CONSOLIDEMOS LA DEMOCRACIA.

Qué hará el tribunal.

Mauricio Merino.

22 de julio de 2006.

No encuentro ninguna otra ocasión en toda la historia de México, en que las decisiones de un tribunal hayan sido más importantes para la vida política del país. Creo que es una buena noticia: significa que hemos dejado atrás los otros métodos que alguna vez usamos los mexicanos para decidir quién debía gobernar: desde las rebeliones y las revueltas armadas del siglo XIX, hasta la falsa calificación electoral efectuada por los legisladores durante buena parte del siglo XX, pasando por las negociaciones políticas y toda clase de imposiciones y fraudes justificados en nombre de los ideales de la Revolución Mexicana. Hoy tenemos un método diferente: siete magistrados que nos dirán a quién asiste el derecho de gobernar, luego de estudiar a conciencia impugnaciones y pruebas, dentro de los límites de la Constitución y la ley.

La coalición inconforme con los resultados está buscando persuadir a ese grupo de magistrados, para que sean éstos quienes tomen la decisión de revisar a fondo los contenidos de los paquetes electorales. No está llamando a desconocer las reglas del juego, ni mucho menos a la violencia para impedir el gobierno de otro partido.

Lo que está haciendo es reunir toda la evidencia a su alcance para ganar un litigio, conforme a los procedimientos que las propias leyes le ofrecen. Está enfocando todas sus baterías hacia las rutas legales que conducen al Poder Judicial. Y hasta ahora, no he escuchado ningún argumento que no tenga como propósito defender el derecho que le asiste a encontrar una respuesta legal a sus planteamientos.

Nadie le está hablando a las Fuerzas Armadas o a la guerrilla: se están dirigiendo a los jueces. Y serán éstos, y nadie más, quienes determinen el desenlace del proceso electoral que está en curso.

Todo lo demás ha sido parafernalia: intentos de construir ante la opinión pública dos afirmaciones políticas enfrentadas, cuya veracidad legal depende de lo que resuelva el Poder Judicial en última instancia: de un lado, que ya tenemos un presidente electo; y del otro, que los datos del IFE son falsos. Pero será el tribunal, y solamente el tribunal, quien decida cuál de esas dos proposiciones es cierta.

En los próximos meses, la mayor parte de los magistrados que integran el tribunal cumplirá 10 años de desempeñar su labor. Y hasta ahora, después de haber emitido más de 22 mil resoluciones definitivas, jamás se ha dejado de acatar su interpretación del derecho.

Es cierto: ha habido quejas y resistencias. En ocasiones, incluso, el propio tribunal se ha visto obligado a exigir el cumplimiento inmediato de sus sentencias. Pero al final todas ellas se han cumplido al pie de la letra. De modo que los magistrados llegan a este momento crucial en plenitud de experiencia y conciencia.

De hecho, sería difícil imaginar una ruta más sólida para preparar a un grupo de jueces que han de enfrentar una situación como la que ahora estamos viviendo. Llegan al momento más desafiante de su carrera profesional (y quizás de su vida) en las mejores condiciones y con todas las herramientas indispensables para resolver este litigio con toda madurez jurídica, más allá del bien y del mal.

La historia que ellos mismos han construido nos dice, además, que pueden tomar la decisión que juzguen más conveniente para resolver las impugnaciones y realizar el cómputo final de las elecciones presidenciales. Una de las tesis de jurisprudencia emitidas por el tribunal nos informa, por ejemplo, que "a efecto de alcanzar el objetivo de certeza rector del sistema de justicia electoral, se prevé como una atribución del órgano jurisdiccional electoral la de ordenar, en casos extraordinarios, la realización de alguna diligencia judicial, como sería la apertura de los paquetes electorales".

Esa atribución, sin embargo, "constituye una medida última, excepcional y extraordinaria, que únicamente tiene verificativo cuando, a juicio del órgano jurisdiccional de conocimiento, la gravedad de la cuestión controvertida así lo exige, su eventual desahogo pudiera ser de trascendencia para el sentido del fallo -como ocurriría si pudiese ser determinante para el resultado de la elección-, y siempre que, además, habiéndose agotado todos los medios posibles para dilucidar la situación, sólo se pueda alcanzar certidumbre a través de esa diligencia" (Tesis S3ELJ 14/2004).

Otra de esas tesis afirma: "Cuando por circunstancias completamente extraordinarias, un tribunal electoral abre un paquete electoral o de votación, y los datos que se obtienen de la apreciación directa de su contenido, no corresponden con los consignados en el acta de la jornada electoral, se deben corregir los cómputos correspondientes, ya sea de casilla o el final de la elección de que se trate, para todos los efectos legales a que haya lugar".

Y agrega: "Esas anotaciones se deben hacer a un lado para estarse a los datos que corresponden con la realidad y no al mero dato formal y representativo contrario a ella, en razón de que de no hacerlo, sería darle mayor credibilidad a la ficción que a la verdad" (Tesis S3ELJ 14/2005).

Y una más dice: "El hecho de que los representantes de los partidos políticos ante las mesas directivas de casilla firmen las actas electorales, sin formular protesta alguna, no se traduce en el consentimiento de las irregularidades que se hubiesen cometido durante la jornada electoral, en tanto que tratándose de una norma de orden público, la estricta observancia de la misma no puede quedar al arbitrio de éstos" (tesis S3ELJ 18/2002).

En suma: el tribunal puede decidir, de manera excepcional y extraordinaria, que se abran los paquetes electorales si encuentra que los datos consignados en las actas de casilla no son consistentes con el resto de la información revisada, incluyendo los cómputos distritales, o si esa información genera dudas fundadas. Puede hacerlo para corregir los datos anotados en las actas originales y para sumar, al final, el resultado que de ahí se derive. Pero en cada caso, su objetivo debe ser la certeza y la objetividad en el cómputo definitivo de la elección en litigio: llegar hasta la última evidencia que, de manera indudable, respalde esa cuenta definitiva e inatacable casilla por casilla y, cuando sea necesario para despejar cualquier duda, voto por voto.

Apuesto a que el tribunal hará bien su tarea y todavía pienso, a pesar de todo, que al final habremos ganado un nuevo trecho en la consolidación de la democracia.