QUEREMOS SABER QUE PASÓ.

Ifigenia Martinez, escribe en el Universal:


Certeza electoral.

Después de toda la expectación, esfuerzo y costo de la campaña para elegir un nuevo Presidente de la República y renovar al Congreso de la Unión, así como la respuesta ciudadana al acudir a las urnas en forma ejemplar, el 2 de julio prevaleció la civilidad y el orden. Es por tanto lamentable que los resultados dados a conocer por el IFE en torno a la elección presidencial hayan resultado tan cuestionables.

Lamentablemente existe un sinnúmero de evidencias que coloca bajo sospecha al instituto y específicamente al resultado de la elección presidencial. Cabe mencionar en primer lugar el debilitamiento y la supeditación política que ha mostrado el Consejo General del IFE y su presidente en la actual coyuntura. Recordemos que la designación de dicho Consejo fue el resultado de un acuerdo entre la Presidencia de la República y el PRI cuando la coordinadora parlamentaria de ese partido era la profesora Elba Esther Gordillo, quien ha demostrado que comparte la ideología y política del partido presidencial.

La conducta del Consejo del IFE ha sido omisa y minimalista. No sancionó los dispendios publicitarios en que incurrieron el gobierno y su partido, ni tampoco atajó a tiempo la campaña mediática de atemorizar a los ciudadanos a pesar de que está demostrado que una estrategia del miedo, realizada a través de los efectos visuales de la televisión, sí influye en la población, bien sea mediante la abstención o el cambio de su preferencia electoral.

Las irregularidades del proceso comienzan, como argumenté en mi anterior artículo (26/06/2006), cuando el listado nominal del IFE contiene un exceso de credenciales para votar. El IFE repartió 71 millones de credenciales para una población que, mayor de 18 años, sólo llega a 69 millones, y si el propio IFE estima que solo el 90% de la población se credencializó, ello en conjunto arroja un sobrante de más de 8 millones de credenciales.

Como la votación sólo fue de 40 millones, en números redondos quedan disponibles 30 millones de nombres, con domicilios y señas particulares cuyo uso debe quedar perfectamente claro.

Es imprescindible demostrar satisfactoriamente que los más de un millón de muertos que contiene la lista del IFE no votaron cibernéticamente, ni lo hicieron los millones de migrantes con credencial que se encuentran trabajando en el exterior, ni tampoco las credenciales duplicadas y no depuradas que también existen.

Si los informes recabados por los ciudadanos de más de las 130 mil casillas contienen los resultados verídicos de la votación, su manejo cibernético, según dicen los expertos, sí es susceptible de alterarse y hasta con programas como los que usan los piratas informáticos (hackers). Sobre todo si se tiene en cuenta que en el mundo de la naturaleza y de los humanos los hechos se presentan de manera oscilante. En cambio el comportamiento del Programa de Resultados Electorales Preliminares y el del Conteo Distrital fueron matemáticamente regulares y metódicos, y despiertan sospechas de una posible manipulación cibernética.

Otra razón para dudar de los resultados del IFE es el desempeño del gobierno panista y su fracaso, lo cual hace muy difícil creer que la ciudadanía refrendó su confianza en ese partido y votó en contra de sus propios intereses, sobre todo cuando la opción de gobierno demostrada en el DF fue capaz de mejorar la situación de los ciudadanos de la tercera edad y de muchos de los niños.

Ya no cabe una posible y monstruosa manipulación de los votos. La Constitución prevé que "para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales, se establecerá un sistema de medios de impugnación en los términos que señalen esta Constitución y la Ley".

Consideramos que por el bien de todos es imprescindible aclarar todas las dudas razonables.

Es ineludible volver a contar voto por voto contra un listado depurado de muertos, ausentes y duplicados y mediante un sistema informático auditado. Las consideraciones anteriores sirven para subrayar que en aras del interés superior de la nación se debe dar cabal satisfacción a la anterior demanda de millones de ciudadanos mediante mandato del Tribunal Federal Electoral que cuenta con las atribuciones necesarias para hacerlo.

Ello no implica una calificación de nulidad de la elección, sino la reafirmación de los principios rectores de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad establecidos en el artículo 41 constitucional.

Sea cual fuere el resultado de satisfacer esa demanda, la República saldrá fortalecida porque prevalecerá un verdadero estado de derecho y no el predominio de grupos de interés en el poder que buscando mantener sus privilegios se oponen al cambio democrático.