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viernes, octubre 06, 2006

GOBIERNO DE FARISEOS.

Gobierno de fariseos.

Más corruptas que en el Priato,las "instituciones" que defiende el Foxiato.

POR Abraham García Ibarra(exclusivo para Voces del Periodista).

“A ninguno de los jueces nos agradó. Espero no lo vuelvan a hacer: A mi se me hizo muy bajo, vulgar y no fue apto para el público. El público no necesita ver este tipo de expresiones que dejan mucho que pensar”.

En tratándose de juzgadores, de entrada aclaramos que el testimonio anterior no es un rapto de autocrítica de algún magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, después del deplorable espectáculo ofrecido por este órgano jurisdiccional en el examen y la validación de las elecciones del 2 de julio para lo cual, como escribió Porfirio Muñoz Ledo, buscaron la certeza aritmética: “No necesitamos contadores, estamos buscando jueces”.

No. Quien declaró lo subrayado al inicio de esta entrega es Roberto Mitzuko, coreógrafo y juez de una tanda prostibularia que, bajo el rubro de Bailando por la boda de mis sueños, Televisa ofrece a las familias mexicanas en una hora estelar dominical en la que, según se gratifica la empresa, esa emisión alcanza una audiencia por encima del 23 por ciento. Se supone que, por ese trabajo profesional, Mitzuko recibe paga de Emilio Azcárraga Jean, lo cual no obstó para que expresara su repulsión a la exhibición por él juzgada.

Con un botón de muestra basta para caracterizar los contenidos de la programación que, en horarios familiares, el duopolio televisivo lleva cotidianamente a los hogares mexicanos, con un desenfreno que, aún en su época de más cinismo, los gobiernos priistas procuraron y lograron impedir. En efecto, quienes llegamos a la edad adulta, recordamos que sólo podíamos asomarnos a una tímido remedo de pornografía en lugares rigurosamente cerrados y en altas horas de la noche o las primeras de la madrugada. Ahora, el burdel, el comercio cárnico, está en casa en virtud de una actitud licenciosa solapada por un gobierno católico que, a la menor provocación, gusta de exhibirse mediáticamente dándose golpes de pecho ante símbolos de su fe, que incluso ostentan en sus despachos funcionarios públicos de un Estado laico.

Vivimos una época de materialismo y por tanto de barbarie, que preconiza el cambio como esencia de todas las cosas; materialismo que niega la existencia de Dios, que prescinde por completo de la existencia del espíritu; que por ser engendro de la Revolución Mundial se está deslizando suave pero ineludiblemente por la pendiente del socialismo o comunismo, que ha invadido el altar, mediante el herético progresismo religioso.

“La libertad no la entendemos al estilo liberal, con la extensión irrestricta que le da esa corriente. Por el contrario, a esa absoluta libertad -de prensa, de enseñanza, de expresión-, contraponemos el derecho de Dios de ser conocido y servido, el derecho de la Verdad a ser defendida y difundida. No pueden tener los mismos derechos la verdad y el error, y en consecuencia el Estado debe garantizar y defender la libertad y el derecho del hombre de no ser engañado con doctrinas falsas y erróneas. El error no tiene derechos.

“Siendo la Iglesia la encarnación de la Verdad, el Estado debe estar a su servicio en lo que se refiere al fin último del hombre. El hombre sabe que es a la vez ciudadano e hijo de Dios; que es necesario, para el exacto cumplimiento de sus deberes, que haya armonía entre la autoridad temporal y la espiritual (...) más aún, si la Iglesia es libre respecto del Estado, éste debe recurrir a la religión, a la Iglesia, para promover el ‘bien común temporal’. El poder civil debe crear una estructura temporal que sea un adecuado medio vital para el espíritu cristiano, para que el hombre pueda cumplir con su vocación última: La salvación de las almas.

“El hombre es cuerpo y alma. Debe por tanto rendir gloria a Dios (y) comprender que el único medio para salvarse es el catolicismo, por ser éste la religión verdadera, y que éste es, por tanto el mejor camino para perfeccionar al hombre individual y socialmente. No debe haber libertad ni para el vicio ni para la persona que lo engendre. Únicamente la Verdad y la Virtud tienen derecho a la libertad plena.

“La democracia liberal es una trampa en la que el concepto falso de libertad irrestricta es radicalmente opuesto al de libertad moral que consagra la razón iluminada, fortalecida por las enseñanzas de la Iglesia. Un pueblo que es católico en su mayoría debe tener, aun por razón natural, un gobierno que proclame la Religión católica como religión oficial”.

El autor de ese discurso religiosamente correcto, no es el cardenal Norberto Rivera Carrera que, de otro lado, aparecería desacreditado por su protección al sacerdote católico Nicolás Aguilar Rivera, denunciado en México y los Estados Unidos por el presunto múltiple delito de pederastia.

Es del ex seminarista de Temazcalcingo, Estado de México, y actual secretario de Gobernación del gabinete del católico Vicente Fox Quesada, Carlos María Abascal Carranza. El mismo que provocó un escándalo cultural porque su hija Luz del Carmen, alumna del Instituto Félix Rougier, le enteró que su maestra Georgina Rábago encargó la lectura de la novela Aura, de Carlos Fuentes, que contiene pasajes amorosos, inocentes al lado de los excesos en vivo, en directo y a todo color que ahora, durante su gestión como titular de Gobernación, el celoso padre de familia tolera a los concesionarios de la televisión.

El mismo que movilizó al Instituto Nacional de Migración para que persiguieran a los abogados de por lo menos una de las víctimas del pederasta que en Tehuacán, Puebla, era conocido como “el curita garañón”. Santas complicidades, mi querido Batman.

TV, bajo el Manto de Noé.
Por lo que los simples mortales sabemos, “el uso de los espacios electromagnéticos mediante canales para la difusión de noticias, ideas o imágenes como vehículos de información y expresión, sólo podrá realizarse mediante concesión o permiso que el Ejecutivo federal otorgue en términos de la Ley Federal de Radio y Televisión, así como de su reglamento. La radio y la televisión tienen la función social de contribuir al fortalecimiento de la integración nacional y al mejoramiento de las formas de convivencia humana y constituyen una actividad de interés público, tanto por su relevancia sociocultural como por su contribución al estímulo de la producción y comercialización de bienes y servicios, por lo cual el Estado deberá proteger y vigilar el debido cumplimiento de esa función social”.


De acuerdo con la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal promovida fast track a modo del nuevo gobierno “del cambio” por Ernesto Zedillo -a quien también llegó a satanizarse como protestante- y promulgada el 30 de noviembre de 2000, un día antes de la toma de posesión de Fox, entre los asuntos cuyo despacho corresponde a la Secretaría de Gobernación, a cargo ahora de Abascal Carranza, están:

a) Fomentar el desarrollo político, contribuir al fortalecimiento de las instituciones democráticas, promover la activa participación ciudadana y favorecer las condiciones que permitan la construcción de acuerdos políticos y consensos sociales para que, en los términos de la Constitución y de las leyes, se mantengan las condiciones de gobernabilidad democrática.

b) Vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia de culto público, iglesias, agrupaciones y asociaciones religiosas.

c) Vigilar que las publicaciones impresas y las trasmisiones de radio y televisión, así como las películas cinematográficas se mantengan dentro de los límites del respeto a la vida privada, la paz, la moral pública y a la dignidad personal, y no ataquen los derechos de terceros ni provoquen la comisión de algún delito o perturben el orden público.

d) Contribuir, en lo que corresponda al Ejecutivo de la Unión, a dar sustento a la unidad nacional, a preservar la cohesión social y a fortalecer as instituciones de gobierno.

Hasta el más ciego y sordo de los publicistas del foxiato -salvo que no esté vacunado contra la abyección- podría admitir que, sólo en esas cuatro asignaturas, la Secretaría de Gobernación del “primer gobierno democrático de la historia de México” ha resultado reprobada.


Para referirnos únicamente al tema con el que iniciamos esta entrega, antes de que la actual Presidencia de México cumpliera el primer año, ya se sabía que “la mayoría de las solicitudes presentadas por los concesionarios o permisionarios para realizar el trámite de autorización de permisos para la trasmisión de programas y materiales de radio y televisión carece de la información y/o documentación requerida en la normatividad aplicable”. (No hablaremos ahora del amparo contra el pago de derechos otorgado a ciertos concesionarios por el servil Poder Judicial de la Depredación.)

Influencias nocivas o perturbadoras al desarrollo armónico de la niñez y la juventud; apología de la violencia y de los vicios, trasmisiones contrarias a las buenas costumbres, trasmisión de narcocorridos, trasmisión de imágenes procaces, trasmisión de programas con contenido esotérico, ataques a los derechos de terceros y mal uso de los medios, corrupción del lenguaje, trasmisión de concursos sin apego a la ley, trasmisión de películas y material de televisión sin autorización y hasta burla y mofa contra los interventores de la Secretaría de Gobernación.

Para entonces, noviembre de 2001, en ese corto periodo la dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General de Radio y Televisión (SG) había emitido 40 observaciones y 167 extrañamientos por desviaciones a la ley, en los, entre otros, siguientes aspectos:
Influencias nocivas o perturbadoras al desarrollo armónico de la niñez y la juventud;
apología de la violencia y de los vicios,
trasmisiones contrarias a las buenas costumbres,
trasmisión de narcocorridos,
trasmisión de imágenes procaces,
trasmisión de programas con contenido esotérico,
ataques a los derechos de terceros y mal uso de los medios,
corrupción del lenguaje,
trasmisión de concursos sin apego a la ley,
trasmisión de películas y material de televisión sin autorización y hasta burla y mofa contra los interventores de la Secretaría de Gobernación.

La impunidad por esas trasgresiones podría cargarse al entonces titular de la SG y ahora presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, el panista Santiago Creel Miranda -quien amplió los beneficios a los concesionarios con licencias para juegos y sorteos-, pero es el caso que aquellas vilezas contrarias a la normatividad y a las buenas conciencias se han elevado al cubo en la gestión de Abascal Carranza, quien, en una actitud farisaica, dada su condición de creyente practicante, no sólo no ha movido un dedo para evitarlas, sino que publicó sin enmiendas la Ley Televisa, que constituye el refrendo de la Patente de Corso para que la depravación moral y la depredación cultural continúen a galope.

Cuando hace poco, refiriéndose al ejercicio presupuestal 2006, Fox dijo que se había puesto “fuera de la ley”, porque en México todo se puede hacer, con eso lo dijo todo. Antes había dicho que “las faldas de la señora Marta” son la bandera emblemática del cambio.

En defensa de las “instituciones.”
Si el voto, según la Constitución escrita con las patas (Mariano Azuela dixit) es secreto, por lo menos debemos revelar que el nuestro no fue por Felipe Calderón Hinojosa, a pesar de nuestro gran aprecio y admiración a su difunto y digno padre, don Luis Calderón Vega. Acaso tampoco le hubiera servido, habida cuenta que Abascal Carranza dice que las elecciones son asunto de “vagos, viciosos e ignorantes”.


Sin embargo, ya que los magistrados electorales, hijos de Pitágoras, campeones de la infalibilidad numérica y ansiosos de que la indefensa Patria los compense con un cargo de ministro de la Tremenda Corte, lo pusieron bajo palio, por amor a la República restaurada por “el pinche indio naco”, Benito Juárez, creemos un deber patriótico -y hasta atrevimiento ético- declarar ante el Presidente electo nuestra preocupación por su spot de campaña en el que se proclamó “candidato de la continuidad”. Grave asunto.

Grave asunto, porque “la continuidad” no es cuestión que esté bajo los resortes del Presidente electo “legalmente”. El esférico Presidente electo, desde ahora, paga las consecuencias de entregarse en rehén a las fuerzas del continuismo salinista.

Todas están exigiendo reciprocidad... ¿O?.
La primera respuesta a este ¿O? -que no es de sorpresa ¡Oh!, sino de intimidación-, es que quienes, desde el poder lo apoyaron, no disputaron la autoridad política, sino el botín económico, a fin de cuentas empedernidos e impenitentes mercenarios, una manga de filibusteros contra la cual despotricaba el mentor cultural y ético del panista electo, Carlos Castilla Peraza, cuando era director de la Federación Social de Empresarios Mexicanos, que se decía inspirada en la Doctrina Social de la Iglesia, según los dictados del papa León XIII, y que luego llegaría, bajo los auspicios de la Internacional Demócrata Cristiana, al liderazgo del PAN, desde donde proclamó la victoria cultural del panismo.

Por razones de formación social, ahora que hay una mediática y feroz denuncia contra la subversiva proclama de “transformar las instituciones”, nos llama la atención que firmas tan sospechosas como Forbes, panegirista de los saqueadores de la riqueza del mundo, y las bancadas parlamentarias del Partido Acción Nacional, coloquen entre sus prioridades legislativas la reforma laboral, que implica, precisamente, la destrucción de las instituciones constitucionales creadas en favor la clase trabajadora. Por lo pronto, no vamos entrar a las otras prioridades que mueven a la oligarquía económica a cambiar otras instituciones constitucionales, que entrañan el despojo del patrimonio nacional: Si el cambio institucional es para el saqueo, bienvenido, según su credo de Cresos. Si es para la justicia social, condenable.

Nuestra preocupación, decíamos, es que, en el tema al que nos referimos -que no es un simple tópico de toma y daca electoral, sino una idea-fuerza para constituir gobierno-, el Presidente electo quede prisionero, como ocurría en el sistema político del régimen priista, que nunca fue alterado por “el gobierno del cambio”, del método de fabricar problemas para vender la solución, a cambio de...

Para ilustrar esta consideración, tomemos el caso de Oaxaca. Por bocas de ganso sobradamente remuneradas en los medios electrónicos, la inflada cacique del oficialista sindicato magisterial, Elba Esther Gordillo Morales, amenazó por lo menos con dos semanas de anticipación la crisis en aquel estado.
Dijo dos cosas:
1) que en aquella entidad, las elecciones del 2 de julio estarían bajo riesgo y,
2) que, con denominaciones al canto, serían oportunidad para la acción de los grupos armados. Dictó la carta de navegación de lo que ahora es la debacle del sureste.

Como se sabe, la detonante del conflicto fue la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), mangoneado por Gordillo Morales, que actúa al calor del instinto de venganza contra el gobernador Ulises Ruiz Ortiz y otros políticos oaxaqueños.

El pasado 22 de septiembre, cuando ya estaba a caballo el traslado del conflicto hacia la ciudad de México, el presidente del Partido Nueva Alianza (Panal), creado por la chiapaneca, Miguel Ángel Jiménez, se apareció en la llamada “casa de transición” de Calderón Hinojosa, a exigirle que “la maestra” sea considerada para la integración del gabinete presidencial, para tales efectos en la Secretaría de Educación Pública. Sería una recompensa huera, pues la crisis cobró dimensiones anárquicas que dejaron a Elba Esther en un camino sin retorno. Fue factor del problema; ahora es el problema.

Pero ese caso, representativo, sí, no es más que un pálido espejo de lo que los gobiernos tecnoburocraticos de Carlos Salinas de Gortari, Zedillo y Fox, en confabulación con el sector patronal, hicieron del sindicalismo corporativo, que devino lealtades corruptas y potencial de chantaje a los que armaron el Frankenstein, culpa de la que no escapan el ex presidente de la Confederación Patronal e la República Mexicana (Coparmex) y ex secretario de Trabajo, Carlos María Abascal Carranza, y su meliflua “nueva cultura laboral”, pactada en 1997 con el obsceno dirigente de la Confederación de Trabajadores de México, Fidel Velázquez Sánchez (“¿Que qué se hicieron los fondos del Sistema de Ahorro para el Retiro?: Se los llevó el diablo”. Y se quedó tan campante.). Sus acólitos, producto de la podredumbre del sector obrero, brazo electoral histórico del PRI, son ahora la tabla “de salvación” en el naufragio de Calderón Hinojosa.

Los hombres del Presidente.
Víctor Flores Morales) Presidente ilegal del Congreso del Trabajo (CT), recientemente revalidado por el secretario Capablanca del Trabajo y Previsión Social, Francisco Xavier Salazar Sáenz, como dirigente del sindicato de ferrocarrileros.


Arribó a la secretaría general de este gremio pisando la huella de sangre de los cadáveres de por lo menos dos ex dirigentes nacionales víctimas de homicidio. Su abyecta docilidad fue pieza clave para que el presidente Ernesto Zedillo privatizara y, en última instancia, desnacionalizara los Ferrocarriles Nacionales, para terminar -el ex presidente-, como empleado de una compañía estadunidense usufructuaria de ese proceso.

Una de las denuncias subyacentes en contra de Flores Morales -que gusta de rodar modelos Alfa Romeo y obsequiar a amigos y secuaces prendas de vestir importadas a precio en euro- es el despojo fraudulento de cuotas sindicales y de fondos mutualistas para el retiro por más de 20 mil millones de pesos, parte de los cuales habría sido entregada a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, supuestamente para sufragar el sistema de pensiones.

El dirigente ferrocarrilero tiene injerencia en dos fideicomisos para el finiquito de Ferrocarriles Nacionales -desincorporación de bienes físicos y liquidación de personal- que durante el foxiato han sido convertidos en inmundas cloacas en las que chapotean funcionarios de las secretarías de Hacienda y Comunicaciones y Transportes, Nacional Financiera, Banco Nacional de Obras Públicas, etcétera.

Existen activas más de 10 mil demandas penales y laborales interpuestas por trabajadores afectados, relacionadas con la administración de esos fideicomisos. El ilegal sostenimiento de Flores Morales en la presidencia del CT maquinado por Salazar Sáenz, detonó la crisis en el interior de esta organización, el conflicto con el Sindicato de Trabajadores Mineros y Metalúrgicos, la feroz persecución contra el líder de este organismo, Napoleón Gómez Urrutia, y la sublevación del llamado sindicalismo independiente que organizó la resistencia en el Frente Nacional para la Defensa de la Unidad y la Autonomía Sindical (FNDUAS).

En marzo de 2004, al saludar la presidencia de Flores Morales en el CT, Fox le dijo: “El signo más notable del cambio lo representa el fortalecimiento de los valores democráticos. La democracia que hoy nos cobija promueve un sindicalismo autónomo, libre, creativo, responsable y solidario que siempre responde a los intereses de los trabajadores”.

De entonces para acá, se ha pronunciado contra Flores Morales más de la mitad de las organizaciones del CT que lo consideran un usurpador. El sindicato de ferrocarrileros, que fue uno de los más fuertes, apenas conserva unos cinco mil miembros, mientras que más de 80 mil mendigan una miserable pensión. Las empresas ferroviarias contratan a quien les da la gana en condiciones que les da la gana. Pero Flores Morales sigue siendo un consentido y un protegido del gobierno. Qué tal.

Carlos Romero Deschamps) Secretario General del Sindicato de Trabajadores Petrolero de la República Mexicana (STPRM) por más de una década.


Heredero de las peores lacras del sindicalismo oficialista. Indiciado por el Pemexgate, que le dio triste celebridad al derrotado candidato presidencial del PRI en 2000, Francisco Labastida Ochoa.
En la trama multimillonaria estuvo implicado su tesorero, Luis Ricardo Aldana Prieto, quien, como su jefe, ha librado la acción de la justicia escudado en el fuero de senador y ahora de diputado.


Durante su gestión, ha sido un bien remunerado cómplice de la privatización de Petróleos Mexicanos que, de facto, ha venido realizando la administración Fox. Con su obsecuencia, ha facilitado un programa de despidos de más de cinco mil técnicos y profesionistas instrumentado por Pemex, para que la industria sea operada por personal, de dudosa capacidad profesional, de compañías privadas, preferentemente de registro extranjero, a las que el foxiato está entregando el dominio del sector extranjero violando la Constitución.

Ramón Salvador Gámez Martínez) Prófugo mangoneador de la Federación Sindical Coordinadora Nacional de Trabajadores, reputado como “zar de los contratos de protección” patronal (que dejan en la indefensión a unos 350 mil trabajadores y empleados, entre ellos al personal de la trasnacional Wal Mart), protegido a su vez por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social primero bajo la titularidad de Carlos María Abascal Carranza y ahora de Salazar Sáenz.

Con una agravante: Sobre ese individuo aupado por el gobierno de Fox -cuya fortuna la ha invertido en lujos en paraísos de Quintana Roo y Florida (USA)- pesan procesos penales por corrupción de menores, en algunos casos niñas vírgenes, que lo tienen fugitivo de las autoridades judiciales, no obstante lo cual la STPS le sigue otorgando reconocimiento “legal” a los contratos que patrones que quieren eludir la Ley Federal del Trabajo siguen firmando con la FSCNT.

Enrique Aguilar Borrego) Manipulador de la Federación Nacional de Sindicatos Bancarios (Fenasib), central que, desde el inicio de la privatización del sistema bancario, ha visto pasar cruzada de brazos el incesante despido de personal de ese insaciable negocio; el trasiego de contratos colectivos de trabajo de sindicatos mañosamente disueltos para entregarlos a sindicatos a sabor de nuevos patrones, y la extranjerización de más 90 por ciento del capital de las instituciones de banca y “crédito” que han expropiado también el control del sistema de pagos del Estado mexicano.

Elías Morales Hernández) Rescatado del desempleo sindical como peón de las maquinaciones del secretario del Trabajo, Salazar Sáenz, para poner al manso servicio de las corporaciones patronales el Sindicato de Trabajadores Mineros y Metalúrgicos. Silencioso cómplice en el todavía impune homicidio industrial de la mina de Pasta de Conchos, Coahuila, pero estridente perro de presa tras la humanidad de Napoleón Gómez Urrutia. Su condición de pelele ha permitido mantener viva la prefabricada conflictividad obrero-patronal en Coahuila, Michoacán, Sonora, San Luis Potosí, y otras regiones. No controla recursos provenientes de cuotas sindicales, pero hace gastos multimillonarios en incesante propaganda contra Gómez Urrutia y en la organización de asambleas seccionales según la agenda que le dicta la STPS, sin lograr acreditar su legitimidad como dirigente del convulsionado gremio.

Isaías González Cuevas) Secretario General de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), cargo del que se agandalló aprovechando la agonía de su eterno titular, Alberto Juárez Blancas. La CROC, que creció y se acreditó relativamente a fuerza del desprestigio de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) y de la Confederación Regional de Obreros de México (CROM), tuvo su desarrollo en el sector servicios, sobre todo en la industria hotelero-restaurantera, pero fue una de las centrales que al calor de la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) le entró también a cierta variante de contratos de protección, en este caso a la industria maquiladora, principalmente en Baja California, en la que la Ley Federal del Trabajo es letra muerta. González Cuevas fue uno de los agentes de la crisis del Congreso del Trabajo, de cuya presidencia se siente con pleno derecho, aunque no ha logrado que la Secretaría de Gobernación le facilite su ejercicio.

Rafael Ochoa Guzmán) Secretario General del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y presidente de la Federación Democrática de Sindicatos de Servidores Públicos, ambas posiciones bajo el control imbatible de Elba Esther Gordillo. Con eso está dicho todo.

Joaquín Gamboa Pascoe) Secretario General de una devaluada CTM, puesto al que llegó violando la normatividad estatutaria a la muerte de Leonardo Rodríguez Alcaine, quien de por sí dejó esa organización para el arrastre. Exquisito abogado cuyas manos no han tocado ni siquiera una máquina de escribir y no han resentido más lesiones que las que le inflige su costosa manicurista. Como secretario general de la Federación de Trabajadores del Distrito Federal, fue incluido desde la década de los ochenta del siglo pasado en la lista de vendedores de contratos de protección. Como “líder” del Senado de la República, la Dirección General e Aduanas le abrió expediente por contrabando, en un caso que quedó “en reserva” -dado el fuero- en la Procuraduría General e la República.

Huelga recordar que esa manga de sacrificados por los sacrosantos intereses de la clase trabajadora -apenas una selección a vuelo de pájaros de cuenta-, salvo Ochoa Guzmán, siguen ostentando carnet del PRI, lo que no les impide, junto con otros correligionarios de los sectores campesinos y popular, estar en la cargada con Calderón Hinojosa. Mientras éste pretenda que los legisladores del PAN se alíen con los 139 homólogos priistas en el Congreso de la Unión, sabe, como diría el ranchero sin opción, que con esos bueyes hay que arar. ¡Mueran las convicciones! ¡Vivan las instituciones!

(PD: De “la nueva cultura laboral” abascaliana, de los contratos de protección patronal y de las relaciones triangulares del trabajo hablaremos en la próxima entrega, con especial dedicatoria a Arsenio Farell Cubillas. No podemos permitir que nuestras insobornables e incorruptibles instituciones sean mancilladas por renegados que, por sus extravíos mesiánicos, olvidan los deberes para con la patria.


¡Viva Agustín de Iturbide! Hijos de la Guadalupana.)

Por Abraham García Ibarra(exclusivo para Voces del Periodista

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