OAXACA:¿PORQUÉ HASTA DICIEMBRE?.

REFORMA
Miguel Ángel Granados Chapa.

Setenta días oaxaqueños.

Para evitar perder una elección en que se prevén derrotadas, las fuerzas del PAN, el PRI y el gobierno federal que ahora sostienen a Ulises Ruiz estarían dispuestas a dejarlo caer después del 1o. de diciembre, y nombrar un gobernador sustituto que termine su periodo.

Como si no hubieran transcurrido ya cuatro largos meses de conflicto en Oaxaca, se está abriendo paso una solución benévola -es decir, que no apele al uso de la fuerza pública- que consiste en esperar al 1o. de diciembre. Entonces se cumplirán dos años de permanencia del gobernador Ulises Ruiz en su cargo. Si 24 horas después presenta su renuncia, no habrá necesidad de llamar a elecciones, pues el gobernador sustituto que al efecto sea nombrado completará el periodo que termina el 30 de noviembre de 2010.

Es un exceso de optimismo suponer que la tensa situación oaxaqueña puede extenderse dos meses y 10 días más sin que reviente. Y sin embargo a eso están jugando notoriamente las fracciones parlamentarias dominantes y acaso también el gobierno federal.

Anteayer se rompió el diálogo que habían venido sosteniendo en la Secretaría de Gobernación, directamente con Carlos Abascal, los delegados de la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca y de la sección 22 del sindicato magisterial. Así debe interpretarse que, a diferencia de las seis sesiones anteriores, ésta concluyera sin cita para un nuevo encuentro. La reunión del miércoles fue más breve que todas las anteriores, pues la delegación oaxaqueña insistió en que Ulises Ruiz debe irse, como requisito para aflojar la tensión. Por eso rehusaron establecer fecha para iniciar el curso escolar que sufre ya demora de un mes (de modo semejante a la tardanza, y apresuramiento, con que terminó el ciclo anterior). Quedó en suspenso también la devolución de vehículos oficiales que a lo largo de esos meses han sido retenidos por los opositores del gobernador.

Tanto en el Senado como en San Lázaro, los grupos legislativos del PAN y el PRI se opusieron a constituir comisiones especiales, integradas por miembros de todas las bancadas, que acudan a Oaxaca a evaluar in situ las condiciones en que ha vivido una amplia porción de la sociedad oaxaqueña a partir del 22 de mayo, en que el magisterio suspendió labores y sus efectivos se establecieron en una amplia superficie del centro histórico.

Admitir esas comisiones hubiera disminuido en el Senado la presión por dar a Ruiz espaldarazo semejante al que le ofreció, con su propia firma incluida, la Conferencia Nacional de Gobernadores.En agosto la comisión senatorial de gobernación de la LIX Legislatura redactó un dictamen que desecha la solicitud de ciudadanos oaxaqueños para que el Senado declarara que han desaparecido los poderes en esa entidad y nombrara un gobernador provisional. Como someterlo al pleno, y aprobarlo, aceleraría la inconformidad popular, también se ha dejado para después su aprobación, y se espera a redactar otro, una vez que, constituidas las comisiones, comiencen a funcionar.

Si el conflicto en Oaxaca hubiera entrado en un prolongado paréntesis, en una tensa calma a la que suelen apostar autoridades impugnadas en espera de que se desgaste, la indolencia pragmática del Poder Legislativo y la administración tendría si no justificación alguna explicación. Pero no pasa día sin que nuevos factores empeoren la situación. Ayer se inició una marcha de asambleístas a la Ciudad de México, para explicar y diseminar la inconformidad. El lunes un grupo de reporteros fue amenazado, pistola en mano, por brigadistas de la APPO con el rostro cubierto, contra las normas de esa asamblea popular. Con varias estaciones de radio, públicas y privadas, en manos de los movilizados desde hace semanas, los roces entre un sector de los medios y los asambleístas pueden derivar en un choque o algo más.

Aunque anteriores anuncios, o barruntos, de una llegada inminente de la fuerza pública federal (Policía Federal Preventiva y aun militares) fueron sólo rumores (y neutralizaron la sensibilidad pública como en la fábula de Pedro y el lobo), esos temores -o esperanzas, pues segmentos de la sociedad oaxaqueña la reclaman- se actualizaron esta semana después de un pedido formal del Congreso (que sesiona a salto de mata, arrojado de su sede por los asambleístas) para que intervenga el gobierno federal.

Legisladores locales del PRI y del PAN entregaron el lunes en Los Pinos una solicitud de auxilio a la Federación ante la situación "de trastorno interior" que se vive en esa entidad, lo que es el supuesto para el envío de fuerzas federales como lo demandó explícitamente, de viva voz, el priista Bulmaro Rito Salinas, presidente de la Gran Comisión de la Cámara local de diputados.Un grupo de organizaciones civiles, diversas de las que integran la APPO, expresó al día siguiente su oposición a esa medida, que según sus informes implicaría la intervención de la AFI (Agencia Federal de Investigación) a través de una operación llamada Global 5.

En sentido contrario a lo afirmado por el vocero presidencial Rubén Aguilar, esa información en concreto y la petición de los legisladores locales no se abordaron en la reunión del miércoles pasado.El gobierno federal y sus legisladores apoyan a Ruiz no sólo porque así lo impone el compromiso de colaboración que virtualmente han suscrito con el PRI, sino porque la caída de un gobernante local mostraría la ruta para peticiones semejantes en el orden federal.

Esos intereses comunes, por lo demás, se oponen con ardor a que haya elección después de un interinato, porque lo probable es que la ganaran los partidos que formaron la coalición Por el Bien de Todos y ahora integran el Frente Amplio Progresista. No entusiasma que esa fuerza debute con una victoria.

Cajón de Sastre.
Simultáneamente aparecen dos publicaciones conmemorativas del "golpe a Excélsior", como se conoce en los anales del periodismo contemporáneo la expulsión de Julio Scherer dictada por el autoritarismo del presidente Echeverría, y de la fundación del semanario Proceso, con que el grupo de periodistas echados de aquel periódico respondió a la agresión gubernamental disfrazada de conflicto interno.

Ambos hechos cumplen 30 años, pues ocurrieron el 8 de julio de 1976 el primero, y el 6 de noviembre el segundo. Editorial Planeta lanza una edición especial -con la que suman 15 en total- de la novela de Vicente Leñero, Los periodistas, con presentación de Julio Scherer García y prólogo de Carmen Aristegui, quien dice que las páginas de Leñero han sido "leídas y releídas por generaciones enteras que no han estado dispuestas a perder ese tramo de memoria".

A su vez, Proceso puso a circular un número especial, de 272 páginas, con vigencia de octubre a diciembre, en cuya carátula aparece un enorme número 30 repleto de portadas del semanario.

Correo electrónico: miguelangel@granadoschapa.com