PEMEX Y LOS ZETA.

Pemex protege al Grupo Zeta Ana Lilia Pérez En complicidad con el actual director de Pemex Gas y Petroquímica Básica, los gaseros Miguel y Jesús Zaragoza se preparan para expandir su monopolio y sustituir a Pemex en el almacenamiento y distribución del energético en zonas estratégicas de distribución.

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Pese a la negra historia de corrupción en Pemex -tráfico de influencias y sobornos millonarios a funcionarios-, los gaseros Miguel Zaragoza Fuentes y su hijo Jesús Zaragoza López fueron recibidos con los brazos abiertos por Roberto Ramírez Soberón, director general de Pemex Gas y Petroquímica Básica.

Con la ratificación de Roberto Ramírez Soberón como director de Pemex Gas y Petroquímica Básica por parte del director general de Pemex, Jesús Reyes Heroles, se garantiza que los negocios de los Zaragoza fructifiquen aun cuando se oponen a los intereses de la paraestatal.

Ramírez Soberón fue denunciado ante la Secretaría de la Función Pública como presunto integrante de una red de tráfico de influencias que opera en Pemex a favor del consorcio gasero de Chihuahua Grupo Zeta, el cual mantiene el monopolio en la distribución del 72 por ciento de gas licuado de petróleo (LP) en todo el país.

Pero las denuncias se mantuvieron empantanadas en las secretarías de la Contraloría, primero, y en la de Función Pública, después, por los vínculos que los gaseros mantenían con los ex-secretarios Francisco Barrio Terrazas y Eduardo Romero Ramos, ambos oriundos de Chihuahua y paisanos de Miguel Zaragoza Fuentes y Jesús Zaragoza López.

Con la complicidad de Ramírez Soberón, estos empresarios quienes desde hace más de dos décadas mantienen el monopolio de la distribución de gas en casi todo el país, apuestan a expandir sus negocios sacando del mercado no sólo a los competidores menores, sino incluso a Pemex, pues buscan tener el control de ductos y almacenes de distribución de gas de la paraestatal.

Los malos manejos de funcionarios de Pemex para favorecer a los Zaragoza fueron también denunciados ante el titular de la SFP, Germán Martínez Cázares, y pese a que éste se comprometió a fincar responsabilidades, hasta ahora sólo los ha solapado y esto ha permitido que la corrupción en Pemex continúe.

En complicidad con Ramírez Soberón, la familia Zaragoza (Miguel y Jesús) negocia para monopolizar la distribución de gas en las regiones occidente y centro del país, con su terminal marítima, única en su tipo en México, y que desde 2006 opera en instalaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) en el Puerto de Manzanillo.

Para los Zaragoza será un negocio redondo porque, como reveló Contralínea en diciembre pasado, el permiso para operar esta terminal fue otorgado por la administración foxista como pago de favores a quienes se convirtieron en los principales aportadores de dinero y operadores de Amigos de Fox en Chihuahua.

En tiempo récord de seis días, mediante su empresa Zeta Gas del Pacífico, los Zaragoza obtuvieron de la Secretaría de Energía el permiso para operar la terminal de gas en Manzanillo, autorización que fue tramitada por el entonces director de Gas LP en la Secretaría de Energía (Sener), Eduardo Piccolo Calvera.

La operación de esta terminal significa para los gaseros un negocio redondo, pues mientras la Sener autorizó un incremento al precio del gas al consumidor, los Zaragoza lograron abaratar sus costos a costa de Pemex, toda vez que el gas que se opera en la terminal de Manzanillo lo obtienen más barato, porque lo extraen de la producción de petróleo del Golfo de México.

La complicidad entre Ramírez Soberón y Grupo Zeta llegó a tal nivel que, junto con el ex titular de Pemex Gas, Marcos Ramírez Silva, operaron para que Pemex se comprometiera con los Zaragoza a comprarles la importación de 230 mil toneladas anuales de gas LP, mediante un contrato por dos años, y que a la familia de gaseros les reporta ganancias de unos 200 millones de dólares.

De acuerdo con fuentes internas de Pemex el convenio se diseñó, operó y autorizó en menos de un mes por Eduardo Piccolo Calvera, el cual fue destituido una vez firmado dicho convenio, sin que fuera sometido a licitación pública. El convenio establece que no se autorizarán operaciones de importación a otras compañías gaseras, como al Grupo de Raúl Nieto, Oscar Uribe, Mabarak y Eduardo Ramírez, ya que son competidores del Grupo Zeta y durante más de cinco años han sido rechazados en Pemex Gas y Petroquímica Básica y no les han autorizado ningún contrato de importación.

En una denuncia enviada a la SFP se impugnó la decisión de Pemex de autorizar un contrato en términos casi exclusivos de importación de gas LP al Grupo Zeta y rechazar las solicitudes de otras gaseras que también pidieron que la paraestatal les autorizara la importación del energético.

Por medio de Ramírez Soberón, los Zaragoza gestionan que Pemex Gas y Petroquímica Básica cierren el ducto de Zapopan, argumentando “razones de seguridad” (como lo hicieron para cerrar el ducto de San Juan Ixhuatepec), para que, posteriormente, el consorcio abastezca del energético a la región occidente del país, lo que provocaría un grave impacto, tanto al patrimonio de la paraestatal como al bolsillo de los consumidores pues, de acuerdo con investigaciones, el costo más alto que pagan consumidores es por concepto de distribución.

Sin embargo, las autoridades de la paraestatal pasan por alto que Grupo Zeta mantiene plantas que no cumplen con la norma de seguridad 001 de la Secretaría de Energía, la cual se publicó en el Diario Oficial el 12 de septiembre de 1997, y que claramente prohíbe que se instalen almacenes de combustible de gas LP (plantas) en un perímetro de 100 metros cuadrados en donde haya casas habitación, escuelas, hospitales, iglesias, salas de espectáculos.

A pesar de esa regulación, el Grupo Zeta tiene un total de 10 plantas de gas LP en los estados de Baja California, Estado de México, Sonora, Jalisco y Guanajuato en donde claramente se infringe la norma 001 de la Sener, y la dirección de Roberto Ramírez Soberón desde el sexenio pasado y hasta la fecha no ha ordenado sean clausuradas o en su defecto reubicadas, y las cuales constituyen un gran peligro en su operación diaria para todos los vecinos de esas zonas.

Las empresas del consorcio Grupo Zeta que operan dichas plantas son Compañía Gas de Tijuana, Gas del Valle de Tollocan, Gas Licuado, Distribuidora de Gas del Bajío y Gas Guadalajara.

La protección que secretarios de Estado durante el sexenio de Fox dieron a ese consorcio gasero a cambio de su apoyo a la asociación Amigos de Fox, seguirá por los nexos que los Zaragoza lograron con funcionarios del sector energético, ahora ratificados en Pemex como Roberto Ramírez Soberón.

También es el caso de Dionisio Pérez Jácome, quien a su paso por la Comisión Reguladora de Energía autorizó a Grupo Zeta la operación de la terminal marítima de gas y mantuvo empantanadas las denuncias contra la empresa por robo de combustible y prácticas monopólicas.

Las denuncias contra los Zaragoza por corrupción no avanzaron en la CRE, en la Sener ni en la Profeco, menos en la SFP, debido al tráfico de influencias de los gaseros con funcionarios gubernamentales durante el sexenio pasado.

La mayoría de los contralores en Pemex, quienes recibieron las denuncias sobre el grupo gasero, son ex funcionarios que trabajaron con Francisco Barrio cuando éste era gobernador de Chihuahua.

Desde sus tiempos de gobernador, Barrio Terrazas protegió abiertamente a otro de los integrantes de la familia: Pedro Zaragoza Fuentes, cabeza del Grupo Agroindustrial Zaragoza, investigado por la PGR durante el gobierno de Carlos Salinas por presuntos vínculos con el narcotraficante y fundador del cártel de Juárez, Rafael Aguilar Guajardo, concuño de Pedro Zaragoza. La indagatoria se archivó cuando el entonces gobernador de Chihuahua intercedió por el empresario.

Las denuncias enviadas a la SFP señalan irregularidades en concesiones, tráfico de influencias y millonarios sobornos a funcionarios de Pemex, entre ellos Marcos Ramírez Silva, Roberto Ramírez Soberón, quien fue ratificado en Pemex Gas por el actual Director General.

Las denuncias involucran a Alberto Cervantes, gerente de operaciones de Pemex Gas y a Néstor García Reza, abogado general de la paraestatal. Este último, fungía como gerente jurídico de Ramírez Corzo en PEP, y fue designado el responsable de tejer el blindaje jurídico de la red de corrupción, y los contratos a empresas que gestionaban familiares de Marta Sahagún.

El Grupo Zeta, fundado por Miguel Zaragoza Fuentes -dirigido actualmente por su hijo Jesús Zaragoza López- controla el 72 por ciento de almacenamiento y distribución de gas LP en México; posee plantas en Guatemala, Belice, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Perú, Estados Unidos y España.

La instalación de plantas de gas de Grupo Zeta en Centroamérica fue promovida desde la cancillería mexicana, con Jorge Castañeda, como una de las prioridades del gobierno mexicano dentro de su “impulso” al Plan Puebla Panamá. La promoción, apoyos de inversión y facilidades legales para que Zeta expandiera sus negocios en la región, se hicieron a través del Banco Mexicano de Comercio Exterior (Bancomext).

Según la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), el robo de gas doméstico mediante cilindros ordeñados es una de las causas de denuncias en contra de las gaseras que controlan la distribución del energético en casi todo el país.

La institución precisa que de todos los cilindros que se distribuyen de forma doméstica, un 10 por ciento es “ordeñado”. Lo que –según la Profeco– genera a las gaseras ganancias ilegales cercanas a los 7 mil millones de pesos anuales.

Investigación internacional

Durante la última década, gracias a sus vínculos con Fox y su gabinete, la familia Zaragoza expandió su monopolio y sus prácticas de corrupción a nivel internacional. En Guatemala y Perú son investigados por prácticas de monopolio, sobornos a funcionarios locales y robo a los consumidores.

En Perú se ventila una denuncia contra Zeta Gas Andino, filial del Grupo Zeta, por prácticas monopólicas y sobornos a funcionarios de ese país, a quienes acusan de complicidad con los Zaragoza para quebrar a empresas locales.

La denuncia, que involucra a Jaime Quijandría, titular de Energía y Ecología de Perú en complicidad y corrupción con los gaseros juarences, fue presentada por la Asociación de Empresas de Gas de Perú.

En julio pasado el Programa Laboral de Desarrollo de Perú, lanzó una “alerta nacional” para fichar a Zeta Gas Andino S.A. como una “transnacional fraudulenta”, alerta que derivó de una denuncia hecha por la Confederación General de Trabajadores de Perú (CGTP) que acusa a la gasera de aplicación sistemática de políticas antisindicales, específicamente contra los afiliados al Sindicato Unitario Nacional de Trabajadores de Envasadoras de Gas del Perú (Suntegasp).

El Suntegasp acusa a la empresa de explotación de los trabajadores peruanos para “elevar su bonanza económica”.

Zeta Gas Andino inició operaciones en Perú apenas en enero de 2006, cuando el entonces presidente de ese país, Alejandro Toledo, abrió a la IP el sector energético.

En Guatemala, la Asociación de Distribuidores de Gas Propano y Similares presentó denuncias contra la gasera mexicana por prácticas monopólicas y robo a consumidores.

La Asociación de Distribuidores de Gas Propano y Similares, presentó una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción de Guatemala para que se investiguen supuestos actos de corrupción entre el titular de la Dirección General de Hidrocarburos, Richard Smith, y las empresas de la familia Zaragoza.

Mientras en el exterior la mala fama de los Zaragoza provoca el repudio de los sectores empresariales y de trabajadores, en México, bajo el cobijo de Roberto Ramírez Soberón, su horizonte de negocios se vislumbra más lucrativo aun en contra del patrimonio de Petróleos Mexicanos, y cuyo titular, Jesús Reyes Heroles, protege de forma complaciente a Roberto Ramírez Soberón y por consiguiente, al Grupo Zeta.