CORRUPCION TABASQUEÑA.

REFORMA.
Miguel Ángel Granados Chapa.

Corrupción tabasqueña.

Policía desde hace 15 años -y es la única función que ha desempeñado-, el ex secretario de Seguridad Pública de Tabasco Juan Cano Torres amasó en ese lapso una gran fortuna, que no pudo haber sido incrementada si no contara con protección política.

Juan Cano Torres, secretario de Seguridad Pública de Tabasco hasta el fin del año pasado, fue actor clave en la estrategia de su jefe, Manuel Andrade, para ganar la elección de su sucesor el 15 de octubre pasado.

El día 5 de ese mes, 10 días antes de los comicios, Andrade y Cano fueron anfitriones de Miguel Ángel Yunes, hoy transformador del ISSSTE y entonces secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Se publicitó en exceso una asignación presupuestal de 14 millones de pesos que Yunes anunció para reforzar las telecomunicaciones y la informática de la corporación a cargo de Cano. Pero sobre todo se difundió el diagnóstico transmitido por el político gordillista: según análisis del Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad, Villahermosa y Monterrey eran las capitales ganadoras del primer lugar en seguridad pública.

De ser cierto ese dato, y no sólo materia para la propaganda electoral, hoy conocemos la causa.Pero no lleguemos todavía a marzo de 2007. Volvamos a octubre pasado. El 11 de ese mes, ocho activistas del PRD, llegados a Tabasco para impulsar las últimas horas de la propaganda de los candidatos de ese partido al gobierno del estado, los ayuntamientos y las diputaciones locales, y a supervisar la jornada electoral que tendría lugar el día 15, fueron detenidos sin causa ni orden judicial mientras se hallaban a bordo de transportes particulares.

Los capturaron agentes de seguridad pública, según supieron a la postre, pero no uniformados sino vestidos de civil, que los maltrataron desde el momento mismo de la detención y los torturaron para que emitieran un testimonio contrario a la realidad y a sus convicciones.

El propio secretario Cano Torres, jefe de los violentos captores, presentó en la televisión local un video donde tres de los detenidos confiesan haber llegado a Villahermosa a quemar urnas el día de la elección y, en general, a alterar el orden.

La pieza fue muy útil en la propaganda sucia que había desplegado el gobierno de Andrade contra los aspirantes perredistas, y por haberse difundido en el periodo de veda previo a la jornada electoral, surtió el efecto deseado por las autoridades y no pudo ser contradicho por los partidos y candidatos afectados.

En diciembre siguiente, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió la recomendación 46/06 sobre esos hechos. Pero era demasiado tarde para tener consecuencias, pues el gobierno de Andrade terminó con el año.

En el primer día del siguiente, al tomar posesión el gobernador Andrés Granier, Cano Torres estrenaba una nueva función, la de director de la Comisión especial para la transferencia de los servicios públicos de agua y tránsito a los municipios. No se fue del todo de la Secretaría que había encabezado durante el sexenio anterior.

Sus antiguos subalternos y amigos fueron ratificados o promovidos en los cargos principales de la Secretaría de Seguridad Pública: René Castillo Méndez en la Subsecretaría, David Sánchez Alejandro como director de la policía estatal y Fernando Santiago Rodríguez al frente del Estado Mayor de esa corporación.Todos ellos formaban parte de una hermandad que se había propuesto mantener el dominio en el área de la seguridad pública.

No contaron con que el nuevo gobernador prefirió consultar con la Secretaría de la Defensa Nacional sobre el nuevo secretario del ramo y como resultado designó a un antiguo comandante de la Zona Militar en la propia Villahermosa, el general de división Francisco Fernández Solís.

Inconformes con esa designación, aunque el militar los hubiera considerado al formar su plana mayor, los amigos de Cano Torres, y éste mismo, al parecer resolvieron hacer saber quién manda en esa materia. El 6 de marzo Fernández Solís fue atacado a balazos y aunque su chofer murió en el asalto, él pudo salvar la vida.

En cambio, todos los mencionados no pudieron preservar su libertad, pues se les detuvo el sábado en Tabasco y están ahora arraigados en el Distrito Federal, por pedido de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, SIEDO.

El móvil de su detención es su presunta participación en el atentado al general Fernández Solís, pero la indagación se extendería a otros campos.Cano Torres cumplió en aquel octubre de sus glorias 45 años de edad. Licenciado en sociología por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, no ejerció esa profesión sino la de agente policiaco.

Pertenece a la primera antigüedad del curso de formación de oficiales del Colegio de policía y tránsito. Desde hace 15 años ha desempeñado puestos de responsabilidad en esa área: director de Seguridad en el municipio de Emiliano Zapata, subdirector operativo y director de la policía estatal y secretario de Seguridad Pública.

La remuneración correspondiente a esos cargos no da para tanto, pero es dueño de una fortuna. El fin de semana fueron cateados tres ranchos de su propiedad, pero faltaban por revisar propiedades en Centla, Cunduacan y Macuspana. El Pegaso ranch, situado en ese último municipio, fue señalado como sede de narcofosas por un testigo protegido de la PGR y revisado en noviembre, pero Cano Torres se las arregló para que la AFI le ofreciera disculpas.En el cateo de este fin de semana fueron asegurados automóviles, armas, lanchas y equipo de espionaje. Probablemente los predios y otros bienes fueron obtenidos de manera ilícita, pero a ojos vistas, lo que obliga a preguntar si Cano Torres tenía protección.
(Hay te hablan Yunes).

Cajón de Sastre .

La semana pasada se desarrolló, con muy buenos resultados, la iniciativa llamada México Abierto, promovida por los medios de comunicación "para abrir canales de diálogo sobre la importancia de un gobierno abierto y el derecho a saber". Desplegaron esa iniciativa el Consejo Ciudadano del Premio Nacional de Periodismo y The National Security Archive. Y lo patrocinó la Fundación William y Flora Hewlett. Sus objetivos fueron "promover el derecho a saber entre la sociedad, los medios de comunicación, las universidades, las organizaciones no gubernamentales y demás actores interesados en la transparencia y el acceso a la información"; "fomentar que la ciudadanía ejerza un efectivo contrapeso ante el gobierno mediante el uso de las leyes de acceso a la información" y "propiciar una discusión ciudadana sobre la importancia de un gobierno abierto y el derecho a saber". Se trata de objetivos nada extraños a Reforma, que cotidianamente busca realizar esos principios mientras que cada lunes Juan Ciudadano reflexiona sobre ellos y su práctica.