ALGUNAS NOTAS DE HOY

COMENZAMOS CON OFICIO DE PAPEL:

Lunes 11 de diciembre de 2006

* Acusan a Gil Díaz de abuso de autoridad
* Julio Scherer interpone denuncia en PGR
* Amenazas y terrorismo fiscal de Hacienda



Considerado uno de los hombres más ricos y poderosos al amparo de la función pública, el ex secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, está acusado penalmente ante la Procuraduría General de la República (PGR) por abuso de autoridad y falsedad de declaraciones en perjuicio de Julio Scherer Ibarra (hijo de Julio Scherer García, fundador y presidente de la revista Proceso), quien sufrió una persecución sistemática y terrorismo fiscal de quien fuera el hombre más poderoso en el gobierno que acaba de terminar de Vicente Fox.


La demanda penal, presentada el 9 de noviembre de 2006, detalla la persecución sistemática de la que fue objeto Scherer Ibarra a lo largo del sexenio en que Francisco Gil Díaz estuvo al frente de la Secretaría de Hacienda. La denuncia también se endereza en contra del ex subprocurador fiscal federal de investigaciones de la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF), Ambrosio de Jesús Michel Herrera, y contra quien fuera el director general de Delitos Fiscales de la misma Subprocuraduría, Eduardo Javier Tito Sodi.


Y es que, según Scherer Ibarra, la Secretaría que encabezó Gil Díaz buscó desde 2001 involucrarlo dolosamente en una serie de supuestas irregularidades en los ingenios del Consorcio Azucarero Escorpión (Caze). No conforme con ello, la dependencia “filtró” la información a medios de comunicación, principalmente a los diarios Reforma, El Norte de Monterrey, El Universal y El Heraldo de México, con el objetivo de “exponerme al escarnio público”, asienta el quejoso.


En su denuncia, el abogado que se desempeñó como apoderado y miembro del Consejo de Administración de Caze –propiedad del ex embotellador de Pepsi Cola, Enrique Molina Sobrino–, argumenta que las penas por los delitos de abuso de autoridad y falsedad de declaraciones en un juicio de amparo podrían oscilar entre seis meses y tres años de prisión. Y es que algunos de los delitos que la SHCP buscaba que se le imputaran a Scherer Ibarra fueron supuestamente cometidos cuando ya no trabajaba en el Consorcio Azucarero.


La persecución fue tan clara y evidente en contra de Scherer Ibarra que hace más de cuatro años, cuando publicaba esta columna Oficio de papel en las páginas de El Universal, el director general Roberto Rock me llamó por teléfono un viernes en la mañana para pedirme que me hiciera cargo de una delicada investigación periodística que involucraba al hijo de don Julio Scherer en actos de fraude y evasión fiscal durante su paso por el Consorcio Azucarero Escorpión, para lo cual me pedía acudiera a las oficinas del diario capitalino a recoger un “expediente”.


Ese día mismo día por la noche acudí al diario y ante la ausencia de Roberto Rock el subdirector Oscar Hinojosa habló conmigo para entregarme un par de cuartillas escritas en máquina mecánica en donde se narraba la supuesta complicidad de Scherer Ibarra en diversos delitos, con la petición verbal de que eran instrucciones de Roberto Rock que se elaborara una nota para primera plana.


Dicho escrito que carecía de fuentes de información presentaba errores tan graves como el afirmar que el Ministerio Público Federal había librado órdenes de aprehensión en contra de Julio Scherer Ibarra, cuando es de todos conocido que ese acto de justicia sólo puede hacerlo un juez federal, por lo que le hice ver ese error y otros al entonces subdirector editorial de El Universal y el absurdo de esa información que, por lo menos, tenía que investigarse primero antes de publicarla.


Hinojosa aumentó la presión y dijo que eran órdenes directas de Juan Francisco Ealy Ortiz (dueño de El Universal) que se escribiera la información porque sería la noticia principal del día siguiente. Como argumento de credibilidad Oscar Hinojosa explicó que la información había sido proporcionada por la Presidencia de la República, “la información salió de Los Pinos”, dijo, y agregó que la nota tenía que elaborarse.


Mi rechazo a prestarme a ese acto difamatorio fue contundente, y le comenté a Hinojosa lo peligroso que era elaborar esa noticia a partir de mentiras, difamaciones y “documentos” apócrifos salidos de Los Pinos. Pero el malestar en el subdirector editorial creció al grado de amenazarme con despedirme del diario si no cumplía las órdenes del dueño del periódico. Ante las amenazas, volví a negarme a elaborar la nota y respondí que si había que presentar mi renuncia por ese motivo que diera por echo mi salida del diario.


Esa noche salí del periódico con preocupación y con un gran malestar por lo sucedido. Al día siguiente, la mañana del sábado, el periódico El Heraldo de México publicaba a ocho columnas el mismo documento que me había sido proporcionado un día antes. En El Universal también aparecía la nota en primera plana a una columna y firmada por un joven reportero de guardia al que habían obligado a escribir ese libelo en contra de Julio Scherer Ibarra por instrucciones de Los Pinos y de Francisco Gil Díaz.


La tarde de ese sábado me llamó Oscar Hinojosa para disculparse por lo que me había dicho y para comentarme que había sido un grave error escribir es nota informativa, por lo que nuevamente ofrecía disculpas y que olvidara las amenazas de que tenía que renunciar, pues el dueño Ealy Ortiz y el director Roberto Rock ya sabían que se trataba de una filtración informativa dolosa y de un grave error la publicación de la misma. Un año después mi columna Oficio de papel dejó de publicarse en El Universal bajo presiones del secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, a quien investigaba por corrupción en el manejo del Fideicomiso Aduanas I y la empresa privada ISOSA, pero esta es otra historia.


La historia de CAZE


Julio Scherer Ibarra fungió como director general del Consorcio Azucarero Escorpión S. A. de C. V. del 14 de octubre de 1997 al 14 de diciembre de 1999. La corporación estaba integrada por ocho ingenios (Atencingo, Casasano La Abeja, Plan de San Luis, La Providencia, Emiliano Zapata, El Potrero, San Miguelito, El Modelo) y la Impulsora de la Cuenca del Papaloapan. Todas las empresas estaban registradas como sociedades anónimas de capital variable, de las cuales Scherer Ibarra fungía también como miembro de sus respectivos consejos de administración.


Cuando Gil Díaz apenas cumplía cuatro meses de estar al frente de la SHCP llegó a la PGR la primera denuncia contra Caze. El 6 de abril de 2001 el subprocurador fiscal de Investigaciones de la PFF, Ambrosio de Jesús Michel Herrera, presentó una denuncia penal contra Julio Scherer Ibarra por, supuestamente, cobrar irregularmente un subsidio para promover las exportaciones de excedentes de azúcar de las nueve empresas. Los excedentes correspondían a ciclos anteriores a la zafra de 1997.


En esa misma denuncia se le imputó responsabilidad penal por el cobro de otro subsidio, éste destinado al manejo de inventarios correspondientes a la zafra de 1998, y por una supuesta tentativa de cobro de un subsidio para la zafra de 1999.


El embate continuó y en menos de medio año el mismo subprocurador presentó una querella penal por defraudación fiscal del ingenio Atencingo, el cual había omitido el pago del Impuesto Sobre la Renta de mayo y diciembre de 1999. Sin embargo, ese 27 de noviembre Michel Herrera presentó nueve querellas penales más, también por defraudación fiscal, en cada una de las empresas de Caze y, sin prueba alguna, también acusó al consorcio de retenciones ilegales de las aportaciones al seguro social de los productores de caña. Estas supuestas irregularidades se habrían cometido del 1 de julio de 1999 al 30 de junio de 2000.


Pero el alud de demandas contra el hijo del presidente del consejo de administración del semanario Proceso que se mantenía crítica al gobierno de Vicente Fox no estaba aún completo.


La SHCP, ahora a través de Eduardo Javier Tito Sodi Carmona –entonces director general de Delitos Fiscales– acusó de nueva cuenta a Scherer de defraudación fiscal: ahora por, supuestamente, omitir enterar a la Secretaría impuestos retenidos del ingenio El Potrero correspondientes 1999. Catorce demandas había interpuesto la dependencia en contra de quien había fungido hasta diciembre de 1999 como apoderado legal y director de Caze.


Para la PGR quedó claro que no existía ningún delito del que Scherer Ibarra fuera responsable y por ello decidió no ejercitar contra el abogado ninguna acción penal. Y es que por el supuesto cobro indebido de subsidios y por la hipotética omisión de entrega de cuotas de los trabajadores, la Procuraduría concluyó que no había delito que perseguir.


Además, donde la PGR sí detectó irregularidades, como en la omisión del pago de impuestos correspondientes a 1999 por los ingenios Atencingo y El Potrero, también determinó que la responsabilidad no podía recaer en Scherer Ibarra, porque las declaraciones de impuestos se presentarían hasta marzo de 2000, meses después de que dejara de laborar para el Consorcio, y los responsables, por ley, eran los gerentes de cada uno de los ingenios.


“Pese a lo anterior y como estrategia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para continuar el acoso, la denuncia por el asunto del ingenio El Potrero S. A. la formuló […] Eduardo Javier Tito Sodi Carmona y ya no […] Ambrosio de Jesús Michel Higuera, quien había presentado la querella que se siguió en relación al ingenio de Atencigo S. A. y quien no podía eludir que tenía conocimiento de que yo no podía ser responsable de falta alguna”, dice, en su denuncia, Scherer Ibarra.


Sin embargo, lo más grave ocurrió después de que la Procuraduría determinara que el ex director general de Caze era inocente de los delitos que se le imputaban, cuando la SHCP presentó demanda de amparo en contra de la determinación de la PGR.


La demanda de amparo fue presentada ante el juzgado segundo de distrito “A” de amparo en materia penal del Distrito Federal en 2003. En ella Michel Higuera omite manifestar que el crédito fiscal al que se refería la averiguación previa ya estaba cubierto.


Para Scherer Ibarra esta omisión deliberada “implica falsedad de declaraciones”. Además, el abogado concluye que “resultó un exceso el que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de sus funcionarios, haya enderezado acusación en mi contra a sabiendas de que en realidad ninguna responsabilidad penal podría tener […]. También se abusó de la función pública en mi perjuicio cuando los datos que conforman las respectivas averiguaciones previas fueron filtradas a los medios masivos de comunicación […]”.


En su denuncia, Julio Scherer Ibarra argumenta que fue objeto de persecución, abuso de autoridad y víctima de falsedad de declaraciones. Señala como responsables no sólo a los dos funcionarios públicos subordinados al entonces secretario de Hacienda que presentaron las demandas, sino al propio titular de la dependencia quien, asegura, estuvo al tanto de las dolosas acusaciones.


Agrega que quien demandó e interpuso juicio de amparo fue la SHCP cuyo titular era Francisco Gil Díaz. “El titular de la Secretaría no puede argumentar desconocimiento del actuar de sus funcionarios, por un lado, porque dichos funcionarios son de aquellos que sólo pueden actuar en virtud de nombramiento del Secretario y, por otro lado, porque los asuntos de las querellas fueron del conocimiento público”.


La demanda se integró cuando al entonces temible secretario le restaban 20 días al frente de la SHCP.



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UNA ESTAFA MAS AL DESCUBIERTO:


ÍNDICE POLÍTICO

FRANCISCO RODRÍGUEZ

PIZZA "GUADALUPANA"

Para Hugo Omar. ¡Felicidades!

LA RECETA DEL día: Pizza al estilo de las festividades.

Ingredientes: Cartoncillo, pasta de plástico con sabor a queso, desechos de la Central de Abasto más próxima (para el relleno), motocicleta, anuncios garantizando la entrega en menos de 30 minutos, y una gran cantidad de corrupción.

Modo de hacerse: Para la base, se recortan círculos de cartoncillo tamaño individual, mediano y familiar. Sobre éste se colocan crudos granos de elote, rajas de poblano, rebanadas de tomate; se cubre con el plástico y se mete al horno previamente calentado a 350º de tráfico de influencias, dádivas depositadas en banco suizo y desfachatez.

Vísperas de la anual celebración religiosa más importante de una nación que, si bien no es totalmente católica sí es cien por ciento guadalupana, y los mercaderes ya rodean el templo.

Ubicada la Basílica en las proximidades de la Delegación Gustavo A. Madero del gobierno del Distrito Federal, las autoridades de ésta se hayan a la mitad de un problema que, para no variar, fue generado por el tráfico de influencias políticas, una de las características más nocivas de la creciente, imparable, corrupción gubernamental.

Y es que, tradicionalmente, en la ruta y en los espacios que recorren y en las que velan los cientos de miles de peregrinos, se instalan puestos en los que éstos saborean la mexicanísima "Dieta T": tacos, tostadas, tortas, tamales..., pero --¡oh, bendita corrupción!— esta ocasión será sustituida por el fast food o comida chatarra.

Tortas, tacos, tostadas ya no tienen permiso para situarse y hacer negocio. Ahora sólo pizzas.

Milagro que quizá algunos atribuirán a la venerada, pero la habitual dieta del mexicano "evoluciona" a los niveles de cualquier suburbio de West Bloonfield, en Detroit, Michigan, cuna de la "alta cocina" del salario mínimo estadounidense.

Pero no. Este "milagro" es resultado, de acuerdo a los comerciantes desplazados, ni más ni menos que de la denodada lucha un prototípico político mexicano, hechura de las más limpias, puras y preclaras gestas del "trepar" en la meritocracia.

¿Quién es el prócer?, me preguntará usted. Y, claro, debe usted conocerlo para que, juntos, hagamos una especie de "Periodicón" al que contribuyamos todos para erigirle un monumento que, con suerte, pueda ser develado por el Papa Benedicto, ahora que, dicen, vendrá a México.

Ahí la va pues el nombre.

Se llama Enrique Jackson Ramírez. Ha sido líder de todo o casi todo. Un líder sin seguidores, pero al fin y al cabo líder.

Sin seguidores, sí, pero con un negocio de elaboración y reparto de pizzas cuyo nombre es similar al del juego dominó.

Cuentan los comerciantes desplazados que en la Delegación Gustavo A, Madero hay todo un lío porque en el asunto hubo corrupción.

Para no variar.

Así que en lo que se aclara el asunto, la dieta del mexicano creyente va a a cambiar.

Pizzas "a la guadalupana".

Aunque sean de plástico y cartón.

www.indicepolitico.com / pacorodriguez@journalist.com

Politicuentos

Por: Mario Gálvez Narro

Lecciones de historia

La muerte del exdictador chileno Augusto Pinochet debiera dejar lecciones en quienes aquí propugnan una política de mano dura contra los movimientos sociales que exigen reivindicaciones legítimas .
Pinochet fue en su momento la quintaesencia del autoritarismo fascista de derecha, que llegó al poder mediante el sangriento golpe militar del 11 de septiembre de 1973, luego de traicionar al presidente constitucional Salvador Allende.
Pinochet no sólo fue un traidor y un brutal asesino, sino un ladrón vulgar. En un banco de Hong Kong se le descubrieron depósitos en oro de cientos de kilos. Llegó al poder con ayuda de los medios, en particular el diario El Mercurio, y del gobierno norteamericano, pues fue Henry Kissnger, a la sazón secretario de Estado, quien fomentó a los militares golpistas a alzarse en armas contra la institucionalidad castrense y derrocar mediante un sangriento golpe de Estado al gobierno legítimo surgido en las urnas.
El golpe fue el resultado de la polarización extrema y de la guerra sucia de la que fue víctima el pueblo chileno, y donde los medios y los líderes transportistas jugaron un papel clave para el derrocamiento del régimen de la Unidad Popular.
Diversos organismos de derechos humanos, dentro y fuera de Chile, han estimado que el número de víctimas de la dicatura pinochestista no fue inferior a 30 mil desaparecidos, lo que ejemplifica la brutalidad y el salvajismo de la dictadura.
Lo que deja para la historia el régimen militar chileno es que la violencia y la represión no resuelven, sino agravan los conflictos sociales y políticos. Y en México este es un tema que cada vez está más presente en la mesa de la discusión.
Hay voces que cada vez con mayor frecuencia proponen salidas represivas a conflictos sociales complejos como el de Oaxaca. Y el problema es que en vez de reducirse la inestabilidad política en la región, ese tipo de políticas sólo puede elevar la inseguridad y la ingobernabilidad no sólo de Oaxaca, sino de la región sureste de la república.
En los penales estatales de Nayarit y Veracruz hay más de 500 oaxaqueños detenidos sin orden de aprehensión, sin haber cometido delito alguno y sin estar a cargo de juez alguno. Sus derechos constitucionales y humanos han sido pisoteados de manera flagrante por las autoridades federales, en particular de la PFP y la Secretaría de Gobernación, y sin embargo el presidente Calderón habla de aplicar la ley de modo irrestricto y sin favoritismos. No obstante, sucede que esos más de 500 oaxaqueños han sido víctimas del régimen calderonista, lo que ejemplifica que a la hora de reprimir no hay ley ni Estado de Derecho que valgan, sino sólo lo que digan las nuevas autoridades.
El efecto natural de esa represión no sólo será la eliminación de los opositores, pero no la solución del problema de fondo, y la emigración aún mayor de la población oaxaqueña en busca de trabajo y mejores oportunidades de desarrollo.
El efecto será pues el empobrecimiento del estado y por ende el agravamiento de los niveles de vida, ya de por sí bajos, de la población oaxaqueña. Mientras tanto, el causante directo de la peor crisis política que se recuerde en la entidad, es decir el gobernador Ulises Ruiz, se encuentra protegido por el gobierno calderonista y el PAN, pues en los hechos uno y otro han terminado por apoyarlo aunque a nivel declarativo critican su actuación.
La violencia homicida ejercida por Pinochet contra sus opositores sólo profundizó la polarización de la sociedad, y pospuso la solución de los problemas de fondo.

Lo mismo habrá de suceder en México si el gobierno calderonista insiste en seguir una política de garrote contra quienes piensen de modo distinto al de las autoridades y crean que hay opciones legales distintas a la oficial. Por desgracia, la ceguera de las nuevas autoridades va de la mano con su torpeza e insensibilidad políticas, por lo que no hay muchas esperanzas de que las cosas lleguen a mejorar.
www.comarca.com.mx

EL MITO DE LOS ENCARCELADOS "REVOLTOSOS" CAE:


Reconoce Ulises Ruiz que entre los encarcelados hay gente inocente

Nota original:

Oaxaca, Oax. 10 de diciembre.-- Alrededor del 80 por ciento de los 214 detenidos el pasado 25 de noviembre en el operativo encabezado por la Policía Federal Preventiva (PFP) no tiene ningún vínculo con la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), y al menos a ocho de ellos les fue dictado auto de formal prisión, pese a que sus nombres no estaban en el parte oficial de la PFP.

El gobernador de la entidad, Ulises Ruiz Ortiz, admitió que hay gente honesta presa, que no tiene ninguna responsabilidad en los hechos ocurridos el día referido.

Esta situación, advirtieron abogados de los presos y defensores de derechos humanos, constituye una flagrante privación ilegal de la libertad que pone en evidencia las detenciones arbitrarias y los procesos jurídicos irregulares, tanto de instancias estatales como federales.

De cada caso se desprenden testimonios que revelan el terror que están viviendo los inculpados y sus familias. Hasta el momento han sido liberados, tras pagar una fianza de 108 mil pesos, sólo tres personas, quienes demostraron fehacientemente que no eran los responsables de "hechos vandálicos" registrados aquel día tras una marcha pacífica, sino observadores acreditados de derechos humanos.

Ante el cúmulo de denuncias sobre violaciones a las garantías individuales, observadores civiles de derechos humanos, originarios de diversos países europeos (España, Francia y Alemania, entre otros), realizarán la próxima semana una visita de trabajo preliminar a esta entidad.

"El objetivo central de diversos activistas es visitar México a partir del 16 de diciembre para organizar una misión amplia, que iniciaría a partir del 7 de enero próximo su trabajo de investigación sobre la presunta violación de derechos humanos", informó Yéssica Sánchez, coordinadora de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh) en Oaxaca, así como la legisladora Rosario Ibarra, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en el Senado.

Promete el gobernador traslado de presos

En un comunicado, el gobernador Ruiz Ortiz indicó que realizará gestiones ante la Federación para el traslado a Oaxaca de los presos que se encuentran en el penal de San José del Rincón, Nayarit.

De acuerdo con el boletín, el priísta recibió a un grupo de familiares de los detenidos, a quienes les pidió "paciencia y no politizar esta lamentable situación".

"Yo les ofrezco ­dijo Ruiz, según el comunicado­ una disculpa por todo lo que estamos pasando, y asumo mi responsabilidad en lo que me corresponde. Les pido paciencia, que comprendan que este conflicto en que nos encontrábamos envolvió a gente honesta, que no tiene responsabilidad; para éstos, voy a hacer todos los trámites que sean necesarios para que de inmediato sean puestos en libertad", indicó.

Ruiz Ortiz, quien este domingo se hallaba en la ciudad de México, según informó un integrante de su equipo cercano, prometió que a partir de este lunes se instalarán mesas de trabajo en la capital del estado para revisar los expedientes y liberar a quienes no tengan nada que ver con el problema. Advirtió, sin embargo, que no se van "a soltar a quienes tienen responsabilidad en los hechos vandálicos registrados. De ninguna manera se trata de torcer la ley, pero tampoco se trata de tener gente honesta e inocente detenida" admitió.

La Procuraduría General de Justicia del estado abrió una investigación contra la PFP por el homicidio del enfermero del Seguro Social Jorge Alberto López Bernal, muerto el 29 de octubre pasado por el impacto de un cilindro de gas lacrimógeno, durante un enfrentamiento entre las fuerzas federales y seguidores de la APPO.

Además, ha iniciado averiguaciones previas contra las mismas fuerzas federales por agresiones a ciudadanos e incluso a periodistas en los hechos del 25 de noviembre pasado, informó a la prensa la titular de la dependencia, Rosa Lizbeth Caña Cadeza.

"Nosotros no vemos ni colores ni filiación, ni el cargo o autoridad que tenga alguien. Hay señalamientos que nos han formulado organismos gubernamentales y no gubernamentales, y vamos a proceder conforme a derecho", aseguró.

En la detención masiva del 25 de noviembre y algunas otras posteriores (como la de Flavio Sosa Villavicencio, uno de los dirigentes de la APPO) hay al menos un centenar de transeúntes que no tienen participación en este movimiento popular que exige la renuncia del gobernador.

En el grupo de más de 200 presos (la Limeddh calcula que fueron 214) se encuentran simpatizantes de la APPO, quienes en pleno ejercicio de sus derechos constitucionales participaron en la marcha; tal es el caso de integrantes del magisterio oaxaqueño y estudiantes de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca.

Sin embargo, decenas de presos son simplemente amas de casa, trabajadores de los sectores público o privado que se se hallaban en las inmediaciones del centro histórico de esta capital al momento del operativo federal e incluso en zonas periféricas

Todos enfrentan delitos del fuero común y al menos 141 de ellos fueron trasladados al Cefereso número cuatro, ubicado en Nayarit, acusados de rebelión, sedición, delincuencia organizada, asociación delictuosa y daños por incendio.

Gilberto Hernández, integrante del equipo jurídico de la APPO, dejó en claro que "los detenidos deberían estar aquí, pero como en la época de Porfirio Díaz, los presos son enviados a cárceles lejanas a su lugar de origen para que no puedan ser visitados por sus familiares y se dificulte su defensa".

De manera simultánea, auxilian a los detenidos y sus familiares medio centenar de abogados ­pertenecientes a ocho despachos­, quienes, convocados por el pintor oaxaqueño Francisco Toledo, brindan su asesoría de manera gratuita.

Casiano Luis Mejía, uno de los litigantes, señaló que han enfrentado múltiples dificultades para llevar a cabo su labor, desde recabar copias del expediente donde se instruye proceso a 54 detenidos en la causa 88/2006, del juzgado mixto en primera instancia en Mihuatlán, así como de 93 más cuyo expediente es el 652/2006, del juzgado de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca. Todos ellos están presos en el penal federal El Rincón, en Nayarit.

La primera conclusión del abogado es que "no hay evidencias contundentes de la presunta responsabilidad de los detenidos, y los autos de formal prisión dictados carecen de un fondo jurídico sustentable".

La estrategia de defensa tiene como eje principal obtener tres amparos: por la detención ilegal, el traslado ilegal y la tortura. Hasta el momento, agregó, no han recibido notificación alguna sobre fianzas para la eventual liberación.

"Un buen número de los detenidos no participó siquiera en la marcha (de la APPO). Más de cien eran transeúntes, como el pintor Dionisio Martínez, cuya área de trabajo es la Plaza Santo Domingo", indicó.

"Mi mamá sólo es ama de casa"

Ante la dilación en los trámites, la desesperación invade a los familiares de los detenidos, lo mismo de luchadores sociales que de peatones, cuya desventura fue "estar en el lugar y en el momento equivocados".

Las historias de abusos en contra de ciudadanos comunes se repiten, como el caso de Guadalupe Orea, un ama de casa de 40 años. Ella salió a la parada del camión a esperar a su hijo, estudiante del tecnológico de esta capital, cuando un grupo de policías federales la "levantaron" junto con su hijo, Gonzalo Santiago.

"A mi mamá la acusan de delincuencia organizada y vandalismo, ¡pero nunca ha participado en una marcha! Esto es una pesadilla", expresó una de las hijas de Guadalupe Orea, quien no ha podido viajar a Nayarit para verla porque carece de recursos.

De otros, también encerrados desde el 25 de noviembre, se describen la tortura física y sicológica de la que fueron o son víctimas. Como se ha difundido, el calvario de los familiares no sólo es para llegar a Tepic, sino para ingresar al Cefereso.

"Tardamos semana y media para ver a mi hermano Reynaldo Contreras, un arquitecto que iba a una reunión con la proveedora (de material de construcción). Por fin, tras muchas revisiones con cámaras y rayos X, pude platicar 15 minutos con él, a través de un vidrio. Me encontré con que tiene huellas de golpizas y camina con dificultad", relata Rosa María.

También, muy lejos de participar en movimiento sociales, Vladimir Márquez, ayudante de arquitecto, fue detenido tras una reunión con sus amigos.

"Era el día de su cumpleaños, fue con unos amigos y se tomó unas cervezas y pensó que por eso lo agarraron, por andar en estado inconveniente."

Ahora Vladimir está en el penal de Nayarit y su madre, al borde del llano, relata la forma en que lo halló: "él presenta muchos golpes, las dos cejas rotas, heridas en la cabeza, una rodilla herida a punto de infectarse. En el rato breve que me dejaron verlo, alcanzó a platicarme que los golpearon, les pusieron la bota sobre la cabeza.

"Me dijo que cuando estaban en el helicóptero (en el traslado a un penal estatal), los federales los amenazaban: 'qué te parece si aquí te quedas'... Mamá, yo creí que me habían llevado por (haber tomado) las cervezas, me comentó".

Miguel Ángel Granados Chapa
Perdonavidas

nota original:

A pesar de que ocupa sólo el tercer lugar por el número de sus miembros en la Cámara de Diputados, la fracción priista ha adquirido tal poder que ha vuelto su dependiente al grupo panista, que es 100 diputados mayor y sin embargo es más débil
La bancada del PRI en la Cámara de Diputados perdonó la vida al presidente de la Mesa Directiva, Jorge Zermeño. Lo puso primero en jaque y le infundió el santo temor de Dios necesario para que el legislador coahuilense acudiera a explicarse (no a pedir disculpas, dijo) ante la fracción que ocupa el tercer lugar por la suma de sus miembros. Dejó satisfechos a los priistas, que retiraron el veredicto de ejecución que estaba formulando.

Es comprensible que así ocurra. El grupo priista en San Lázaro tiene derecho de vida y muerte sobre los panistas. No se lo arrogó unilateralmente, sino que lo recibió en bandeja de plata de la fracción albiazul. El PAN quería, a toda costa, que uno de los suyos encabezara el Congreso en este periodo, último y primero de los sexenios presididos por miembros de su partido. Quería estar seguro de que la respuesta al último Informe del Ejecutivo saliente, el 1o. de septiembre y la entrega de la banda al entrante, tres meses después, estuvieran a cargo de un miembro del PAN, como garantía de que las ceremonias se realizaran cumplidamente. En costosa paradoja, estuvo dispuesto a pagos onerosos por actos que a la postre fueron privados de la prestancia imaginada.

Según la norma, y la mecánica parlamentaria, al grupo panista en la Cámara, por ser el más numeroso, tocaba este año presidir la Junta de Coordinación Política. Así lo decía la ley orgánica del Congreso. En consecuencia, a la segunda fuerza correspondía -como ocurrió en las dos legislaturas anteriores- el otro cargo de dirección en San Lázaro, la presidencia de la Mesa Directiva. Pero el PAN quería esa posición. Y ante la imposibilidad de ejercer ambas, y su decisión de marginar de esos niveles a la fracción perredista, pactó con el PRI, carente de derecho para optar por uno de esos lugares, la entrega de uno de ellos, la coordinación de los coordinadores. Y hasta empujó la reforma legal que hiciera menos burda la maniobra. El nombramiento de Zermeño, por lo tanto, se debe al PAN y al PRI. ¿Por qué la bancada tricolor tendría que renunciar a la posibilidad de quitar la vida si la tiene para darla?

Las expresiones más delicadas de la crisis postelectoral que han tenido lugar en la Cámara han sido deliciosas para los legisladores priistas. Han sacado provecho de su infortunio político y no sólo actúan como bisagra sino que han hecho del grupo panista, mayor en número, un dependiente suyo, que actúa dentro de los márgenes señalados por el antiguo partido dominante. Los legisladores priistas, muy orondos, sientan plaza de sensatos, de prudentes. Y aun de patriotas, como quisieron presentarse el 1o. de diciembre, portando banderitas de papel como niños bien portados. Hasta que llegaron al recinto fue verdad que habría quórum y se cumpliría ese requisito del rito.

Manlio Fabio Beltrones, a sabiendas del valor de su producto, lo anunció al protagonista de aquel viernes que iba a ser muy divertido según había dicho, y se hizo agradecer la decisión: los priistas acudirían a recibir la protesta, pues son institucionales. Sin embargo, no dejaron (Beltrones y su igual en San Lázaro, Emilio Gamboa) de deslizar recomendaciones: que el acto se haga fuera del Palacio Legislativo o del salón de plenos; que no acuda el saliente, que ya nada tiene que hacer, en la simpleza ciudadana a que queda reducido a partir del último minuto del 30 de noviembre). Fueron desoídos y, por añadidura, se sintieron ofendidos por la destemplada actuación de Zermeño que no obstante su saber parlamentario y jurídico se ha dejado llevar por las pasiones y se ha encolerizado con más frecuencia de la tolerable.

Entonces el PRI sintió oportuno recordar al grupo panista y al mismo presidente de la mesa que, así como estuvo en sus manos la decisión de dar vida a Zermeño como director de los debates, sigue en ellas la posibilidad de mantenerlo o derribarlo. El martes 5 ofreció una muestra de lo que podría ocurrir. De buenas a primeras, llamándose ofendidos, sus diputados se marcharon de la sala y convidaron con su conducta a seguirlos a otras fracciones, como la del PRD, proclive a unirse a sugerencias de esa naturaleza. Se rompió el quórum y quedó en el aire la amenaza nada sutil de que podría irse más lejos. Para evitarlo, Zermeño se sinceró con los priistas y el jueves obtuvo su misericordia. Pudo gobernar la Cámara ese día sin problema. Los tendrá de nuevo cuando lo juzgue necesario o pertinente la bancada de que depende su tranquilidad.

No es extraño que el PRI y el PAN pacten acuerdos. La peculiaridad de la actual situación es que, desde su debilidad, el PRI establece las reglas del juego, es el factor dominante. Por azares, impericias y conveniencias, el PAN poderoso, primer lugar en número de senadores y de diputados, dos veces ganador de la Presidencia, es una fuerza en sí misma insuficiente que necesita de vejigas tricolores para nadar. Juntos lo pueden todo: decretar que no ha lugar a nombrar un gobernador sustituto en Oaxaca porque no han desaparecido los poderes, o convertir en procurador de la República al jefe de la policía que violó derechos humanos en Atenco y en aquel estado. Su actuación conjunta es posible porque ambos ejercen un pragmatismo sin fronteras y, en situaciones límite, tampoco acotado por escrúpulos. Pero en esa sociedad de mutua conveniencia el antiguo partido hegemónico lleva ventaja: si un día el mando priista amanece malhumorado, ¡tiemble el PAN, o muéstrese dispuesto a pagar la supervivencia!



Cajón de Sastre


Lo dicho por el diputado panista Raúl Padilla sobre los modos de calificar en la Universidad Nacional carece de importancia en sí mismo, pues revela únicamente desinformación y falta de sensatez para guardar silencio respecto de lo que no se sabe. Más grave que su desliz es la comprobación, por un lado, de los niveles de liderazgo en la sociedad. Padilla fue presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio y por ser uno de los prohombres del sector privado que apoyó la candidatura de Felipe Calderón no sólo se le hizo diputado sino que, en la negociación de las bancadas albiazul y tricolor para controlar los cargos decisorios en la Cámara, se le impulsó a la presidencia de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, responsabilidad para la que no está calificado. No obstante su cargo, no será la suya la voluntad decisoria respecto del gasto público, pero el atado de sus prejuicios y su ignorancia pueden constituir un estorbo y un lastre para el trabajo de análisis y modificación del proyecto enviado por el Ejecutivo.


Correo electrónico: miguelangel@granadoschapa.com



Roberto Zamarripa
Galo, ya se fue...

nota original:

Impune, llanamente impune, se fue Augusto Pinochet. La muerte le ganó a la justicia, dijo Mario Benedetti. Se fue, así ancianito, decrépito. Se murió para escapar, para huir, para fugarse.

Tuvo que morirse para darle la vuelta a la historia. Por su muerte, la de ayer, hubo otras 3 mil 200, muertes atroces, víctimas de la crueldad y de la política del exterminio.

Augusto Pinochet murió 33 años después del comienzo de sus atrocidades. No respondió por ninguno de los crímenes cometidos durante su dictadura. Una bofetada para los gobiernos que disfrutan con la dilación en las investigaciones de los crímenes de Estado.

Vaya ironía. El Día Internacional de los Derechos Humanos, Pinochet muere.

Las contabilizaciones arrojan más de 3 mil cadáveres y unos mil 200 desaparecidos bajo el mandato del dictador. Torturas a decenas de miles y la irrigación de chilenos por el mundo, el exilio obligado por la persecución y la barbarie.

Sí, ciertamente el exilio chileno fue un gran baño de sabiduría para Latinoamérica. En México, los chilenos sembraron mucho más de lo que se les ha reconocido en el ámbito de la educación, la cultura, la ciencia y la política.

El exilio chileno supuso una resistencia digna y noble. Una enseñanza terca de la manera en que había que afrontar los daños de una dictadura protegida y enaltecida por distintos gobiernos del mundo.

Los chilenos fueron mexicanos y supieron dosificar una enseñanza política y cultural que robusteció al país muy a pesar de su clase política y sus torceduras institucionales.

Sin la resistencia chilena no pueden explicarse las reformas mexicanas, como la de 1977 que abrió paso a una tímida participación pluripartidista; sin las enseñanzas de los demócratas chilenos no pueden entenderse muchos de los cambios en los códigos políticos y en las conductas partidistas mexicanas.

Los chilenos en México o los chilenos mexicanos enseñaron democracia, tolerancia, dignidad y solidaridad. Lo hicieron en las universidades, en las escuelas secundarias y primarias; lo hicieron en las instituciones públicas y lo demostraron en la camaradería cotidiana, en la vida de las familias.

La dictadura chilena creó, por su lado, su propia escuela. Si de globalización se habla, la dictadura de Pinochet globalizó la tortura y el terror. Se convirtió, ése sí, en eje de operaciones militares al servicio de causas de exterminio. La Operación Cóndor es uno de los peores casos de esa globalización de los actos de exterminio de la disidencia política.

Ahora que Pinochet ha muerto, habría que extraer las lecciones de una dictadura que quiso ahogar esperanzas democráticas. Ahora que Pinochet muere, aquellos países que rondaban en la Operación Cóndor, tienen gobiernos democráticos, electos en las urnas, y antagonistas de las expresiones criminales de Pinochet. Brasil, Bolivia, Uruguay y Argentina dan ahora la espalda a las negras experiencias del autoritarismo; las convulsiones sociales nada tienen que ver con las represiones y persecuciones de hace tres décadas. La democracia se vive de otro modo.

Tiempo para desdibujar las invenciones de que el modelo autoritario chileno sirvió para sentar bases de desarrollo. Lo que quiso sofocar el modelo pinochetista renació, a su modo, 30 años después en democracia para condenar la asfixia democrática y los saldos de miseria.

Escribió Galo Gómez, chileno y mexicano, en sus Días de coraje, cuando en 1994 regresó a Santiago:

"Han transcurrido poco más de cuatro años desde que Chile recuperó la democracia y en Pinochet se reconoce al arquitecto del 'modelo chileno'. Un modelo tan maravilloso que dejó al 45 por ciento de la población en condiciones de miseria, que desapareció a más de tres mil chilenos, que provocó un exilio de un millón de compatriotas, que hizo de la salud y la educación privilegios inalcanzables para la mayoría, que quemó libros y persiguió a intelectuales y artistas, en fin, que gobernó durante diecisiete años con el terror como principal argumento de poder y además diseñó una 'transición democrática' con jefes militares intocables, procesos electorales fraudulentos y leyes que limitan a cada momento la libertad ciudadana y la soberanía democrática...".

Ahora que muere Pinochet deberá entenderse que son sólo fantasías aquellas de que la mano dura sirve mejor que la democracia para echar adelante a los países.

Por el contrario, más vale que las sociedades aclaren sus cuentas con la crueldad y el exterminio. Que no dejen campeando a la impunidad. Los daños y las heridas deben repararse de inmediato. Hacer democracia tiene que ver con hacer justicia.

Se fue Pinochet, así ancianito, decrépito. Figura sombría y siniestra. Ya se fue, Galo, ya se fue. Ahora sí puedes descansar; ya se fue el tirano y el mundo, puede decirse, es un poco más limpio.


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