USAR LA FUERZA PÚBLICA ES DARLE LA RAZÓN A ULISES.

Entre la fuerza y la política.

Alberto Aziz Nassif.
03 de octubre de 2006.

Los tiempos marcan la urgencia, lo que durante semanas y meses se dejó correr sin ninguna responsabilidad por parte del gobierno federal, ahora urge concluirlo. El conflicto de Oaxaca se ha empezado a podrir y el final del sexenio marca un ajuste necesario para resolver los pendientes. La tensión se concentra en la salida final que tomará el conflicto: ¿caerá el gobernador Ulises Ruiz, que parece ya una moneda de negociación? ¿Habrá desalojo de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) mediante la fuerza pública, como anuncia la llegada de fuerzas federales al estado? ¿Es todavía factible una salida negociada y una reforma institucional?

Pero la historia no empezó en mayo pasado, tiene antecedentes robustos en los estilos autoritarios del anterior gobernador, José Murat, que dejó una polarización social con su gobierno. Un gobernador que se hizo famoso por un autoatentado que nunca pasó por la acción de la justicia a pesar de que murió una persona. Un gobernador que hizo unas elecciones como en el más viejo estilo caciquil del PRI. Así apareció Ulises Ruiz en el mapa de Oaxaca; era un operador de Roberto Madrazo, o como se conoce en la jerga popular, un alquimista electoral, una pieza para la sucesión del 2006. Ni una alianza de toda la oposición pudo impedir que ese personaje llegara al gobierno en 2004.

A pesar de que se demostró que hubo fraude, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) se negó a anular los comicios y se desecharon los 330 recursos de prueba. Fue un caso muy similar al dictamen que hizo sobre la reciente elección presidencial.

El 17 de noviembre de 2004 el TEPJF estableció: "En la resolución, se razona que las violaciones alegadas con relación a la realización de actos anticipados de campaña, utilización de propaganda ilegal, destrucción de propaganda de la coalición actora, hostigamiento en su prejuicio por parte de diversos medios de comunicación, difusión indebida de obra pública y presunta intervención de autoridades estatales y municipales, a favor del candidato electo, no quedan demostradas como el caudal probatorio antes descrito, considerándose que ni aun aquellos hechos aislados que se acreditan, vinculados entre sí, aportan elementos suficientes para tener por actualizadas las irregularidades aducidas en una magnitud tal que llevara a estimar que la voluntad popular se vio afectada y acarreara la nulidad del proceso electoral" (TEPJF, 77/2004). Es decir, pase lo que pase, no hay anulación, porque la "magnitud" del fraude es una valoración subjetiva de los magistrados.

Con ese déficit de legitimidad llegó Ulises y, como la marca de la casa, inició un gobierno con acciones de represión contra líderes sociales y ataque a los medios independientes, como el diario Noticias, en la misma tradición de Murat. En mayo pasado estalla, como en años anteriores, el movimiento magisterial y se suspenden las clases. Hasta ese momento sólo había el malestar por la falta de clases para un millón 300 mil niños. Sin embargo, la acción represiva del gobernador a mediados de junio, en un torpe intento para desalojar a los paristas, cambió la dimensión del movimiento y de una serie de reivindicaciones gremiales, se pasa a un movimiento político que pone como primera condición la renuncia del gobernador. Se multiplican las organizaciones y se forma la APPO, que no sólo tiene vida en la capital, sino en todo el estado.

Los movimientos sociales no surgen de forma planeada, de pronto hay causas desencadenantes, y lo que fue una rutinaria reivindicación gremial, se ha convertido en un conflicto político grave. Al pasar de los días y semanas el gobierno desaparece y sólo hay fugaces muestras de la torpeza política de Ulises que usa a su policía estatal como una fuerza de choque. El "gobierno" de Ulises anda a salto de mata y sólo atina a pedir obsesivamente la intervención de la fuerza pública federal. Ante el empantanamiento del conflicto el gobierno federal abre una mesa de negociación en gobernación, pero la salida se atora porque a pesar del acuerdo de solución de las demandas sociales, la postura del gobierno federal es que el presidente no tira gobernadores. Por su parte, el Senado tampoco atiende el caso, los que acaban de salir (con mayoría del PRI) dicen que no procede la desaparición de poderes, y los que acaban de llegar (con el PAN como primera minoría) tampoco resuelven nada.

Después de más de 130 días el conflicto se traslada al Distrito Federal, primero llegan grupos de autoridades locales y viene en camino la marcha de la APPO. Oaxaca sigue paralizada y sin gobierno. La nueva convocatoria de gobernación es un foro para el día de mañana, con el fin de acordar una amplia reforma institucional, en donde se plantea desde la autonomía de los organismos electorales y de derechos humanos, hasta las figuras de la democracia directa, como plebiscito y referéndum. Pero con la zanahoria llegan también las fuerzas federales, como una amenaza de violencia. Usar la fuerza pública es darle la razón a Ulises. Un gobierno que ha desaparecido por completo y que si se reinstala por el uso de la fuerza, no tendrá ninguna capacidad para gobernar. La salida de Ulises es darle la razón a la APPO y empezar a despejar una solución política.

La solución que se adopte marcará al gobierno de Fox, que tendrá que asumir una decisión. En este sexenio, cuando ha intervenido la fuerza pública, como en la siderúrgica de Lázaro Cárdenas o en Atenco, el resultado ha sido terrible. Si Abascal calcula que puede hacer un operativo de desalojo de Oaxaca con saldo blanco, sería como sacarse la lotería, una posibilidad en un millón.

El rezago histórico de Oaxaca, los más de 130 días de conflicto, la incapacidad de la clase política y los intereses de complicidad entre el PRI y del PAN, presentan un rompecabezas de complicada solución. Si se logra una solución política y sale Ulises Ruiz, ya sea mediante una licencia o renuncia, entonces puede darse una reforma institucional, eso sería un triunfo de la política. Por el contrario, si viene el uso de la fuerza pública, sólo se llegará a un agravamiento del conflicto. Veremos.

Investigador del CIESAS