SOLUCIÓN FINAL: COMO LOS NAZIS.

Jefes militares habrían puesto el tema en la mesa durante reunión con el Presidente.
Aprobaría el Congreso la suspensión de garantías si lo pide Fox: constitucionalista.
La opción represiva está en la agenda del gobierno federal, afirma Jesús Zambrano.

ARTURO CANO

Si el gobierno federal no quiere violar de nuevo la Carta Magna, como lo hizo el pasado primero de septiembre, debe solicitar la suspensión de las garantías individuales. Así lo expresa el constitucionalista Elisur Arteaga Nava.
La suspensión de garantías individuales -y con ella la entrada del Ejército en la "solución" del conflicto poselectoral- ha flotado en el ambiente del país desde hace varias semanas, primero como rumor y luego con sendas declaraciones públicas.

"La democracia no ha permitido ni debe permitir nunca que se utilice al Ejército en contra del pueblo", aseveró el presidente Vicente Fox el pasado lunes durante una ceremonia militar.

Una versión obtenida por este diario indica, sin embargo, que la suspensión de las garantías individuales ha estado en la baraja del gobierno federal.

El Presidente de la República la habría recibido, en un paquete de opciones, luego de una reunión de altos mandos castrenses en el Campo Militar Número Uno. A dicha reunión habrían asistido, entre otros, Gerardo García Luna, titular de la Agencia Federal de Investigación, así como el general Roberto Aguilera Olivera, encargado de la lucha antinarco de la Secretaría de Seguridad Pública federal y antes asesor del titular de la Secretaría de la Defensa Nacional.

El jurista Elisur Arteaga no duda que se repetirá el cerco al Palacio Legislativo, como ocurrió el primero de septiembre: "lo van a hacer de hecho, como ya lo hicieron".

Considera que si el gobierno federal estima que las protestas no pueden ser contenidas por la Policía Federal Preventiva, echaría mano de otra opción: "si se va a utilizar el Ejército, malo, pero no se puede sino con la suspensión de las garantías individuales".

Disposición aplicable casi en cualquier caso.
En el equipo de Andrés Manuel López Obrador consideran que la intervención castrense "es un escenario posible como muchos otros". De ahí que el tabasqueño ha pedido reiteradamente al Ejército "no caer en la tentación de reprimir al pueblo".

Los procesos contra militares que participaron en la guerra sucia, los costos que para la imagen de las fuerzas armadas tuvo la matanza de 1968 y la imagen internacional del gobierno foxista son los factores que pesarían contra una decisión de meter al Ejército en el conflicto.

Por esas razones, entre otras, los altos mandos habrían pedido al gobierno foxista la suspensión de garantías individuales, pues implica una petición por escrito del Presidente y debe ser aprobada por el Congreso.
El gobierno tendría que echar mano del artículo 29 constitucional: "En los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública, o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, solamente el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo con los Titulares de las Secretarías de Estado, los Departamentos Administrativos y la Procuraduría General de la República y con aprobación del Congreso de la Unión, y, en los recesos de éste, de la Comisión Permanente, podrá suspender en todo el país o en lugar determinado las garantías que fuesen obstáculo para hacer frente rápida y fácilmente a la situación; pero deberá hacerlo por un tiempo limitado, por medio de prevenciones generales y sin que la suspensión se contraiga a determinado individuo..."

Según Arteaga -autor de Tratado de Derecho Constitucional, que es libro de texto en universidades-, Fox podría solicitar al Congreso la suspensión de garantías argumentando que las protestas ponen "a la sociedad en grave peligro o conflicto". Dado que el precepto constitucional citado no está reglamentado, en realidad en esa fórmula cabe todo.

"Es efectivamente amplio y discrecional", coincide Santiago Aguirre, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, quien considera que la suspensión es "poco probable" en la coyuntura actual e insiste en que además de las limitaciones impuestas por la Constitución, la vigencia de las garantías individuales también se rige por normas internacionales que el gobierno mexicano está obligado a observar.

El marco normativo internacional de los derechos humanos, explica Aguirre, no permite que las leyes sobre estados de excepción suspendan los derechos de personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal, prohibición de la esclavitud y servidumbre, libertad de conciencia y religión y protección a la familia, entre otros.
En el Legislativo, el Presidente requeriría el apoyo de los integrantes de la bancada panista y de otras. "Una cosa es que lo solicite y otra que el Congreso lo apruebe, pero, dadas las circunstancias, lo más seguro es que sí lo acuerde", sostiene Arteaga.

Las garantías que, en opinión del jurista, podrían ser suspendidas son las "de libre tránsito, de libre manifestación de las ideas y las relativas al derecho de reunión". De ese modo, según prevé el texto constitucional, se eliminarían los obstáculos para "hacer frente rápida y fácilmente a la situación".

En todo caso, la decisión de cuáles son las garantías a suspender "es algo que depende totalmente del Presidente".

Tales medidas podrían aplicarse sólo en el Distrito Federal, si el movimiento lopezobradorista mantiene sus movilizaciones únicamente en esta entidad.

Todos los asistentes habían tenido que cruzar entre cinco y nueve retenes para llegar, el primero de septiembre, al recinto donde nunca se leyó el último mensaje de Vicente Fox. Por eso entendieron a qué se refería el senador perredista Carlos Navarrete cuando advirtió: "esta violación a la Constitución no puede ser aceptada por este Congreso de ninguna manera".

Poco antes, Navarrete había leído el citado artículo 29 y acusado a Fox de suspender de facto las garantías individuales.

Era apenas un ensayo de lo que ocurrirá el primero de diciembre, cuando Felipe Calderón se ponga la banda que ahora porta Fox. Que lo van a impedir, afirman los dirigentes de la coalición Por el Bien de Todos. Que Calderón asumirá, sin duda y a costa de lo que sea, aseguran el gobierno federal y el equipo calderonista.

El primero de diciembre, los legisladores perredistas y petistas ya no contarán con el factor sorpresa que los favoreció, aunque sí gozarán del fuero constitucional, pues éste "subsiste" aún con la suspensión de garantías, expresa Arteaga.

Entonces, ¿qué ocurrirá? ¿Tomarán los panistas la tribuna como hicieron los priístas en 1988 y los perredistas hace unos días?

La legitimidad de las bayonetas.
El jurista Elisur Arteaga sólo recuerda dos casos de suspensión de garantías en todo el siglo XX: en marzo de 1911, cuando Porfirio Díaz intentó hacer frente a la Revolución, y en 1942, con la entrada de México en la Segunda Guerra Mundial.

"Ni en los peores momentos del gobierno represivo de Luis Echeverría se llegó a ese extremo. A lo sumo llegaron a pasear una brigada de paracaidistas por las calles de Sinaloa, Sonora o Michoacán", dice Jesús Zambrano, hoy alto funcionario del Gobierno del Distrito Federal (GDF) y entonces miembro de un grupo guerrillero.

Zambrano habla de las versiones de que el plantón será desalojado y de la cada vez más mencionada intervención del Ejército en una "solución final": "nadie en su sano juicio puede pensar llevarnos al escenario de los años setenta y que no hubiera una reacción que nos llevaría a una confrontación abierta. Si desalojan, ¿creen que no va a haber reacción? ¿Creen que el gobierno de la ciudad se va a quedar con los brazos cruzados?"

Conciliador como siempre, el secretario de Gobernación, Carlos Abascal, acusó el pasado lunes a la coalición de pretender "provocar reacciones sociales a veces impredecibles" con tácticas al "estilo Stalin". Inmediatamente después agregó: "no hemos pensado en el uso de la fuerza pública, porque siempre hemos respetado y respetaremos el ejercicio de los derechos de todos los ciudadanos".

Zambrano piensa, en contraste con esta declaración, que el gobierno foxista sí tiene en la mesa la opción represiva, además de medidas como la destitución del secretario de Seguridad Pública o incluso del titular del GDF. "La discusión que traen es irracional, de enfermos. Y la derecha enferma sí es un peligro para México".

En todo caso, como concluye Arteaga, "el costo político de la suspensión de garantías sería muy grande. Sería el último favor que Fox le haría, pero Calderón sería quien pagara el costo de llegar con las bayonetas".
Arteaga sólo ve otra salida que en esta hora no se antoja posible: "Van a tener que negociar".