Un pacto suscrito con la ONU prevé la revisión "independiente" de los votos

Nota de la Jornada:

El TEPJF debe tener una participación más activa: Todos los Derechos para Todos.
Un pacto suscrito con la ONU prevé la revisión "independiente" de los votos.
"Responsabilidad del Estado, generar confianza entre la ciudadanía sobre el cómputo".

EMIR OLIVARES ALONSO
Con base en lo establecido por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, de no descartar el conteo voto por voto después de un proceso electoral, el Estado mexicano tiene la responsabilidad de generar entre la ciudadanía condiciones de confianza sobre el cómputo de los sufragios y que el resultado corresponda fielmente con la voluntad de los habitantes, aseveró la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos.

La agrupación, integrada por 55 organizaciones de la sociedad civil, manifestó que la "reducida" diferencia de menos de 300 mil sufragios entre los candidatos del PAN, Felipe Calderón, y de la coalición Por el Bien de Todos, Andrés Manuel López Obrador, genera desconfianza, debido a que el resultado podría ser "endeble" y no compartido por "buena parte de la ciudadanía".

En un documento, la red aseguró que el órgano internacional establece: "Debe haber un escrutinio de los votos y un proceso de recuento independiente y con posibilidad de revisión judicial o de otro proceso equivalente, a fin de que los electores tengan confianza en la seguridad de la votación y del recuento de los sufragios", lo cual abre la posibilidad de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) decida contar sufragio por sufragio para otorgar el triunfo al candidato vencedor.

"De acuerdo con ese criterio, es responsabilidad del Estado generar entre la ciudadanía las condiciones de confianza sobre el cómputo de los votos y que el resultado corresponda fielmente con la voluntad ciudadana."
Edgar Cortez, secretario ejecutivo de la red, destacó que México suscribió el 24 de marzo de 1981 el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas, por lo que está obligado a cumplirlo. Este ratifica la garantía de los electores a exigir el conteo de los sufragios, ante los cuestionamientos que pudieran presentarse durante un proceso comicial.

El tribunal no sólo debe esperar pruebas.
Por ello, dijo, el TEPJF debe tener una participación más activa, "no sólo esperar las pruebas, sino buscarlas y solicitarlas; una de ellas es la apertura de las urnas".

Las 55 organizaciones que conforman la red expresaron que un proceso electoral "no comprende sólo las campañas, el día de la elección y el cómputo general, sino la protección judicial mediante un recurso legal efectivo que garantice los derechos políticos de los ciudadanos", lo cual incluye la revisión judicial del escrutinio de los votos.

Señalaron que el punto anterior es relevante para quienes han criticado que López Obrador no acepte los resultados, pues cualquiera de los aspirantes presidenciales "tiene el legítimo derecho a hacer uso de los recursos legales que la ley contempla, y sólo hasta que éstos se resuelvan el proceso electoral culmina".

Una vez que la coalición Por el Bien de Todos impugne la elección, advirtieron, el Estado deberá generar mayor confianza entre la ciudadanía por conducto del TEPJF. Por ello, ese órgano judicial "tiene el deber de no quedarse en la mera tramitación simbólica de los recursos", sino investigar "lo que implica una conducta positiva en el ordenamiento y práctica de las diligencias tendientes al esclarecimiento de los hechos denunciados".