EDITORIAL DE LA JORNADA.

18-12-2006

México: Televisión abierta, coto privado

Editorial de La Jornada

Respecto a la industria de las telecomunicaciones ­dominada por el duopolio conformado por Televisa y Tv Azteca­, el gobierno del presidente Felipe Calderón ha iniciado su gestión dando su respaldo de facto a la hegemonía ejercida por ambas televisoras: ayer el flamante nuevo secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT), Luis Téllez, descartó la posibilidad de establecer una tercera cadena televisiva que llegue a todo el país. Esta decisión desmiente las afirmaciones del Partido Acción Nacional según las cuales el mandatario tiene la firme determinación de combatir los monopolios y deja sin efecto el señalamiento de la Comisión Federal de Competencia, que ha alertado sobre los "altos niveles de concentración en televisión abierta y restringida" y ha advertido sobre la necesidad de "crear oportunidades para el desarrollo de canales de televisión abierta alternativos, que introduzcan mayor competencia" en el mercado.

Luis Téllez ­ex integrante de los consejos de administración de Televisa y Cablevisión­ declaró que no se licitará la creación de una tercera red de televisión abierta y que tan sólo "se identificarán las ciudades susceptibles de ser atendidas con nuevos servicios de radio y televisión"; es decir, la SCT analiza únicamente conceder el uso de frecuencias a nivel regional y local y resulta obvio que las empresas que obtengan estas licencias no podrán competir con los gigantes del sector. "En los 100 compromisos del presidente (Felipe) Calderón (...) no se habla de una tercera cadena", explicó el funcionario. El anuncio constituye un golpe a los proyectos de la empresa Palmas 26 ­integrada por Grupo Xtra, del empresario Isaac Saba, y Telemundo, filial de General Electric­ que en septiembre pasado solicitaron a la Comisión Federal de Telecomunicaciones y a la SCT convocar la licitación de una cadena nacional de televisión abierta. De hecho, Téllez negó incluso la existencia de tal petición: Telemundo no ha formulado "ninguna solicitud específica", sostuvo el secretario.

La decisión del gobierno es lamentable desde varios puntos de vista: por un lado, la creación de una nueva red nacional de televisión permitiría ampliar la oferta de contenidos, lo que fomentaría una mayor competencia en el sector, situación que redundaría también en el mejoramiento de la calidad de la programación, quizás uno de los aspectos más criticados del duopolio televisivo. Por el otro lado, la participación de otro jugador en esta industria tendría como efecto abrir las puertas del mercado mexicano a más empresas de telecomunicaciones, lo que derivaría en una pruralidad de los medios electrónicos.

Pero esta resolución conlleva otra grave consecuencia que se dejará sentir en todos los ámbitos económicos del país. Se trata del peligroso mensaje de que el gobierno federal no tiene ninguna intención de acabar con los monopolios que frenan el desarrollo económico de México: si la administración de Calderón no puede ponerle un freno a las desmedidas ambiciones de Televisa y Tv Azteca, tampoco tendrá la capacidad ­ni la voluntad­ de limitar los monopolios en otros sectores de la economía. Y es que para poder luchar con efectividad contra estos enormes intereses económicos es imprescindible que las decisiones de las autoridades se adopten con total independencia de los grupos empresariales involucrados, una condición que parece no cumplirse en el caso del actual gobierno. Paralelamente al desconocimiento de la SCT sobre la solicitud de licitación de Palmas 26, el consorcio Televisa entabló una campaña de desprestigio en contra de Isaac Saba basada en la denuncia sobre su monopolio en el mercado de medicamentos, dos medidas que estarían encaminadas a cerrarle el paso a un posible tercer competidor.

Así, mientras el gobierno no se desmarque de los intereses económicos, no tendrá la capacidad de gobernar acorde a las necesidades sociales de la población; tal y como denunció el ex senador panista Javier Corral Jurado, "decir que debemos conformarnos con licitaciones regionales es un desprecio por las demandas sociales de comunicación".