DEL PROCESO Y EME-EQUIS:

SINVERGUENZAS,LOS PANUCHOS PIDEN A "SU GOBER" PRECIOSO EN NUEVO LEON QUE SE "BAJE EL SUELDO"

Nota original:
Nuevo León: Piden panistas al gobernador modere su salario
luciano campos garza

Monterrey, NL, 1 de noviembre (apro).- La bancada panista del Congreso local solicitó al gobernador priista Natividad González Parás reducirse el salario al mínimo posible, y también ordenar que sus diez principales colaboradores hagan lo propio, a fin de que la administración se ahorre 4.6 millones de pesos al año.

De acuerdo con estimaciones presentadas este día desde la tribuna por el diputado Ángel Valle, si el gabinete se apega al plan de austeridad publicitado por el gobernador, que prevé ahorros en la nómina hasta en 20%, la administración se ahorraría mensualmente unos 389 mil pesos que, acumulados al año sumarían 4 millones 678 mil pesos.

"Estos diez funcionarios de primer nivel mandarían un mensaje positivo al resto del aparato gubernamental para cumplir, ahora sí, los programas de ajuste al gasto que, lamentablemente, no han arrojado resultados positivos hasta el momento", dijo en la sesión matutina.

La propuesta hace eco a la que presentaron los mismos panistas el martes en el Congreso, al solicitarle al gobernador que en la próxima Ley de Egresos 2007 presente sueldos reducidos, de conformidad con sus planes de austeridad.

Según la página web del gobierno estatal, González Parás es el funcionario con el salario más alto, con una percepción bruta mensual de 156 mil pesos, seguido por el secretario general de Gobierno, el tesorero y el procurador, que perciben 154 mil.

Un poco más abajo están el encargado de la Oficina de la Gubernatura, el oficial mayor y los secretarios de Seguridad, Obras Públicas, Educación, Salud y Desarrollo, quienes reciben 141 mil pesos.

Los sueldos no concuerdan con el discurso de ahorro que ha pronunciado el jefe del Ejecutivo estatal a lo largo de estos tres primeros años de gobierno, fustigó el panista.

"Los diputados del PAN esperamos congruencia de parte del Ejecutivo del estado, si su propósito es destinar más recursos a las áreas sociales, de seguridad, educación y empleo", señaló el diputado, lo que provocó reacciones airadas de los priistas.

Comentó que los sueldos que deben ser reducidos al mínimo son los del Ejecutivo, y los de los secretarios generales de Gobierno, Finanzas, Educación, Salud, Obras Públicas, Desarrollo Económico, Seguridad, procurador y oficial mayor.

En defensa del gobernador priista, la diputada tricolor Carlota Vargas les recordó a los del blanquiazul los excesos en los que incurrió el exmandatario panista, Fernando Canales Clariond, que benefició a su gabinete con bonos de salida.

“Es muy lamentable que los actuales diputados del PAN no estuvieran en funciones cuando el gobernador era Fernando Canales y ordenó el pago de bonos a sus colaboradores”, atajó la legisladora.

NOTA:Si a ellos les da verguenza ¿que nos da a nosotros? ver sueldos de primerisimo mundo contra 60 millones de mexicanos en niveles de pobreza,HIPOCRITAS se quieren curar en salud,y el pretexto de que los anteriores gobers ni siquiera decian cuanto se CHINGABAN,no es pretexto para ufanarse de ESTAFAR BAJO NOMINA.Y no nos hacemos ilusiones,los grupos antagonicos dentro de los fanaticos panuchos estan manejando esto, es un clasico ENOJENSE LAS COMADRES Y SAQUENSE LAS VERDADES,no un REPETINO LAPSUS de honradez Republicana.

Las fuerzas oaxaqueñas
josé gil olmos

Nota original:
México, D.F., 1 de noviembre (apro).- Ulises Ruiz, operador político y electoral de Roberto Madrazo, enfrenta la disyuntiva de dejar el cargo que ganó en unas elecciones cuestionadas o mantenerse a cualquier costa, con lo cual dejaría en claro que poco le importa su partido, pues, en realidad, le estaría cobrando la factura de haber pagado su nómina en los últimos años.

Su inestable posición al frente del gobierno de Oaxaca ha tenido altos costos para Ulises Ruiz: 17 muertos, decenas de desaparecidos, pérdidas económicas en la capital del estado y la polarización de la sociedad en dos bandos que son irreconciliables.

A pesar de esta situación de enconos, persecuciones y fracturas sociales en Oaxaca, todo parece indicar que Ulises Ruiz y el grupo que representan en el PRI ha decidido mantenerse sin importar que el conflicto se alargue aún más, tanto que ya el presidente Vicente Fox reconoció que lo heredará a Felipe Calderón a partir del 1 de diciembre, cuando entre en funciones como jefe de Ejecutivo federal.

La descomposición que sufre el gobierno de URO --como le dicen sus paisanos a Ulises Ruiz--, es evidente; y muestra de ello es que no se nota su mano en las operaciones políticas, policiales y militares que se han implementado en los últimos días para desalojar a los simpatizantes y miembros de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) del Zócalo de la capital oaxaqueña.

Al contrario, de acuerdo con las versiones de miembros de esta asamblea popular, URO ha tomado la decisión de aplicar una especie de “guerra sucia” en contra de los dirigentes populares, los cuales han tomado la precaución de abandonar sus hogares, vivir de manera itinerante y proteger a sus familias ocultándolas en otros domicilios.

Según los miembros de la APPO, el gobierno de URO ha tomado la decisión de liberar una gran cantidad de órdenes de aprehensión y ha pagado a sicarios para eliminar a quienes consideran sus enemigos.

De ser ciertas estas versiones, en Oaxaca estaríamos ante el resurgimiento de los viejos métodos de control caciquil que el PRI utilizó con toda impunidad en varios estados como San Luis Potosí, Veracruz, Guerrero, Chiapas, Tabasco y Yucatán, entre otros, mediante los cuales el gobernador en turno eliminaba a sus opositores metiéndolos a la cárcel o a través de pistoleros a sueldo, o de grupos de choque dispuestos a todo.

Los apistas han denunciado que está en marcha el “Operativo Hierro”, en el cual participarían porros, sicarios y hasta elementos del grupo paramilitar Los Zetas, contratados para eliminar a los dirigentes de la APPO, atentar contra sus familiares, incluso agredir a periodistas que el gobierno de URO considera indeseables.

La denuncia que hacen los appistas es que este operativo estaría encabezado por el priista Heliodoro Díaz Ezcárraga, a quien también se identifica como el posible sucesor de URO.

Las acusaciones se basan en hechos concretos, el ejemplo más claro es el de la maestra Maria del Carmen López Vázquez, exlocutora de la estación La Ley del Pueblo que por varias semanas funcionó como el medio de comunicación de la APPO. Integrante de la Sección 22 del sindicato magisterial, esta maestra ha sido objeto de una fuerte campaña en los medios en la que se le vincula con la guerrilla, incluso con el narcotráfico.

De acuerdo con las versiones oficiales, ellas es la que representa el grupo más duro de la APPO que no está dispuesto a flexibilizar las negociaciones con el gobierno federal. Sin embargo, la maestra considera que detrás de esta campaña de desprestigio, en realidad, existe una estrategia para descabezar el movimiento. Ella desmiente que forme parte de algún grupo guerrillero o que represente la parte intransigente de la Asamblea Popular.

A raíz de la publicación de estas versiones en su contra, la maestra se unió a otros miembros de la APPO que han decidido vivir fuera de sus casas, cambiarse diariamente de domicilio, proteger a sus familiares para no presentar un blanco fijo...

En esta “guerra sucia”, ha habido muertes violentas, como el maestro que fue degollado cerca de su domicilio, muy al estilo de las acciones que realizan los sicarios del narcotráfico, Los Zetas.

La decisión de URO de mantenerse ha traído sus consecuencias, quizá la más terrible es esta guerra intestina en la cual se mueven agentes oscuros, comandos que ya empiezan a ser llamados “el convoy de la muerte”, que en algunas noches se ha presentado en las barricadas de los inconformes disparando desde la oscuridad.

Se trata de un grupo de pistoleros que se mueve en camionetas y motocicletas, y que se dedica a atemorizar a los pocos appistas que aún se quedan a vigilar las pocas barricadas que la Policía Federal Preventiva no ha podido levantar.

El conflicto de Oaxaca tiene esta parte oscura de la que poco se habla, una guerra sucia que ya cobró 17 muertes y que, de no resolverse en estos días, podría acrecentar el número de víctimas.


Condiciona la APPO su presencia en la mesa de diálogo en Gobernación
rosalía vergara, josé gil y pedro matías

Nota original:
Oaxaca, Oax., 31 de octubre (apro).- La Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca rechazó asistir a la mesa de diálogo a la que convocó la Secretaría de Gobernación para este miércoles, hasta en tanto no ponga un alto a los retenes establecidos por la Policía Federal Preventiva (PFP), libere a los detenidos sin condiciones y cancele el operativo desplegado para detener a la dirigencia de la APPO.

Así lo dio a conocer el integrante de la dirección provisional de la APPO, Zenén Bravo Castellanos, mientras que Flavio Sosa Villavicencio responsabilizó al gobernador Ulises Ruiz Ortiz, al presidente Vicente Fox y al secretario de Gobernación, Carlos Abascal, de lo que les llegue a pasar a los que han dado la cara en este movimiento popular.

Luego de reconocer el apoyo del arzobispo de Antequera-Oaxaca, José Luis Chávez Botello, para tender puentes con la Secretaría de Gobernación con el propósito solucionar este conflicto por medio del diálogo, dio a conocer que la PFP, conjuntamente con la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) de la PGR, ha diseñado un operativo para detener a la dirección provisional de la APPO, razón por la que se ha continuado el cateo de casas sin contar con órdenes judiciales.

Por todo lo anterior, la Asamblea ratificó los acuerdos de mantener la lucha pacífica, y continuar con la movilización, en la capital del estado, sus regiones, y a escala nacional e internacional.

Es por ello que la APPO convocará a todas las asambleas populares que se han constituido en todo el país para fortalecer su solidaridad con el pueblo oaxaqueño.

Explicaron que la Asamblea determinó no acudir a Gobernación debido a que la toma de la PFP arrojó saldos trágicos, detenciones, desapariciones, casos de tortura y cateos ilegales en la capital y en poblaciones de la periferia.

Precisaron que están claros que el diálogo debe ser la vía para solucionar el conflicto de Oaxaca, y muestra de ello es que han acudido a ese llamado en diversas ocasiones, sin embargo, con la entrada de la PFP y los operativos represivos, no pueden ir en estas condiciones.

Así mismo, destacó que las barricadas van a continuar, porque son una forma de organización, unidad y lucha, y se han convertido en un símbolo de resistencia ante las agresiones de paramilitares y de la propia PFP.

Aclararon que no están en la idea de confrontar, razón por la que no van a impedir que la PFP quite las barricadas, porque cuando la APPO considere necesario reinstalarlas, las volverá a levantar, pues está claro que es un método de autodefensa.

Mientras tanto, informaron que proseguirán las movilizaciones en todos los niveles para continuar con su lucha pacífica. Por lo pronto, convocaron para una marcha el próximo domingo.

En la conferencia de prensa que ofrecieron en su campamento de resistencia situado frente al templo de Santo Domingo, con documento en mano, desmintieron al gobierno federal, al afirmar que Alberto Jorge López Bernal, según el consejo médico legal forense, dictaminó que la causa de su fallecimiento fue:

“Herida producida por disparo de proyectil de gas comprimido (gas lacrimógeno) que penetró a tórax produciendo fracturas, lesionando el corazón y pulmón izquierdo con hemorragias abundantes”.

Finalmente, en la explanada del exconvento del siglo XVI también se montaron altares y tapetes alusivos a la festividad de Muertos y Todos Santos.


DE EME-EQUIS:

LA DERROTA DE LAS INSTITUCIONES:


Por Jaime Cárdenas*

El Estado de derecho está constituido por tres elementos básicos: el poder público debe tener su origen en la soberanía popular, el poder debe estar limitado democráticamente, y el poder se justifica y legitima si garantiza derechos humanos.
El primer elemento en nuestro país sigue siendo muy débil, pues aunque contamos con elecciones de un poco más calidad que en el periodo del partido hegemónico, después del fin de éste, los poderes fácticos (televisoras, radiodifusoras, grandes capitales privados, partidos, sindicatos, etcétera) son los que controlan el aparato del Estado. El poder público está a su servicio y no al de los ciudadanos.
El sistema electoral presenta deficiencias indudables. Aquí al menos las siguientes:
1) Las campañas se hacen en los medios y la autoridad electoral no tiene competencias legales suficientes para salvaguardar la equidad en las contiendas.
2) El financiamiento privado está sin control en las antecampañas y precampañas, lo que propicia que quien defina las elecciones sean los grandes capitales privados con corrupción añadida.
3) El financiamiento público es excesivo, al igual que la duración de las campañas.
4) Los instrumentos de fiscalización de la autoridad electoral son débiles.
5) Las nomenclaturas de los partidos controlan el proceso político.
6) No existen mecanismos de democracia directa ni candidaturas independientes.
7) Los partidos no funcionan democráticamente hacia su interior, lo que avizora la consolidación de una partidocracia mexicana, y un largo etcétera, que manifiesta que el sistema electoral no es expresión ni está destinado a la ciudadanía sino a otros intereses.

El poder público no se encuentra limitado democráticamente. El Poder Judicial mexicano no es independiente, no garantiza el acceso a la justicia a los ciudadanos ni es eficiente. Según datos del propio Poder Judicial Federal, de cien amparos presentados por los ciudadanos, 75 por ciento se sobresee (esto es, no se entra al fondo del asunto, pues alguna causa procesal lo impide), es decir, el Poder Judicial decide, pero no resuelve los grandes problemas económicos, sociales y políticos del país.
Es, además, un poder controlado por la Presidencia de la República y las mayorías legislativas que controlan el Senado, debido a un deficiente mecanismo de nombramiento de los ministros, que no le da a la ciudadanía participación en las designaciones. La cultura jurídica nacional se distingue por su formalismo, no se orienta a la protección de los derechos humanos ni a la salvaguarda de los principios democráticos.
La jurisprudencia obligatoria de la Suprema Corte, en contravención de lo señalado por la ley suprema, impide que los jueces locales y autoridades administrativas interpreten las leyes secundarias desde la Constitución, lo que propicia el incumplimiento y el divorcio de las autoridades no federales respecto a la Constitución.
El Ministerio Público es un órgano político de defensa a los que se consideran políticamente cercanos, como los hijos de Marta Sahagún, o de ataque a los adversarios políticos, como se demostró en el proceso de desafuero de Andrés Manuel López Obrador. El proceso de investigación es deficiente, es sobre todo inquisitorio y no acusatorio, y suelen realizarse las investigaciones sin garantizar los derechos humanos de los acusados.
El Ministerio Público tiene indebidamente el monopolio de la acción penal, lo que en los hechos significa que si el Ministerio Público no desea consignar un caso, es difícil que ello se produzca aunque las decisiones finales del Ministerio Público sean revisadas por el Poder Judicial Federal. Es, además, muy escaso el número de consignaciones en relación con el número de denuncias y querellas presentadas por los ciudadanos, lo que significa impunidad.
Ningún órgano constitucional autónomo –Banco de México, IFE, Comisión Nacional de Derechos Humanos– lo es a plenitud. Como demostró la elección federal de 2006 con el IFE, estos órganos suelen estar penetrados por los poderes formales o los poderes fácticos (medios de comunicación electrónicos, partidos, sindicatos, organizaciones empresariales, intereses trasnacionales, iglesias, etcétera).
El Poder Legislativo está necesitado de una gran reforma que lo democratice y lo ponga al servicio de los ciudadanos. No rinde cuentas a los ciudadanos, las comisiones del Legislativo –que son sus órganos fundamentales– no cuentan con el marco legal adecuado para tramitar en tiempo y forma las iniciativas de reforma o para controlar al Ejecutivo, se carece de un estatuto del parlamentario y de mecanismos que eviten la corrupción en su interior. Los legisladores han dejado de ser representantes de la nación y ahora lo son de los poderes fácticos.
La democracia en México, si se puede llamar así, es delegativa. El ciudadano vota cada tres años pensando que es libre, pero carece de instrumentos de control interelectoral. No hay mecanismos de accountability ni de rendición de cuentas fuertes. La transparencia al poder, impulsada en este sexenio, no va a la médula del poder, se queda en los poderes formales y no atiende a los poderes fácticos.
En estos días, Vicente Fox ha enviado al Congreso una iniciativa de reforma constitucional para que los partidos transparenten su vida interna, los recursos que emplean y el patrimonio que ejercen, lo que parece bien. Sin embargo, se olvidó del poder fáctico más importante: los medios de comunicación electrónica, que también deben ser sujetos obligados de las leyes de transparencia, por el papel que han acumulado en la videocracia que padecemos.
El sistema jurídico y político no se orienta a la protección de los derechos humanos. Los derechos económicos, sociales y culturales carecen de medios de garantía jurídica. En México, para luchar por estos derechos, los ciudadanos tienen que hacer marchas y plantones y no como se debiera, acudir a los tribunales para reivindicar una vivienda, un hospital, una escuela, etcétera. El juicio de amparo –orgullo nacional– es una institución individualista y decimonónica, sin utilidad real de cara a los derechos humanos de los ciudadanos.
Necesitamos mecanismos procesales de protección a los derechos colectivos e intereses difusos que hoy en día no existen. El sistema judicial requiere una profunda reforma para darle a cada ciudadano la acción popular de inconstitucionalidad. Las minorías deben tener acceso a los medios de comunicación electrónica a través de los tiempos del Estado para que realmente tengan voz. Todo el sistema, en cada uno de los poderes y órganos, debe incorporar mecanismos participativos y deliberativos.
López Obrador tiene razón en su crítica a las instituciones. No tendremos el fin de la transición hasta que tengamos un Estado de derecho pleno. Las instituciones no cumplen con sus fines sociales. Ha sido un error concebir la democracia y la transición sólo en términos electorales. La manera de estar en el siglo XXI es con un Estado fuerte para que exista y se desarrolle una sociedad civil fuerte.


* Doctor en derecho, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y ex consejero electoral del IFE.
jaicardenas@prodigy.net.mx


A MERCED DE LA ESPOTOCRACIA
Gobernar desde la television.


Por Daniel Cazés-Menache*

¿Es necesario que los poderes del Estado produzcan y difundan publicidad sobre la forma en que afirman que cumplen sus tareas?
¿Para qué precisa la ciudadanía que le vendan cámaras de diputados y senadores, Suprema Corte de Justicia, IMSS e instituciones por el estilo, como si fueran refrescos de cola, alcoholes o fórmulas para perder peso?
¿Acaso compra la gente lo que ponen a la venta el gobierno y los changarros asociados a él?, ¿alguien se cree lo de “damos resultados” o “la gran imsstitución”?
¿Podrían el IFAI o la CNDH exigir que la mercadotecnia gubernamental presentara hechos concretos además (o en lugar) de la publicidad que difunde? (Por ejemplo: “En el IMSS, tan sólo para analizar si una persona puede donar un órgano, tardamos seis meses o más” o “Deterioramos tu salud y ponemos en peligro tu vida mientras vemos si te atendemos”, o aquel vetusto desglose de siglas que hacen los burócratas en espera de atención: “Inútil solicitar servicios, sólo tramitamos entierros”. O también: “En el Senado no nos importa Oaxaca, pero sí las negociaciones del combinado calderonista”. O aun: “En ningún año del sexenio se alcanzó crecimiento de siete por ciento ni el millón de nuevos empleos”, y quizá: “En menos de 15 minutos logramos la adhesión del Enmascarado de lana”).
Sería ingenuo pensar que algún día anuncien por televisión o por radio la cantidad de espots vacíos con que se ha publicitado a las instancias y a los personajes gubernamentales y la cantidad de dinero que (proveniente de los bolsillos ciudadanos) se llevaron las empresas preferidas para halagar o denigrar.
Dirán todo lo que les indique su imaginación casi nula, y lo repetirán en las ondas hertzianas miles de veces –metodología de Göbels asumida por los gobiernos de México desde hace más de siete décadas–.
Con la malicia generalizada –inútil arma de la sumisión y la impotencia– no se perderá la convicción de que tras cada dictamen electoral hay un cuñado incómodo, de que cualquier juececillo protegerá a sus protectores y dañará al periodismo honesto, de que las inserciones pagadas de los gobers preciosos hacen direcs preciosos, capaces de ignorar metáforas como la de las botellas de coñac.
Poco importa: se gobierna a pesar de lo que piensen o expresen porciones enormes de la ciudadanía, pues nunca se ha pensado gobernar para ella y mucho menos con ella: siempre contra ella.
Quien no aparece en los medios, en especial en la tele, no existe; y si de quien aparece en la tele se habla mal, diversos voceros se preciarán de que las acciones de gobierno son más eficaces y por ello, más efectivas.
Quienes con prepotencia empresarial –la política profesional es una gran empresa, próspera y plural– sólo son capaces de percibir a la ciudadanía como el molesto conglomerado informe de consumidores de mentiras que el martilleo de espots convierten en verdades.
Más de cien millones de habitantes de este país vivimos a merced de la espotocracia, o más bien de la espotarquía absoluta. El Poder Legislativo jamás percibirá la urgencia de crear una entidad capaz de apoyar el más minúsculo propósito de liberarnos de sus garras (las de la espotocracia y las de las cámaras).
El sexenio que se avecina será de auge de ese sistema que ni siquiera se pretende ilustrado (y a menudo da muestras de su indiferencia por ser lo contrario): Ejecutivo, Judicial y Legislativo están de tal manera seguros de que todo estuvo chueco en la elección de julio, que no permitirán que quienes exigimos ver los documentos que ocultan conozcamos los verdaderos resultados. Para ellos es más rentable consolidar sus técnicas para seguir gobernando por espots en Oaxaca, en Tabasco, en Chiapas, en todo el país.

* Doctor en antropología, director del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Humanidades de la UNAM.

¿DONDE SE ESTRAVIO LA DEMOCRACIA?

NOTA ORIGINAL:

En algún camino del sur la democracia se quedó atascada.
Nada, o muy poco, parece haber cambiado por las tierras del sur en las últimas décadas.
Ya sea en un proceso electoral, como el de Tabasco, donde ayer y hoy las denuncias de fraude electoral, de detenciones arbitrarias, de operativos de estado, de confrontación, se escuchan de la misma forma ahora que antes.
O en Oaxaca, donde un gobernador vuelve a confrontarse con la sociedad, dejando una estela de ingobernabilidad, muertos y enfrentamientos callejeros.
O bien en Chiapas, tierra en la que los resultados electorales transcurren de impugnación en impugnación.


Por Fátima Monterrosa


fatima@eme-equis.com.mx

Tabasco, Oaxaca y Chiapas, el triángulo del sureste mexicano, donde los gobernadores siguen siendo dueños absolutos del poder, donde las palabras alternancia y transición han sido desterradas. Donde el Poder Ejecutivo federal deja que los reyezuelos locales pongan y dispongan a su antojo.
Tierras sin ley, sin democracia, todavía.
Como esas viejas películas que de pronto vuelven a las pantallas.
Pionero de los movimientos ciudadanos que hace veinte años dieron los primeros pasos para someter a los procesos electorales y a los funcionarios públicos a la vigilancia de la sociedad, Sergio Aguayo es de esos especialistas que siempre lleva bajo el brazo una puntual bitácora para sustentar lo que dice, lo que analiza, cuando de poner a la democracia mexicana bajo la lupa se trata.
Y así lo hace al voltear la mirada y ver lo que ocurre, de manera simultánea, en ese triángulo del sureste mexicano.
“En estados como Tabasco, Chiapas y Oaxaca el tiempo no ha pasado y se reproduce la vieja historia de iniquidades e irregularidades que vimos en el México autoritario. La democracia, ahí, nunca llegó”, sostiene sin asomo de duda.
Especialista en temas electorales, Aguayo considera que entre las elecciones que se registraron hace 12 años y los comicios de 2006 no han cambiado muchas cosas.
“Las elecciones de 2006 fueron igual de sucias que las del 88”, afirma y sostiene que ahora, en pleno siglo XXI, en México, “se conjugan las viejas y tradicionales formas de hacer fraude, como la compra y coacción del voto”, con “nuevas formas de realizar los fraudes electorales”.
Ahora –indica–, “durante los comicios no sólo participan las autoridades y los partidos políticos, sino que tienen un ingrediente más: los empresarios y los medios de comunicación masivos que violan flagrantemente la legalidad electoral y sirven a los intereses de los candidatos o los gobernantes en turno”.
Para el investigador de El Colegio de México, cada vez está más claro que quienes cuentan o poseen más dinero “son los que realizan más trampas en las elecciones y desde luego son los artífices de las guerras sucias”.
Todo esto, indica, “deja en los ciudadanos un amargo sabor y frustración al observar que pese a todas las luchas democráticas se continúan aplicando las viejas prácticas para llegar al poder”.
Y contundente suelta un golpe seco a quienes presumen que la alternancia y la transición han cambiado cualitativamente la vida del país.
“En 1994 los procesos electorales eran malos porque las instancias electorales estaban dominadas por el Poder Ejecutivo. En los años mejoro en algo la calidad de los comicios. Pero en 2006 ha habido un grave retroceso”, sentencia.


Desde hace 4,380 días las elecciones en Tabasco no han cambiado casi nada. Los escenarios son los mismos: compra y coacción de votos, utilización de recursos públicos para financiar campañas electorales, utilización de los cuerpos policiacos para intimidar a los adversarios, enfrentamientos, golpes y detenidos.
La lucha de los partidos de oposición contra la maquinaria de estado.

Tabasco 1994
Los comicios se celebraron el 20 de noviembre para elegir gobernador, 17 presidentes municipales y renovar el Congreso Local.
1.– Los candidatos a la gubernatura fueron: por el PRI, Roberto Madrazo. Por el PRD, Andrés Manuel López Obrador.
2.– La organización Alianza Cívica documentó que se utilizaron los programas gubernamentales Solidaridad y Procampo y recursos públicos para beneficiar al PRI.
3.– El PRD denunció el favoritismo de los medios de comunicaciones locales con los candidatos priistas en los 16 diarios que hay en Villahermosa, en los tres canales de televisión locales y en las 19 estaciones de radio.
Sondeos de organizaciones civiles demostraron que Madrazo ocupó 80 por ciento de los espacios en los medios de comunicación.
El PAN interpuso una denuncia ante el órgano electoral debido a que Madrazo gastó sólo en el diario Tabasco Hoy mil millones de viejos pesos en publicidad.
4.– Las brigadas de defensa del voto del PRD detuvieron a 45 personas acusadas de mapaches electorales, entre los que se encontraban 36 policías.
5.– Enfrentamiento a balazos, un candidato a diputado amenazó con una pistola a electores en un urna.
6.– Se registraron tres apagones eléctricos en las instalaciones del Consejo Estatal Electoral el día de las elecciones.
7.– El Comité de Derechos Humanos de Tabasco denunció robo de boletas, acarreo de votantes, carruseles y padrón electoral rasurado.
8.– López Obrador dio a conocer grabaciones telefónicas que revelaron que el PRI puso en marcha un operativo “de promoción del sufragio para levantar la votación”.
9.– López Obrador presentó cajas con documentos y facturas donde Roberto Madrazo habría gastado 70 millones de dólares en su campaña.
10.– El escándalo de los comicios en Tabasco llegó a la Cámara de Diputados. Los legisladores del PRD denunciaron fraude electoral; el diputado del PRI, Cesar Raúl Ojeda Zubieta, salió en defensa de Madrazo.

Tabasco 2000
La misma historia se repitió seis años más tarde en la pelea por la gubernatura, presidencias municipales y el Congreso local, el 15 de agosto de 2000.
Pero las elecciones a gobernador fueron anuladas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación porque la contienda careció de transparencia, equidad, neutralidad y certeza que afectaron el resultado. “Si las anomalías no se hubieran producido, el resultado podría haber sido otro”, sentenció dicho organismo.
Los magistrados enlistaron las irregularidades: la iniquidad en los medios de comunicación, la apertura ilegal de los paquetes electorales de nueve distritos que constituyen la mitad de la votación, la quema de material electoral, la desaparición de actas de escrutinio, el hallazgo de paquetería y material electoral en una empresa privada y la utilización de recursos públicos para la inducción del voto.
1.– Por el PRI participaron Manuel Andrade (delfín de Madrazo) y por la Coalición PRD- PT Cesar Raúl Ojeda (ex priista y delfín de López Obrador).
2.– Franklin Espinosa May fue detenido por perredistas cuando entregaba recursos del Fondo para Desastres Naturales (Fonden) a cambio de votar por el PRI. Además el PRD denunció que los candidatos del PRI repartieron despensas, materiales de construcción, bicicletas, máquinas de coser, molinos y demás enseres domésticos
El diputado federal del PRI, Feliciano Calzada, entregó a sus compañeros de bancada y a los senadores invitaciones para acudir a Tabasco por cortesía de Madrazo, donde se incluía hospedaje en hotel cinco estrellas, transportación, alimentos y gastos extra.
3.– El canal 7 del gobierno del estado se negó abrir espacios a los candidatos del PRD a pesar de que el partido firmó un contrato con pago por adelantado por lo que el PRD interpuso una demanda.
Solamente los diarios Tabasco Hoy, El Sureste y los programas radiofónicos Telerreportaje y Radio Correo Informativo, abrieron las puertas al PRD.
4.– El día de los comicios los perredistas denunciaron que detectaron a más de 200 operadores electorales del PRI que llegaron del estado de México.
El PRI acuso al PRD de incitar a la violencia y desestabilizar el proceso electoral con integrantes del Consejo General de Huelga de la UNAM, como el Mosh, el Gato y el Diablo.
5.– La dirigencia nacional del PRD descubrió un centro de cómputo donde se preparaba la manipulación de las elecciones estatales. Amalia García acompañada de Jesús Ortega, Armando Quintero, Carlos Ímaz, Martí Batres y Rutilio Escandón acudieron a la empresa Chocoweb y fueron recibidos a balazos y con gas lacrimógeno por el propietario de la empresa Manuel Zendejas Carmona y un policía.
En el lugar encontraron papelería y material electoral, cajas con equipo de cómputo y documentación oficial, lista nominales, urnas vacías, tinta indeleble, mamparas, conexiones de enlaces informativos con la Contraloría General de Gobierno, el PRI, el Instituto Electoral Estatal y las oficinas del Palacio de Gobierno, además de vehículos oficiales.
6.– Roberto Madrazo no acató la recomendación del presidente del Consejo Estatal Electoral, Leonardo Sala Poisot, de suspender la promoción de programas y acciones de gobierno 30 días antes de los comicios. Canceló sus giras cinco días antes de la elección.
7.– Organizaciones civiles locales denunciaron el robo y quema de urnas en cinco municipios.
8.– Cesar Raúl Ojeda Zubieta presentó impugnaciones ante los tribunales electorales federales. El 29 de diciembre de 2000, el Trife anuló la elección al considerar que no hubo “sufragio libre, como lo establece la Constitución” y revocó la constancia de mayoría al priista.
9.– El ex coordinador de la fracción del PRI en la Cámara de Diputados, Arturo Núñez, rompió con Roberto Madrazo y lanzó un llamado a no votar por el candidato del PRI, Manuel Andrade. Otros destacados priistas se sumaron a la candidatura de Ojeda Zubieta.
10.– Las denuncias del PRD sobre el fraude electoral tuvieron eco en la tribuna de la Cámara de Diputados, el PRI rechazó todas las acusaciones.

Tabasco 2006
Doce años después la historia es casi la misma…
En las elecciones del pasado 15 de octubre se renovaron la gubernatura, las alcaldías y el Congreso local.
1.– El candidato del PRI fue Andrés Granier (del grupo de Roberto Madrazo) y por la Coalición PRD- PT, Cesar Raúl Ojeda Zubieta (lopezobradorista).
2.– Simpatizantes del PRD descubrieron en el municipio de Comalcalco una bodega repleta de bicicletas, despensas, sartenes y molinos de café que serían repartidos por el PRI el día de los comicios para obtener el voto.
3.– Iniquidad de los medios impresos y electrónicos. La repetidora de Televisa no permitió que el candidato del PRD, Cesar Raúl Ojeda, insertara publicidad para promover su campaña.
El PRI y PRD se acusaron de guerra sucia en los medios electrónicos.
4.– Simpatizantes del PRD detuvieron a un grupo de jóvenes en el municipio de Cárdenas que fueron contratados por el PRI para realizar desmanes en caso de que la votación no les favoreciera. Los jóvenes, que portaban brazaletes verdes en la mano y camisas color naranja, revelaron que les pagaron 300 pesos. Los perredistas entregaron al grupo de jóvenes a la policía estatal, pero fueron liberados inmediatamente.
Durante la jornada electoral la policía estatal detuvo arbitrariamente a por lo menos cien simpatizantes del PRD que fueron golpeados y encarcelados.
La policía detuvo a 21 perredistas, a quienes el PRD dijo que les sembraron armas, los torturaron y los obligaron a decir en un video que acudían a Tabasco a desestabilizar la elección.
La policía justificó la aprehensión y aseguró que uno de los detenidos, Lucano Herrera Ochoa, trastabilló accidentalmente y a causa de esto tuvo algunos golpes. Al perredista se le desprendió la retina por los golpes que recibió de parte de los policías.
Otro grupo de jóvenes acompañado de granaderos agredieron a los legisladores Nancy Cárdenas, Rosalinda Hernández, Eddy Ortiz y Avelino Morúa, cuando cuidaban las casillas.
5.– El candidato del PRI, Andrés Granier, denunció que desconocidos lanzaron disparos fuera de su casa de campaña.
6.– Observadores electorales acusaron al Consejo Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco de actuar con parcialidad. Denunciaron que los consejeros no atendieron con prontitud las denuncias y quejas de los partidos políticos.
Miguel Chávez, representante de Ciudadanos en Movimiento, y Jorge Gutiérrez, de la organización civil Sociólogos de Tabasco, manifestaron su preocupación por los incidentes suscitados a lo largo de la contienda.
7.– El PRD denunció operativos de carrusel para favorecer a los candidatos del PRI.
8.– El PRD exhibió un video donde el subsecretario de Transporte, Tránsito y Vialidad de Tabasco, José del Carmen Domínguez Nares, amenaza a los transportistas con revocarles su concesión si portan en sus vehículos propaganda del candidato de la Coalición por el Bien de Todos.
9.– El ex candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador permaneció varias semanas en Tabasco apoyando la campaña de los candidatos de la Coalición por el Bien de Todos. El candidato del PRD-PT descartó realizar movilizaciones y anunció que presentará los recursos de impugnación porque en esta elección hay más elementos para anular los comicios que en 2000.
El gobernador Manuel Andrade advirtió que no aceptará un conflicto postelectoral en su “Edén” porque “el que ganó, ganó y el que perdió, perdió. Aquí no se vale que después del resultado empiecen las quejas de fraude, porque en todo caso existen las instancias legales para hacerlo”.
10.– El conflicto electoral en Tabasco llego a la Cámara de Diputados donde las bancadas del PRI y PRD se dieron con todo. Los perredistas sacaron pancartas donde acusaban a los priistas de haber aplicado una elección de estado. El PRI lo rechazó de nueva cuenta.


Oaxaca es otro caso.
Hace 29 años, el gobernador priista Manuel Zárate Aquino llevó a la entidad a una descomposición social y política que dejó un saldo de por lo menos cien muertos, tras un conflicto con sectores magisteriales de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO).
En este 2006, el gobernador priista Ulises Ruiz ha sembrado una situación paralela, con un saldo, hasta el momento, de diez personas muertas en los poco más de cinco meses que lleva el conflicto con sectores del magisterio y de la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca.
En aquella época, el PRI mantuvo el control en todos los poderes y esferas gubernamentales y los presidentes Echeverría y López Portillo dejaron que el conflicto creciera durante meses.
Hoy, el gobierno del presidente Fox se mantuvo sin acción para resolver el conflicto durante meses.
En 1975 se gestó un conflicto por la disputa del control de la UABJO, el problema creció por la falta de solución a las demandas de los estudiantes. Ante la represión policiaca, organizaciones civiles, indígenas y campesinas respaldaron el movimiento estudiantil.
Marchas, movilizaciones, plantones se registraron en diversas partes de la entidad, a lo que el mandatario estatal respondió con la fuerza pública, lo que dejó decenas de muertos y heridos en las calles. El problema político-social se extendió hasta 1977.
Cuando al gobernador priista se le cuestionaba sobre el saldo de muertos que habían dejado los desalojos violentos implementados por la policía estatal para frenar la revuelta social, respondió “Pongan 80 o cien. A estas alturas es como si estuviera en un partido de futbol. Me da igual perder uno a cero que cinco a cero”.
En el caso actual de Oaxaca, el problema se originó por la retabulación del salario magisterial, pero ante el intento de desalojo violento por parte del gobierno de Ulises Ruiz, otros sectores populares se sumaron a la revuelta.
En aquel tiempo una comisión del Senado viajó a Oaxaca para verificar la situación que se vivía en esa entidad, pero el presidente de la República se adelantó a la resolución de los legisladores y ordenó la intervención del ejército mexicano.
Las tropas tomaron el control de las calles sin disparar. La Secretaría de Gobernación era dirigida por Jesús Reyes Heroles y Fernando Gutiérrez Barrios fungía como subsecretario de Seguridad Nacional.
Los empresarios oaxaqueños pedían el desalojo de los manifestantes que se agruparon en el Frente Popular contra la Represión, y mantener al gobernador Manuel Zárate Aquino. Y la Iglesia católica, a través del arzobispo Bartolomé Carrasco, reprochaba a las autoridades su incapacidad al haber sido rebasados por un conflicto universitario que fue manipulado por otros intereses.
Pasaron cerca de tres décadas y en las calles de la capital oaxaqueña se vive el mismo conflicto. Una comisión senatorial viajó al estado, pero terminó por considerar que si bien había ingobernabilidad, no tenía las facultades para decretar la desaparición de poderes.
Mientras tanto, maestros, estudiantes, campesinos, organizaciones sociales y civiles mantienen tomadas las calles y las principales plazas donde colocaron barricadas para protegerse de cualquier ataque de las fuerzas policiacas y militares.
El gobierno panista, a través del secretario de Gobernación, Carlos Abascal, busca una salida negociada con los integrantes de la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca (APPO) y con la sección 22 del sindicato magisterial. Y arremete contra el mandatario priista: “La autoridad local no ha tenido la capacidad de controlar la paz, el orden, la seguridad y por eso está sucediendo lo que está sucediendo”.
A más de cinco meses de que inició el conflicto por una demanda magisterial, no hay una salida política. Más de diez personas han sido asesinadas, la APPO mantiene el control de la capital oaxaqueña. Hombres armados con palos, tubos y piedras recorren escuelas, oficinas públicas para desalojarlas y no permitir labores.
Los actores y el escenario parecieran ser los mismos.
Los empresarios respaldando al gobernador Ulises Ruiz y pidiendo la intervención de las fuerzas armadas para desalojar a los inconformes y la Iglesia católica, en voz del arzobispo de Antequera, José Luis Chávez Botello, preocupada porque los hechos de violencia han contaminado aún más el ambiente.
“Hasta el momento, ninguno de los actores principales ha reconocido sus errores ni se ha disculpado ante la sociedad”.
Por su parte, el actor principal de este conflicto, Ulises Ruiz, reparte culpas y responsabiliza al gobierno de Vicente Fox del problema por no solucionar a tiempo las demandas del magisterio. “Cada quien tiene que asumir su responsabilidad y tenemos que cumplir con la obligación que tenemos y que nos confirieron los ciudadanos”.
El mandatario priista reprochó al gobierno panista no haber actuado cuando el Congreso local solicitó la intervención de las fuerzas federales para restablecer el orden.
Y para ello el gobierno federal alista armas.
Fox sostuvo un encuentro con su gabinete de seguridad para delinear una salida al conflicto oaxaqueño que se inició el 22 de mayo y que se endureció el 14 de junio cuando la policía estatal fracaso en el intento de desalojar por la fuerza a los maestros paristas.
En la reunión participaron los Secretarios de la Defensa Nacional, Gerardo Clemente Vega; de Marina, Marco Antonio Peyrot; de Seguridad Pública, Eduardo Medina Mora; de Gobernación, Carlos Abascal y el director general del Cisen, Jaime Domingo López Buitrón.
En Oaxaca, como hace tres décadas, se espera una salida militar.



“En Chiapas la democracia está burlada” consideraron ONG nacionales y extranjeros que encabeza el obispo Samuel Ruiz García al presentar el Proyecto de Observación y Vigilancia de los Derechos Políticos y Civiles del Proceso Electoral del pasado 20 de agosto.
A más de 60 días de que ocurrieran los comicios, el candidato del PRD-PT-Convergencia, Juan Sabines Guerrero, obtuvo el triunfo por medio punto porcentual (6,350 votos) sobre el abanderado del PRI-PVEM, José Antonio Aguilar Bodegas. La pelea continúa en los terrenos del Trife.
Y es que Aguilar Bodegas impugnó los resultados por considerar que se cometieron irregularidades durante los comicios.
–Los tribunales limpiarán el cochinero electoral que cometió el gobernador Salazar Mendiguchía, para imponer a Sabines –expreso el delegado del PRI en Chiapas, Víctor Hugo Islas Hernández.
Los priistas se quejan de que Salazar aplicó las viejas prácticas de mapachería electoral que ellos cometieron antes.
Los priistas parecen haber perdido la memoria. Salazar salió de sus filas, hizo escuela en el PRI y utilizó al PRD, PAN, PT y Convergencia para alcanzar la gubernatura hace seis años. La misma receta aplico el priista Juan Sabines Guerrero.
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, Servicio Internacional para la Paz (Sipaz), Alianza Cívica Chiapas, Peace Watch Suiz y Propaz Suiza, consideraron que el proceso electoral chiapaneco “en su conjunto estuvo plagado de irregularidades, que incluyeron añejas e ilegales prácticas de compra, manipulación y coacción del voto por parte del PRI, PRD y PAN”.
Asimismo, injerencia del gobernador en el proceso, uso electoral de programas sociales para favorecer al candidato Sabines, siendo señalada ésta como una elección de estado.
Las ONG criticaron que se impusieron las ambiciones personales sobre los principios, programas y proyectos de gobierno de connotados personajes políticos que pasaron de un partido a otro. Los priistas Roberto Albores y Jorge Constantino Kanter respaldaron la candidatura de Sabines. El perredista Emilio Zebadúa contendió por el Partido Nueva Alianza.
“La Coalición por el Bien de Todos en Chiapas está muy lejos de significar una opción de izquierda, Independientemente de quién gane, de alguna forma termina ganando un sector del PRI. En caso de que resulte ganador Sabines, el verdadero triunfador será el gobernador, quien cabildeó, negocio y obtuvo su candidatura, otorgándole todo el apoyo oficial, porque Pablo Salazar no sólo busca el continuismo de su proyecto, sino garantizar su propia impunidad”, se indica en el texto de Samuel Ruiz.
Al recibir la constancia de mayoría por parte del Instituto Electoral del Estado, que lo acredita como gobernador electo, Juan Sabines se desligó del movimiento de resistencia de López Obrador y reconoció a Felipe Calderón como presidente electo.
Cualquier semejanza con el pasado no es ninguna coincidencia.