ALIANZA ESPURIA PRI-PAN PARA ANIQUILAR OAXACA.

Luis Hernández Navarro

Oaxaca: octubre en las barricadas.

El helicóptero militar sobrevuela la ciudad de Oaxaca. Busca intimidar a la multitud que lo observa desde las barricadas. Alguien toma un cohetón y prende fuego a la mecha. El artefacto pirotécnico estalla en el aire. La aeronave sigue su trayecto impasible. Desde las calles, blandiendo palos y tubos, se grita a los pilotos: "¡Bienvenidos, cabrones!" y "¡Bajen, aquí los esperamos!"

La imagen anuncia un futuro posible. En las cercanías del 2 de octubre, aniversario de la matanza de Tlaltelolco, el gobierno federal se apresta al rescate de un gobernador defenestrado por el pueblo que dice representar. Sin las armas de la política, el Ejecutivo federal se dispone a hacer uso de la política de las armas. Sin más argumentos que la invocación abstracta a un vago principio de autoridad, se prepara para tratar de imponer con la fuerza lo que no ha podido ganar con la palabra.

Después de meses de ser una mala copia del mito de La Llorona, el domingo 24 de septiembre Ulises Ruiz se apareció en la ciudad de Oaxaca furtivamente, sólo para poner pies en polvorosa escasos minutos más tarde. Los ciudadanos de la entidad no nada más lo desobedecen, sino que, prácticamente, lo han desterrado de la entidad.

Antes, en un indicador de su debilidad política real, el gobernador itinerante tuvo la ocurrencia de dar manotazos en la mesa y amenazar al magisterio en huelga con severas represalias si no regresaba a clases el 25 de septiembre. Sus baladronas resultaron un fiasco completo. Apenas unas cuantas escuelas en la entidad fueron abiertas durante pocas horas, mientras la inmensa mayoría de los mentores se mantuvieron fieles a la suspensión de labores.

Lo mismo sucedió con el paro de 48 horas convocado por la cúpula de la iniciativa privada de Oaxaca. Promovido para avalar la intervención violenta del gobierno federal en la entidad, terminó convertido en una demostración de debilidad. Según la Canaco, uno de los organismos empresariales que organizaron la fallida protesta, de los 85 mil comercios establecidos únicamente 10 mil acataron la medida.

Donde Ulises Ruiz mantiene su fuerza intacta es en los medios de comunicación. Allí quiere crear la ilusión de que aún gobierna al estado. Su liquidez financiera parece no haber sufrido merma alguna. Apenas el pasado miércoles en la noche, un grupo de reporteros de Reforma que solicitaba una entrevista con él en su casa de la ciudad de México obtuvo en respuesta a su petición un fajo de billetes de 500 pesos para que se retiraran. "Es de corazón", respondió el jefe de seguridad cuando los periodistas se negaron a aceptarlo.

Tampoco parece pasar apuros para mantener el control sobre los legisladores locales de todos los partidos políticos. Apenas el viernes pasado, la Cámara de Diputados aprobó, en sesión clandestina, una reforma en la que sus integrantes y 152 ayuntamientos prolongan su mandato un año. Mientras la población exige la desaparición de poderes, los "representantes populares" cancelan las elecciones intermedias de 2007 y la de gobernador de 2010, posponiendo el nombramiento de legisladores, presidentes municipales y gobernador hasta 2012. El dictamen fue firmado por los 42 integrantes de la legislatura, entre los que se encuentran ocho del PRD, uno del PT y otro más de Convergencia. ¿Un error táctico más?

La Secretaría de Gobernación ha convocado para mañana miércoles a la firma del Pacto por la Gobernabilidad, la Paz y del Desarrollo del estado de Oaxaca. Al encuentro han sido invitados unilateralmente por la dependencia empresarios, banqueros, jerarcas religiosos, legisladores, medios de comunicación, dirigentes de partidos políticos e integrantes del magisterio y de la APPO. La mayoría de ellos son cercanos al ex gobernador Diódoro Carrasco, hoy diputado del PAN. En la lista de convidados hay diez empresarios, pero sólo cuatro representantes del magisterio y la APPO.

El Club de Amigos de Diódoro Carrasco propondrá avanzar en una reforma constitucional que apruebe formas de consulta como plebiscito, referendo y revocación del mandato. Se hará a los profesores del estado una propuesta económica de 175 millones de pesos en prestaciones económicas y laborales, y una oferta de rezonificación salarial en un plazo de seis años. Dejará, sin embargo, cuestiones centrales del estado, como la problemática indígena y rural.

La iniciativa gubernamental tiene como complemento la amenaza del uso de la fuerza pública en contra de los ciudadanos desobedientes en caso de no plegarse a ella. Los sobrevuelos de aeronaves militares y el despliegue de tropas son la forma de mostrar los dientes para advertir qué sucederá si la "oferta" se rechaza.

La versión abascaliana del garrote y la zanahoria propone un objetivo imposible: restablecer un pacto social que se ha hecho añicos, desde arriba y por la fuerza, sin resolver la salida de Ulises Ruiz, y otorgando al grupo de Diódoro Carrasco una presencia que no tiene en la sociedad oaxaqueña. Su propósito no explícito es, sin embargo, bastante más pedestre: tratar de cubrir las espaldas del gobierno de Vicente Fox ante una eventual represión. En los hechos, la medida oculta la alianza espuria del gobierno federal con el Partido Revolucionario Institucional.

El gobierno federal puede sentar en una mesa a la elite oaxaqueña, pero no forjar un nuevo pacto social. Puede inflar al juniorcique Carrasco, pero no recomponer las viejas formas de dominación. Aunque puedan usar las policías y la armada para recuperar las plazas y las carreteras de la entidad, ni las bayonetas ni los toletes ni los gases lacrimógenos podrán conquistar las mentes y los corazones del pueblo oaxaqueño. Ese mismo que exige la dimisión de Ulises Ruiz, que fue víctima de la represión de Diódoro Carrasco, y que lanza cohetes y dispara resorteras contra los helicópteros militares mientras se apresta a pasar octubre en las barricadas.