LAS PENSIONES DEL EJECUTIVO Y DEL PODER JUDICIAL.

Publicado en la revista Emeequis:
Fátima Monterrosa.

A pesar de todo siguen cobrando.

Gobernaron el país a su antojo y conveniencia. Y desde hace 30 años continúan en la nómina que se cubre con los impuestos de los mexicanos, al recibir una pensión vitalicia, prestaciones de ley, seguros de vida, seguros médicos de gastos mayores, con montos que ascienden a 60 millones de pesos por ex presidente de México cada año.

Por si esto fuera poco, los ex presidentes de México tienen a su disposición, en conjunto, a cinco generales del Estado Mayor Presidencial, 385 efectivos militares y 125 servidores públicos que realizan labores administrativas.Mientras que un ex trabajador del Estado, pensionado por el IMSS o por el ISSSTE, apenas alcanza a cobrar dos mil pesos mensuales.

Cuando abandonaron el cargo, los jefes del Estado mexicano anteriores a Vicente Fox dejaron en la pobreza a 49 millones de mexicanos que no alcanzaban a ganar ni 50 pesos diarios.A pesar de ello, del presupuesto federal se destinan cada año 260 millones de pesos para cubrir las pensiones vitalicias, servicio médico, viajes al extranjero y salarios del personal militar y administrativo que se encuentran al servicio de los ex presidentes Luis Echeverría, Miguel de la Madrid, Carlos Salinas y la viuda de José López Portillo, Sasha Montenegro.

El único ex presidente que ha renunciado a la pensión vitalicia es Ernesto Zedillo. Lo hizo a los tres años de haber dejado el cargo y una vez que se convirtió en profesor de la Universidad de Yale y consejero en las firmas Procter & Gamble, Union Pacific, Daimler Chrysler.Zedillo, sin embargo, no renunció a los apoyos administrativos y de seguridad personal. Ni a la pensión vitalicia de más de 130 mil pesos que recibe por haber trabajado durante nueve años en el Banco de México.

Y a partir del 1 de diciembre de 2006, el presidente Vicente Fox, su esposa Marta Sahagún y sus hijos gozaran de todas las percepciones que le otorga la ley.En México, cada ex mandatario percibe diez veces más que los ex presidentes de Estados Unidos, la nación más poderosa del mundo. Es decir, que cada ex mandatario mexicano recibe de manera integra 291 mil pesos mensuales con las prestaciones de ley, más un aguinaldo de 200 mil pesos y una prima vacacional de 16 mil pesos. Sin contar el seguro de vida y los gastos médicos mayores.

De la partida para los ex presidentes, 27.5 millones de pesos son destinados a las pensiones que incluyen sueldo, bonos, reconocimientos, estímulos y aguinaldo.Más 31 millones de pesos para gastos de financiamiento de operación por concepto de inmuebles, equipo de oficina, seguros de vida, gastos médicos, transporte, viajes y servicios donde tienen derecho a realizar seis viajes en el territorio nacional y dos al extranjero acompañados de efectivos militares y personal administrativo con cargo al erario.

Incluso de las arcas públicas salen 201.5 millones de pesos para cubrir sueldos y prestaciones del personal del Estado Mayor Presidencial adscritos a la seguridad de los ex mandatarios y el personal administrativo que tienen a su disposición.Entre los más de cien servidores públicos a disposición de los ex presidentes, se encuentran cuatro personas que cobran sueldos similares a los de un director general; es decir, mantienen una estructura administrativa equiparable a una subsecretaría de Estado.

De acuerdo con información solicitada al IFAI, el ex presidente Luis Echeverría tiene a su disposición a 25 personas que lo apoyan.Miguel de la Madrid también tiene a su cargo 25 personas.Carlos Salinas a 14.Y Ernesto Zedillo a once empleados que cobran sueldos que van de los cinco mil hasta los 86 mil pesos mensuales.

De la nómina del gobierno federal salen 134 mil pesos mensuales para pagar a los 25 colaboradores de Echeverría.Para los 25 empleados de Miguel de la Madrid se destinan 404 mil pesos cada mes.En el caso de Carlos Salinas de Gortari, por los 14 servidores públicos a su cargo, se erogan del presupuesto público federal 435 mil pesos mensuales.Y en los once empleados a cargo del ex presidente Ernesto Zedillo salen de las arcas cada mes 121 mil pesos.Además, la Presidencia de la República tiene a su cargo una Oficina de Apoyo a ex Presidentes, compuesta por 25 funcionarios de mando medio y superior y 59 técnicos operativos.

El primer decreto que se instituyó para este fin durante los últimos días de gobierno de Luis Echeverría, señala que el ciudadano que hubiese ocupado el cargo de presidente de la República, al concluir su mandato tendrá bajo sus órdenes directas y como apoyo para el desempeño de sus actividades generales, personal del ejército, fuerza aérea y armada.Es decir, se comisionarán 78 militares, 45 miembros del ejército, 22 de la armada y once de la fuerza aérea.

El segundo acuerdo que se estableció durante el gobierno de Miguel de la Madrid expresa que el ex presidente de México podrá disfrutar de una pensión y de prestaciones de seguridad social equivalentes a las que percibe en la actualidad un secretario de Estado.

También se garantizó el derecho del cónyuge para continuar disfrutando de la pensión presidencial en caso de fallecimiento del ex mandatario; la esposa y los hijos podrán gozar de seguros de vida y seguro de gastos médicos mayores.Así también se incrementó el número de personas adscritas al servicio del ex jefe de Estado, destinando 25 servidores públicos civiles adscritos a la Presidencia de la República para atender los asuntos personales de cada ex presidente.

Al calor de la campaña presidencial, Felipe Calderón, respaldó la propuesta del candidato de la Alianza Por el Bien de Todos, Andrés Manuel López Obrador, de retirar la pensión vitalicia a los ex presidentes de la República, las oficinas de apoyo y la excesiva protección que reciben por parte del Estado Mayor Presidencial.

Y también en el Poder Judicial y en Nafinsa...

Al igual que los ex presidentes de la República, los ministros jubilados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) gozan de un pensión que va de los 188 mil 513 hasta los 263 mil 831 pesos mensuales.

Además, gozan de prestaciones como seguro de gastos médicos mayores, el aguinaldo de ley, un bono de 30 mil pesos mensuales para gastos personales y de representación.

En el pago de pensiones y aguinaldos a los ministros jubilados, el Poder Judicial de la Federación eroga más de cien millones de pesos cada año.

Del erario también se les pagan choferes y ayudantes que se encuentran a su disposición personal, sin importar que hayan reanudado sus actividades como litigantes, ocupen puestos académicos, diplomáticos o sean de nueva cuenta funcionarios públicos y hayan ocupado un lugar en el Poder Legislativo.

Entre los 37 ministros que han pasado por el máximo poder judicial y que gozan de la pensión vitalicia están los ex presidentes de la SCJN Carlos del Río y Ulises Schmill, el ex secretario de Gobernación, ex procurador general de la República y ex rector de la UNAM, Jorge Carpizo; el ex senador y litigante Salvador Rocha Díaz, el director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Diego Valadés; el ex fiscal del caso Colosio, Miguel Montes García; el ex diputado del PRD Miguel Ángel García Domínguez; Irma Cué, Noé Castañón, Salvador Mondragón Guerra, Ernesto Aguilar Álvarez, Arturo Serrano Robles, Raúl Lozano Ramírez, Fernando Castellanos Tena, Jorge Olivera Toro, Víctor Manuel Franco Pérez, Raúl Cuevas Mantecón, Manuel Gutiérrez de Velasco, Francisco H. Pavón Vasconcelos, Guillermo Guzmán Orozco, José de Jesús Duarte Cano y Juventino Castro.

Un caso especial fue el del ministro Ernesto Díaz Infante, que enfrentó un proceso penal por los delitos de cohecho y contra la administración de la justicia; como no había una sentencia definitiva en su contra continuó cobrando su pensión hasta que falleció en los primeros meses de este año.

Sin tener atribuciones legislativas, el pleno de la SCJN aprobó de manera ilegal el acuerdo 11/2003 en el que homologaron motu proprio las pensiones de los ministros jubilados en 1994 y en años anteriores.

Nafinsa no se quiere quedar atrás.

El ahora flamante secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), José Ángel Gurría, tiene un pasado negro en cuanto a las pensiones vitalicias que se otorgan, a veces por ley y en ocasiones por autoasignación discrecional y onerosa, a los servidores públicos en México.

A su paso por Nacional Financiera, donde se desempeño como director general, José Ángel Gurría se asigno una jubilación por los que cobraría una pensión vitalicia de 60 mil pesos mensuales.Lo mismo ocurrió con Óscar Espinosa Villarreal y Arturo Ortiz Hidalgo. Cuando dejaron el cargo de directores generales de Nafinsa y se jubilaron a temprana hora.

El escándalo estalló en 1999: se supo entonces que cuando Gurría se autoasignó la jubilación, no cumplía veinte años de laborar en Nafinsa, como se exigía por ley para gozar de las prerrogativas gubernamentales.José Ángel Gurría cobraba la pensión de Nafinsa y se desempeñaba, al mismo tiempo, primero como secretario de Relaciones Exteriores y luego como secretario de Hacienda y Crédito Público durante el sexenio de Ernesto Zedillo.Gurría gozó de la pensión durante cinco años y por el escándalo político que se registró, decidió donar el dinero de la jubilación temprana a dos organizaciones asistenciales mientras ocupara un cargo público.

E1 6 de abril de 1994 José Ángel Gurría solicitó su jubilación de Nafinsa, cuando sólo tenía cuatro años y dos meses de labores en la institución financiera, pero para obtener los 20 años que por requisito exigía la ley, sumó los once meses de servicios que había prestado en el Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) y los 14 años y siete meses en la Secretaría de Hacienda, cuando se desempeño como director general de Crédito y subsecretario de Hacienda.Gurría tenía 43 años de edad cuando obtuvo su jubilación de Nafinsa.

Mientras que Espinosa Villarreal solicitó su jubilación el 16 de diciembre de 1993, con sólo seis años de antigüedad en la institución financiera.Arturo Ortiz Hidalgo se jubiló el 1 de enero de 1995 con una antigüedad de 22 años y seis meses, pero continúo trabajando en la misma dependencia, en el área de Fideicomiso para la Recuperación de Cartera.Tenía 46 años de edad cuando solicitó su pensión.

Ante las irregularidades que se presentaron en las pensiones que se otorgaron Gurría y Espinosa, el 13 de diciembre de 1999 la Comisión Investigadora del Sistema de Pensiones de Nacional Financiera de la Cámara de Diputados ordenó a Nacional Financiera suspender las pensiones que se habían otorgado de manera irregular a los ex directores de dicha institución.

Comento: Por acabar con este saqueo a la nación fué y ha sido la lucha de AMLO durante la campaña por la presidencia y ahora que ganó y que ha sido despojado de ella por el multitudinario fraude, cometido por la fuerza conspiradora de Vicente Fox, el partido de acción nacional, el IFE, ahora la Fepade, Felipe Calderón, Elba Esther Gordillo, los intereses oligárquicos de los empresarios y medios masivos de comunicación. No debemos permitir que este saqueo continúe.Debemos apoyar con todo la defensa de nuestro derecho a elegir a nuestros gobernantes.Apoyemos con todo la resistencia civil pacífica.