¿QUIEN PROTEGE A GAMBOA PATRÓN?.

REFORMA.
Miguel Ángel Granados Chapa.

.Incombustible Gamboa

Exhibido en su relación con Kamel Nacif, eso no estorbó para que el diputado yucateco presida desde ayer la Junta de Coordinación Política en San Lázaro, pues ha salido indemne de otros señalamientos, como el relacionado con financiamiento ilegal hace seis años.

Ayer al mediodía asumió Emilio Gamboa la presidencia de la Junta de Coordinación Política, uno de los dos órganos de gobierno de la Cámara de Diputados. Para que pudiera hacerlo fue menester reformar, en el breve plazo de una semana, la Ley Orgánica del Congreso de la Unión, cuyo resultado figuró en el Diario Oficial del jueves 14 de septiembre.

No importó que dos días antes se conociera su disposición a frenar, unos 30 meses atrás, legislación relativa al juego apenas percibió el reparo de Kamel Nacif, muy conocido hasta antes del año pasado por su ludopatía y a partir de entonces por su vínculo con Jean Succar Kuri, denunciados ambos por la periodista Lydia Cacho en su libro Los demonios del edén.

Hacia febrero o marzo de 2004, Nacif se sorprendió de que se pretendiera legislar sobre el juego (la ley vigente entonces y todavía tiene cerca de 60 años de edad), según se lo informó Gamboa, y le pidió detenerse. Lo hizo de dos maneras en su conversación con el senador yucateco: "No, no la chingues" y "Dale p'atrás, papá". A lo que Gamboa repuso, inmediatamente obsequioso: "Pos entonces va p'atrás, esa chingadera no pasa en el Senado". Y así fue, no llegó siquiera allí, porque no prosperó en la Cámara de Diputados.

En vez de que se generara un escándalo por el nexo entre Nacif y Gamboa, y sus probables efectos en el trabajo legislativo, Gamboa fue arropado por sus compañeros de partido y por los prohombres panistas. El vocero presidencial, Rubén Aguilar, dijo que la grabación sobre la plática de Nacif con Gamboa no estorbaría en nada la relación del gobierno con el coordinador de la bancada priista. Aguilar ofreció una primicia, requerida todavía de esclarecimiento: se sabía de los arreglos entre Héctor Larios, el jefe de la bancada panista, con su colega del PRI: pero ignorábamos que el gobierno tenía también interlocución, y acuerdos quizá, con Gamboa.

El escándalo generado por la difusión de la plática entre Gamboa y Nacif y de éste con su hija, con el ahora gobernador Fidel Herrera y con su socio, amigo y cómplice Jean Succar Kuri no surgió de los hechos a que se refieren las grabaciones. Especialmente, el intercambio entre Succar Kuri y Nacif, que comprueba sus adicciones personales y su participación en el comercio sexual.

Pese a la gravedad de estos hechos, y su liga con redes mundiales de pederastia y tráfico infantil, no inquietaron en lo absoluto a las buenas conciencias que, sin embargo, se agitaron porque se graban conversaciones telefónicas al margen de la ley y se difunde su contenido.

Reacción semejante ocurrió en febrero pasado cuando se descubrió la trama urdida por Nacif con el gobernador de Puebla, Mario Marín, para dañar gravemente a la periodista Lydia Cacho. Para alejar la atención de actos de poder al servicio de un particular con fines aviesos se desestimó el modo por el cual la sociedad pudo enterarse de esa aberración. Todavía ayer el pleno de la Suprema Corte de Justicia prefirió detenerse en la ilegalidad de las grabaciones en vez de preocuparse por los hechos a que se refieren. A la hora de escribir estas líneas el tribunal constitucional discutía la ponencia del ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia que con base en el informe preparado por los magistrados Emma Meza Fonseca y Óscar Vázquez Marín, propuso negar que las garantías individuales de la periodista hubieran sido atacadas. En la discusión parecía imponerse la necesidad de requerir una ampliación de la pesquisa ordenada por la Corte, pues los magistrados a quienes se encargó la misma excluyeron de ella al gobernador Marín.

La prestancia del cargo al que llegó ayer Gamboa no corresponde a su biografía, a menudo marcada por poner el poder al servicio de intereses particulares, o francamente por la corrupción.

De una actuación de esta índole lo señalaron sus propios compañeros del partido, uno de los cuales, Rafael Ortiz, forma parte de la bancada del PRI; es decir, está bajo la coordinación de Gamboa. En marzo de 2003, cuando el Instituto Federal Electoral asestó al PRI una multa de mil millones de pesos por haber recibido 500 como financiamiento ilegal, ese partido impugnó la resolución ante el Tribunal Electoral, al que le planteó una hipótesis alternativa. Según ella, las destinatarias finales de los recursos que el sindicato petrolero entregó al partido sancionado fueron dos asociaciones civiles manejadas por personas cercanas al candidato Francisco Labastida (hoy senador de la República).

Una de dichas asociaciones se llamaba Impulso Democrático, que encabezaban Emilio Gamboa y Jorge Cárdenas, en ese orden. A diferencia del primero, el segundo fue acusado penalmente en un curso legal paralelo al de la sanción administrativa sufrida por el PRI.Gamboa fue secretario de Comunicaciones y Transportes hacia el final del gobierno de Carlos Salinas. En 1994 hizo allí favores imperecederos: otorgó 83 concesiones de frecuencia modulada a otros tantos tenedores de emisoras de amplitud modulada, y refrendó concesiones de televisión, entre ellas a Televisa.

Cuando Labastida llegó a ser, tres años más tarde, secretario de Gobernación, halló oportuno que Gamboa recogiera los rendimientos de su liberalidad, como subsecretario de Comunicación Social y luego como uno de los principales operadores de su campaña.

De su paso por esas situaciones, y del punto de arranque de su carrera como poderoso secretario particular del débil presidente Miguel de la Madrid nos ocuparemos después.