TAPADERAS

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viernes, 16 de marzo de 2007

IFAI se alía a la Secretaría de la Función Pública y avala no abrir expedientes sobre auditorías a los Bribiesca Sahagún MEXICO, D.F., 15 de marzo (LA JORNADA) - El Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) convalidó la decisión de la Secretaría de la Función Pública (SFP) de no abrir información sobre las auditorías vinculadas con Construcciones Prácticas y las empresas de los hermanos Manuel y Jorge Bribiesca Sahagún. Esas auditorías se practicaron el año pasado a Petróleos Mexicanos (Pemex), a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), a petición de la primera comisión especial de la Cámara de Diputados que investigó a Construcciones Prácticas; a Fabricación y Colocación de Pavimentos SA (Facopsa), de Cosme Mares Hernández, supuesto prestanombres de Vicente Fox, y a otras empresas ligadas con el ex presidente y su familia. Tras sus indagatorias, los diputados Martha Lucía Micher Camarena, Jesús González Schmal, Sofía Castro y otros integrantes de esa comisión especial de la 59 Legislatura, imputaron presunto tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero a los hijos de Marta Sahagún. Por ejemplo, en el caso de Facopsa, los diputados señalaron "transferencias (de esa empresa) que prueban sobornos o comisiones" que habrían beneficiado a los hermanos Bribiesca Sahagún. Por esas circunstancias demandaron a la SFP, en enero de 2006, la realización de las auditorías. Sin embargo, al entregar a los diputados de la 60 Legislatura los resultados de aquéllas, nueve meses después, el entonces titular de la SFP, Eduardo Romero, exoneró a los hijos de Marta Sahagún. El 14 de septiembre pasado, Romero afirmó ante los medios de comunicación que "no se advertía participación" de las personas investigadas (incluyendo a Marta Sahagún) en hechos irregulares que hubieran dado lugar a un incremento del capital de sus empresas con probable intervención de funcionarios públicos. Entonces, el funcionario se limitó a comentar que en las entidades públicas auditadas sólo se habían "determinado diversas observaciones" que "se solventarían" en un plazo de 45 días. Romero evadió identificar a las dependencias que ameritaron recomendaciones. Paradójicamente, la SFP justifica ahora ante el IFAI que la reserva de las auditorías obedece a que las "observaciones" están en "proceso deliberativo". Se trata de ocho observaciones que se hicieron a Pemex, y 223 más a la SCT, por inconsistencias encontradas en la adjudicación de los contratos. Según consigna el expediente 3209/06 del IFAI, la SFP argumentó a la comisionada María Marván, encargada del caso: "Respecto a la auditoría practicada a Petróleos Mexicanos, le informó que las 8 observaciones determinadas se encuentran en proceso deliberativo, a fin de verificar si los elementos aportados por las áreas responsables son suficientes para su solventación (que se tendrían que haber solventado en 45 días), además que se está integrando un expediente de presunta responsabilidad" contra un funcionario público. En el caso de la SCT, afirma que están en "proceso deliberativo 223 observaciones determinadas en los 11 Centros SCT y en la Dirección General de Desarrollo Carretero". Además, "se están integrando nueve expedientes de presunta responsabilidad" contra servidores públicos de la dependencia. Según la SFP, el seguimiento correspondiente corre a cargo de los órganos internos de control (OIC) de Pemex y SCT. Cabe destacar que la SCT suscribió al menos 28 contratos con Facopsa, entre 2002 y 2003. A causa de una serie de irregularidades encontradas en cinco de esos contratos, en 2005 la Procuraduría General de la República integró ocho expedientes en contra de Mares Hernández, quien se negaba a devolver al erario poco más de 135 millones de pesos. Sobre la reserva de la información en comento, la SFP había establecido que fuera por tres años. Sin embargo, el IFAI rechazó ese lapso e instruyó que sólo sea por un año la clasificación. Las copias de las auditorías practicadas a la Profepa sí fueron entregadas al solicitante, porque "no tenía observaciones", ni debía someterse a otras indagaciones.