GRANADOS CHAPA EN EL REFORMA.

Miguel Ángel Granados Chapa.

Peligroso Tabasco.

La impunidad que beneficia a los autores de crímenes atroces en los últimos meses, de ninguno de los cuales ha sido posible dar con los responsables, explica el atrevimiento de quienes a plena luz del día atentan contra el responsable de la seguridad pública.

El secretario de Seguridad Pública de Tabasco, general de división diplomado de Estado Mayor Francisco Fernández Solís, se salvó ayer de ser asesinado. Sufrió leves lesiones en un tiroteo iniciado por pistoleros que lo aguardaban a la salida de un hotel, donde radica. Sin embargo, su chofer José de la Luz Pérez Mayo murió en el ataque con armas de alto poder lanzado contra el responsable de la policía preventiva.

Aunque ya había estado acantonado en Villahermosa, como comandante de la XXX Zona Militar, Fernández Solís estaba recién llegado a la ciudad, pues apenas al comienzo de este año el gobernador, Andrés Granier, lo designó secretario. Además de cargos diplomáticos, y de haber sido durante un breve lapso director de policía en el estado de México, el general Fernández Solís encabezó la fuerza de tarea llamada Marte, encargada de perseguir al narcotráfico, en los estados de Sinaloa, Chihuahua y Durango.

Como casi todo el territorio nacional, pues ninguna entidad parece exenta de violencia criminal, la inseguridad se intensificó en Tabasco en los últimos meses del sexenio anterior, el del gobernador Manuel Andrade. Algunos episodios, notoriamente protagonizados por bandas de la delincuencia organizada, han sido especialmente atroces o peligrosos.

A fines de mayo pasado, por ejemplo, el ganadero veracruzano Ponciano Vázquez Lagunes fue levantado, junto con cuatro personas cercanas a él, en una operación que, más que un secuestro, parecía según testigos una captura realizada por agentes federales. Dos semanas más tarde aparecieron los cuerpos de las cinco personas desaparecidas, con señales de haber sido torturadas. Quienes quiera hayan sido los autores de la matanza, y cualesquiera sean sus móviles, casi nueve meses después el múltiple homicidio sigue impune.

Por añadidura, el conspicuo hermano de Ponciano, Cirilo Vázquez Lagunes, fue también asesinado. Aunque el crimen ocurrió en tierra veracruzana, donde la nueva víctima ostentaba y ejercía un gran poder, se supone que sus asesinos llegaron desde Tabasco.En julio siguiente, casi por casualidad, pues escandalizaban en un tugurio, fueron detenidos Mateo Díaz López y Darwin Bermúdez Zamora. La policía municipal de Cunduacán los condujo, creyéndolos escandalosos borrachines comunes, a la Casa de Justicia, conjunto de oficinas ministeriales y policiacas. Hasta allí llegaron poco después, en dos incursiones que tenían el propósito de liberar a los detenidos, grupos armados que atacaron con fuerza y estrategia bien organizadas el cuartelillo. Y si bien no consiguieron rescatar a sus compañeros, miembros de la banda de matarifes conocidos como Los Zetas según se supo después, causaron la muerte de un jefe de la policía judicial y de un agente estatal de caminos, así como heridas a nueve miembros más de la policía.

Díaz López y Bermúdez Zamora fueron trasladados al penal del Occidente (el antiguo Puente Grande, cerca de Guadalajara) pero, por las dudas, los agentes municipales que los capturaron sin saber lo que hacían desertaron de su corporación, temerosos de represalias porque, una vez más, nada se sabe de los atacantes homicidas.

La inseguridad no ha disminuido tras el relevo en el gobierno estatal. El 20 de enero desapareció el periodista Rodolfo Rincón Taracena, del diario Tabasco hoy. Dedicado a asuntos especiales, la edición de ese día incluía un reportaje suyo sobre narcomenudeo, una práctica que crece en esa entidad (como en casi todas). De pronto, como si hubiera sido requerido desde el exterior, avisó que volvía enseguida. No se despidió de nadie ni recogió sus pertenencias, porque se trataba de una salida momentánea.

No volvió a la redacción desde entonces, y las autoridades ignoran lo que pasó con él. Y es que probablemente ni siquiera realizan la indagación pertinente, como lo muestra la extraña convocatoria y aun más extraña conversación sostenida el 13 de febrero por el procurador Gustavo Rosario Torres con un compañero de trabajo de la víctima, José Ángel Castro, reportero de la sección judicial de Tabasco hoy.

Carente de experiencia en el Ministerio Público -su carrera lo ha llevado por distintos rumbos, tanto en el nivel local donde ha sido diputado y secretario de gobernadores, como en el federal, donde fue asimismo legislador y jefe de giras del presidente Carlos Salinas-, en vez de hacerse acompañar por un agente experimentado, Rosario sostuvo con el periodista una plática inquisitorial que más parecía destinada a satisfacer malsanas curiosidades que a realizar una diligencia a derechas. Por deficiencias como ésa seis semanas después de su desaparición se ignoran la suerte y el paradero de Rincón Taracena.

El atentado de ayer, contra el secretario de Seguridad Pública, es señal inequívoca de la confianza con que proceden los perpetradores de violencia, pues si acaso se exponen a fallar, como por fortuna para él ocurrió en el ataque a Fernández Solís, actúan a sabiendas de que no serán identificados ni perseguidos ni capturados. Esa es la atroz regla general que ha marcado el asesinato de jefes policiacos atacados en los años recientes.

En septiembre de 2005 fue ultimado en Morelia el director de Seguridad Pública michoacano, Rogelio Zarazúa, y un año después el director de la Agencia Estatal de Investigaciones en Nuevo León, Marcelo Garza y Garza, y en breve lapso los secretarios de Seguridad Pública de Linares y San Pedro en esa entidad.La impunidad común a esos casos es fuente de riesgo creciente.

Cajón de Sastre.
No puede omitirse, aunque requiera mención aparte, la criminalidad tabasqueña marcada con tintes políticos partidarios. Quedaron sin castigo, como todos los demás delitos, los abusos cometidos por autoridades ministeriales y de seguridad contra militantes perredistas llegados de fuera de la entidad en vísperas electorales, en octubre pasado. Además de maltrato y privación ilegal de la libertad, la redada contra esos activistas fue utilizada como argumento propagandístico electoral por el gobierno de Manuel Andrade. Y no puede dejar de señalarse el asesinato del ganadero Walter Herrera, elegido en 2004 alcalde de Huimanguillo, ultimado a las afueras de su rancho en ese municipio, el 15 de noviembre pasado. A pesar de que se insinuó que el homicidio del perredista "tenía que ver con el narcotráfico" sin que se especificara en qué sentido, y a pesar de que por ello era posible que la PGR tomara a su cargo la indagación, lo que no ocurrió, el Ministerio Público local no ha ofrecido resultado de la indagación que ha realizado.