DUDAS QUE ENSOMBRECEN LA LEGALIDAD.

Escribe en el Reforma:


Alfonso Elizondo.

La sombra de la duda.

En algunos estados un 30 por ciento de los funcionarios de casilla no acudieron a cumplir con su deber. La autoridad electoral tiene ahí un tema pendiente.

De acuerdo con los datos proporcionados por las autoridades electorales de varios estados de la República, la sustitución de funcionarios de casilla oficialmente "encartados" -por ciudadanos que integraban parte de las filas de votantes el día de la elección- alcanzó una cifra mayor al 30 por ciento en algunas entidades federativas, ya que por razones desconocidas muchos de los ciudadanos seleccionados al azar y debidamente capacitados para su labor por las autoridades electorales no acudieron a su compromiso.

Son muchas las hipótesis que se pueden desprender de este hecho, pero lo más importante es analizar si este fenómeno irregular configura un elemento jurídico que permita impugnar o invalidar el proceso, y si pudo distorsionar en alguna forma la decisión real de la mayoría de los votantes mexicanos, ya fuera por falta de capacitación de los funcionarios improvisados o por no tener éstos la vocación de neutralidad que se requiere para esos puestos.

Para eso habría que contabilizar las casillas disfuncionales y luego analizar algunas consecuencias previsibles, como los votos anulados, las boletas no utilizadas, la cuadratura de los votos más las boletas no utilizadas con el total de boletas entregadas en cada casilla, y otros ejercicios de cómputo que involucran el conteo directo de votos y boletas, más su registro en las actas.

Si partimos del hecho conocido de que en el proceso electoral existía un partido dividido en dos facciones y otro partido que fue creado para combatir a uno de los candidatos, no debe descartarse la posibilidad de que la falta de funcionarios y representantes del PRI en un buen número de casillas haya sido un acto deliberado de una facción de ese partido -infiel a Madrazo- que estaba permitiendo a sus aliados realizar maniobras encubiertas que les diesen cualquier tipo de ventaja, ya que en una elección tan cerrada cada voto era de gran importancia.

Desde otra perspectiva, este fenómeno inédito en las dos últimas elecciones federales pudiera explicar el hecho de que la votación para Madrazo estuviese 8 puntos porcentuales por debajo de la cifra de las encuestas previas a la elección, que el candidato panista a la Presidencia tuviese un mayor número de votos que los candidatos del mismo partido al Congreso y que hubiese gran cantidad de impugnaciones de parte de los candidatos federales del PRI que no estaban enterados de las negociaciones interpartidarias.

Adicionalmente, se podría explicar el alto porcentaje de votos anulados en algunos estados de la República.Cualquiera que hayan sido las causales de este evento, las circunstancias que rodean el proceso, más las consecuencias inmediatas de polarización e inestabilidad política que significa una sucesión presidencial tan cerrada, sugieren que las autoridades electorales deberán considerar que además de la falta de cumplimiento de los "principios" que rigen a las campañas, existen dudas razonables en la elección que pueden subsanarse con el conteo directo de votos en todas aquellas casillas donde la sustitución de los funcionarios capacitados haya superado un límite razonable.

Hasta ahora, los únicos beneficiarios visibles del proceso electoral han sido los magnates de los medios audiovisuales, los priistas que traicionaron a Madrazo y la inmoral profesora Elba Esther Gordillo. Basta conocer a los beneficiarios de la posible distorsión del proceso electoral para que persista la sombra de la duda.