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miércoles, marzo 07, 2007

LOS MILICOS APRENDEN RÁPIDO LAS MENTIRAS DE LA DERECHA.

"Delincuentes vestidos de militares”, los autores del ultraje a anciana en Veracruz: 26 Zona Militar.

regina martínez Jalapa, Ver., 6 de marzo (apro).-

La comandancia de la 26 Zona Militar, con sede en El Lencero, afirmó hoy que "delincuentes que utilizaron prendas militares perpetraron el crimen” de Ernestina Ascencio Rosario, de 73 años de edad, “buscando inculpar a integrantes del Ejecutivo federal y que se abandone el área para, con ello, continuar con sus actividades".

Dijo: “Es preciso señalar que grupos desafectos” a la secretaría de la Defensa Nacional, “en reiteradas ocasiones han puesto en tela de juicio las acciones que realiza en beneficio de la sociedad mexicana", particularmente en este caso.

En un escueto comunicado, acreditado a la Sedena y fechado en el Distrito Federal, la comandancia militar señaló que, de acuerdo con las investigaciones y resultados obtenidos en las investigaciones, "no se encontraron indicios o pruebas que indiquen la participación de militares en la muerte de Ascencio Rosario”.

Además, califica de falso que personal militar esté ubicado en este momento en la comunidad de Tetlatzinga, municipio de Soledad Atzompa, "ya que actualmente se encuentra a 17 kilómetros del citado lugar".

Por su parte, el subprocurador de Justicia zona centro, Miguel Mina Rodríguez, afirmó que lo dicho hoy por la Sedena no significa que se esté exonerando a los presuntos responsables de la violación y muerte de Ascencio Rosario.

Añadió que eso tampoco quiere decir que se hayan agotado las investigaciones que realiza la Procuraduría de Justicia del estado (PGJE).

Señaló que ésta dependencia cuenta con los partes de las pruebas practicadas a Ascencio Rosario, quien murió debido a las lesiones provocadas por violación sexual tumultuaria, en la que habrían participado cuatro militares, según reveló a sus familiares la propia víctima antes de morir.

Debido a la secrecía de las investigaciones, Mina Rodríguez aclaró que el Ministerio Público no puede exhibir los reportes médicos relativos a este hecho. Sin embargo, precisó, que "esta documentación consta en los expedientes que la PGJE tiene abiertos sobre el caso".

Por medio de un comunicado, la Sedena dijo hoy que, “hasta el momento, no se han obtenido resultados fehacientes que incriminen” a militares en la “supuesta violación” y muerte de Ascencio Rosario.

La dirigencia del PRD se reunirá con el titular de la Sedena

En tanto, la dirigencia nacional del PRD anunció que se reunirá mañana con el secretario de la Defensa, Guillermo Galván, para entregarle el expediente de la violación tumultuaria de que fue objeto Ascensión Rosario, quien fue agredida sexualmente por un grupo de militares en el municipio de Soledad Atzompa, Veracruz, gobernado por ese partido.

El PRD exigió que los mandos militares del 63 Batallón de Infantería, con sede en el Lencero, José Marines Juárez y el comandante de la 26 Zona Militar, Sergio Arturo García Oregón, den las facilidades para investigar los hechos que provocaron la muerte de la anciana.

En la reunión, que se realizará en la Sedena, participarán el secretario general del PRD, Guadalupe Acosta Naranjo; el coordinador de la diputación federal de ese partido, Javier González Garza; el secretario de Asuntos del CEN del PRD, Juan Carlos Mezhua, y la secretaria de Derechos Humanos, Marcela Nolasco.

“Vamos a exigir que se haga justicia”, afirmó Acosta Naranjo. “Un caso tan delicado y penoso como éste no debe quedar impune”.

Además, Acosta Naranjo cuestionó los comunicados que ha emitido la Sedena, en los que, dijo, “no han querido reconocer el hecho de que todo apunta a que elementos del Ejército cometieron este atentado”.

Aclaró que “no se debe considerar esto como un acto del Ejército, sino de ciudadanos que son miembros del instituto armado, los cuales deben ser juzgados y castigados igual que cualquier otro ciudadano que cometa un delito”.

Afirmó que “no debe haber fueros para nadie”, y dijo que, además, presentarán una queja ante Galván por “los abusos generalizados en que incurren elementos del Ejército cuando se encuentran en campañas en zonas indígenas de difícil acceso”.

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