MEXICO S.A.

México, S.A.



Escrito por Carlos Fernández-Vega.

Téllez y el síndrome Fox.
¿Nuevos? beneficiarios de las reconcesiones carreteras .
Servir a la nación.

Tiroteado por propios y extraños en el asunto del "rescate" carretero y el (tercer) "nuevo esquema" de concesiones (léase reconcesiones), el secretario de Comunicaciones y Transportes entró en crisis de credibilidad, a grado tal que él mismo decidió llevarse la contraria.

Es el síndrome de Fox, pero vamos por partes. Luis Téllez compareció ayer ante los integrantes de la Comisión de Comunicaciones y Transportes de la Cámara de Senadores, y a ellos dijo que es "falso" que las carreteras se regresarán a los concesionarios originales (cortesía de Carlos Salinas de Gortari), porque sus empresas fueron "rescatadas" por el gobierno federal (cortesía de Ernesto Zedillo y Vicente Fox), y que en el hipotético caso de que dichos "ex concesionarios" intenten participar en la nueva temporada de licitaciones (cortesía de Felipe Calderón) tendrán que demostrar que en su momento no infringieron las normas (léase la ley), y "muchos de ellos no cumplen con ese requisito".

Pues bien, el Luis Téllez de ayer no se identificó con el secretario de Comunicaciones y Transportes que 10 días atrás dijo textualmente lo siguiente (las cursivas son nuestras):

Pregunta: (La Jornada, Miriam Posada): ¿está cerrada absolutamente la posibilidad de que participen en estos nuevos esquemas las empresas que llevaron al rescate (carretero) hace algún tiempo, y si participaran (...) cuáles serían las acotaciones...?
Respuesta: (Luis Téllez) "una cosa muy importante es que el esquema pone requisitos muy importantes que se tienen que cumplir, en términos primero de capacidad técnica y segundo de capacidad financiera. Si alguno de los grupos que usted menciona cumple con estos requisitos, no podemos impedir que participen dado lo que establece el artículo 134 constitucional, pero los grupos van a tener que estar bien capitalizados y van a tener que mostrar los requisitos estrictos que van a tener que cumplir y que se van a presentar".

Allí está la "falsedad" presumida por Téllez ante los integrantes de la Comisión de Comunicaciones y Transportes de la Cámara de Senadores, pero asumida como verdad en la conferencia de prensa del pasado 4 de marzo.

Por cierto, el artículo 134 constitucional, entre otros asuntos, señala: las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra que realicen, se adjudicarán o llevarán a cabo a través de licitaciones públicas mediante convocatoria pública para que libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.

Más allá del autodesmentido de Téllez, es interesante constatar cómo la "continuidad" (al igual que los cuatro sexenios previos) limpia el camino para la libre presencia del capital extranjero, las carreteras en este caso.

Dijo el titular de la SCT que "muchos" de los concesionarios originales "no cumplen con ese requisito", es decir, el de la legalidad.

Contadas son las empresas constructoras mexicanas con capacidad financiera suficiente para participar en las licitaciones carreteras y la mayoría de ellas "no cumplen" con el requisito descrito por Téllez, lo que hace suponer que los consorcios que sí "cumplen" y pueden, amén de ser financieramente sólidos, son aquellos de capital privado extranjero, propiedad de Carlos Slim o ambos, asociados.

¿Quiénes quedarían fuera, según el Luis Téllez de ayer en el Senado?:
Grupo Mexicano de Desarrollo, Tribasa (hoy Pinfra), ICA, Gutsa y Protexa, además de los gobiernos de Querétaro, Coahuila, Sonora, Tamaulipas, Durango y Tabasco, cuando menos.

Sin embargo, si se atiende lo dicho por el mismo funcionario el 4 de marzo, entonces todos los anteriores serían potenciales participantes en el (tercer) "nuevo esquema", porque según esto ninguno violó la ley.

De lo contrario, el gobierno federal los hubiera demandado penalmente, y no existe registro de algo similar en la última década.

De cualquier suerte, el panorama se complica en eso de quiénes sí y quiénes no, porque algunos concesionarios originales (cortesía de Carlos Salinas de Gortari) recibieron tantas autorizaciones del gobierno federal que una porción de ellas fue "rescatada" y otra no.

Tal es el caso del consorcio Tribasa (Pinfra), al que se le "rescató" las concesiones tronadas, pero al mismo tiempo se le permitió "bursatilizar" las más lucrativas: la autopista Constituyentes-Reforma-La Marquesa (con el peaje más caro del mundo); Ameria-Manzanillo y Libramiento de Manzanillo y Ecatepec-Pirámides (otras recurrieron a este esquema: la Peñón Texcoco, cuya concesión corresponde al gobierno del estado de México, y la México-Cuernavaca, La Pera-Cuautla, Puente de Ixtla-Iguala y Zacapalco-Rancho Viejo, a cargo de Nacional Financiera).

En fin. No es para sorprenderse, porque es el mismo Téllez de la "reforma" agraria salinista, de la "reforma" energética zedillista y de la "reforma" carretera calderonista, y en ninguna de las tres ha servido a la nación.

Las rebanadas del pastel.
Qué raro: Las principales avenidas de Yucatán fueron bloqueadas; se impidió el libre tránsito que la Constitución garantiza; se decretó el estado de excepción y se militarizó el estado, y a pesar de ello los ácidos cánticos de los jilgueros oficiales no tronaron en contra de los responsables.

No fuera Reforma, porque...

Bien por el inquilino de Los Pinos: aparte de ser Ministerio Público, defiende a violadores vestidos de verde, se especializa en autopsias fast track y destaca como gastroenterólogo, aunque la Comisión Nacional de Derechos Humanos no se ha pronunciado sobre el caso de la señora Ernestina Ascensión (presuntamente violada por militares), aunque sí confirmado que "el estudio de necropsia (de la señora) continúa".