MEXICO: UNA CRISIS CONSTITUCIONAL.

El pasado 9 de Julio, Adolfo Gilly escribió en la Jornada:


México: Una crisis constitucional.

Adolfo Gilly.

La Jornada.

Lo que en la noche del 6 de julio pudimos ver por televisión fue inolvidable. El locutor Joaquín López Dóriga hizo una larga entrevista al candidato presidencial del PAN, Felipe Calderón, como si fuera el presidente electo, cuando éste todavía no ha sido calificado como tal por el Tribunal Federal Electoral y está impugnado por su adversario, el igualmente candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador, que obtuvo una votación casi igual a la de Calderón.

Televisa, el superpoder al cual hace unos meses todos los partidos le regalaron la más graciosa concesión, hizo saber a decenas de millones de espectadores a quién consagra como presidente y a quién no. En buen mexicano, esto se llama albazo (o, también, pago de favores recibidos).

Nada está claro en este proceso electoral. En un universo de 41.5 millones de votantes sobre un total de 71 millones de electores empadronados, decidir quién va a ser presidente de México por una diferencia de 240 mil votos (medio punto porcentual, menos de dos votos por casilla), sin atender los reclamos ni las impugnaciones de nadie, es jugar la República a una nueva aventura.

El presidente del IFE, Luis Carlos Ugalde, dice que la democracia consiste en que gana quien tiene más votos, aunque la diferencia sea mínima. Precisamente: lo que está en discusión es si esa tan pequeña diferencia es real o es producto de manipulación o fraude. Esta duda no existió en el 2000, cuando Fox aventajó a Labastida con 42 por ciento de los votos contra un 38 por ciento, es decir, cuatro puntos porcentuales y veinte votos por casilla de diferencia entre ambos.

En una situación como la presente es totalmente legítimo -hasta obligatorio- disipar todas las dudas sobre cifras tan cerradas, haciendo un conteo voto por voto y casilla por casilla, bajo estricta vigilancia de observadores imparciales.

Si Felipe Calderón está tan seguro de su mayoría como dice, lo más lógico sería que él mismo aceptara el conteo para quitar toda duda sobre la legitimidad de su mandato, avalado apenas por 244 mil votos de ventaja sobre 41.5 millones de electores, según dice el IFE.

Es una situación de excepción y como tal es preciso recurrir a medidas legales excepcionales. ¿Cuál es el problema para Calderón si el conteo confirma o aumenta esa diferencia y, al legitimar la elección hasta el fin, deslegitima de paso a sus impugnadores?

Si así comienza por imponerse el candidato al cual Televisa concede la investidura presidencial (faltó nomás que López Dóriga, cual en su tiempo hizo Socorro Díaz con Salinas, le pusiera la banda tricolor), dura va a ser su jornada y la nuestra. Calderón y su partido, entre las muchas cosas que ignoran, parecen no haberse dado cuenta del movimiento profundo de la sociedad mexicana, adverso al PAN y al PRI, que esta elección registró.

En 2000 el PAN ganó la elección presidencial con el 42 por ciento de los votos. Esta vez su candidato obtuvo sólo el 35.89 por ciento. En 2000 el PRI obtuvo el 38 por ciento de los votos, cuatro puntos por debajo de Fox pero dos puntos más que Calderón en 2006. Ahora el PRI logró apenas el 22.26 por ciento, es decir, una caída libre de 17 puntos porcentuales.

En 2000 el PRD obtuvo el 17 por ciento de la votación. En 2006 logró el 35.31 por ciento, un vertiginoso aumento de 18 puntos porcentuales, que le permitió igualar (y tal vez, no lo sabemos, superar) la cifra obtenida por el PAN y con la cual éste pretende gobernar a todo México sin más ni más.

Tras la candidatura de López Obrador se ha registrado, como estaba previsto, una marea electoral de pueblo. Ese apoyo popular ha hecho ganar puestos electivos a políticos que por sí solos habrían logrado tantos votos como Roberto Campa. Ignorar ese desplazamiento masivo del electorado es, vuelvo a decirlo, una aventura.

Pero si Calderón, como se está viendo, no cede en su empecinamiento; y si el TEPJF, como es permisible colegir, termina negando el conteo y alineándose con Televisa en la elección presidencial, a López Obrador, el PRD y sus aliados les queda un recurso totalmente legal y constitucional.

En tal caso, y con las indispensables pruebas de la manipulación o del fraude que denuncian, el PRD y sus aliados pueden impugnar toda la elección por la vía de los hechos jurídicos: si la votación presidencial ha sido manipulada y sus cifras son falsas, las de todas las otras elecciones concomitantes (seis papeletas en total) también lo son.

En consecuencia, tienen el recurso y el derecho legales de no tomar posesión de sus cargos (senadores, diputados, jefe de Gobierno, jefes delegacionales, asambleístas) hasta que un conteo imparcial conceda credibilidad y legitimidad a la elección de presidente. Y a ver cómo le hacen para gobernar si quienes fueron elegidos por esa marea electoral no aceptan someterse a las manipulaciones y las trampas.

Es un recurso extremo, legal, inatacable y no violento. Se llama crisis constitucional, que es precisamente el punto en el cual estamos.

Por eso, pienso, el candidato del PRD para la ciudad de México tendría que haber declarado en suspenso la aceptación de su constancia como jefe de Gobierno de esta ciudad hasta que se dilucide la elección presidencial. El festejo realizado sin atender a lo que está ocurriendo con esta elección me parece impropio. Y lo mismo digo para otros cargos electivos resultantes de estos comicios.

Para que el pueblo sienta que puede movilizarse a fondo en defensa de su voto, de sus derechos ciudadanos y de sus candidatos, tiene que ver que éstos están convencidos, se empeñan en la lucha con el mismo vigor y, de verdad, se la juegan con ese pueblo que los votó.

Lo demás es humo de palabras, negociación de trastienda y amargo desaliento de quienes, una vez más, creyeron.

¿Estarán dispuestos los electos del PRD y sus aliados a ponerse a la cabeza de la protesta popular y, como prenda, poner sus constancias de mayoría sobre la mesa? Es lo que nunca quisieron hacer, salvo alguna aislada excepción, los electos del FDN en 1988. ¿Están dispuestos los electos del 2006, con el respaldo de la indignación y también la amargura popular, a jugársela en serio?

Lo que haya de verse, se verá. Pero si no se ve, como en la campaña no se vio, después no digan que el pueblo no responde.

Hoy publica Miguel Angel Velazquez en la Jornada, esto:

Ciudad Perdida

Se cocina estrategia contra el fraude.

No tomar posesión, en la imaginaria perredista .
Recomendación mediática de la derecha de EU.

La idea comienza a tomar forma y seguramente sería la respuesta más seria, más estricta en contra del fraude electoral del 2 de julio pasado. Aún no está totalmente cocinada, pero seguramente será aceptada por todos los perredistas en la ciudad de México y por muchos otros en el país.

Resulta que de los jefes delegacionales perredistas electos -14 en total-, más los diputados locales también electos, e incluso el virtual jefe de Gobierno, ninguno tomaría posesión del cargo que les confirió la ciudadanía el 2 de julio, en protesta por el fraude perpetrado por la autoridad electoral y el gobierno federales, en contra del candidato de la coalición Por el Bien de Todos, Andrés Manuel López Obrador.

Como decíamos al principio, no se trata de una decisión tomada, pero la medida ya empieza a ser una idea fija entre los perredistas que obtuvieron cargos de elección, que ven en ello una forma de resistencia que reflejaría con certeza su voluntad firme de hacer respetar el sufragio de millones de mexicanos que pretende ser birlado.
Por lo pronto la idea ya dejó de ser un simple comentario de pasillo y empieza a discutirse en los más altos niveles de ese partido, aunque, como siempre, se teme que algunos de los electos pretendan no poner en riesgo su cargo y rechacen la opción.

Para ninguno será fácil, ni para quienes han vivido de las tareas legislativas durante los últimos años, ni tampoco para quienes se estrenan en cargos públicos, pero en muchos casos el compromiso de esos políticos parece ir más allá de la posición política, y empieza a sonar como un acción conjunta que pondría en jaque todo el sistema político de la ciudad, y del país.

Parece así, como hasta ahora se los hemos contado, una acción peligrosa para quienes la quieran emprender, pero para eso ya se inició la consulta con abogados constitucionalistas, entre otros, para tener el apoyo legal que sustente la medida.

Según se nos ha explicado, Marcelo Ebrard, virtual jefe de Gobierno del Distrito Federal, se ha comprometido con los más importantes jefes políticos del PRD para poner en suspenso la toma de posesión del cargo que ganó en las elecciones, aunque no se ha tenido una confirmación de tal especie del círculo más cercano al político defeño.

En fin, cierto o no, hasta el momento la opción parece ser la única forma de protesta efectiva que se encontró entre los políticos del sol azteca en el DF, opción que por otra parte podría extenderse a todos los ámbitos del país, es decir, si la medida se amarra en la ciudad, podría llegar hasta los diputados federales y los senadores electos, lo que significaría la crisis política más profunda de México desde los tiempos de la revolución.

Bush y Gore.
Nada más faltaba que otro periódico de la derecha estadunidense sugiriera que para que los ánimos se calmen y la lumbre no llegue a los aparejos se siga la fórmula por la que George W. Bush llegó a la presidencia de su país.
Es decir, recomienda que Andrés Manuel López Obrador le regale el poder al panista. Dicho de otra manera, que traicione a los millones de mexicanos que votaron por él.
Para muchos este sería un buen camino, lo malo es lo que nos dice la experiencia. Estados Unidos está quebrado en sus finanzas como país, aunque existan algunas empresas muy boyantes, la gente cada día es más pobre, pero además Bush los ha metido en un guerra donde el terror es la fórmula para evitar que los estadunidenses tomen conciencia de lo que les pasa.
¿Eso es lo que se pretende? Desde luego, para Feli-pillo sería "casi el paraíso", pero eso no va a suceder. ¡Lástima señores!.

!Ánimo compañeros, que esto apenas está comenzando!. De ninguna manera podemos admitir el entronizamiento de la ultraderecha en el poder, con seis años ya fue bastante malo, seis mas serían la muerte para México como nación libre y soberana.