hacerlo incluso para que la capitalina sociedad pensante no se mostrara convencida de que se trata sólo de otro negocio del perredista/ priísta gobierno capitalino que Ebrard encabeza. Pero, además, haciéndole el favor a Fecal, inaugura el perredista gobierno capitalino otro peligro pavoroso para los gobernados: la obligación para el acusado de probar que es inocente. Y les comparto, a manera de ejemplo, lo que me decía un perredista ciudadano capitalino. "Vivo en un condominio horizontal y si deciden que un vecino guarda droga en su casa o partes de autos robados o armas o lo que se les ocurra, cierto o falso, con lo que se conoce como la Ley Ebrard, de madrugada --a los delincuentes gubernamentales ya se sabe que les gusta la noche como aliada para cometer sus fechorías-- llegan cientos de granaderos y nos expropian a todos los vecinos nuestras casas y a ver, ¿cómo vamos a demostrar que el televisor o la estufa comprados hace 20 años son nuestros los que nada tenemos que ver con el problema?"