EL PROCESO CONTINÚA.

Miguel Angel Granados Chapa, escribe en el Reforma:
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Respuesta a mis lectores.
Por respeto a los lectores que me reprochan los sesgos que perciben en mis textos recientes, explico que en general procuré documentar las opiniones inevitablemente personales que expongo, sobre todo respecto de un proceso que está en curso y admite impugnaciones.

Los textos aparecidos en esta columna el jueves y el viernes pasados, ambos referidos al proceso electoral y más particularmente a una de las autoridades del ramo, el IFE, suscitaron la notable reacción de un sector de los lectores que me hacen el favor de seguir lo que se dice en este espacio.

Es normal que la opinión informada, género que se practica en la Plaza pública, provoque acuerdos y desacuerdos (aunque, claro, no es infrecuente que produzca indiferencia o mera recepción neutra). Casi nunca me es posible, por desgracia, dar respuesta a comentarios de los lectores.

En esta ocasión, sin embargo, juzgo necesario hacerlo porque percibo una elevada tasa de reproches sobre mi parecer, que quizá no he expresado con claridad. Respondo únicamente a los lectores que comunican su posición racional y respetuosamente, no a quienes aprovechando el anonimato permitido por la red informática se desahogan torpemente.

A ellos les digo sólo que su afán de ofender resulta frustrado de origen, pues he aprendido a divertirme y a no enojarme con improperios transmitidos desde la nada, en todos sentidos. En cambio, acepto y agradezco la crítica y el desacuerdo, y doy contestación genérica a quienes la merecen.

Dejo sentadas dos afirmaciones que fundan mi actitud en este momento del proceso electoral. Una es que no ha concluido dicho proceso, sino que se halla en curso. La segunda es que la siguiente etapa consiste en la presentación y trámite de impugnaciones al proceso, que se ventilan ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Inconformarse con momentos del proceso, con sus resultados parciales, con la conducta de las autoridades, con la forma de interpretar las leyes aplicables a la materia es enteramente normal.

La sala superior del Trife, como sencillamente se llama al órgano principal de la justicia electoral, que se encarga de la siguiente fase a partir de la semana que hoy comienza, es un tribunal muy laborioso, que constantemente dirime impugnaciones electorales de toda la República.

La recomendación, que se desprende de muchos comentarios, a la coalición Por el Bien de Todos de dejarse de protestas y admitir su derrota es prematura. Equivale a que hacia las cinco de la tarde del domingo 2 de julio se hubiera pedido a alguno de los candidatos que previsiblemente contarían con menor apoyo ciudadano, que desistiera de su propósito.

Sería pedirles que depusieran su derecho en pleno proceso. Estamos más adelante que entonces, pero el proceso continúa. No concluyó el jueves en la tarde, después de las 18 horas, cuando fueron dados a conocer los cómputos distritales, materia informativa de carácter oficial.

Y mucho menos había terminado poco después de las 15:00 horas cuando cerró esa suerte de cómputo nacional anticipado difundido al público, sin base legal para ello, desde las oficinas centrales del IFE, con el ciento por ciento de las casillas contadas (porcentaje al que, aunque parezca mala broma, chiste como los que describían la alquimia electoral del sistema autoritario priista, se le añadió una pizca más).

El proceso continúa. Su fase jurisdiccional apenas está por comenzar. Y está por lo mismo pendiente la actuación del tribunal en tanto que órgano calificador de las elecciones. A menudo se escucha, en tono de lamento o de irritación, que una elección se judicializa, que un episodio electoral se resolverá en el tribunal como si fuera un paso indeseable que no queda más remedio que dar.

No es así en el caso de la elección presidencial. El modelo de calificación electoral establecido en 1996 tiene en su centro al tribunal. Todavía la elección de 1994 fue calificada por la Cámara de Diputados, en un mecanismo que se hacía incompatible con el avance de la autonomía de los órganos electorales. En 2000, como ahora, el Trife calificó la elección, para lo cual debe resolver primero las controversias que susciten fases anteriores del proceso.

Después declara la validez de la elección y tiene por Presidente electo a quien, en ese momento, aparece con más votos que sus contendientes. Sólo entonces se gana y se pierde. No antes.El Partido Acción Nacional es, por decirlo de ese modo, como el resto de los partidos, un usuario frecuente de los servicios del tribunal.

No recuerdo una elección de gobernador en que ese partido haya tenido resultados adversos que no sea elevada a la consideración de la sala superior, a través del juicio de revisión constitucional. Nadie en su sano juicio tacha a los candidatos panistas que de ese modo pugnan por preservar derechos y evitar la burla al voto ciudadano, de malos perdedores.

Al contrario, en la nueva cultura política mexicana a cuya configuración ha servido tanto ese partido, es meritorio agotar el último recurso en pos de la justicia electoral.A menudo (pienso por ejemplo en los comicios recientes de Veracruz y Coahuila, en que participaron los senadores panistas Gerardo Buganza y Jorge Zermeño) la defensa jurídica corre paralela a la movilización política, no para presionar de modo ilegítimo al tribunal, sino porque tal defensa lo es no tanto del derecho de los candidatos sino de los votantes.

Cuando en ésos y en otros casos el tribunal resuelve las controversias queda dicha la última palabra. Todos deben acatarla.Además de la estructura legal en sí misma, que impone obligaciones, cuando se acude al tribunal se establece el compromiso de atenerse a sus resoluciones. Así deberán hacerlo todos.

Cajón de Sastre .
El sonido era muy malo en el mitin con que Andrés Manuel López Obrador inició la movilización social que junto con su defensa jurídica serán sus formas de participar en la parte del proceso electoral aun en curso. Al menos en la esquina de 5 de febrero y 16 de septiembre, el ángulo sudoccidental de la Plaza de la Constitución, con frecuencia se perdían frases enteras de su discurso.

En otros momentos era imposible seguirlo en su exposición por los coros estentóreos de los asistentes, que le aseguraban que no está solo o repetían su segundo apellido como seña de identidad. Quedó claro, sin embargo, el exhorto del candidato presidencial de la coalición Por el Bien de Todos a manifestarse en paz, a no alterar el orden jurídico ni en el orden en las calles.

Gritos en coro y multitud de cartulinas denunciaban "el fraude electoral", una expresión que por lo menos es prematura, pues faltan etapas definitorias del proceso. Hablar de fraude en este momento hace el juego a quienes desde el extremo contrario dan por consumada la victoria panista, que aún no ha sido calificada.