GIL DIAZ NOS LA QUIERE PASAR DE HUMO.

Senadores de PAN, PRI y PRD denuncian ante la SFP anomalías en el rescate bancario.
El IPAB y Hacienda cargaron ilegalmente al erario 72 mmdp.
La demanda impedirá que el gobierno del presidente Fox cierre el caso Fobaproa: Javier Corral.

ROBERTO GONZALEZ Y GEORGINA SALDIERNA

Senadores de PAN, PRD y PRI acusaron a los miembros de la junta de gobierno del Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB) y a la Secretaría de Hacienda de eludir un fallo de la Suprema Corte de Justicia y convertir en deuda pública pagarés del rescate bancario que presentan irregularidades y significan para los contribuyentes un quebranto por 72 mil 700 millones de pesos.

Con el fin de que los funcionarios del IPAB y de Hacienda sean sancionados y que esos pagarés no se conviertan en deuda pública, como pretende el gobierno del presidente Vicente Fox, los legisladores presentaron una denuncia ante la Secretaría de la Función Pública, a la que pidieron que investigue el caso.
Destacaron que con esta medida se pone un freno a la pretensión gubernamental de cerrar el capítulo del Fobaproa-IPAB, que representa la mayor deuda de la historia del país cargada al Estado, al alcanzar un costo global de un billón 220 mil millones de pesos, según documentó la Auditoría Superior de la Federación, el órgano de fiscalización de la Cámara de Diputados.

En este sentido, el panista Luis Alberto Rico Samaniego señaló que desde 2005 el secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, tenía prisa por cerrar la investigación sobre el rescate bancario y el Fobaproa.

Pero no fue sino hasta hace casi tres meses que el IPAB y la SHCP evidenciaron su pretensión al difundir desplegados en la prensa en los que se daba por concluido el tema.

La queja fue interpuesta desde el 9 de junio por los senadores Jeffrey Max Jones Jones, Javier Corral, Luis A. Rico Samaniego, Wadi Amar Shabshab y Guillermo Herbert, del PAN; Miguel Angel Navarro Quintero, Serafín Ríos Alvarez, César Raúl Ojeda y Antonio Soto, del PRD, y Jorge Abel López Sánchez, del PRI.

En conferencia, los tres primeros explicaron que hasta este viernes decidieron hacer pública la denuncia de lo que calificaron como "uno de los quebrantos más serios a la vida de la nación", con el fin de que no se contaminara con la cuestión electoral.

Rico puntualizó que al postergar el anuncio de la queja se buscó que el tema no se convirtiera en bandera de ningún partido durante la campaña presidencial.

La denuncia cuestiona la actuación de los directivos del IPAB en cuanto al canje de pagarés que emitió el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) en el contexto de uno de los mecanismos de apoyo financiero durante la crisis de 1995, el Programa de Capitalización y Compra de Cartera (PCCC).

De manera particular manifestaron su inconformidad porque tal intercambio se realizó sin aplicar los artículos transitorios 5 y 7 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario y la resolución de la Suprema Corte de Justicia que establecen que debe utilizarse la auditoría hecha al fondo por el canadiense Michael W. Mackey.

Los artículos establecen que el IPAB no puede asumir obligaciones contraídas por el Fobaproa sin que sean corregidas las irregularidades detectadas por las revisiones al rescate bancario. Los legisladores argumentaron que los directivos del IPAB se excedieron en sus funciones al ordenar otras auditorías -las llamadas de Gestión, Existencia y Legalidad (GEL)- que arrojaron resultados diferentes a la solicitada por los diputados, y que beneficiaban a los bancos.

El argumento del IPAB para ordenar las auditorías GEL fue que el reporte de Mackey tenía defectos, según una respuesta que remitió el instituto a los senadores.

Pero los legisladores rechazaron este argumento, pues señalaron que las autoridades del IPAB no están facultadas para mandar, pactar u ordenar auditorías diferentes a la solicitada por la Cámara de Diputados, aun si consideraban que los resultados del informe Mackey eran insuficientes.

Según los demandantes, la actuación de los directivos del instituto y de la Secretaría de Hacienda causó que la auditoría de la Cámara de Diputados perdiera su finalidad e hizo que se convirtieran en deuda pública apoyos irregulares a los bancos por 72 mil 700 millones de pesos, que generaron un daño directo al erario y a toda la nación en beneficio indebido de terceros.

El PCCC fue puesto en práctica por el comité técnico del Fobaproa durante la crisis de 1995. Los accionistas de los bancos inyectaban capital fresco a cambio de que el gobierno asumiera la responsabilidad de los préstamos con dificultades de cobro. El medio para garantizar la operación fue un pagaré avalado por el fideicomiso en favor de las instituciones de crédito.

Fueron 12 bancos los que recibieron apoyos del PCCC. De ellos sólo sobrevivieron cuatro a la crisis: Banamex, Bancomer, Bital (hoy HSBC) y Banorte.

Algunas de las irregularidades observadas por la auditoría de la Cámara de Diputados fueron: Banamex no requería apoyos del gobierno porque tenía un índice de capitalización mayor a ocho por ciento e incluso repartió dividendos a sus accionistas. Bancomer transfirió al Fobaproa créditos que había dado a sus propios accionistas y tampoco requería apoyos. Estas transacciones fueron realizadas antes de que las instituciones crediticias fueran compradas por firmas extranjeras.

El costo total del PCCC para los contribuyentes fue de 254 mil millones de pesos, informó el consultor financiero Mario di Costanzo, asesor de la comisión del Congreso que investiga el rescate bancario.
En la demanda hecha pública ayer, los senadores piden a la Secretaría de la Función Pública que castigue a los integrantes de la junta de gobierno del IPAB porque al haber convertido los pagarés irregulares en deuda pública faltaron a los principios que rigen en el servicio público.

Corral afirmó en la conferencia de prensa que el Fobaproa ha constituido una enorme carga para la nación y que es una lástima que ni siquiera las operaciones reportables se hayan sacado.

Por eso es que "decidimos actuar en el tramo final de nuestro ejercicio constitucional y dejar sentado para esta administración, o lo que le queda, y para la siguiente, un asunto que sin duda habrá de manifestar o de comprobar la voluntad política para enfrentar esta denuncia debidamente fundamentada y para que no se dé un cerrojazo".