EL ÉMULO.

John Saxe-Fernández

Estado de excepción: abismo fratricida

El "desborde" hacia México del "estado de excepción", instaurado en Estados Unidos por la ultraderecha que ocupa la Casa Blanca, se acentuó con Vicente Fox y se profundiza con Felipe Calderón en lo que, junto a la "mano dura" militar, es otra expresión de la ilegitimidad del régimen de usurpación electoral que encabeza, producto de la acentuada "politización" del Poder Judicial, manifiesta en los comicios de julio pasado. También por su sumisión al interés del gobierno de Bush porque México adopte los procesos policial-judiciales, de espionaje y de administración penal vigentes en EU después del 11-9, que aumentaron en exceso los poderes del Ejecutivo. Esto es parte de arreglos de Fox con Bush -en la Alianza para la Prosperidad y la Seguridad de la América del Norte- para, entre otros propósitos, ampliar "el perímetro de seguridad" de EU y el modus operandi de su estado de excepción y sus campos de detención y penales de alta seguridad.

Calderón se adhiere a tal designio con la gestión urgente para legalizar las "herramientas judiciales" que usa la presidencia imperial de Bush bajo la cubierta de la guerra antiterrorista o contra el narcotráfico y el crimen organizado, que conllevan para México el intervencionismo de EU por la vía judicial, la incertidumbre sobre garantías individuales, derechos políticos y la suspensión de principios básicos como el habeas corpus, ya vulnerado en EU.

Aunque Calderón busca separar la visita de Bush del paquete de medidas de excepción, publicadas horas antes de la cumbre de Mérida, para que no se infiera que recibe línea del norte, es obvio el auspicio estadunidense. No es casual que lo mismo ocurra en Canadá. Se trata del "espejo" de leyes, decretos y prácticas de la Casa Blanca, plagadas de arbitrariedad y de cesación del estado de derecho, para realizar cateos, detenciones, espionaje telefónico y arraigos sin freno.

En México, a la precaria vigencia de los derechos humanos, civiles y políticos se agrega, como advirtió el Grupo Sur, una palpable criminalización de la oposición y de la resistencia civil pacífica a un régimen que ataca la economía popular y se empeña en entregar el petróleo, la electricidad y el resto del patrimonio y recursos del país. Al combinar el estado de excepción con la "mano dura" se induce el desequilibrio "cívico-militar" y se nos enfila hacia un abismo fratricida.

Para Bush y sus dos subordinados ultraconservadores en México y Canadá, la vigencia del estado de derecho es una traba en la guerra antiterrorista, contra el narcotráfico y el crimen organizado. Dejan abierta la puerta a los abusos de un Poder Judicial "politizado" y bajo su tutela. El blueprint es inducido acá por medio de "préstamos" del Banco Mundial, que desde 2004 y por ruego de Fox, financia clientelas para la "modernización" judicial.

Datos logrados por Luis Guillermo Hernández muestran que al igual que Bush, Calderón no espera la venia legislativa. Su gobierno otorgó a Verint Technology Inc, de EU, un contrato (S-INLEC-07-M-0002) por 2 millones 963 mil 438 dólares. Su "misión": la intervención de todas las comunicaciones; el objetivo central, "disuadir, prevenir y mitigar los actos criminales en México, que incluyen el narcotráfico y el terrorismo". Siguiendo la pauta autocrática del norte, Los Pinos usa el erario para, como dice Hernández, "escuchar todas las conversaciones, leer todos los correos electrónicos, navegar todas las páginas web e intervenir llamadas a celular, en cualquier parte de México". También se nos informa que la Oficina Federal de Investigación (FBI) indica a la Procuraduría General de la República qué es y qué no es riesgoso o amenazante "para la seguridad de los dos países".

Se emula a la Fiscalía General de EU que detenta Alberto González, mientras Calderón acepta que Washington guíe sus pasos y definiciones sobre asuntos capitales para la soberanía. Las muchas irregularidades, ilegalidades e inconstitucionalidades de Bush, justificadas por González (no menos que las más groseras apologías para la violación del derecho penal internacional), llevó la semana pasada al New York Times (NYT, 11/3/07) a declarar que en realidad González nunca ha dejado de ser el consigliere de la presidencia imperial de Bush. Esto por los conspicuos abusos de la FBI detectados por el inspector general del Departamento de Justicia, sobre el espionaje electrónico y telefónico "autorizado" por la USA Patriot Act, y al uso político que hace el fiscal de esos instrumentos del estado de excepción. Su insolvencia para conducirse como corresponde y defender la Constitución indica lo imperioso de su renuncia.

El NYT, vocero de una importante fracción del alto capital, plantea que la usurpación de funciones de los otros poderes que hace Bush y su desdén por la Constitución se cobija bajo la noción, absurda, respaldada por el fiscal, de que "como comandante-en-jefe en tiempos de guerra, puede ignorar las leyes que considere le obstaculizan en sus tareas" (ibid).

Ahora Calderón, el "lince" electoral, emula al usurpador del norte.