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Carlos Fernández-Vega

Pasta de Conchos y el viejo truco de los chivos expiatorios

La impunidad sigue campeando sobre los cadáveres de 63 mineros

Como en tantos otros "accidentes" en los que los trabajadores ponen los muertos y la dupla gobierno-empresarios la impunidad, era de esperarse que en el caso de la mina Pasta de Conchos se recurriera al viejo truco de los chivos expiatorios para "hacer justicia".

Con la celeridad que la caracteriza, 13 meses después de la explosión en Pasta de Conchos. la Procuraduría General de Justicia de Coahuila consignó la averiguación previa ante un juez, Sergio Taméz, y éste giró cinco órdenes de aprehensión en contra de funcionarios menores de Industrial Minera México (filial del Grupo México, presidido por Germán Larrea, beneficiario de la concesión que la Secretaría de Economía le otorgó para explotar la citada mina), mientras la Procuraduría General de la República permanece en silencio sobre la responsabilidad que en este caso tendrían funcionarios federales (principalmente el ex secretario foxista del Trabajo, Francisco Xavier Salazar Sáenz, hoy cobijado por la cúpula yunquista incrustada en el PAN, y su yerno Pedro Camarillo Adame, ex delegado de esa dependencia en Coahuila y efímero ex titular de comunicación social en el gobierno municipal de Torreón, que presidió el panista Jorge Zermeño Infante, hoy presidente de la Cámara de Diputados).

A Germán Larrea, el dueño del Grupo México, ni por asociación se le ha mencionado como responsable en la explosión de Pasta de Conchos, ni a la cuadrilla de ex funcionarios públicos que están a su servicio. Como Fox, este empresario nunca se apersonó en la mina, y tal vez por ello las órdenes de aprehensión giradas corresponden a cinco funcionarios menores del consorcio minero: Rubén Armando Escudero Chávez, gerente general de Industrial Minera México; Sergio Rico Pérez, superintendente de mina; Fermín Carlos González Bermea, superintendente de operaciones; Antonio Campos González, supervisor de seguridad, y Emilio Rodríguez Díaz, ingeniero de seguridad. Ellos, y sólo ellos, serían los responsables de homicidio culposo de los 65 mineros muertos el 19 de febrero de 2006 en la mina coahuilense.

Por cierto, Grupo México se tomó la molestia de emitir un mini comunicado de prensa de su filial Industrial Minera México, el cual se limita a señalar que confía "en el sistema judicial mexicano, en la impartición de justicia, así como (ratifica) su compromiso de colaborar en todo momento con las autoridades estatales y federales", de tal suerte que los chivos expiatorios deben estar más preocupados por la actitud de sus patrones que por la "acción de la justicia".

Lo anterior, en el entendido de que la propia información oficial advierte que "Industrial Minera México (subsidiaria del Grupo México) aún no entrega documentos fundamentales para la investigación, como son las bitácoras por turno y día de gaseros, mayordomos, jefes de electricistas y encargados de verificación de cada turno, por los tres meses anteriores al accidente... información sin la cual la determinación de las causas del accidente no sería completa. Se solicitó a IMMSA la entrega de los documentos mencionados en el primer reporte de avance de los trabajos, fechado el 13 de enero pasado. La empresa entregó 118 documentos y planos al 30 de noviembre de 2006 y 26 de enero de 2007, pero aún no entrega documentos fundamentales para la investigación..."

Tampoco es para sorprenderse, porque los chivos también corren, pero de acuerdo con las primeras versiones, esos cinco funcionarios menores actuaron más rápido que el siempre expedito aparato de justicia, y cuando los policías ministeriales fueron por ellos (si es que en realidad lo hicieron), pues "ya no estaban localizables". De cualquier suerte, los ahora "prófugos de la justicia" tendrían derecho a libertad bajo fianza, porque según esto el homicidio culposo "no es un delito grave".

Eso por el lado estatal. Por el federal, de acuerdo con la ruta trazada por Javier Lozano Alarcón, el relevo de Francisco Xavier Salazar Sáenz en la Secretaría del Trabajo, ya el gobierno de "resultados, no de excusas" (Calderón dixit) reconoce "una actitud negligente" de la propia dependencia (en tiempos de Fox) en Pasta de Conchos, y que por tal motivo "no se protegerá a nadie involucrado en este caso, y se procederá a realizar la denuncia correspondiente ante la PGR, por tratarse de servidores públicos federales".

Nadie sabe, sin embargo, en qué capítulo va la telenovela, porque de acuerdo con Lozano Alarcón para presentar la denuncia ante la PGR, en primera instancia otra dependencia federal (Secretaría de la Función Pública) tendría que determinar "las responsabilidades de los servidores públicos involucrados y aplicar las sanciones correspondientes". Una vez superado este trance, entonces la Secretaría del Trabajo estaría en condiciones de presentar la denuncia ante la Procuraduría General de la República, y, registrada oficialmente, ésta investigaría y, se supone, actuaría. Es abultado el número de puertas a tocar, según la explicación oficial, pero a todas luces bien se pudo hacer en menos de 13 meses.

Entonces: ¿se presentó la denuncia? ¿La SFP determinó la responsabilidad de los servidores públicos involucrados y sabe cuáles son las "sanciones correspondientes? ¿La PGR ya investiga? ¿Y la Secretaría de Economía? No deje de ver el siguiente capítulo de la telenovela Impunidad y chivos expiatorios en Pasta de Conchos. Ello, mientras los cuerpos de 63 mineros siguen bajo los escombros y sus deudos correteando a una señora inalcanzable en México, que algunos todavía llaman Justicia.

Las rebanadas del pastel

Duda razonable: algunos consejeros políticos nacionales del Partido Revolucionario Institucional urgen a la nueva dirigente nacional de su partido, Beatriz Paredes, a que inicie un proceso de "depuración interna" y que "se vayan los traidores". Aquí la pregunta es: ¿quién cerraría la puerta por dentro?