ASIMETRÍAS.

ASIMETRÍAS.
Fausto Fernández Ponte.

El Coqueteo de Felipe

I
La iniciativa de ley que el titular del Poder Ejecutivo, Felipe Calderón, envió al Poder Legislativo para combatir la delincuencia organizada ha abierto las compuertas a flujos mayúsculos de inquietudes, preocupaciones, conturbación y temores.
Y no es para menos. Lo que está en juego es la formalización de un estado de hecho, de naturaleza y expresiones monstruosas, de abusos del poder que conculcadores de los derechos de la ciudadanía, cometidos a contrapelo de la Constitución Política misma.
Menciónese que México es uno de los países con más violaciones a los derechos humanos, siendo en primero, en la escala mundial, en las prácticas de la tortura, el secuestro y la fabricación de delitos a ciudadanos inocentes. No es motivo para enorgullecernos.
A ello añadiríase otro título mundial de dudosísima honra: México se ha convertido en tan sólo un sexenio --el de Vicente Fox-- en el país con el mayor número de casos no resueltos de asesinatos o desapariciones forzadas de periodistas.
Y por si lo descrito fuere poco, agregaríase otro emblema mundial: México ha desplazado a Colombia como país sede de las organizaciones dedicadas al tráfico ilícito internacional de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, o sea el narcotráfico.
Agregaríamos otro título: año con año, el mundo ratifica nuestra posición --en los primeros cinco países-- en materia de corrupción, lo cual nos lleva por inferencia válida a las causales del estado de hecho de abusos del poder contra la ciudadanía.
Esas causales tienen un pivote común: la corrupción. Se comercia la procuración y la impartición de justicia --aplicar las leyes, pues-- como a casi todos los mexicanos nos consta por experiencia propia. Y se comercia el alcance mismo del poder político.

II
Dicho sea de otro arreo: se comercia con las potestades veras del mismísimo Estado mexicano. Ese comercio ha adquirido tal distorsión que se realiza cínicamente, sin pudores ni escrupulosidades ni constreñimientos reales. Es un verismo incontrovertible.
Pero esa colosal anomalía --que, dialécticamente, posee ya atributos de normalidad-- no se supera con leyes draconianas que legalizan lo ilegal, tal como lo propone el Presidente de la República a los legisladores.
Esa es una realidad insoslayable: Las leyes nos protegen en la letra, pero son letra muerta o, si acaso, son manipuladas por los personeros del poder para cancelar, en la práctica, nuestros derechos y garantías constitucionales.
La formalización --es decir, legalización-- de una realidad de hecho colocará a los mexicanos en situaciones de mayor vulnerabilidad tanto individual como social pues se suprimirían las vías recursivas de carácter jurídico que en la letra existen.
Trataríase, presumiblemente, de enmendar una anomalía con otra anomalía mayor, lo cual, en la escala de causales y móviles, es lo más bajo en términos de moralidad y ética del ejercicio del poder y, desde luego, en deontología jurídica.
Ese es el tema trascendente del día que no pocos mexicanos representativos de las fuerzas vivas de nuestro país debaten aunque, no se duda, a millones de compatriotas inmersos en el brutal afán diario por la subsistencia les sea, al parecer, indiferente.
Y en no poca monta esa indiferencia es la secuela de la manipulación mediática de la propuesta de don Felipe realizada por el propio Poder Ejecutivo, al margen de la búsqueda de acuerdos con las fuerzas partidistas representadas en el Legislativo.

III
Esa manipulación acusa una peculiaridad aviesa: minimizar las consecuencias gravísimas de las leyes cuya promulgación propone el Presidente de la República y subrayar, en abstracto, el imperativo de reducir la inseguridad pública.
Y es que la propuesta calderonista detona en la memoria colectiva la experiencia de las seis décadas --desde 1946 a la fecha-- del aberrante totalitarismo priísta que ha llevado a nuestro país a su tristísima postración presente.
Esas seis décadas --exactamente 61 años, no 70, como solía afirmar, erradamente, el señor Fox, notoriamente ignaro de nuestra historia y los procesos sociales históricos-- nos han llevado, como país y como Estado, a un perigeo peligrosísimo.
Estamos, pues, en el punto más bajo. En el fondo. Cuando un Presidente de la República proclama --y actúa en consecuencia-- que la solución a nuestros problemas es un régimen jurídico totalitario está exhibiendo una gran ineptitud política.
El asunto de la inseguridad pública tiene causales muy distintas a las del Crimen Organizado, el cual es, demostradamente, el principal empleador en México, país estrujado forzadamente por el desempleo y su secuencia lógica, la pobreza.
Más que mostrar esas inclinaciones impúdicas --moralmente-- hacia el totalitarismo, como fómula para combatir al crimen organizado y, por ende, la inseguridad pública, don Felipe tiene ante sí opciones verdaderamente republicanas y democráticas.
Una opción es la educativa. Educar bien. Educar para comprender la realidad --al universo, al mundo, la vida, al hombre, el entorno natural y social-- y no sólo para capacitar fuerza laboral mal remunerada. Educar en las aulas. Y educar en los medios.
Pero maleducar es la esencia del totalitarismo. Ya lo dijo Rodrigo Borja, el pensador ecuatoriano: el totalitarismo es un poder que se introduce en toda la trama social de un país. Para ello, los pretextos causativos son los de menor importancia.
Coquetear con el totalitarismo --como lo hace el Presidente -- nos desubre los superficiales meandros psicológicos de un hombre investido espuriamente mediante trasvestismo judicial electoral es arriesgado.Es un coqueteo peligrosísimo.

Glosario:
Deontología: Ciencia o tratado de los deberes.
Draconiana: Aplícase a las leyes, providencias o medidas sanguinarias o excesivamente severas.
Meandro: Cada una de las curvas que describe el curso de un río.