LA MISMA PELÍCULA.

El mismo guión.

Rosa Albina Garavito.
09 de septiembre de 2006.

La argumentación utilizada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para declarar válido el proceso y hacer el cómputo final de la elección presidencial, se parece a aquel cuento policiaco en el cual el defensor del asesino alega que el haber encontrado cabellos de su cliente en el lugar del crimen no es prueba suficiente de su culpabilidad; como tampoco lo es el pedazo de tela de la corbata hallado en el mismo lugar; o el hecho de que su defendido no explique el lugar donde se encontraba a la hora del asesinato; mucho menos la enemistad que tenía con el muerto, ni las amenazas que le profirió días antes del suceso. En efecto, responde el juez, cada una por separado no constituye prueba fehaciente de su culpabilidad; sin embargo, la valoración del conjunto de las mismas nos lleva a comprobar que su cliente es el asesino, y también a explicarnos el móvil del asesinato.

El TEPJF tuvo en sus manos todas las huellas del crimen contra la democracia cometido en el proceso electoral del pasado 2 de julio, pero se negó a valorar el impacto del conjunto de las mismas. A pesar de ser la última instancia del proceso, el TEPJF alegó no contar con la información suficiente como para determinar el impacto sobre el escaso margen de diferencia entre los punteros de esa contienda.

Pudo constituirse en investigador de oficio para realizar las actuaciones necesarias y allegarse los datos necesarios, pero prefirió aislar cada una de las denuncias de la coalición Por el Bien de Todos, y sostener que no existían elementos suficientes para probar que cada uno de esos hechos habría afectado de manera determinante y generalizada el resultado de la elección.

Pero si no existieron los elementos suficientes para la probanza, tampoco los hubo para la no probanza, de manera que la misma lógica utilizada por el Tribunal abona a favor de la incertidumbre sobre el resultado electoral. Así que no se exija a quienes demandamos el cumplimiento de los principios constitucionales para todo proceso electoral, que por un acto de fe, otorguemos credibilidad a un fallo que dejó todo en el limbo.

El fallo es legal, sin duda alguna, pero como no logró la certidumbre necesaria, que no pretenda ser legítimo. Su verdad legal no correspondió con la verdad histórica, entre otras cosas porque esta última no se construye mediante la consideración de las partes aisladas, sino por el significado que adquiere, como en el cuento policiaco, la integración de su conjunto. Ya podrían los magistrados empezar, por lo menos, a leer novela negra.

Y ahora lo que corresponde frente a la legalidad e ilegitimidad de la decisión, es organizar de manera pacífica el movimiento democrático para, desde la sociedad (como siempre), renovar a las instituciones. Corresponde también y por supuesto, profundizar el análisis de los resultados electorales y del desarrollo del mismo proceso. Corresponde hacer las propuestas y debatir sobre las reformas políticas necesarias.

Pero como esta película ya la hemos visto (la última vez que se exhibió fue de julio de 1988 a 1996), los augurios sobre su nueva proyección no son buenos. Las energías sociales y políticas que se pudieron empeñar para alcanzar el pacto necesario que consolide nuestra democracia, ahora tendrán que usarse para detener las pretensiones de retroceso por parte de la derecha, y paralelamente crear las condiciones para lograr ese pacto.

El guión de la película que hoy se repite apunta que los opositores deben ser exhibidos como violentos, antipatriotas y obcecados en no aceptar el diálogo para la "reconciliación nacional". Ese desgastado argumento olvida otra vez que la oferta de diálogo sustantivo y real se colocó de manera oportuna en la propuesta del recuento total de los votos, como en 1988 lo fue la apertura de los paquetes electorales. La negativa a aquella propuesta derivó en la imposición de un presidente legal e ilegítimo como Carlos Salinas, y se tradujo en las reformas estructurales de esos años que han jibarizado al país y empobrecido a millones de personas.

La negativa a la propuesta del recuento total deriva en la legalidad e ilegitimidad de Felipe Calderón, quien tratará de culminar ese ciclo de reformas estructurales, es decir, de cerrar más aún los márgenes soberanos de un proyecto de desarrollo nacional, justo y democrático. Fácil no será.