RUMBO A LA CONVENCIÓN NACIONAL DEMOCRÁTICA.

Mi ponencia.

Gerardo Unzueta.
09 de septiembre de 2006.

La resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial otorgando validez a unos comicios en los que se violaron los principios constitucionales de "certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad", en los que Vicente Fox puso en "grave riesgo" a las propias elecciones, en los que intervino de manera "ilegal" el Consejo Coordinador Empresarial, y se produjeron la guerra sucia del PAN y su candidato, un escandaloso dispendio económico y otras abundantes irregularidades, culminó una obra del grupo gobernante: vaciar de legalidad y legitimidad a la última institución que ofrecía credibilidad.

Durante los últimos años, las instituciones fueron pervertidas, atropelladas como pocas veces en un país con un siglo de autoritarismo: Vicente Fox abdicó de la Presidencia para convertirse primero en enemigo de López Obrador y luego en jefe de campaña de Felipe Calderón. Los tres poderes del Estado perdieron la legitimidad al realizar la infame conjura para desaforar a quien encabezó, por decisión popular, la campaña de la coalición Por el Bien de Todos.

Nos exigen acatamiento a tales instituciones. Respondemos: ¡no! Antes devolveremos su contenido al sistema institucional republicano bajo el amparo de un poder regido por el principio de soberanía popular. No me ocuparé, entonces, de la decisión del TEPJF y la entrega de la credencial de "presidente electo" a quien usurpa ese título. Mejor entregaré en este espacio fragmentos de mi ponencia al evento convocado por la resistencia civil pacífica. Helos aquí:

"1. Reunidos en la Convención Nacional Democrática, hombres y mujeres libres, conscientes y preocupados por el destino de la nación, resueltos a poner fin a la República simulada, determinan empeñar sus esfuerzos en la conformación de una sociedad plenamente democrática, cuyo eje y principio fundamental sea la soberanía popular, en la que el pueblo represente la autoridad suprema, en la que el poder emane del pueblo y las decisiones internas y externas básicas surjan de la voluntad ciudadana. Con la representación de organizaciones sociales y políticas, de municipios y poblados de distintas regiones, proponen un proyecto de nación en el que las luchas históricas de los mexicanos por su libertad encarnen en un sistema político que rescate el contenido democrático profundo de la concepción de soberanía popular que se estableció constitucionalmente a partir de las revoluciones de 1810, 1855 y 1910, eventos fundacionales de la comunidad mexicana.

"2. La soberanía reside en el pueblo; él emite o renueva su Constitución en un acto soberano de autodeterminación. Y ya que la soberanía es imprescriptible, inenajenable e indivisible, el pueblo establece sus mandatos al poder público -el Estado creado constitucionalmente con sus poderes e instituciones-, para que éste los cumpla, estampa en leyes sus derechos soberanos y ordena a los funcionarios cumplirlos y hacerlos cumplir. El pueblo es el titular de la soberanía; los funcionarios de los tres poderes son mandatarios cuyo deber es garantizar la soberanía en lo interno y en lo externo.

"3. La lucha por hacer de la soberanía popular el principio de la democratización plena de la sociedad mexicana tropezó en el pasado y tropieza hoy con grandes obstáculos, pues la voluntad colectiva del pueblo ha sido reemplazada por un sistema político que transfiere la soberanía del pueblo a gobernantes y falsos representantes, y le deja, en el mejor de los casos, un inconsistente poder de sufragar, siempre en peligro de ser alterado a favor de los dueños del dinero y del poder...".
Analista político, miembro del PRD