Salen algunas notas de La Jornada.
Primero, Ulises ya se siente seguro de que la represión en Oaxaca se dará antes de que termine la semana:
Reactiva la APPO la "alerta máxima" y anuncia más tomas de ayuntamientosEl rescate de Oaxaca, "ineludible e inmediato", advierte Ulises Ruiz
Gordillo pactó con Fox "atizar el fuego" en la entidad, acusa dirigente de los maestros
Oaxaca, Oax., 17 de octubre. La posibilidad de que la Cámara de Senadores no declare la desaparición de poderes en Oaxaca agregó otro punto de conflicto en la entidad, donde esta noche el gobernador Ulises Ruiz Ortiz advirtió que "el rescate de la ciudad es ineludible e inmediato" y "no puede pasar de esta semana". Además, las insistentes versiones de un desalojo violento por parte de priístas reactivó en la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) la "alerta máxima", y anunció la toma de más palacios municipales, el desalojo de oficinas de gobierno y el fortalecimiento de barricadas.
Por su parte, la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) afirmó que Elba Esther Gordillo pactó con el gobierno de Vicente Fox "atizar el fuego" en Oaxaca para incrementar la crisis política social que vive el estado, y afirmó que "no tiene autoridad moral" para imponer una nueva representación estatal, como anunció el domingo.
Y mientras se fortalecen las versiones de que en las próximas horas grupos de priístas intentarán "recuperar" el Centro Histórico y quitar barricadas, como anunciaron ayer los sectores popular, campesino y femenino del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en un comunicado el gobernador sostuvo que la sociedad oaxaqueña "está cansada de los actos vandálicos, de las barricadas y bloqueos a las vías de comunicación y a algunas dependencias públicas, por lo que de distintas maneras está exigiendo que se ponga fin a la conculcación de sus derechos".
Más aún, insistió en que ante el "cansancio, la desesperación de los ciudadanos" que exigen "un alto a las agresiones a sus garantías constitucionales", es necesario recuperar esta ciudad capital. Sostuvo: "no podemos esperar más. Tenemos la obligación de devolver la tranquilidad a sus habitantes, es una condición ineludible que incluso no puede pasar de esta semana".
Horas después del comunicado de Ruiz Ortiz, la APPO dio a conocer los acuerdos de la asamblea que inició el lunes. En el Zócalo alertó que cada vez se hace más evidente la participación de militares en "las agresiones y actos de provocación al movimiento" y presentó una credencial de la Secretaría de la Defensa Nacional que acredita como teniente del Ejército a Efraín Palma Flores, detenido la noche de ayer por brigadistas en la barricada de la Casa de Gobierno, quien afirmó ser policía a cargo de la escolta del director de Seguridad Pública, Francisco Santiago José.
La identificación del militar fue hallada en el lugar donde fue retenido, cuando salía del edificio de Seguridad Pública, donde se encontraron dos carteras. Una del militar y otra del propio Santiago José, por lo que se presume que uno de los otros tres sujetos que escaparon es el propio director policiaco.
El vocero de la APPO, Florentino López Martínez, dijo en conferencia de prensa que las organizaciones sociales se declaran en asamblea permanente para evaluar de manera constante los pasos que dé el Senado al resolver la solicitud de desaparición de poderes.
Convocó a las organizaciones sociales y sindicales, así como al pueblo oaxaqueño, a "una movilización masiva" para el jueves en esta capital, donde se ratificará la demanda de que renuncie Ulises Ruiz. Presentó el llamado de la APPO a fortalecer el proceso de unidad del movimiento, así como una marcha nacional el 21 y 28 de octubre en el Distrito Federal.
López Martínez explicó que "la alerta máxima se decreta por la posibilidad de que el Senado no declare la desaparición de poderes y ante los preparativos de movilizaciones de grupos priístas en todo el estado".
Esto, porque la situación en la capital del estado continúa en altos niveles de tensión, sobre todo por las noches, ya que persisten las balaceras en la zona del Centro Histórico y contra las barricadas que la APPO mantiene en colonias de la periferia.
La medianoche del lunes se escucharon disparos en calles cercanas al Zócalo, y de inmediato las brigadas móviles emprendieron, sin éxito, la búsqueda de los responsables. Inclusive buscaron en un bar de la calle Porfirio Díaz, donde -según testigos- se habría ocultado uno de los presuntos responsables.
Más tarde, a las tres de la mañana de hoy, brigadistas detuvieron un autobús en una de las barricadas de la avenida Ferrocarril, a dos kilómetros del crucero conocido como Cinco Señores. Ante la duda de que el transporte formara parte de un convoy que trasladaría acarreados a una marcha en "apoyo" a Ruiz Ortiz en la ciudad de México, se retuvo a los dos conductores y a los pasajeros hasta las cinco de la mañana.
Sin embargo, mientras las brigadas móviles realizaban la inspección del autobús, un vecino de una tienda de pinturas salió a la calle y disparó un arma de fuego. Pero cuando los integrantes de la barricada lo persiguieron, abandonó el arma y se refugió en su domicilio.
Además, se han incrementado las versiones de que en las próximas horas, a más tardar la madrugada del viernes, grupos de priístas comenzarían a quitar barricadas, con el respaldo de comerciantes de la Central de Abasto y de locatarios del mercado de artículos electrónicos de contrabando, ligados, se dice, al ex secretario de Gobierno, Jorge Franco.
Esta tarde, también, un trabajador no afiliado a la Unión de Taxistas, controlada por el PRI, fue interceptado por encapuchados en las Riveras del Atoyac, en una colonia cercana a la Central de Abasto, que prendieron fuego a su taxi.
Democratizar el SNTE, el siguiente paso
Al mediodía, en conferencia de prensa, donde anunció que este miércoles se realizará una asamblea estatal para definir la posición que asumirá el magisterio oaxaqueño una vez que el Senado vote sobre la desaparición de poderes, el líder seccional, Enrique Rueda Pacheco, llamó al magisterio democrático "a luchar contra el charrismo sindical" que representa Gordillo, quien -acusó- se ha enriquecido a costa de los trabajadores de la educación y ello le ha permitido adquirir propiedades "en Polanco, París y Estados Unidos".
"Lo que sigue en la lucha de Oaxaca es democratizar al SNTE. Ya basta que una camarilla intente amedrentarnos. Gordillo ha servido a los intereses de todos los presidentes, desde que la impuso Carlos Salinas. No hay democracia en el sindicato y nosotros la hemos acusado, política y formalmente, de ser autora intelectual del asesinato" de dirigentes, resaltó Rueda.
Afirmó que si bien aguardarán a la votación de los senadores para tomar una decisión sobre el eventual regreso a clases y el rumbo del movimiento, los maestros oaxaqueños no admitirán que sólo se recomiende al gobernador Ulises Ruiz solicitar licencia.
Reiteró que la reanudación de clases dependerá de la decisión que tomen los senadores, pero acotó que el ciclo escolar no está perdido e insistió en la posición del magisterio oaxaqueño de ampliar el horario o bien abrir los salones en fines de semana y días festivos.
A pregunta expresa sobre si la sección 22 recibió la toma de nota de la Secretaría del Trabajo que acredita a esa representación sindical, dijo que está depositada un acta constitutiva ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, por lo cual no existe posibilidad legal de desconocerla o constituir la sección 59, como ha solicitado la disidencia concentrada en el Consejo Central de Lucha (CCL). "No hay posibilidad de construir una dirigencia alterna", sostuvo.
Asimismo, y por segunda noche consecutiva, unos 500 indígenas integrantes de UCIZONI y un contingente de profesores de la sección 22 del SNTE bloquearon la carretera Transístimica, en el kilómetro 180, en las inmediaciones del poblado Boca del Monte, San Juan Guichicovi.
El bloqueo se realizó para impedir que más de 30 autobuses contratados por el gobierno del estado acarrearan desde el Istmo a cientos de personas que participarían en la marcha de respaldo a Ruiz Ortiz, supuestamente con la promesa de recibir despensas, materiales, programas para personas de la tercera edad, concesiones y de 2 mil pesos en efectivo.
Esa acción obligó al gobierno a preparar una nueva movilización para el miércoles, "bajo la convocatoria de la Organización de Pueblos de Oaxaca, que integra a grupos priístas y de golpeadores, sicarios y policías de civil", afirmó Carlos Beas Torres, coordinador de Programas de la UCIZONI.
Esa es la apuesta del PRIAN: la represión. Aquí ya lo que queda en realidad como fiel de la balanza es la decisión de Fox. Si Fox NO quiere pasar a la historia como un presidente PRIISTA más, entonces va a tener que darle línea a los senadores del PAN para que destituyan a Ulises Ruiz. Si no lo hace, y el conflicto escala, y reprimen con la PFP y con el ejército, Fox pasa a la historia como represor estilo Díaz Ordaz.
Rayuela
Muchos panistas que llegan a algún puesto de poder lanzan dos gritos: el primero, "¡Abajo las faldas!", y el segundo, "¡Arriba las manos!"
Seguimos con esta nota sobre el cochinito de los MARRANAZOS del TRIFE:
Ante los cuestionamientos de la ASF, procederán a devolver recursos involucradosDisuelven fideicomisos del TEPJF; aprueban bono por casi $3 millones
Con el argumento de que se han externado algunas dudas sobre el origen de la partida destinada a la conformación de dos de los tres fideicomisos de retiro que tienen magistrados y funcionarios de confianza del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), próximos a dejar su cargo, la Comisión de Administración del organismo determinó disolverlos y proceder a devolver el monto involucrado, según dio a conocer ayer el magistrado presidente Leonel Castillo González.
Sin embargo, en recompensa al trabajo realizado en este año electoral, y pese a la reducción presupuestal de 20 por ciento en el tribunal, los magistrados de la sala superior se asignaron un bono equivalente al salario de 11 meses, cifra cercana a 3 millones de pesos, adicional a lo que percibirán por concepto del fondo de retiro, más aguinaldo y vacaciones. Esta cantidad es independiente de lo que percibirán por el fondo de retiro previsto en un fideicomiso.
Fuentes judiciales confirmaron lo anterior y cuestionaron que ese gesto de recompensa al trabajo desempeñado no incluyera al resto del personal -incluidos los secretarios de acuerdos-, que en el mejor de los casos obtuvieron un bono adicional equivalente a mes y medio de salario.
Al término de la presentación de su último informe de labores, Castillo González aseguró que en una reunión efectuada hace 12 días se analizó la situación relacionada con los tres fideicomisos -que sumaban más de 49 millones de pesos, de los cuales 21 millones eran para los magistrados de la sala superior- que se habían constituido para el retiro de los magistrados y personal de confianza, evaluándose las dudas que se plantearon en la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre la legalidad de la partida de donde originalmente surgió la conformación de dichos fideicomisos.
Aunque no lo precisó, Leonel Castillo dijo que el monto global con el cual se marcharían los magistrados oscilaría alrededor de 20 millones de pesos en conjunto, de los cuales podría inclusive destinarse una partida para los familiares de José Luis de la Peza, fallecido hace un par de años.
Cuestionado sobre las razones que los llevaron a desaparecer los dos fideicomisos -de los cuales no precisó el monto de recursos involucrados-, Castillo reconoció que ante la duda sobre la legalidad de la operación era mejor determinar su disolución.
Sin embargo, se dijo convencido de que ese fondo provenía de una partida totalmente legal.
El fideicomiso para el retiro de los magistrados, junto con otros dos para personal de confianza, fueron constituidos a mediados de 2001 gracias a las "economías" (ahorros) en el ejercicio fiscal de 2000 (La Jornada, 27/10/05).
En el caso de los magistrados de la sala superior se pretendía destinar una partida para el momento en que tuvieran que dejar el cargo. La justificación siempre ha sido que, dada la naturaleza de su trabajo, los magistrados tienen fuertes restricciones para desempeñarse profesionalmente en la administración pública federal o locales.
Previsores, los magistrados aseguraron con recursos públicos su retiro, quedándose con el fideicomiso de mayor monto -21 millones de pesos-; los otros 28 millones los dividieron en dos fideicomisos: uno para secretarios generales de acuerdos y administrativo, y otro para mandos superiores y personal de confianza.
De acuerdo con el contrato del fideicomiso 158984, firmado con Bital, del cual La Jornada tiene copia, las partes acordaron que en caso de que un magistrado deje el cargo -como ocurrira el próximo 4 de noviembre con seis-, cada uno recibirá la séptima parte de ese fondo.
Además de esta prestación, los juzgadores aportan quincenalmente hasta 10 por ciento de su salario bruto al fideicomiso -su sueldo es similar al de los ministros de la Suprema Corte, es decir, unos 200 mil pesos mensuales-, y el TEPJF aporta, a cuenta del erario federal, una cantidad igual cada mes.
El 2000 fue el último año en que el Poder Judicial de la Federación no regresó sus recursos sobrantes a Hacienda, porque a partir de 2001 una disposición oficial estableció que todas las entidades del gobierno federal están obligadas a regresar el dinero no ejercido.
Para evitar "perder" los 49 millones de pesos que quedaron en las arcas del TEPJF, la comisión de administración del organismo -en la que participan, además de los magistrados, consejeros de la Judicatura Federal- resolvió crear los tres fideicomisos.
Así, se firmó el acuerdo 061/S51(11-VII-2001), que estipuló la constitución de los fideicomisos. El de los siete magistrados de la sala superior se integró con 21 millones de pesos; el de los secretarios general de acuerdos y administrativo de la sala superior con 5 millones 600 mil pesos, y el de mandos superiores -de los niveles 33 a 36- con 22 millones 400 mil pesos.
Los seis magistrados beneficiarios de la prestación serán: Leonel Castillo González, José Fernando Ojesto Martínez Porcayo, Eloy Fuentes Cerda, Alfonsina Bertha Navarro, José de Jesús Orozco Henríquez y Mauro Miguel Reyes Zapata.
Luego seguimos con esta nota en la que el Migración (el INM) rechaza las recomendaciones de la comisión de derechos humanos por las chingaderas que hizo el INM en Atenco al deportar sin sustento alguno a extranjeros que estaban LEGALMENTE en el lugar cuando entró la PFP a reprimir. Y recordemos: la PFP agredió y abusó sexualmente de las mujeres extranjeras as las que detuvieron sin motivo:
La expulsión de extranjeros fue "apegada a derecho"Migración rechaza haber violado derechos en Atenco
El Instituto Nacional de Migración (INM) rechazó las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH por su actuación en los hechos del pasado 4 de mayo en el poblado de San Salvador Atenco, estado de México, que derivó en la inmediata expulsión de cinco extranjeros.
"El procedimiento que se siguió (en la expulsión de los extranjeros) no tiene ningún problema; sostenemos que esto ocurrió conforme a derecho", declaró el comisionado del INM, Hipólito Treviño Lecea.
La CNDH emitió dos recomendaciones: la primera, para que se inicie un procedimiento administrativo de investigación en la Secretaría de la Función Pública en contra de los servidores públicos de la delegación regional del INM en el estado de México, y de Control y Verificación de este organismo por iniciar y concretar un procedimiento fuera de los márgenes previstos por la Constitución y por la Ley General de Población.
En la segunda, la comisión recomienda restituir a los extranjeros sus derechos violados y, en su caso, revisar el procedimiento de expulsión.
El 4 de mayo fueron detenidos, en un operativo policiaco, un grupo de extranjeros, quienes fueron remitidos la madrugada del 5 de mayo de la procuraduría mexiquense al INM y, unas horas después, fueron expulsadas las ciudadanas españolas Cristina Vall Fernández y María Sostres Tarrida; la alemana Samantha Ariane Marei Dietmar, y los chilenos Valentina Larissa Palma Novoa y Mario Alberto Aguirre Tomic.
El INM argumentó que violaron la Ley General de Población, al efectuar actividades distintas a las declaradas ante la autoridad migratoria cuando ingresaron a territorio mexicano, por lo cual se determinó expulsarlos y prohibirles el ingreso durante los próximos cinco años.
Tras recibir las recomendaciones de la CNDH, el comisionado de migración dijo que la próxima semana enviará sus observaciones al ombudsman José Luis Soberanes para "precisar exactamente en dónde se supone que los funcionarios llevaron a cabo una expulsión fuera de la ley".
En entrevista, el funcionario rechazó que sus agentes hayan ejercido presión o tortura contra los extranjeros, y que en todo caso corresponde al Ministerio Público investigar los dichos de estas personas respecto a las agresiones físicas que en su momento denunciaron.
En el caso de la chilena Palma Novoa, Treviño Lecea aseveró que existe una declaración de ella en la que admite haber realizado actividades políticas y lucrativas, aun cuando presentó documentos oficiales que la avalan como estudiante de un centro universitario de cine.
Respecto a la sanción aplicada, el titular del INM explicó que los extranjeros en referencia pueden presentar "una promoción" ante el titular de la Secretaría de Gobernación o el subsecretario de Migración para tratar de revertir el resolutivo oficial.
"Nosotros actuamos -insistió Treviño- conforme a derecho. Les dimos derecho de audiencia con sus consulados, los pasamos a examen medico y les tomamos declaración frente a enviados de la CNDH".
Agregó que también está fuera de la jurisdicción del INM la eventual indemnización, en caso de que se compruebe violaciones a sus derechos fundamentales.
Ah que bien. Y nos quejamos de la migra gabacha por que tratan mal a nuestros paisanos. Somos candil de la calle pero oscuridad de la casa.
Astillero
Tic tac oaxaqueño
Es la sublimación de la tesis ontológica del sexenio: ¿Y nosotros por qué?, se preguntan el Presidente de la República, el secretario de Gobernación, los senadores e incluso el virtual ex gobernador Ulises Ruiz. Pero es una sublimación transitoria y onerosa, pues sólo trata de ganar tiempo para ver quién políticamente se beneficiará más a costa del conflicto social oaxaqueño. Ping pong de las muy peloteadas instituciones: que dice Vicente que el problema es del ámbito estatal, que dice Abascal que el gobierno local no sabe poner orden, que dicen los senadores que no toman decisiones aún pero se declaran en periodo abierto de dizque consultas amplias, que dice el gobernador en capilla que la culpa no es nomás de él.
El jefe Manlio sale a escena para informar al respetable auditorio que el Senado sabe que hay bronca en Oaxaca pero que los poderes no han desaparecido (a fin de cuentas, los ganadores políticos del conflicto poselectoral son los priístas: en el caso de Ulises Ruiz siguen negociándolo a precio de oro, porque saben que el primero de diciembre los panistas necesitan convertir el plomo en algo medianamente brilloso). El cuasi ex jefe Vicente no encuentra mejores opciones de consejo que los senadores blanquiazules encabezados por la lumbrera política del sexenio, Santiago Creel, así es que el mandatario federal saliente se encierra con un puñado de esos legisladores en Los Pinos para trazar presuntas estrategias inteligentes (¡oh, my dog!: los panistas sólo podrán deponer a Ulises si hacen más ¿más? concesiones a los priístas voraces. El michoacano presunto patrón de Agustín Carstens quiere que el problema de Oaxaca sea resuelto hoy, hoy, hoy, pero el guanajuatense presuntamente resolutivo hace malabares para que ese hoy llegue después del primero de diciembre).
Mientras los grandes jefes políticos juegan a la papa política caliente en la ciudad de México, en Oaxaca ha decidido aumentar la presión la parte de la sociedad que se ha sublevado, sabedora de que las elites centralistas suelen desdeñar la realidad regional. La Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca conminó a sus seguidores a tomar el mayor número posible de alcaldías en la entidad, a que de las comunidades acudan refuerzos ciudadanos al zócalo de la capital oaxaqueña, a que se fortalezcan las barricadas urbanas y a que se mantenga una alerta máxima, pues los juegos de poder de la ciudad de México en cualquier momento pueden desembocar en un fracaso que lleve a las autoridades a optar por la violencia política.
Astillas
Muy formalito ha dicho el magistrado presidente del tribunal electoral federal que él y sus compañeros autores de la validación presidencial felipista se van de sus cargos "con la conciencia tranquila". Una conciencia, por lo demás, bastante dispareja, pues los señores magistrados -según declaración del calmo Leonel Castillo- anunciaron ayer mismo que devolverían al erario alrededor de 30 millones de pesos que forman parte de un fideicomiso creado para su ilustre retiro laboral. El susodicho magistrado presidente advirtió que es legal el mencionado fideicomiso pero que, ante las dudas suscitadas en segmentos sociales que consideraron abusiva esa prestación, los señores jurisperitos preferían eliminar tales inquietudes y devolver la millonada. Esa misma interpretación justiciera (en la duda, evita lo que sería mal visto) no fue aplicada por los celosos juristas al caso del conflicto más impugnado de la historia electoral mexicana. Autores de la célebre tesis del "nomás tantito", los magistrados en vías de jubilación reconocieron que en el proceso electoral federal se habían producido injerencias del Gerente de los Estados Unidos Mexicanos -un señor alto, de bigotito- y perversiones empresariales, pero aún así prefirieron que persistieran las dudas... La misma historieta de las dudas administrables está siendo montada en Chiapas. El 20 de agosto pasado habría ganado las elecciones estatales un priísta, Juan Sabines, que al no ser postulado por su partido se pasó en caliente al PRD, a cuyo nombre habría triunfado con una diferencia de apenas 0.53 por ciento. A pesar de que, aberrantemente, el dirigente nacional panista, Manuel Espino, había llamado a votar por José Antonio Aguilar Bodegas, candidato del PRI, el prianismo aceptó en lo inmediato el triunfo del nada poético Sabines, pero planteó un litigio electoral que ahora llevará a abrir 184 paquetes electorales. En aquel agosto caliente, con plantón capitalino y toda la cosa, le quedaba bien al prianismo aparentar respeto a una diferencia mínima (te lo digo, Sabines, para que lo entiendas Andrés Manuel). Pero ahora la semilla envenenada ha dado frutos para los estrategas del PRIAN: al aplicar el tribunal electoral federal la tesis lopezobradorista del voto por voto, el tal Sabines podría ser despojado de su triunfo o, con malignidad aplicada, los prianistas podrían aceptar que el candidato formal del perredismo tome el poder chiapaneco con una diferencia aún menor a la original del 0.53 por ciento, para demostrar así que el PRIAN sí sabe perder (sobre todo si el presunto opositor, el presunto Sabines, es en realidad un personaje absolutamente aceptable para el PRI y el PAN, un producto más de las ambiciones electorales perredistas contra natura) y no se inventa alternas gubernaturas legítimas ni protestas poselectorales... Hay críticas de carácter geométrico por el tipo de secretario de Hacienda que Felipe Calderón pretende nombrar; abundancia contrastante con la de un pueblo escuálido, dicen esas críticas dietéticas... ¡Oh, no: ahí viene el tecleador con sus historietas de confabulaciones! ¿Accidente en Coatzacoalcos que beneficia los apetitos de aquellos a quienes urge que el negocio petrolero mexicano sea puesto en subasta? ¿Riesgos operativos, problemas de mantenimiento, posibilidades de accidentes, porque no hay una conducción empresarial trasnacional? ¿O, en realidad, un simple infortunio sin significados ocultos?... Y, mientras el PRD y López Obrador le regalan un espacio a la autocrítica, ¡hasta mañana, en esta columna que escucha promesas calderonas como si la campaña no hubiese terminado: "el sexenio de la construcción", "la mayor infraestructura de la historia", etcétera!
Y con la Ciudada Perdida de Miguel Ángel Velázquez:
Ciudad Perdida
Reforma panista: propósitos y chantajes
Las intenciones de Acción Nacional, su prisa inexplicable por sacar la reforma política del Distrito Federal -que bloqueó durante estos seis años-, no podrían venir ahora sin las desviaciones perversas ni exentas de la dosis de odio que ya son la constante en el quehacer de ese partido político.
En muy poco tiempo se logró dilucidar que el interés panista en ese cambio va de la mano con la intención de acotar, de menoscabar la fuerza del gobierno que encabezará Marcelo Ebrard, para, de esa manera, también tratar de disminuir la popularidad perredista en la capital.
La fórmula es sencilla: restar poder. Primero se abrió al juego de la reflexión la idea de desmembrar la Secretaría de Seguridad Pública. Crear cuerpos policiacos en cada delegación y montar una policía metropolitana es el método.
Ahora sabemos, por boca panista, que uno de los fines principales de esos cambios es lograr que los impuestos, por ejemplo el predial, queden en manos y sean administrados por cada delegación política, lo cual dejaría a Miguel Hidalgo y Benito Juárez con grandes sumas de dinero.
En ese punto, como en muchos otros, los azules pretenden ahondar las diferencias y crear mayor injusticia, y con ello impedir la redistribución, más o menos justa, de los impuestos entre todas las demarcaciones que se trata de hacer ahora desde el gobierno central.
Mayor riqueza para las delegaciones más ricas, que son dos; más marginación y pobreza para todas las demás. La desigualdad, es decir, el fortalecimiento económico de grupos de privilegio allegados a Felipe Calderón que habitan, hay que señalarlo, por obvio que parezca, en las dos delegaciones ya mencionadas, es el camino que se trazó Acción Nacional como meta, pero que trata de vender con la piel de una reforma a fondo.
Pero no es todo, ahora resulta que el muy desprestigiado -entre los propios azules- líder del PAN en el Distrio Federal, Carlos Gelista, pretende chantajear con la máscara de la reforma al gobierno de Ebrard para que reconozca a Fecal como presidente.
Resulta incluso insultante, hasta para el descuido legislativo en el que a veces incurren los perredistas, que condicione el dar plena soberanía a la capital del país -esa es la finta- si Ebrard se niega a aceptar el fraude en contra de la voluntad popular que ejecutó Acción Nacional en julio pasado.
Aunque a decir verdad, Gelista, quien ya habló de una reunión entre las cúpulas partidistas con ese fin -el de la reforma- para el próximo 23, parece tener en la mano la colaboración de un grupo de perredistas que buscarán acomodarse a su juego.
Por lo pronto, ya está claro que el jefe de Gobierno electo del DF, Marcelo Ebrard, no bailará al son que le toquen los azules, y por su lado, como ya dijimos en otra entrega, ha venido trabajando en las formas legales que permitan a la ciudad convertirse en una entidad más justa, sin menoscabo de la soberanía de sus habitantes ni de sus brazos de gobierno.
Dadas estas circunstancias, el chantaje -otro de los instrumentos más socorridos por el fecalismo- parece no haber hecho mella en los ánimos de Ebrard que va, constante pero sin prisa, hacia un proyecto en el que las demandas urgentes de la gente cobren la importancia vital, que siempre debieron de tener.
Cuestión solo de esperar, porque la justificación a las medidas de desigualdad que pretende el panismo con la reforma política del Distrito Federal, la veremos muy pronto, seguramente por televisión.
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