NOTAS DE LA REVISTA CONTRALINEA

Manuel, traficante de influencias

Nancy Flores / enviada
“Así es Manuel (Bribiesca)”, describe el empresario Álvaro González —íntimo amigo de la familia presidencial—, al referirse a las descaradas negociaciones que el primogénito de Marta Sahagún de Fox sostiene con funcionarios públicos para obtener beneficios del erario público



Celaya, Gto.- Conocido como el mayor traficante de influencias del gobierno del “cambio”, Manuel Bribiesca Sahagún -primogénito de la esposa del aún presidente Vicente Fox- ha aprovechado cada oportunidad que ha tenido para negociar, a favor suyo o de terceros, rentables contratos con dependencias federales.

Al igual que su hermano Jorge, Manuel cierra el sexenio con varios expedientes en su contra, abiertos tanto en la Procuraduría General de la República (PGR) como en la Secretaría de la Función Pública (SFP).

Además, en la pasada legislatura se instaló, en dos ocasiones, una comisión especial para investigar los negocios de los hijos de Marta Sahagún. Presidida en un primer momento por la perredista Malú Micher, y posteriormente por Jesús González Shmal, la comisión dio cuenta de varios negocios con dependencias públicas: Instituto de Fomento Nacional de Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB), Petróleos Mexicanos (Pemex), entre otras.

La PGR y la SFP mantienen en curso las investigaciones por supuesta corrupción y tráfico de influencias en el que habrían incurrido los hermanos Bribiesca Sahagún, para lograr provechosos contratos con esas dependencias federales.

Y es que desde mediados de 2001 -cuando su madre aún no contraía matrimonio con Fox Quesada y se desempeñaba como vocera de la Presidencia-, Manuel ya operaba abiertamente los negocios con el sector público federal.

Así lo demuestra una reunión casual que sostuvo con Roberto Muñoz Leos, hermano del entonces director de Pemex (Raúl) y ex titular de la Unidad de Auditoría Gubernamental de la SFP, antes de la Contraloría y Desarrollo Administrativo

El empresario celayense Álvaro González, quien presentó a Roberto Muñoz Leos con Manuel Bribiesca, recuerda que el primogénito de Marta Sahagún no tardó demasiado tiempo en solicitar “ayuda” al entonces funcionario público, para “destrabar” algunos negocios que tenía con la paraestatal más importante de México.

“Así es Manuel”, dice el íntimo amigo de la familia presidencial. Entrevistado en sus oficinas de la empresa Corrugados de Celaya sobre su supuesta relación de negocios con Bribiesca Sahagún, Álvaro González se deslinda del incidente.

“Yo no soy operador de los negocios de Manuel. Lo conozco porque es el hijo de la señora Marta, pero no tengo relación con él. Ni siquiera de amistad”. El empresario explica que aquél fue un encuentro casual, no una reunión concertada.

“Manuel se hospedaba en el mismo hotel que yo. Todo fue una simple casualidad. Ese día mi amigo Mariano Chimés, quien era colaborador de Pemex en el equipo de Roberto Muñoz Leos y actualmente trabaja en Capufe (Caminos y Puentes Federales), me acababa de presentar a Roberto. Estábamos desayunando cuando Manuel entró al restaurante. Sí los presente, pero no para que hicieran negocios.”

Álvaro González detalla que en aquella ocasión no se pactó nada, pues Roberto Muñoz Leos puso a Manuel como “lazo de cochino”. “Le cuestionó que cómo se le ocurría solicitarle algo así; que él no sólo no era corrupto sino que ni siquiera se llevaba bien con su hermano Raúl”.

El amigo de la familia Fox-Sahagún advierte: “Jamás operé nada, ni siquiera a favor mío, menos lo iba a hacer a favor de Manuel o de cualquiera. Soy un hombre de trabajo, y si mi objetivo fuera hacer mucho dinero pues haría crecer mi empresa; sé cómo hacerlo porque toda mi vida me he dedicado al cartón. Mi familia siempre ha sido cartonera”.

El amigo de Fox

Álvaro González dice que a Manuel Bribiesca Sahagún se le nota desde lejos la clase de persona que es. “Yo no soy su amigo. Él no escucha a nadie, todo lo hace según su propio criterio. Por eso ha andado en tantos escándalos, no como Fernando y Jorge (sus hermanos)”.

El empresario, quien tuvo en custodia, temporalmente, a los hijos menores de Marta Sahagún, agrega que aunque Jorge Bribiesca estuvo relacionado con el asunto del IPAB -la compra irregular de viviendas de interés público por apenas 3 mil pesos por inmueble-, no se compara con lo que ha hecho Manuel, el hermano mayor.

“Pues sí hubo lo del cheque (girado al IPAB, para pagar los créditos de las casas supuestamente vendidas a la empresa Construcciones Prácticas, de Miguel Khouri), pero sólo eso. En cambio la prensa ha publicado varios asuntos de Manuel. De todo eso me he enterado por la prensa, porque no tengo ninguna relación con él, y menos de negocios.”

En una de las paredes de su oficina que, orgulloso, muestra a la reportera, Álvaro González conserva la historia fotográfica de la amistad con la familia presidencial. Los retratos con Vicente Fox, Marta Sahagún, Vicentillo, Mercedes Quesada de Fox, parecen interminables. “Ahí está todo”, afirma.

Dice que en Celaya lo conocen bien y saben que todo lo que tiene es producto de su trabajo. Álvaro González narra que, por la estrecha relación que mantuvo con Vicente Fox al inicio del sexenio -y que lo llevó a vivir dos años y medio en un fino hotel de Polanco, que da justo frente a Los Pinos, con sus dos hijos menores- casi pierde su patrimonio.

“Cuando regresé a Celaya, la empresa tenía una deuda de 4.5 millones de pesos. Vivir allá no fue gratuito: los desayunos, las comidas y las cenas no salen en menos de 700 pesos. La vida en la Ciudad de México es muy cara y yo no cobraba nada por estar ahí, porque soy amigo del presidente, no su empleado. Si hubiera cobrado algo, mi palabra, mis consejos, todo se hubiera devaluado. Entonces, aunque él (Vicente Fox) hubiera podido pagarme algo con los recursos de la partida secreta, la verdad es que jamás recibí un solo peso del erario.”

El empresario señala que “si hubiera querido hacer negocios a costa del erario público, no me hubiera llevado a mis hijos a vivir conmigo. Cómo les iba a enseñar a ser corruptos. Eso jamás lo haría”.

Impulsor de la Escuela para Padres de Celaya, que inspiró los libros de texto promovidos por la asociación Vamos México, de Marta Sahagún, Álvaro González dice tajante: “Jamás me beneficiaría con el dinero de los mexicanos. Por eso mi padre me heredó esta empresa, para que saliera adelante a través de mi trabajo”.

El empresario puntualiza que la amistad con Marta Sahagún y Vicente Fox inició en 1997, cuando este último era gobernador de Guanajuato. Ese año, Álvaro González y su esposa recibieron, de manos del aún presidente de México, un premio por su labor altruista en la rehabilitación de personas adictas a algún estupefaciente.

Desde entonces mantiene una estrecha relación de amistad, afirma, con esa familia. Explica que la única deuda que tiene es con Marta Sahagún y con Jorge Bribiesca, pues cuando su empresa enfrentó la crisis financiera les pidió un préstamo de 100 mil pesos a cada uno. “Eso es todo lo que les debo y cuando finalice el sexenio se los voy a pagar”.

Explica que las deudas de su empresa, adquiridas en el tiempo en que asesoró a Vicente Fox, las pagó de inmediato. “Vendí la hacienda donde vivía con mi familia y un terreno que también poseía aquí, en Celaya”.

Álvaro González asegura que el actual distanciamiento con la familia presidencial no se debe a una ruptura en la relación, sino a que él decidió dedicarse de tiempo completo a su negocio y a su propia familia. “Esto (señala en dirección de su fábrica) es lo que me da de comer”.



La visión de Manuel



En el llamado gobierno del “cambio”, que aún preside Vicente Fox, Manuel Bribiesca ha transmutado de celayense “clasemediero” a un hombre de oscuros negocios, derrochador, parrandero y mujeriego.

Según ha documentado la prensa nacional, el vertiginoso ascenso económico del empresario, quien requiere de escolta particular para proteger su integridad física, se debe a los negocios que ha mantenido con las dependencias federales.

De acuerdo con información del director de Contralínea, Miguel Badillo, entre sus benefactores se encuentra la paraestatal Pemex, donde familiares de Marta Sahagún han conseguido millonarios contratos a favor de terceros.

Y es que como ha publicado el columnista, los hijos de Marta Sahagún han traficado con sus influencias y a nombre de la esposa del presidente para concretar sus negocios.

En 2002 presionaron al entonces director general de Pemex, Raúl Muñoz Leos, para asignar un contrato por 154 millones de dólares (mil 800 millones de pesos) para el alquiler de un barco grúa, propiedad de la empresa Oceanografía, que le daría servicio a las plataformas en la sonda marina de Campeche, del Proyecto Cantarell.

Entrevistado por Miguel Badillo a finales de 2004, Manuel Bribiesca Sahagún reconoció que sus parientes y él sí gestionan negocios ante dependencias federales; pues, según dice, “de algo tiene que vivir la familia”.

Manuel Bribiesca Sahagún (MBS) —Te debo decir que sí; mi hermano (Jorge) y mi tío (Guillermo) llamaron a Pemex para que le dieran un contrato a Oceanografía. Eso sí, siempre con apego a la legalidad, mediante concurso. Esa empresa dedicada a trabajos petroleros, mi hermano y mi tío conocen bien a los dueños. Así que no tiene nada de malo que soliciten en Pemex que se tome en cuenta a Oceanografía para ese contrato.

Badillo (B) —Pero Manuel, hablamos de un contrato de 160 millones de dólares. Y esto significa tráfico de influencias, porque lo hacen a cambio de una comisión. Tu familia puede verse involucrada en acusaciones de corrupción.

MBS —No, no, no. Nosotros no tenemos dinero y no hemos hecho ningún negocio sucio. Mi familia no tiene ni un quinto, que nos busquen.

B —Pero sí solicitaron el favor en la Dirección General de Pemex…

MBS —Sí. Ellos lo hicieron por la relación que tienen con los dueños de Oceanografía. Además, se trata de un negocio que la operación del buque significa sólo 60 millones de pesos, así que hay utilidades por 100 millones (de dólares).

B —Es mucho dinero…

MBS —Sí, y no hay nada ilícito.

B —A ti te acusan de introducir mercancías de contrabando al país…

MBS —No, no, de eso no hay nada, yo no tengo nada que ver con aduanas ni con Gil Díaz. No es mi amigo. Eso no es cierto, son difamaciones. Que nos busquen y no van a encontrar nada.

B —Entonces dices que no tienen dinero, que tu familia ¿no tiene recursos?

MBS —No tenemos nada. El hecho de que mi mamá y el presidente vivan en Los Pinos, no ha significado para nosotros tener dinero…

B —No tendría por qué…

MBS —Bueno, hasta nos quitaron la partida secreta, ya no les dan recursos…

B —Esa partida desapareció desde el quinto año de gobierno de Ernesto Zedillo, más que por honestidad como una necesidad para impedir que fueran investigados por el desvío de fondos públicos, como le sucedió a Carlos Salinas, pues a esa partida secreta se le asignaba una buena parte del presupuesto federal, y aunque no fuera auditada no significaba que podía usarse ilícitamente.

MBS —Pero por eso no tenemos dinero. Hasta el presidente Fox se ha opuesto a que nosotros nos acerquemos a Los Pinos, Tenemos prohibido hacer cualquier negocio que relacione a la Presidencia de la República, pero tenemos que ganarnos la vida, y no porque mi mamá viva con el presidente, nosotros vamos a dejar de trabajar.

B— ¿Tú hiciste negocios en Pemex?

MBS —No, nada tengo que ver allí, los que llamaron fueron mi hermano y mi tío. También a mí se me acusaba de tener negocios con Carlos Ahumada, pero eso no es cierto. Un día él me invitó a ver un partido de fútbol, de su equipo León, y yo asistí al palco y allí platicamos brevemente y nos tomaron fotos, pero nunca tuve una relación con él ni hice negocios.

B— ¿Entonces las acusaciones de corrupción en tu contra son falsas?

MBS —Sí, totalmente. Y si quieres saber de corrupción, de verdadera corrupción, debes investigar a Ramón Muñoz, lo que hace en Los Pinos. A Francisco Gil, en Hacienda…

B— ¿Qué han hecho?

MBS —Después hablamos de eso, por ahora te digo que no tengo nada ver con las acusaciones que me hacen. Sobre todo no tengo negocio alguno de qué avergonzarme.

B— ¿Y Gil Díaz?

MBS —Sólo te digo algo, investiga los depósitos multimillonarios que se han hecho en China.



Publicado: Octubre 2a quincena de 2006 | Año 5 | No. 66

NOTA:Asi son enojense las comadres y diganse las verdades.


Ocultan propiedad de Marta

Jorge Torres
La supuesta compra de una casa por parte de Marta Sahagún en Guanajuato, podría ser la argucia utilizada por la “pareja presidencial” para ocultar el origen de los recursos utilizados en la construcción de una lujosa residencia en el rancho del presidente Vicente Fox


A unas cuantas semanas de abandonar su condición de esposa del presidente de la República, Marta Sahagún mantiene su status de intocable en la administración pública federal y en el estado de Guanajuato, en donde han decidido mantener en secreto los detalles sobre una propiedad que supuestamente adquirió el año pasado, pero que podría ser la punta del iceberg en torno a la construcción de una millonaria residencia en el rancho del presidente Fox.

La Secretaría de la Función Pública y el municipio de San Francisco del Rincón, Guanajuato, mantienen ocultos los detalles sobre una casa que habría adquirido Marta Sahagún en Guanajuato a principios del año pasado.

Marta Sahagún, en calidad de cónyuge del presidente de la República, declaró el 29 de mayo de 2006 que adquirió una casa en Guanajuato el 18 de febrero de 2005. No informó sobre el costo de la propiedad, pero en esa misma declaración Sahagún Jiménez señaló que adeudaba 813 mil 217 pesos por concepto de un crédito hipotecario, declarando un saldo por esa cantidad al 31 de diciembre de 2005.

Marta Sahagún omitió en la declaración la ubicación de la casa que habría adquirido, y tanto la Secretaría de la Función Pública como el municipio de San Francisco del Rincón se han negado a informar sobre la ubicación geográfica de la propiedad.

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Zetas y kaibiles contra la APPO

Ana Lilia Pérez, enviada / David Cilia, fotos
En este mes de octubre el gobernador Ulises Ruiz habilitó la prisión de Tlacolula para encarcelar a los dirigentes del magisterio y de la APPO, al tiempo que ex kaibiles y miembros del grupo de sicarios de los Zetas venidos de Sinaloa entrenan a cuerpos de elite para reprimir las manifestaciones de protesta



Penal de Tlacolula, Oax.- Pedro García, el más joven de los presos políticos de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), revela el plan del gobierno para inculpar a la rectoría de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca y a los profesores de proveer armas al movimiento popular que exige la renuncia del gobernador Ulises Ruiz.

La tarde del jueves 6 de octubre, Contralínea tuvo acceso al Centro de Readaptación Social (Cereso) femenil de Tlacolula, la prisión que el Ulises Ruiz ha destinado exclusivamente para encarcelar a sus detractores.

Preparado para la represión, el gobernador ordenó construir más celdas en el amplio terreno de esa prisión, cuyos trabajos iniciaron a inicios de septiembre, cuando en la ciudad de México Ulises Ruiz cabildeaba para que Vicente Fox ordenara la represión en este estado.

El penal femenil de Tlacolula, ubicado a unos 30 kilómetros de la capital de Oaxaca, fue diseñado para 273 internas a un costo de 120 millones de pesos. Su construcción fue un intento desesperado del ex gobernador José Murat de hacer obra en los últimos días de su administración, pero sólo tiene un 5 por ciento de su capacidad.

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Peligro de guerra civil en Oaxaca

Ana Lilia Pérez, enviada / David Cilia, fotos
La entrada de los Zetas al servicio de Ulises Ruiz, el despliegue de guardias blancas por todo el estado, los asesinatos y enfrentamientos entre diversos sectores de la población, las detenciones de líderes de la APPO y la acusación en contra del rector universitario de ser dirigente de grupos guerrilleros, han reactivado los conflictos sociales en las regions rurales y urbanas que pudiera derivan en una guerra civil



OAXACA, Oax.— “Tengan cuidado porque los pistoleros de Ulises Ruiz están sueltos” -advierten en las colonias aledañas al centro de la capital de Oaxaca. Los mensajeros no son maestros ni integrantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), sino ciudadanos comunes que desde julio instalaron barricadas para repeler, dicen, la intromisión de guardias blancas y policías encubiertos que se multiplican por todo el estado.

“Tenemos que recurrir a las barricadas para escuchar cuando algún extraño se acerca”, dice José, habitante de la colonia El Rosario, que encabeza el grupo de autodefensa en el que, dice, hay más de 30 personas que cada noche realizan rondines de las diez de la noche a las cinco de la mañana.

Tan sólo en la capital de Oaxaca hay alrededor de mil 500 barricadas, la mitad de ellas de autodefensas independientes, tanto del magisterio como de la APPO.

El fenómeno se ha extendió a 40 municipios de las ocho regiones del estado, en donde un numeroso grupo de habitantes se han declarado en rebeldía. A la par, se desarrollan e intensifican acciones de provocación, con la presencia de guardias blancas, sobre todo en las regiones de los Valles, la Costa y la Sierra Sur

Miguel Ángel Vásquez, de la organización de derechos humanos Educación Alternativa (Educa), alerta de la agudización de los conflictos agrarios, sociales, religiosos y políticos en las zonas rurales, a raíz de la polarización entre los integrantes de la APPO y priistas opositores.

Educa es una organización formada por grupos religiosos que desde 1994 trabaja en las comunidades más alejadas e incomunicadas del estado.

Sobre el panorama actual de enfrentamientos civiles en el estado, Miguel Ángel Vásquez estima que “los conflictos son más evidentes en estos momentos en la Sierra Sur, entre Santo Domingo Teojomulco y San Lorenzo Texmelucan; entre Santa María Sanisa y San Pedro Taxtitlán. En la región del Papaloapan operan guardias blancas y grupos de ajusticiamiento”.

La ola de violencia en Oaxaca inició al mismo tiempo en que Ulises Ruiz hacía llamados a la federación para la intervención de la fuerza pública, luego de su fallido intento de desalojo -el 14 de junio- de los integrantes de la sección 22 del SNTE, que reclamaban solución a sus demandas laborales.

El autoritarismo del gobernador provocó la álgida respuesta de la sociedad civil, de la que algunas organizaciones no gubernamentales y de derechos humanos prevén alcanzará tintes de guerra civil en la intentona gubernamental de militarizar el estado, disuadir el movimiento y aprehender a los líderes.

Michael Chamelín, del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, señala que “desde que empezó el conflicto, sin menoscabo de graves arbitrariedades contra la población, no se había sentido tanto temor de que el conflicto se resuelva con el uso de la fuerza indiscriminada”.

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El fantasma de la guerrilla

Ernesto Reyes
"El gobierno foxista está preparando una escalada represiva de grandes dimensiones a fin de brindarle condiciones propicias al gobierno espurio”: CML


Oaxaca, Oaxaca.— pasado 6 de septiembre, apoyados en la ideología del liberal oaxaqueño, Ricardo Flores Magón, el Comando Magonista de Liberación (CML) de la Tendencia Democrática Revolucionaria-Ejército del Pueblo (TDR-EP) difundió un comunicado con el fin de explicar las razones de su aparición, el 30 de agosto, en las inmediaciones de la Sierra Juárez de Oaxaca, este hecho ocasionó discrepancias entre diversos actores. Muchos lo calificaron de una provocación pues se dio en medio del conflicto magisterial y popular el cual ya cumplió cuatro meses.

Para algunos dirigentes políticos e incluso miembros de la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca (APPO) esta aparición suena más a provocación para que al gobierno de Ulises Ruiz le sirva como "coartada" y así solicitar la intervención de las fuerzas federales y se reprima al movimiento.

Por coincidencia, ocho días atrás, la procuradora general de Justicia del estado, Lizbeth Caña Cadeza, había calificado los actos de protesta encabezados por la APPO y el magisterio como tácticas de "guerrilla urbana", lo que le costó un rápido desmentido del procurador de la República, Daniel Cabeza de Vaca, quien afirmó que en Oaxaca no existían este tipo de expresiones.

"Los mensajes subversivos que se difunden y el saber qué personas están detrás de este movimiento y los rumores que lanzan para provocar la percepción de que el gobierno es responsable de todos y cada uno de los actos negativos que pudieran acontecer, hacen pensar la posibilidad de una guerrilla urbana", declaró la funcionaria el 22 de agosto.

El resultado de esa noche de terror que se vivió en los campamentos de la APPO, fue la muerte del arquitecto Lorenzo San Juan Cervantes a las afueras de la emisora La Ley 710, tomada por los inconformes, y el atentado sufrido por los reporteros gráficos Jorge Luis Plata y Luis Alberto Cruz, cuando cubrían la información esa madrugada.

El fantasma de la guerrilla buscó tender una cortina de humo en el crimen del segundo ciudadano que cae en el conflicto bajo la metralla de mercenarios, paramilitares y policías al servicio del gobierno, como lo denunció de manera enérgica el movimiento.

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Petróleo al mejor postor

Nydia Egremy
Los colosales recursos petroleros de la zona del Golfo de México están en el eje de la disputa del actual conflicto postelectoral. La entrega del energético a las petroleras estadunidenses o su preservación para los mexicanos


En vísperas del pasado 18 de marzo, desde la oficina del Real Consulado de Noruega en Houston, Texas, un alto funcionario de Pemex informaba a sus interlocutores extranjeros los avances y tareas pendientes del sector petrolero mexicano en aguas profundas del Golfo de México.

Era Adán Oviedo Pérez, a la sazón coordinador de Exploración de la paraestatal, y su mensaje tenía un claro objetivo político-electoral: refrendar la sumisión de la política petrolera del actual gobierno a la política imperial, afirma el académico Fabio Barbosa, del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Oviedo Pérez presentó a los petroleros estadounidenses “el plan del gobierno de Vicente Fox de heredar al próximo gobierno la sumisión de la política petrolera mexicana a la política imperial, al acelerar la exploración y explotación de las aguas profundas de México”, reitera el investigador.

Tal compromiso, observado bajo la lupa del complejo contexto postelectoral mexicano, se interpreta como un candado contra el reclamo nacionalista de los recursos petrolíferos del aspirante presidencial Andrés Manuel López Obrador.

Oviedo, hoy flamante subdirector de Exploración de Pemex, presentó a sus anfitriones de Houston un atractivo calendario de perforaciones de pozos en aguas profundas: Noxal, a principios de este año, el Lacach-1, en septiembre, y el Chelem-1, que trascenderá hasta el próximo gobierno. Este programa de perforaciones obligaría “fatalmente” al presidente entrante a “concluir una obra ya amarrada con contratos firmados”, asienta Barbosa.

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La Iglesia en manos de Fernández Arteaga

Zósimo Camacho, enviado
Protección a curas pederastas y a los que violan los votos de celibato; administración de millones de pesos provenientes de diezmos y limosnas sin rendir cuentas a nadie y que terminan en la remodelación de casas y oficinas del obispo; proselitismo entusiasta a favor de los candidatos del PRI, y trato despótico a la feligresía: las “encomiendas” del protegido de Girolamo Prigione, según sacerdotes y laicos que rompen el silencio



Chihuahua, Chih. En la arquidiócesis de esta ciudad la impunidad para los curas pederastas está garantizada, siempre y cuando el sacerdote acusado sea del agrado del arzobispo José Fernández Arteaga, denuncian en entrevistas por separado sacerdotes y laicos, quienes por temor a represalias de parte del jerarca eclesiástico, solicitan que su identidad no sea revelada.

Los religiosos detallan que el michoacano que encabeza la iglesia en la capital del estado, personalmente se encargó de encubrir al cura Fernando Moriel y luego gestionó, con otro obispo, su traslado a otra ciudad cuando salió a la luz que el entonces párroco de Delicias, perteneciente a esta arquidiócesis, había abusado sexualmente y durante años del menor Jaime Huerta López (Contralínea 17).

Las fuentes aseguran que Fernández Arteaga sabe exactamente dónde se encuentra el padre Moriel, a pesar de negarlo y de que la familia del joven que ahora padece Sida reclama que “el pederasta dé la cara”.

Y es que, a decir de presbíteros -de varias corrientes dentro de la diócesis- y de laicos -entre los que se encuentran abogados y comerciantes-, aún existen al menos otros dos sacerdotes que sostuvieron relaciones sexuales con niños y que, lejos de excomulgarlos como manda el derecho canónico, el obispo los protegió y sólo los cambió de parroquia.

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