La columna trata el caso particular de Jalisco, con su ley de Transparencia en riesgo de ser destruída para facilitarle el camino al gabinete al gobernador Francisco Ramírez Acuña, pero para el caso aplica para todo México
NOTA ORIGINAL PÚBLICO MILENIO
Emilio González Márquez ha señalado en diversos foros, incluso desde su Administración municipal, que la transparencia es y será un eje central en su gobierno. Para ello emprendió y busca instrumentar acciones y políticas públicas que muestren que la transparencia será un punto nodal.
La transparencia, no hay que perder de vista, no se reduce a una ley de acceso a la información. No, pues ésta es una herramienta jurídica para instrumentar un valor que se pretende desarrollar e implantar en el ejercicio de gobierno. La transparencia en la ciencia política y la administración pública es un requisito equiparable a la eficiencia en la función, pero que hoy ha cobrado particular interés y necesidad, al retomar y asumir en ese concepto algo más antiguo: la publicidad de los actos de gobierno.
Sin embargo, la transparencia, como se ha asumido en México a través de leyes de acceso a la información, y en particular en Jalisco con la Ley de Transparencia e Información Pública, implica más que actos de publicidad gubernamental: asume otras exigencias, como rendición de cuentas y apertura de los espacios de decisión pública para la participación ciudadana en la toma de decisiones.
Si en Jalisco se pretende armar un gobierno transparente, considero, será necesario abordar y asumir la transparencia como un elemento transversal que no se reduzca a una ley.
La transparencia, como valor a implantar y operar, apunta a resarcir un problema más de fondo: la pérdida de confianza en las instituciones. Con sus actos, sobre todo aquellos que son paradigmáticos, el mandatario ha roto y anulado la confianza social hacia las instituciones. Ocultar y alterar información, desde los pequeños detalles en el ejercicio de la función, han abonado a la pérdida de confianza, y ¿cómo se puede gobernar cuando cualquier acción estará sujeta a la sospecha?
Si la próxima Administración estatal no quiere ser opaca, tendrá que someterse a una reingeniería institucional y legal que propicie en los operadores una nueva cultura de transparencia.
La próxima Administración requiere definirse públicamente sobre los cambios que se operan a la Ley de Transparencia en Jalisco; pero sobre todo, tender una propuesta integral y transversal sobre el marco jurídico y administrativo del gobierno que encabezará. Transparencia para confiar.
COMENTARIO: Este periodista y su compañero y tocayo, Rubén Martín han sido fuertes críticos de la clase política jaliciense y nacional, sin distingo de personas o partidos. Considerando que criticar al PAN y al gobierno está fuera de moda en Milenio, y desgraciadamente el PAN es gobierno en Jalisco y es ampliamente criticado por ellos, habrá que ver cuanto tiempo duran sus excelentes columnas en el diario Público Milenio de Guadalajara, que si bien cuenta con excelentes editorialistas locales, llama la atención que no se incluyan en la edición tapatía las columnas de Ricardo Monreal, Pablo Gómez o Epigmenio Ibarra, especialmente en fechas recientes. ¿Un toque más de censura, Ciro?
NOTA ORIGINAL PÚBLICO MILENIO
Emilio González Márquez ha señalado en diversos foros, incluso desde su Administración municipal, que la transparencia es y será un eje central en su gobierno. Para ello emprendió y busca instrumentar acciones y políticas públicas que muestren que la transparencia será un punto nodal.
La transparencia, no hay que perder de vista, no se reduce a una ley de acceso a la información. No, pues ésta es una herramienta jurídica para instrumentar un valor que se pretende desarrollar e implantar en el ejercicio de gobierno. La transparencia en la ciencia política y la administración pública es un requisito equiparable a la eficiencia en la función, pero que hoy ha cobrado particular interés y necesidad, al retomar y asumir en ese concepto algo más antiguo: la publicidad de los actos de gobierno.
Sin embargo, la transparencia, como se ha asumido en México a través de leyes de acceso a la información, y en particular en Jalisco con la Ley de Transparencia e Información Pública, implica más que actos de publicidad gubernamental: asume otras exigencias, como rendición de cuentas y apertura de los espacios de decisión pública para la participación ciudadana en la toma de decisiones.
Si en Jalisco se pretende armar un gobierno transparente, considero, será necesario abordar y asumir la transparencia como un elemento transversal que no se reduzca a una ley.
La transparencia, como valor a implantar y operar, apunta a resarcir un problema más de fondo: la pérdida de confianza en las instituciones. Con sus actos, sobre todo aquellos que son paradigmáticos, el mandatario ha roto y anulado la confianza social hacia las instituciones. Ocultar y alterar información, desde los pequeños detalles en el ejercicio de la función, han abonado a la pérdida de confianza, y ¿cómo se puede gobernar cuando cualquier acción estará sujeta a la sospecha?
Si la próxima Administración estatal no quiere ser opaca, tendrá que someterse a una reingeniería institucional y legal que propicie en los operadores una nueva cultura de transparencia.
La próxima Administración requiere definirse públicamente sobre los cambios que se operan a la Ley de Transparencia en Jalisco; pero sobre todo, tender una propuesta integral y transversal sobre el marco jurídico y administrativo del gobierno que encabezará. Transparencia para confiar.
COMENTARIO: Este periodista y su compañero y tocayo, Rubén Martín han sido fuertes críticos de la clase política jaliciense y nacional, sin distingo de personas o partidos. Considerando que criticar al PAN y al gobierno está fuera de moda en Milenio, y desgraciadamente el PAN es gobierno en Jalisco y es ampliamente criticado por ellos, habrá que ver cuanto tiempo duran sus excelentes columnas en el diario Público Milenio de Guadalajara, que si bien cuenta con excelentes editorialistas locales, llama la atención que no se incluyan en la edición tapatía las columnas de Ricardo Monreal, Pablo Gómez o Epigmenio Ibarra, especialmente en fechas recientes. ¿Un toque más de censura, Ciro?
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