HACIA EL TRIFE.

Hacia la anulación.

domingo, 09 de julio de 2006
Reportaje

Ante la negativa de Andrés Manuel López Obrador a reconocer el triunfo de Felipe Calderón, corresponderá al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emitir un fallo definitivo sobre la elección del 2 de julio y determinar quién ocupara la Presidencia de la República a partir del 1 de diciembre de 2006. La defensa de la coalición Por el Bien de Todos ante el TEPJF se sustentará en la impugnación de miles de casillas en las que se presume que los votos a favor de Calderón fueron inflados. Además, exigirá la apertura de urnas y el conteo voto por voto, con el riesgo de que se declare la nulidad del proceso.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) establecerá si el desempeño del Instituto Federal Electoral (IFE), la intervención de la Presidencia de la República en el proceso electoral, la campaña en los medios orquestada por la cúpula empresarial, además de las casillas impugnadas y los votos nulos, influyeron en la estrechez de los resultados de las elecciones presidenciales que con el 0.58% del total de la votación le dieron la ventaja al candidato del Partido Acción Nacional (PAN), Felipe Calderón, sobre Andrés Manuel López Obrador, de la Alianza por el Bien de Todos.

No sólo los votos presuntamente manipulados a favor de Calderón en miles de casillas, sino las causales de ese estrecho resultado oficial son las consideraciones que el excandidato de la coalición busca que sean tomadas en cuenta por los magistrados del TEPJF cuando en septiembre califiquen la elección presidencial del pasado 2 de julio.De acuerdo con el litigio poselectoral emprendido por López Obrador, detrás del resultado de la elección presidencial hay razones que predeterminaron las cifras, por lo que al momento de calificar esos comicios los magistrados deben ir más allá de la interpretación literal de las leyes electorales, como ocurrió en los casos de Tabasco y Colima.En esos estados, el TEPJF ordenó la anulación de elecciones para gobernador por causales similares a las que determinaron los márgenes tan estrechos de los resultados en la elección para la Presidencia de la República.

La estrategia.
Según el equipo que lleva la defensa legal de la coalición, su propósito no consiste en que se anulen las elecciones. Pero si por las irregularidades denunciadas y las causales esto ocurriera, se abre el espacio no sólo para desconocer la ventaja de Calderón, sino incluso para que el presidente del Instituto Federal Electoral (IFE), Luis Carlos Ugalde, sea sometido a juicio político, en caso de que se estableciera su injerencia en los resultados de la elección.

Pero en el otro extremo, es posible que el Tribunal ratifique la ventaja de Calderón, lo declare ganador y le entregue su constancia como presidente electo de México, para que asuma el poder el 1 de diciembre del presente año.Como ocurrió en el proceso de desafuero, López Obrador está al frente de la estrategia legal postelectoral.

Pero ahora cuenta con la asesoría del senador electo del Partido de la Revolución Democrática (PRD) por Tabasco, Arturo Núñez Jiménez, quien fue presidente del IFE entre 1993 y 1994, en el último tramo del gobierno de Carlos Salinas de Gortari, cuando las elecciones aún eran organizadas por la Secretaría de Gobernación y no de manera autónoma.

También forman parte del equipo técnico que entablará el litigio el diputado Horacio Duarte, representante del PRD ante el IFE; Ricardo Monreal, representante de las redes ciudadanas de López Obrador y exgobernador de Zacatecas, y los juristas Alberto Pérez Mendoza, Alvaro Arceo Corchera y Manuel Delgado, entre otros.En la consejería política están Manuel Camacho Solís y Claudia Scheinbaum, dos de los principales asesores del excandidato, así como el senador Jesús Ortega, excoordinador de la campaña presidencial, y Gerardo Fernández Noroña, vocero del PRD.

El abogado Javier Quijano, quien se hizo cargo de la defensa jurídica en el proceso desafuero, se mantiene como coordinador jurídico del consejo de asesores integrado por López Obrador en su campaña, pero no participará en el litigio electoral, según declaró el litigante a Proceso.

A partir del domingo 9, los siete magistrados que integran la Sala Superior del TEPJF conocerán los argumentos esgrimidos por la coalición en defensa de lo que considera su triunfo, y durante los próximos dos meses revisarán las casillas impugnadas.Seis de estos magistrados dejarán de serlo el próximo 31 de octubre y esto ha dado motivo para muchas especulaciones acerca de su futuro laboral. Quienes dudan de su imparcialidad señalan que en caso de favorecer a Felipe Calderón, cualquiera de ellos podría ser considerado para ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues el próximo año se abrirá un espacio en ésta.

De acuerdo con un escenario pesimista, el equipo de López Obrador considera que para echar por tierra su estrategia a los magistrados les bastará con realizar una interpretación literal de la ley electoral.La defensa de López Obrador ante el TEPJF se realizará a partir de la impugnación de miles de casillas electorales en las que la coalición presume que se inflaron los votos a favor de Calderón. Además, solicitará una revisión de los 900 mil votos que fueron anulados.Horas después de las elecciones, Sheinbaum denunció irregularidades en 50 mil de las 130 mil casillas, por lo que anunció que buscarían la apertura de los paquetes electorales para que se cuente voto por voto en las urnas impugnadas. El miércoles 5, la coalición aseguró que tenía detectadas inconsistencias en más de 40 mil actas, lo que equivale al 30% de las actas escrutadas. Por ello, insistió en que se cuente de nuevo cada sufragio. Sin embargo, para hacer válidas sus denuncias no sólo deben contar con pruebas de las presuntas irregularidades, sino deberán demostrar que hicieron las impugnaciones desde el día de la elección o que las hayan mantenido durante el conteo de las actas, ocurrido entre el miércoles 5 y el jueves 6, cuando Ugalde declaró el triunfo de Calderón.

Recursos de queja.
Con un número impreciso de casillas a impugnar hasta el cierre de esta edición, la coalición debió interponer sus recursos entre la medianoche del domingo 9 y la del lunes 10, cuando se vencía el plazo de cuatro días establecido en la Ley del Sistema de Medios de Impugnación Electoral.Desde el momento de recibir la primera impugnación, el TEPJF deberá resolver esos recursos a más tardar el 31 de agosto.

Posteriormente, tiene como fecha límite hasta el 6 de septiembre para hacer el cómputo nacional depurando lo que haya eliminado en la etapa de las impugnaciones. Hasta entonces, si no anula las elecciones presidenciales, podrá hacer la declaratoria de validez y la proclamación de presidente electo.En entrevista con Proceso, Arturo Núñez señala que, al margen del número de impugnaciones, en nuestra legislación en materia de impugnación y nulidad de elecciones existe un criterio medular que se tomó de la legislación francesa.Explica: "Cuando se habla de anular una casilla hay causales para suponer que aquello que ocurrió debió haber sido determinante para el resultado de la elección. Aquí el margen, según dicen los conteos nacionales de los 300 cómputos distritales, es de apenas 0.58%.".Cuando la diferencia es tan estrecha todo tiene relevancia para el resultado, afirma el ahora electo senador tabasqueño, quien durante la campaña de su paisano López Obrador renunció al PRI y de esta manera saldó viejas deudas políticas con el excandidato presidencial de ese partido, Roberto Madrazo Pintado.

Según Núñez Jiménez, con esa mínima diferencia todo se vuelve relevante, tanto lo que ocurrió en la casilla como lo sucedido durante todo el proceso. Entre ello destaca la intervención del presidente Vicente Fox a favor de Calderón, el proselitismo de los empresarios contra López Obrador o la negativa del IFE a retirar los spots de la guerra sucia del candidato del PAN contra su principal oponente.

Indica que como consecuencia de la impugnación de casillas se cuestiona el cómputo de distritos. De ser aceptado este recurso por el Tribunal, se vería obligado a realizar el recuento de los votos."No se está planteando la anulación de la elección presidencial, por lo menos de forma expresa, pero podría ser la consecuencia de la anulación de casillas. En eso hay consenso de los abogados. El propio presidente del TEPJF se ha referido a esa posibilidad, a pesar de que la legislación electoral carece de disposiciones expresas para anular la elección presidencial".

Además de las pruebas que aportará sobre las supuestas múltiples irregularidades, la defensa de López Obrador apuesta a la manera en que se ha comportado el Tribunal en defensa del respeto al voto en años recientes. "Debemos tener el asidero de lo que ocurrió en las casillas, pero también nos estamos apoyando en la jurisprudencia del propio tribunal que ha desarrollado interpretaciones de la norma donde no es suficiente (en la defensa del voto ciudadano). No queremos una interpretación letrista estrictamente gramatical", afirma Núñez.El tribunal ha honrado mucho eso y es lo que ha permitido hacer aportaciones fundamentales al derecho electoral mexicano, dice. "Están los casos de Tabasco en 2000 y de Colima en 2003. No los invoco como ejemplos de anulación -precisa- sino como muestra de que los magistrados estuvieron dispuestos a ir más allá de la norma".En esos casos -asegura- la diferencia de votos para gobernador era de 1%, pero el tribunal dijo que no fue tanto lo que ocurrió en la casilla, sino todo el contexto en que se dieron las elecciones y que hizo que la diferencia fuera tan pequeña. "Se parece mucho a lo que estamos experimentando, pues en Tabasco se aplicó el criterio de la causal abstracta".

Elizur Arteaga Nava, constitucionalista y profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Atzcapotzalco, considera que la coalición por el Bien de Todos "tendría que poner en evidencia que hubo parcialidad de parte del IFE y que actuó con mala fe, además de la pasividad de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales".

El TEPJF, agrega, debe considerar los tratados internacionales firmados por México en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y en la Organización de Estados Americanos (OEA), para darle certeza a los procesos electorales. Esa condición, asegura, permite también que se impugne la elección en los foros internacionales.Explica: "Los magistrados deben interpretar esto porque fue un proceso electoral turbio y parcial. Además, de conformidad con un criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del artículo 133 de la Constitución, los tratados son de jerarquía superior al código electoral. Nadie puede invocarlo en contra de la Constitución".

Plantea que a la coalición le conviene la apertura de las casillas, no la anulación del proceso porque López Obrador está seguro de haber ganado. "Que se abran todas las casillas que fueron a favor del candidato oficial, pues hubo distritos en Jalisco y Guanajuato en los que había 400 electores registrados y aparecieron 700 votos, todos a favor del partido oficial".En otros casos, agrega, López Obrador tenía 188 votos y sólo le acreditaron 88. "Esto significa que hubo vicios en la captura o manipularon el sistema de conteo para que en forma selectiva se le eliminaran votos".

El tema de fondo de las impugnaciones, dice, "es poner en evidencia la falta de limpieza moral, política y jurídica, pues hay dudas de la intervención del IFE, la presidencia de la República, la injerencia del exjefe de gobierno español José María Aznar, los asesores extranjeros de Calderón o el proselitismo de los empresarios. Es todo un contexto que hace que el proceso resulte viciado, poco transparente e inequitativo".

A su vez, el exconsejero del IFE y actual investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), José Barragán, ve "muy difícil" que López Obrador pueda demostrar que las irregularidades incidieron en la votación presidencial. "Esto es prácticamente imposible".Considera que se abrirán sólo las casillas que fueron impugnadas desde un principio y siempre y cuando en el proceso de conteo del miércoles y jueves se haya mantenido la impugnación. Es decir, que se haya corroborado que las irregularidades son insalvables. Sólo entonces, insiste, la autoridad judicial valorará qué tanto afectan a la elección y puede tomarlas o no en cuenta.Contrario a quienes estiman que se debe tomar en cuenta las condiciones en que ocurrieron las elecciones, Barragán argumenta que el TFE se va a ceñir a lo jurídico. "Y desde ese punto de vista, lo más grave en la elección pasó antes de la jornada electoral, como la participación del dinero público y privado en las campañas y en la comisión de determinados delitos que se interpusieron en la propia PGR".(Jorge Carrasco Araizaga/APRO)