CON UN TUFO A CARBÓN, PERO AQUI ESTOY DE VUELTA

DEL MONOSAPIENS DEL CHAMUCO VIRTUAL







LUEGO DE UNA RENOVADORA ACTIVIDAD DE "HAMBURGUESAS DEMOCRÁTICAS" TODO EL SÁBADO YA VA SALIENDO LA LANA PARA ESTAR EN LA CONVENCIÓN NACIONAL DEMOCRÁTICA, LUEGO TENDREMOS ALGUNAS FOTOS DE LA ACCIÓN INFORMATIVA.







Y AFORTUNADAMENTE NADA CAMBIA EN FECALANDIA:

Ejecutan a hija de un General

El padre de la víctima fue jefe de la novena zona militar de Guerrero en el Gobierno de Ernesto Zedillo

Luis Brito y Gerardo Olvera

Ciudad de México (18 marzo 2007).- Un matrimonio fue acribillado la madrugada de ayer, cuando circulaba por Bosques de las Lomas.

Las víctimas fueron identificadas por la Policía Judicial capitalina como Mireya López Portillo -hija del General de División retirado Luis Humberto López Portillo Leal- y su esposo, Jordi Peralta Samper, ejecutivo de ventas de TV Azteca.

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DEL CHISMOGRAFO DEL DEFORMA, LA "RATA SALINAS" LE CAUSA VERGÜENZA A SU ALMA MATTER:

A 13 AÑOS de haber dejado el poder y a 29 de que obtuvo su doctorado en la Universidad de Harvard el ex presidente Carlos Salinas de Gortari recibirá un "recuerdito" relacionado con su alma máter gringa.

EN EL PRÓXIMO número de la revista 02138 The World of Harvard, que no edita esa universidad pero que es muy leída por sus alumnos y profesores, se publicará la lista de egresados que mayor vergüenza le dan a esa casa de estudios... y Salinas forma parte de ella.

EL EX MANDATARIO aparece con la novelista Kaavya Viswanathan, que se plagiaba textos de otros; el ex cardenal Bernard Law, acusado de encubrir a sacerdotes pederastas, y quien fuera cabeza de la fraudulenta empresa Enron, Jeffrey Skilling.

EN RESUMEN, un verdadero "Cuadro de Horror" summa cum laude, honoris causa y non plus ultra de los "innombrables" de Harvard... según esta revista.

NOTA:

Se tardaron estos cuates en darle el merecido lugar a esta rata despreciable.

DE GRANADOS CHAPA:


Miguel Ángel Granados Chapa
'Calderonlandia'

Mientras el Presidente hace corte de caja y festeja sus primeras acciones, el crimen organizado muestra su insolencia en diferentes estados. En Tabasco dejan una cabeza a las puertas de una oficina de seguridad pública
No contento con celebrar los 100 días de su gobierno en Chiapas, el 10 de marzo, el presidente Felipe Calderón organizó otro festejo con rebumbio el jueves pasado. A la manera de su antecesor, al complacerse de haber superado la crisis imperante en el país al concluir el sexenio pasado, el mandatario trazó una imagen tan autobenevolente que hay que comenzar a hablar ya de Calderonlandia, un México imaginario distante de las realidades que se agolpan unos metros más allá de donde el Ejecutivo se halla.

Se ufanó de las operaciones conjuntas para desterrar la inseguridad: "Estamos empezando por recobrar el orden en nuestras plazas y calles, en nuestras colonias y ciudades", dijo el mismo día en que Reforma publicó un sólido informe en sentido contrario. Del mismo se hizo eco la agencia France Presse, que el 15 de marzo despachó un informe cuyo lead (primer párrafo) decía: "Pese al despliegue de más de 20 mil soldados y policías federales en los escenarios de ajustes de cuentas del crimen organizado, la violencia sigue sacudiendo a México con un promedio de tres ejecuciones por día y con policías como principales víctimas".

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Y MONSEÑOR ABASCAL HACE OTRA DE SUS CLASICAS PENDEJADAS, Y YA TOMA SU LUGAR COMO "LIDER IDEOLOGICO" DEL PAN-YUNQUE (Y le digo así a la oficina de fanaticos, porque aun hay atarantados que creen que el pan aun es el partido de los banqueros, ya no, ahora solo es una sucursal del PP español, cuando mucho)

Dicta Abascal al PAN postura antiaborto

Carlos Abascal, secretario adjunto del PAN, esgrime los argumentos de su partido para oponerse a la despenalización del aborto

Jorge A. Pérez

Ciudad de México (18 marzo 2007).- El secretario general adjunto del PAN, Carlos Abascal, señaló la línea a seguir a los diputados locales de su partido para evitar la despenalización del aborto.

En el documento "Análisis del aborto", elaborado por el ex Secretario de Gobernación, se plantea: "Cuando se permite el aborto, haciendo creer a las mujeres que éste les garantiza el derecho a decidir sobre su cuerpo, se manipula una realidad sagrada".

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Y ALGUNAS DE PROCESO SEMANAL:


Dick Morris: Injerencia impune
José Gil Olmos

Especialista en guerra sucia electoral, el consultor estadunidense Dick Morris confesó haber participado en la campaña de Felipe Calderón, lo que el exconsejero del Instituto Federal Electoral (IFE) Jaime Cárdenas considera como una prueba clara para sancionar al PAN por la intervención de extranjeros en la actividad política nacional. Morris hizo su confesión el pasado 9 de marzo en un foro realizado en Miami y al que asistieron legisladores mexicanos.

Para el representante del Partido de la Revolución Democrática en el IFE, Horacio Duarte, el hecho constituye una prueba más de las violaciones a la ley que cometieron Calderón y el PAN durante la campaña presidencial de 2006. Duarte sostiene que la participación del especialista estadunidense en la campaña de Calderón muestra cómo el Estado mexicano está sujeto a intereses extranjeros y a las decisiones de personajes como Dick Morris, quien es conocido en todo el mundo por generar encono social con métodos de campaña sucia, los cuales ha utilizado en países como Argentina, donde colaboró con el expresidente Fernando de la Rúa. En ese hecho, dice Duarte, se basa su exigencia al IFE para que en la queja que los perredistas interpusieron contra el PAN por la injerencia de extranjeros en la campaña, y que aún está pendiente de resolver, se tome en cuenta la revelación de Morris. Al planteárseles, tanto a Horacio Duarte como a Jaime Cárdenas, que el PAN puede alegar que el caso Morris implica tan sólo la suscripción de un contrato de servicios profesionales, ambos coinciden en que el artículo 33 de la Constitución es muy claro al prohibir la intervención de cualquier extranjero en asuntos de política interna. Viejo conocido La del año pasado no fue la primera campaña presidencial mexicana en la que intervino Dick Morris; lo hizo también en 2000 como asesor de Vicente Fox. Aquella vez se encargó, junto con Rob Allyn, de articular la guerra sucia contra Francisco Labastida. Con la victoria del panista en las manos, los dos estrategas estadunidenses no tuvieron empacho en festejarlo y públicamente reconocieron su participación en la elección. Al igual que entonces, la injerencia del exasesor de Bill Clinton en esta ocasión no ha sido sancionada por el IFE, pese a que hay pruebas claras de su intervención. El pasado 9 de marzo, en el hotel Intercontinental West Miami, Morris se negó a hablar de la campaña presidencial mexicana del año pasado. Según publicó el periódico Reforma, el día 10 una mujer le reclamó al consultor su silencio sobre el tema, no obstante que en el programa del foro se anunció que se referiría a las elecciones mexicanas. “Tiene razón, pero discúlpeme. No puedo hablar de las recientes elecciones en México. Un compromiso me obliga a la confidencialidad”, respondió. Momentos después, el especialista en campañas sucias les dijo a algunos de los asistentes, ya sin micrófonos, que tenía un contrato de confidencialidad con la Presidencia de la República Mexicana. La participación de Morris en la campaña de Calderón fue dada a conocer por Proceso en abril (edición 1539) y en septiembre (1558) del año pasado, cuando se detectó su mano experta en la guerra sucia contra el entonces candidato perredista Andrés Manuel López Obrador. De acuerdo con información recabada con diversos encuestadores y estrategas electorales, Dick Morris comenzó a participar en la vida política mexicana desde finales de 1999, cuando se puso en contacto con el equipo de la campaña foxista. Junto con Rob Allyn formó parte del equipo de Fox, pero se mantuvieron en la clandestinidad, pues, según confesó el propio Allyn, trabajaron en México con identidades falsas y se hospedaban en hoteles baratos para que no los descubrieran. Tras la victoria de Fox en 2000, Morris regresó a sus oficinas en Florida, desde donde colaboraba para revistas y un canal de televisión. Años después reapareció en México y, a finales de octubre de 2005, participó en un foro internacional. Entrevistado en aquel entonces por el reportero Raúl Tortolero (La Revista, 7 de noviembre), Morris delineó la estrategia de campaña negativa que utilizaría contra el PRD y López Obrador: “El PRD sería un desastre para México, el país iría en el sentido que Chávez o Castro…”. Es decir, López Obrador sería “un peligro para México”, dijo después el propio Allyn en un artículo publicado el 3 de abril de 2006 en The New York Post titulado Menace in Mexico (Amenaza en México). La debilidad del IFE El exconsejero electoral federal Jaime Cárdenas señala que el IFE debería investigar de oficio el caso de Morris, sobre todo si se toma como precedente que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que el instituto debe abrir nuevamente la investigación sobre la desviación de recursos de Caminos y Puentes Federales (Capufe) a la campaña presidencial de Francisco Labastida en 2000, asunto al que ya le habían dado carpetazo. –¿Qué tendría que investigar el IFE? –Bueno, lo que está en juego es una posible violación al artículo 33 de la Constitución, por la intervención de un extranjero en la política nacional. Si el PAN ha negado que Morris haya apoyado la campaña de Calderón, eso puede implicar que se investigue cómo se reportaron los gastos de campaña. Si el PAN no informó nada al respecto y Dick Morris mantiene que ha celebrado este acuerdo con Felipe Calderón, pues (el PAN) estaría siendo acreedor de una sanción por no dar una información completa de sus gastos de campaña. Explica que el IFE tendría que revisar cómo el PAN ha considerado en sus reportes los pagos para asesores extranjeros en la campaña de 2006. Además, el instituto podría requerir información a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para saber si algún funcionario o el Comité Ejecutivo Nacional del PAN expidió cheques a favor de Dick Morris. Incluso, dice Cárdenas, se podría solicitar a las autoridades bancarias estadunidenses los movimientos financieros de Morris, a fin de conocer si alguno involucra a Calderón o a su partido. Morris no se puede cubrir en un supuesto contrato de confidencialidad, sostiene el exconsejero, pues el PAN utilizó recursos públicos en la campaña y está obligado a rendir cuentas por la Ley de Transparencia. “Esta confidencialidad resulta absurda porque en materia electoral todos los ingresos y egresos de los partidos deben informarse y ser públicos ante la autoridad electoral. Creo que ese acuerdo de confidencialidad riñe con las propias leyes de transparencia del IFE. Hay un reglamento que aprobó el Consejo General, que es el de transparencia y acceso a la información pública, y este acuerdo de confidencialidad puede implicar una violación a dicho reglamento. No se trata de asuntos privados, sino de asuntos públicos”, precisa Cárdenas. Y señala que también hubo violaciones al artículo 49 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) porque el PAN no reportó de manera completa los gastos de campaña. –Lo paradójico es que Morris lo reconozca abiertamente y no pase nada –se le plantea. –No pasa nada porque muchos de los consejeros y de la estructura del instituto están con el PAN. Creo que el PAN está muy confiado por esto, pero se trata de un asunto muy grave. –¿Qué refleja esta intervención de Dick Morris y la falta de disposición de la autoridades para investigarla? –Que hay intereses de intervención extranjera en las elecciones de México. Refleja que las autoridades electorales no tienen capacidad para detener a tiempo este tipo de intervención y que el tema de los contratos de prestación de servicios profesionales de extranjeros en las campañas debe ser valorado debidamente, ya sea por medio de una reglamentación o algún procedimiento de información, si es que se considera legal. Este hecho habla de lo débil que es el IFE, de la autonomía que ha perdido y de que no es capaz de realizar investigaciones exhaustivas sobre temas de relevancia. “El PAN y el gobierno federal, desde los tiempos de Fox, están montados en el cinismo. Recordemos que a Fox se le sancionó por traer dinero del extranjero para su campaña. Después, el Tribunal Electoral reconoció que Fox intervino en la campaña de 2006 y él mismo dijo cínicamente que se había desquitado de Andrés Manuel López Obrador. El Tribunal también admitió que los empresarios intervinieron y ahora Dick Morris reconoce que asesoró la campaña de Calderón generando una campaña sucia. Pero no pasa nada. “Esto demuestra que las instituciones están montadas en el gran cinismo, es decir, mentir, decir verdades a medias sin que haya una respuesta jurídica. Creo que es la vieja técnica de mentir con impunidad a la nación. Es claro que el PAN está reproduciendo los viejos esquemas de la impunidad desde el poder que impuso el PRI.”

¿CUANTO DINERO AJENO HA GASTADO EL PELELE PARA ESTAR EN LAS PANTALLAS?


Muleta mediática
Daniel Lizárraga

Felipe Calderón necesitó 39 días y 4 millones 950 mil pesos para posicionarse en los hogares mexicanos como el nuevo presidente de la República. Durante ese período su equipo desarrolló una intensa campaña que implicó la difusión de varios spots televisivos, repetidos 75 veces por día y que fueron diseñados por empresas especializadas en imagen, opinión pública y levantamiento de encuestas. Los gastos correspondientes corrieron a cargo del erario.

La difusión de la imagen de Calderón con la banda presidencial al pecho alcanzó índices de penetración social de hasta 97%, de acuerdo con datos oficiales obtenidos por Proceso mediante la Ley Federal de Transparencia. Esta intensa campaña arrancó en el día más aciago para el nuevo gobierno, el 1 de diciembre de 2006, y concluyó el 9 de enero de 2007. En las semanas anteriores el panista había tenido que aguantar el acoso de seguidores de Andrés Manuel López Obrador en cada uno de sus actos, así como las jornadas de resistencia civil de la coalición Por el Bien de Todos. Al final, el 1 de diciembre se vio obligado a utilizar la fuerza del Estado Mayor Presidencial para rendir protesta en la Cámara de Diputados. El equipo calderonista sólo aceptó entregar a Proceso un informe parcial, del cual excluyó los registros sobre radio, y notificó al reportero que el contenido de las encuestas, así como de los estudios de opinión y de imagen elaborados entre el 1 de diciembre de 2006 y el 9 de enero de 2007, permanecerán bajo reserva durante seis años. Esta postura del Comité de Información de la Presidencia es similar a la que prevaleció durante el gobierno de Vicente Fox, que se negó a proporcionar información completa sobre el mismo rubro, en contravención de las disposiciones del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI). De acuerdo con los lineamientos de este organismo, para que una dependencia se arrogue el derecho de reservar archivos no basta sólo con mencionar que la difusión de esa información está en proceso deliberativo o sirvió para la toma de decisiones; los funcionarios –indican esas normas– están obligados a comprobarlo y a sustentarlo con pruebas, tienen que describir con precisión de qué manera las labores sustantivas del Estado se verían afectadas si la información solicitada se da a conocer. Técnicas de relumbrón Desde el inicio, el gobierno calderonista lanzó cuatro campañas: Nuevo presidente, Primeras acciones de gobierno, Mensaje de fin de año y Mensaje de Navidad. Los spots televisivos –en total fueron 2 mil 955– se difundieron durante 39 días en canales de cobertura nacional –2, 5, 7, 9 y 13– y en los de alcance restringido cuya señal se emite desde la Ciudad de México –4,11 y 22–. Según los resultados parciales incluidos en el reporte Alcance y frecuencia, campañas Presidencia, fueron 4 millones 445 mil 937 los hogares que vieron los promocionales con “altos niveles de percepción entre sus miembros”. Mercadólogos y publicistas consultados por Proceso consideran que, para que un mensaje sea plenamente asimilado por las audiencias, es indispensable que los receptores lo vean por lo menos tres veces consecutivas. Para medir este tipo de resultados ellos utilizan una categoría llamada “Frecuencia 3+”. En el caso de las campañas de Presidencia, sí hubo posibilidades de reforzar la idea de que Calderón era el nuevo presidente de la República. Los dos spots dedicados exclusivamente a este propósito fueron observados en al menos tres ocasiones por 90.98% de la audiencia con televisor encendido en horario triple “A”. Para alcanzar estos resultados, los promocionales se trasmitieron mil 386 veces sólo entre el 1 y el 17 de diciembre, tanto en canales de cobertura nacional como en los locales; esto es, 81 repeticiones por día con una frecuencia de 3.3 cada hora. Puede ser que el impacto de esa campaña de posicionamiento sea todavía mayor, toda vez que la Presidencia ocultó la información sobre la transmisión de esos mensajes en las estaciones de radio. Por lo anterior, Proceso ya interpuso un recurso de revisión ante el IFAI, cuyos comisionados cuentan con 50 días hábiles para resolver la solicitud, aunque tienen la facultad para ampliar el plazo por un período similar. Respecto a la segunda campaña, titulada Primeras acciones de gobierno, la Presidencia trasmitió un spot de 28 segundos en el que Calderón envió un mensaje a las Fuerzas Armadas. En su tercera y última parte, una solemne voz en off comenta lo siguiente: “En México prevalecerán el orden, la legalidad y las instituciones. Es nuestro compromiso. Para que vivamos mejor el gobierno actúa. Presidencia de la República”. Este mensaje iba acompañado de imágenes de militares que tocaban tambores, mientras el mandatario aparecía caminando con paso marcial y, finalmente, rendía protesta ante la Cámara de Diputados, arropado por los aplausos de eufóricos diputados panistas. El promocional se transmitió mil 87 veces. El pasado 3 de enero, justo cuando el spot de la campaña Primeras acciones de gobierno estaba al aire, Calderón se presentó en el campo militar 43-A, en Apatzingán, Michoacán, ataviado con una casaca verde olivo –tan larga que le cubría la mitad de las manos– y un quepí con el grado bordado en hilo negro –que le caía casi sobre las cejas– para saludar a la tropa encargada de enfrentar al narcotráfico y a la delincuencia organizada. Tras las críticas que recibió por la forma en que apareció vestido y las decenas de caricaturas que lo criticaron, Calderón no volvió a usar esa ropa. Ahora, en cambio, aparece con la banda presidencial. De acuerdo con los documentos oficiales, en esta primera estrategia propagandística también se incluyeron mensajes de felicitación con motivo de las fiestas navideñas. La campaña Mensaje de Navidad se repitió en televisión 52 veces, mientras que Mensaje de fin de año se transmitió en 151 ocasiones. El equipo calderonista encargado formalmente de diseñar este tipo de estrategias está encabezado por Alejandra Sota, coordinadora de Imagen y Opinión Pública. Según el organigrama oficial, ella es la responsable de las direcciones de Análisis Internacional, de Imagen, Publicidad y Medios, de Discursos y de Opinión Pública. En la información entregada a Proceso, Presidencia tuvo que reconocer que también se contrató a cinco firmas especializadas en encuestas y estudios de opinión: Consultores Asociados en Mercadotecnia, Publicidad y Opinión, S.C; Encpro, S.A de C.V.; Investigación de Mercado Grupo IDM y Parámetro Consultores, S.C.; Oveja Negra Consulting, S.C., y Zimat Consultores Comunicación Total, S.A. de C.V. Ese trabajo de consultoría costó 4 millones 950 mil pesos. De acuerdo con los datos oficiales proporcionados por Presidencia, 2 millones 745 mil pesos fueron para encuestas y 2 millones 205 mil pesos para estudios de imagen y opinión pública. Los pagos se realizaron mediante transferencias electrónicas, a través de la Tesorería de la Federación, a las cuentas bancarias de las compañías contratadas, algunas de las cuales ya han prestado servicios al gobierno federal. Zimat Consultores, por ejemplo, fue la encargada de diseñar la controvertida “águila mocha” en el gobierno de Vicente Fox. Argucias de Presidencia En su respuesta a las solicitudes de Proceso, la Presidencia de la República aduce que durante el período que va del 1 de diciembre de 2006 al 9 de enero de 2007 utilizó los tiempos oficiales a los que el gobierno federal tiene derecho en los medios electrónicos. Es decir, por el momento no tiene que pagar espacios, gracias a las reformas al Reglamento de la Ley Federal de Radio y Televisión hechas en el gobierno de Fox. Ahora, la normatividad divide los tiempos en fiscales y de Estado. A la primera categoría corresponde 1.25% del tiempo aire diario a que tiene derecho el gobierno federal en todas las estaciones de radio y en los canales de televisión. En la segunda clasificación –tiempo de Estado–, se cuenta con 30 minutos aire diarios. En ambas categorías, la instancia que elabora la pauta de transmisión de los spots es la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía (RTC), dependiente de la Secretaría de Gobernación. La Presidencia de la República ocupa el 70% de los mencionados 30 minutos diarios, y puede recibir más espacios en la repartición del 1.25% de tiempo aire. Al bombardeo mediático de los primeros 39 días del gobierno de Calderón siguieron otros. Por cada acción, convenio o acuerdo del gobierno calderonista aparecen más spots en radio y televisión, de cuyas pautas aún no existe información pública disponible. Sólo el diario Reforma publicó recientemente su primera encuesta trimestral sobre el gobierno de Calderón, según la cual éste alcanzó una calificación de 6.6. De acuerdo con los resultados de ese trabajo, 58% de la gente consultada aprobó las políticas del panista, en especial las relacionadas con seguridad pública y combate al narcotráfico.

ZONGOLICA Y LA VENGANZA CONTRA EL ESPURIO:



“Mano negra” el gobierno federal
Regina Martínez y Rodrigo Vera

Los habitantes de la sierra de Zongolica están desconcertados por las contradicciones oficiales respecto de la violación y muerte de la septuagenaria Ernestina Ascencio. En el más puro estilo Fox, el presidente Felipe Calderón intervino para argumentar que el fallecimiento tuvo su origen en una “gastritis crónica mal atendida”. Y la CNDH se enredó en una explicación tan larga como ininteligible… Todo indica que hay una “mano negra” cuya intención es obvia: cuidar la imagen intocable del Ejército, que al parecer ha emprendido en la región una guerra de “baja intensidad”.

XALAPA, VER.- Detrás de los contradictorios dictámenes médicos sobre el asesinato de la indígena Ernestina Ascencio Rosario, presuntamente violada por un grupo de militares, se esconde una “mano negra” que intenta crear “confusión” para exonerar al Ejército y que incluso logró que el presidente Felipe Calderón asegurara que la muerte fue producto de una simple “gastritis”. Según autoridades municipales y dirigentes sociales de la sierra de Zongolica, a través de esta “perversa” maniobra ya se intenta achacarle el crimen a un supuesto grupo guerrillero para así justificar una mayor presencia del Ejército en la zona. Esto puede ser, alertan, parte del entramado de una “guerra de baja intensidad” dirigida contra las comunidades serranas. El luchador social Julio Atenco Vidal, fundador de la Coordinación Regional de Organizaciones Indígenas de la Sierra de Zongolica (CROISZ), afirma: “Detrás del caso hay una mano negra que está propiciando dictámenes médicos contradictorios para así enredar el asunto judicialmente y evitar que se castigue a los responsables del crimen. Al mismo tiempo, se está preparando un escenario para crear chivos expiatorios. A partir de comunicados de prensa difundidos por la Secretaría de la Defensa Nacional, ya empieza a hablarse, por ejemplo, de la presencia de grupos guerrilleros. “Y si esa mano negra nos ha identificado como un objetivo militar, como un grano negro en el arroz, pues está viendo gigantes cuando en realidad somos pequeños pacifistas y demócratas. No somos partidarios de la violencia ni de la lucha armada, porque ya el pueblo ha sufrido bastante.” –¿Se está dando entonces una guerra de baja intensidad? –se le pregunta. –Es un escenario posible, aunque no tenemos elementos para afirmarlo con certeza. Como también es factible que se esté organizando un grupo paramilitar. Son preocupantes, dice, las recientes afirmaciones de Felipe Calderón, quien da por descartado el asesinato: “El presidente está desinformado. Y no es gratuito, sino que es un acto deliberado, producto de esa mano negra”. Por su parte, Javier Pérez Pascuala, alcalde de Soledad Atzompa, municipio donde sucedió el crimen, comenta: “No sabemos si el presidente solamente opinó sin conocer el caso y cometió una equivocación, o intenta solapar al Ejército y encubrir a los malhechores. De ser así, es muy preocupante por tratarse del jefe de la nación.” Añade que, por el nuevo sesgo del asunto, podría tratarse de una “guerra sucia” para “meterle miedo al pueblo por exigir sus derechos”; pero, aclara, “no podemos confirmarlo todavía”. A su vez, Maurilio Xocua Méndez, dirigente de la Organización Campesina Independiente de la Sierra de Zongolica (OCISZ), señala: “Este tipo de cosas son utilizadas para infundir miedo, para que no podamos defender nuestros derechos, y nuestras demandas y propuestas no progresen. Hay intereses a los que no les conviene nuestra lucha social”. –¿A usted ya se le ha señalado como miembro de la guerrilla? –Así es. Y no sé de dónde partió esa acusación de que somos guerrilleros. Incluso hubo una denuncia en mi contra, pero no se me detuvo porque no fue una denuncia penal, sino propagada sin sustento a través de los medios de comunicación. Todo lo hacen para meter miedo. Indica que ahora, con el crimen de la indígena Ernestina Ascencio, se han propagado informaciones confusas, “cuando lo que nosotros necesitamos es claridad, y que sobre todo se le haga justicia al pueblo”. De esta manera, los entrevistados refutan las aseveraciones de Felipe Calderón, quien en una entrevista con el diario La Jornada, publicada el pasado martes 13, aseguró: “He estado pendiente del caso de la señora que se dice asesinaron en Zongolica. La CNDH intervino, y lo que resultó de la necropsia fue que falleció de gastritis crónica no atendida.” Así, sorpresivamente, Calderón descartó que la indígena haya sido victimada por miembros de un pelotón del Ejército acantonado en la zona, como ella misma dijo antes de morir, y según hace suponer la primera autopsia que le practicó la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Veracruz tan pronto falleció, el pasado 26 de febrero (Proceso 1584). Desconfianza El viernes 9, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) exhumó el cadáver de Ernestina Ascencio para practicarle nuevos exámenes y dijo que tardaría semanas en conocer los resultados. ¿La CNDH le adelantó información confidencial a Felipe Calderón o él exculpó al Ejército sin tener prueba alguna? ¿De dónde sacó que la indígena murió de gastritis? Al día siguiente de que se publicaron las declaraciones de Calderón, el miércoles 14, la CNDH emitió un comunicado de prensa para señalar que hubo “diversas omisiones e inconsistencias en los estudios técnico-periciales” realizados por la PGJEV. En primer lugar, negó que la anciana haya fallecido por “traumatismo cráneo-encefálico, fractura y luxación de vértebras cervicales y anemia aguda”. Descartó, pues, que su muerte se debió a “mecánica traumática”, como aseguran los peritos de la procuraduría estatal. “La determinación de la luxación de cervicales resulta plenamente incongruente con las evidencias y hallazgos de la revisión del 9 de marzo, pues no existe luxación o fractura alguna ni de esas o de ninguna otra vértebra”, recalcó la CNDH. La institución señaló que, “de manera contraria a la praxis médica”, la autopsia de la PGJEV “omitió” el estudio “de algunos de los más importantes órganos anatómicos, como son cráneo, vértebras cervicales, pulmones, corazón, hígado, estómago, asas intestinales y órganos sexuales”. Según la PGJEV, la muerte de la anciana de 73 años fue provocada por “la fractura de cráneo” y la anemia producida por “una hemorragia en la vía anal”, ya que fue violada por la “vía anal y vaginal”. Contrariamente, la CNDH afirmó en su comunicado que “en la exhumación del cadáver no se corroboró perforación alguna en el recto ni los ‘múltiples desgarros’”. La comisión también descartó que la indígena haya sido golpeada, atada y amordazada, como ella misma dijo al acusar a los soldados. Según la CNDH: “El tipo de equimosis encontrado en brazos y en región pectoral descrito en la autopsia, no corresponde a lesiones similares a las que se producen en maniobras de sujeción o sometimiento, lo cual permite suponer a los peritos de esta comisión que fueron producidas al ser cargada y trasladada antes de fallecer”. Así, para la comisión, los golpes quizá se los produjo el movimiento de la pequeña camioneta pick up que la llevó al hospital. El informe de la CNDH causa desconfianza entre las autoridades de la sierra de Zongolica. “¡No puede ser! ¡No puede ser! A la señora Ernestina se le trasladó con mucho cuidado y protegida con un cobertor”, exclama el alcalde Pérez Pascuala. –La CNDH no encontró rastros de violación –se le plantea. –¡Caray! Todo resulta ya contradictorio y confuso. Aquí el médico legista nos informó que sí hubo violación y también fractura de cráneo. Nos lo repitieron a las autoridades municipales y a los familiares de la víctima. Y agrega: “Desconfiamos de la CNDH. De nada valió que haya exhumado el cuerpo para provocar más confusión. Es por demás que vengan a decirnos que van a esclarecer los hechos y hagan lo contrario. Se intenta encubrir a los culpables para que el crimen quede impune”. Por su parte, Julio Atenco insiste: “Toda esta situación me parece muy perversa. Para empezar, cómo es posible que, según la CNDH, las autoridades de Veracruz hayan levantado un acta de defunción de una mujer que fue presuntamente violada, sin examinar siquiera sus órganos sexuales. ¡Prácticamente no revisó nada! ¡No es posible! Esto va más allá de la mera negligencia médica. “La señora Ernestina –enfatiza– sufrió muchísima pérdida de sangre. Ahí están incluso las fotografías de su cadáver, donde se ve escurrir el sangrado. Ahora resulta que se vació de pronto y sin causa alguna. En fin, nos están presentando un absurdo tras otro”. –¿Cómo percibe la actuación de la CNDH? –Los mexicanos estaríamos muy jodidos si la CNDH se pliega a los intereses perversos del Ejército. Es la única institución confiable que está metida en el caso. Por lo pronto, no detectó una violación sexual. No quiero ver mala fe en la CNDH. Ojalá y cumpla bien su papel. Hay que esperar a que dé su dictamen final. Contradicciones La semana pasada, el médico Hugo Zárate Amezcua, director del Hospital Regional de Río Blanco, donde fue atendida la indígena, aseguró que un “objeto extraño” se introdujo en el recto de la anciana. Sus declaraciones provocaron todavía más confusión. –¿Es verdad que tenía el intestino perforado? –le preguntaron los reporteros. –Sí, así es. –¿Cómo pudo el pene perforar el intestino? –No se puede. Tuvo que haber sido un objeto extraño que le introdujeron en el recto y eso dañó su intestino. Presentó una rectorragia (hemorragia anal) y eso le generó mucha pérdida de sangre. Ningún miembro genital del varón puede provocar el desgarre interno en el ano. Zárate Amezcua reveló que la anciana fue atendida en el cuarto de choques del hospital por tres especialistas: la ginecóloga María Elena Rodríguez, el cirujano Erick Maya y el cardiólogo Isidro Mendoza. No hubo, dijo, negligencia médica. De acuerdo con el diagnóstico del Hospital Regional de Río Blanco, la indígena falleció a consecuencia de daño renal o falla orgánica múltiple, deshidratación y una probable bronconeumonía. A estos dictámenes contradictorios se suman los señalamientos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). El pasado 6 de marzo, la comandancia de la 26 Zona Militar, a la que pertenece el pelotón asentado en Soledad Atzompa, emitió un comunicado en el que señala que los violadores no fueron sus soldados, sino “delincuentes que utilizaron prendas militares, provocaron el crimen buscando inculpar a integrantes de esta dependencia”. A raíz de estas acusaciones, las autoridades gubernamentales ya sospechan que un grupo guerrillero opera en la sierra de Zongolica. Al respecto, Julio Atenco cuenta una anécdota reveladora: “En una reunión que acabo de tener con el gobernador de Veracruz, Fidel Herrera, le comenté sobre lo absurdo de suponer la existencia de ese grupo adverso al Ejército. Y él me preguntó muy serio: ‘¿Y no lo hay?’. Yo le respondí: ‘Por supuesto que no existe’. Él todavía me insistió: ‘¿De verás no existe?’. Le repetí: ‘No, no hay tal grupo’.” El líder de la CROISZ agrega: “Y respecto de nosotros, puede ser que nos lleguen a vincular con acciones violentas, que a mí me señalen como autor intelectual. Puede ser, pero lo harían sin ningún fundamento”. El alcalde Pérez Pascuala refiere que desde 1994, cuando se dio en Chiapas el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), se les ha intentado relacionar con la guerrilla. Lo mismo ocurrió cuando surgió el Ejército Popular Revolucionario (EPR). “Siempre se nos ha tratado de involucrar con esos grupos. Por acá aparecían pintas en las que se nos ligaba con ellos. Quién sabe quién las pondría, pero nada tenemos que ver, pues somos un pueblo pacífico”. –¿La presencia del Ejército en la sierra de Zongolica se intensificó a partir de 1994? –preguntan los reporteros. –Sí. A partir de entonces el Ejército empezó a venir muy seguido, en pelotones compuestos por unos 130 soldados. Antes, sólo subían de vez en cuando. Maurilio Xocua, dirigente de la OCISZ, agrega: “En el 97, cuando supuestamente se supo la identidad del subcomandante Marcos, elementos de Seguridad Pública recorrieron la sierra de Zongolica y detuvieron a nuestro compañero Alejandro Salas Romero. Lo acusaron de guerrillero y se lo llevaron a una cárcel clandestina en Fortín. No le comprobaron nada y lo liberaron”. Todavía en 2003, a Xocua se le intentó involucrar con grupos guerrilleros y en el secuestro del entonces diputado federal priista Mario Zepahua. Las acusaciones quedaron sin sustento. Eso sí, Julio Atenco señala que en la zona hay una fuerte tradición de lucha social que, en ciertos momentos, ha provocado brotes de rebeldía. Por ejemplo, en 1973 la gente pobre de Tehuipango realizó protestas contra las autoridades municipales y los cacicazgos locales, que provocó saqueos a comercios. Y a comienzos de los ochenta, en la comunidad de Tequila, hubo otro levantamiento indígena en contra de los cacicazgos que controlaban la explotación forestal. Los manifestantes llegaron a enfrentarse con la policía y las guardias blancas. Este movimiento dio origen a la Unión de los Pueblos Pobres de la Sierra de Zongolica, a la que en náhuatl se le abrevia como TINAM. En 1984 surgió la Organización de Campesinos e Indígenas de la Sierra de Zongolica (OCISZ), de ideario socialista y dedicada a luchar por mejoras materiales para los indígenas. Por estas fechas también empezó a gestarse la Coordinación Regional de Organizaciones Indígenas de la Sierra de Zongolica (CROIZ) y en 1995 se constituyó formalmente para luchar por la “reivindicación de los pueblos originarios”

NOTA:

No olvidemos que el mentiroso Soberanes de la CNDH esta haciendole el trabajo sucio al PELELE, ignorando los informes que los peridistas ya recogen en la sierra, es hora que levante su apestoso trasero y tome las declaraciones que urgen. Y de una declaración oficial, y no solo comentarios que claramente salvan el trasero del PELELE.

Faraonico despilfarro
Jenaro Villamil

Promovida al final del sexenio de Vicente Fox como “un nuevo paradigma” en su tipo y considerada la obra cultural más importante de su gobierno, la Biblioteca de México José Vasconcelos no llegó siquiera a su primer año de funcionamiento: tuvo que cerrar “temporalmente” ante los problemas derivados de la prisa por inaugurarla en plena campaña electoral, las serias deficiencias en su construcción y un despilfarro de recursos por 2 mil 300 millones de pesos.

Catedral de la lectura”, según la definió Vicente Fox en el último tramo de su gestión como presidente, la Biblioteca de México José Vasconcelos se ha convertido en el símbolo de la ineficacia y las corruptelas, y en un escandaloso negocio sexenal que involucra a constructores, arquitectos y exresponsables del área educativa y cultural del anterior gobierno. Sari Bermúdez, quien fungió como directora del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta) durante el gobierno foxista, la consideraba como “un nuevo paradigma” y fue la culpable de que el costo de este proyecto se elevara de mil millones a 2 mil 300 millones de pesos en dos años. Conocida como la megabiblioteca José Vasconcelos, esta obra no llegó ni siquiera a su primer año de funcionamiento. Su “cierre temporal”, ordenado por la titular de la Secretaría de Educación Pública, Josefina Vázquez Mota, y por Sergio Vela, sucesor de Sari Bermúdez en el Conaculta, viene acompañado del acuerdo legislativo de una “auditoría especial” a todos los contratos y recursos que manejaron las instituciones involucradas en su construcción, en especial el Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas (CAPFCE). Y es que los recursos destinados a esta megaobra incluyen un sospechoso fideicomiso de 289 millones de pesos administrados por Nacional Financiera, cuyo contrato nunca fue exhibido; además los legisladores quieren saber por qué se amplió el presupuesto original de 2006, de 806.1 millones a mil 553.7 millones de pesos. Las pistas de las irregularidades y presuntos malos manejos conducen directamente a Sari Bermúdez, amiga personal de la expareja presidencial, así como al extitular de la SEP, Reyes Tamez Guerra, y a Fernando Larrazábal Bretón, director del CAPFCE durante el sexenio foxista, por mencionar a los principales. No es ésta la primera vez que Bermúdez se ve involucrada en casos de corrupción. Durante la administración foxista, la pareja de Bermúdez, Guido Belsasso, protagonizó un caso de tráfico de influencias en el Consejo Nacional contra las Adicciones (Conadic), lo que lo obligó a dejar la dirección de esa dependencia. A raíz de este hecho, Belsasso fue inhabilitado por 10 años. Guido y Sari entablaron amistad con la pareja Fox-Sahagún desde antes de la campaña de 2000. El mayor atributo de la exconductora televisiva para dirigir los destinos del sector cultural del país fue escribir el libro hagiográfico de la exprimera dama, Martha Sahagún, la fuerza del espíritu, a quien describió como fiel seguidora de Santa Teresa de Jesús (Proceso 1260). Ahora Sari es la responsable de “ordenar el archivo” de Vicente Fox en el Centro de Estudios para la Democracia, que el exmandatario pretende construir en el rancho de San Francisco del Rincón, según reveló el reportero Daniel Lizárraga (Proceso 1582). Sari se convirtió en entusiasta promotora de la megabiblioteca después de que el escritor Carlos Fuentes se lo sugirió a la entonces titular de Conaculta a mediados del sexenio foxista. Incluso formó un “patronato empresarial” para recaudar 200 millones de pesos para garantizar la “aplicación ágil, transparente y eficiente” de los recursos de la futura biblioteca. En ese patronato estaban Alejandro Burillo Azcárraga, Raúl Cárdenas Rioseco, Gonzalo Pérez Fernández, Federico Sada González, Francisco Cázares Elías y Liliana Margarita Melo de González Sada, entre otros. El 18 de marzo de 2003, Sari anunció que el dueño de Microsoft, Bill Gates, donaría 40 millones de dólares para el equipamiento informático de la obra. Hasta el momento se desconoce el destino y el uso de esos recursos. Otro de los implicados en los presuntos ilícitos relacionados con la biblioteca es Fernando Larrazábal, diputado local panista en Nuevo León. Él fue responsable de las licitaciones y contratos con la mayor parte de poco más de 40 empresas involucradas en la construcción y equipamiento de la obra. Al igual que Sari, Larrazábal presumía su amistad con Marta Sahagún. De acuerdo con Tatiana Clouthier, exdiputada panista, Larrazábal es amigo cercano del alcalde panista de Reynosa, Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, y de Manuel Bibriesca Sahagún. En su calidad de director del CAPFCE, Larrazábal fue el responsable del manejo de los más de 2 mil millones de pesos destinados a la megabiblioteca y de los 158 millones de pesos que el CAPFCE destinó en 2006 para la construcción del Centro Regional de las Artes y la rehabilitación del Teatro Obrero de Ciudad Zamora, Michoacán, lugar de origen de Marta Sahagún. La licitación fue ganada por Ingenieros Civiles Asociados (ICA). Megadesastre Un año antes de la inauguración de la megabiblioteca, Larrazábal declaró que “las lluvias son el principal enemigo de cualquier obra”, pero “llueva, truene o relampaguee, la obra se va a terminar en marzo” de 2006, dijo. Así mismo, declaró el 14 de abril de 2005 que la cimentación del edificio presentaba una “complicación”: el manto freático se encuentra sólo a cuatro o cinco metros de profundidad del nivel del terreno, y no a 20 metros, como era el ideal. Sin embargo, aclaró que se construiría una cisterna de 6 millones de litros de agua pluvial que permitiría regar los 22 mil metros de “jardín botánico” y evitar que la futura biblioteca se inundara. Justamente lo que Larrazábal mencionó en esa ocasión se presentó después de que la obra fuera inaugurada aún sin terminar. Las lluvias dañaron la estructura del edificio, el agua se filtró y el “jardín botánico” resultó insuficiente para contener las inundaciones. Los peores pronósticos de arquitectos, legisladores e intelectuales críticos respecto de la llamada megabiblioteca se cumplieron el pasado 14 de marzo. Mediante un escueto comunicado, el Conaculta informó que a partir del martes 20 la biblioteca suspenderá “temporalmente” sus servicios para concluir las obras, a cargo del CAPFCE, “sin riesgos para los usuarios, el acervo y el equipo de biblioteca”. Ignacio Padilla, director del recinto, pronosticó que el cierre durará entre dos y tres meses, y reconoció en distintas entrevistas que el “nuevo paradigma” del sistema nacional de bibliotecas tiene filtraciones, goteras y todo tipo de riesgos. Otros especialistas calculan que el cierre puede prolongarse por más de 10 meses, o incluso un año. El origen de los errores estuvo en las prisas para inaugurarla. “El concreto no fragua por decreto”, sentenció el arquitecto Enrique Espinosa. “Cuarenta mil metros cuadrados de construcción en 14 meses es imposible. Esto sólo existe en México”, afirma Espinosa, entrevistado por Proceso durante un recorrido en las instalaciones de la obra, ubicada en los terrenos de la estación de trenes Buenavista, al norte de la Ciudad de México. Espinosa, dueño de la empresa Obras de Arte Invento Sueños, acompañó a integrantes del Colegio de Arquitectos, encabezados por su exvicepresidente Gabriel Gutiérrez, quienes constataron las deficiencias en el drenaje y en las tuberías de los baños, así como la fragilidad de los cristales y la filtración de la humedad. Todos coincidieron en que el apresuramiento para inaugurar la obra tenía poco que ver con criterios arquitectónicos o de ingeniería y más con razones políticas. Las fallas se las heredaron a la siguiente administración. Libros, nubes y contratos En la megabiblioteca lo que menos importan son los libros y la promoción de la lectura. El acervo inicial, de 500 mil volúmenes, está incompleto. Faltan 200 mil por clasificar. Más de 40% de los anaqueles están vacíos y los criterios de clasificación están a cargo de trabajadores con escasa experiencia en bibliotecología. Una buena parte de los 400 trabajadores son biólogos, psicólogos o archivistas. “Cuidado al pisar”, reza un letrero en el acceso a uno de los elevadores. Varios anaqueles están resguardados por cintas aislantes ante “riesgos de derrumbes”. Los verdaderos protagonistas de esta obra faraónica son las nubes y las lluvias. Tan sólo el año pasado, cerca de 30 mil volúmenes fueron afectados por las goteras y las filtraciones de la humedad. La clasificación bibliotecológica es, a todas luces, deficiente. En los anaqueles dedicados a la “Literatura Juvenil” se encuentran los seis títulos de las obras de Paulo Coelho (El peregrino, La quinta montaña, Brida, El zahir, A orillas del río Piedra me senté, El alquimista), pero ninguno de Charles Dickens y sólo tres de Dostoievski. En el área de “Química” se encuentran las obras completas de Manuel Gutiérrez Nájera. La clasificación de la literatura mexicana es por demás caótica. El libro Sexo secreto, de Francisco Reséndiz, está entre Los muros de agua, de José Revueltas, y La cena, de Alfonso Reyes. No existen primeras ediciones ni acervos especializados. La acumulación provoca que estén las “obras completas” de Sari Bermúdez, la exdirectora de Conaculta, e incompletas las de Sor Juan Inés de la Cruz. La megabiblioteca refleja así el “gusto” por los libros que caracterizó a Vicente Fox. Recientemente, el escritor Carlos Monsiváis dijo que para el expresidente la mera existencia de un libro es una biblioteca: “Para él, dos libros serían dos bibliotecas y tres libros, tres bibliotecas, no porque un libro encierre toda la sabiduría, sino porque es un objeto, para él, extraño, innecesario y lapidador”. Monsiváis recordó que durante su campaña Fox les presumió a los artistas e intelectuales: “Ustedes se formaron leyendo libros, yo me formé mirando las nubes”. En este caso, agregó el escritor, “una nuboteca sería quizá lo más apropiado”. Al inaugurarse se presumió que la megabiblioteca contaría con 750 terminales de cómputo con acceso público y servicio gratuito, conectadas a internet. Cerca de la tercera parte de estas terminales no funcionan. Los 26 mil metros cuadrados del jardín botánico están prácticamente abandonados. Cuando se inauguró el recinto, el arquitecto Alberto Kalach, principal responsable del diseño, se justificó: “Hacer un jardín botánico toma entre 30 y 50 años. Nosotros quedamos con la señora (Sari) Bermúdez en instituir una comisión que le dé seguimiento unos cinco años más”. Sin embargo, se le pagaron 38 millones 976 mil pesos a la empresa Rohm Construcciones para la “terminación del invernadero, acceso y obra exterior” de la biblioteca. Para la labor de impermeabilización en los edificios A, B, C y las instalaciones hidrosanitarias, el CAPFCE le pagó 19 millones 466 mil pesos a la empresa Maheja Construcciones. Las principales empresas constructoras que ganaron las licitaciones el 1 de diciembre de 2004 y junio de 2005 fueron: –GUTSA Infraestructura, para la construcción del edificio A, con un contrato por 97 millones 829 mil pesos. –ICA, responsable de la construcción del edificio B, con un contrato por 123 millones 664 mil pesos. –Mexicana de Presfuerzo, para la construcción del edificio C, con un contrato de 99 millones 402 mil pesos. –Proy-cons, para la construcción de la primera etapa del edificio D, con un contrato por 28 millones 77 mil pesos. –Grupo Tritón, Consultores y Constructores, para la primera etapa del edificio E, por un total de 28 millones 929 mil pesos. –Inmobiliaria y Constructora Galva, para la primera etapa del edificio F, por un total de 39 millones 730 mil pesos. –Grupo Areco, para la construcción de taludes, accesos y obra exterior, por 18 millones 526 mil pesos. –Inmuebles y Construcciones Goval recibió 111 millones 610 mil pesos para la construcción de la primera etapa de libreros en los edificios A, B y C. Al fin, la auditoría Ante el desastre de la megabibloteca, el jueves 15 la secretaria de Educación Pública, Josefina Vázquez Mota, aceptó ante un grupo de senadores que la Auditoría Superior de la Federación realice una “auditoría especial” sobre la construcción y operación de la Biblioteca de México José Vasconcelos. Esto significará entrar a la revisión de todos los contratos firmados entre el CAPFCE y cerca de 45 empresas contratistas y subcontratistas, así como de las ampliaciones presupuestales que elevaron el costo, tan sólo en 2006, de 806 millones a mil 553 millones de pesos. La auditoría especial tendrá que investigar el destino de un fideicomiso de 289 millones de pesos, con un depósito de Nacional Financiera (200311H0001353), a título de la Biblioteca de México José Vasconcelos, y el ejercicio de 418 millones de pesos etiquetados en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2004 en el Conaculta, cuyo ejercicio se desconoce. El manejo oscuro y poco transparente de los recursos de la megabiblioteca involucra un presunto donativo de 40 millones de dólares que el magnate Bill Gates realizó para el equipamiento informático. Ya en junio de 2004, la Fundación Bill y Melinda Gates declaró al periódico The Financial Times que ellos no hicieron ninguna donación para la biblioteca. El punto de acuerdo sobre la auditoría especial, promovido por el diputado Alfonso Suárez del Real, del PRD, subraya que desde la presentación del proyecto se habló de “la creación” de la Biblioteca Nacional, “institución que existe en nuestro país desde el año de 1857, el 14 de septiembre, fecha en que con el acervo de la biblioteca de la Universidad de México se formó el acervo cimiento de la Biblioteca Nacional”. El documento detalla así los costos que se fueron sumando en la construcción de la obra: –99 millones de pesos en 2003 para el inicio del proyecto. –289 millones de pesos con la creación de un fideicomiso en Nacional Financiera en 2004. Este instrumento de inversión va en contra de lo estipulado en el artículo 1, fracción VI de la Ley de Obras Públicas, que le ordena a las dependencias abstenerse de “crear fideicomisos, otorgar mandatos o celebrar actos o cualquier tipo de contratos que evadan lo previsto en este ordenamiento”. –418 millones de pesos etiquetados en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2004 para el Conaculta. –521 millones de pesos asignados al CAPFCE en 2005, “aun cuando esta partida se había eliminado por la Cámara de Diputados”. –258 millones en una primera partida y 270 millones en una segunda, en 2006; la inicial para que a través del CAPFCE se finalizara la construcción y la segunda para el equipamiento. –También en 2006, el presupuesto del CAPFCE se amplió en varias ocasiones, hasta duplicar el presupuesto original de 806.1 millones de pesos y llegar a mil 553.7 millones de pesos, “un comportamiento irregular a todas luces”, dice el documento. La suma de esas cantidades supera ampliamente los 2 mil millones de pesos. El punto de acuerdo subraya que “si la diferencia entre los 126 millones de pesos del presupuesto actual (2007) contra los mil 553 millones del presupuesto del año pasado no representa al menos un gasto irresponsable, fuera de toda medida, entonces no ofrece materia para la fiscalización del destino de más de mil 300 millones en un solo año”. Consultado por Proceso, el diputado Suárez del Real aportó otro dato de contraste sobre el despilfarro de la megabiblioteca: a un proyecto similar de la Universidad de Guadalajara, con sólo 11 metros cuadrados de diferencia, se le negaron 700 millones de pesos, pero la obra faraónica promovida por Sari Bermúdez, Reyes Tamez y Vicente Fox rebasó los 2 mil millones de pesos. La pista de Larrazábal Una auditoría “parcial” realizada sobre las cuentas de la megabiblioteca correspondientes a 2004 arrojaba ya varias irregularidades que involucraban al exdirector de CAPFCE Fernando Larrazábal, exalcalde de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, actual diputado local y amigo de Marta Sahagún. Con recursos de la construcción, Larrazábal adquirió 11 vehículos Renault Clío modelo 2004 por 1 millón 238 mil pesos. Nadie sabe dónde fueron a parar esos vehículos ni si Larrazábal los devolvió antes de irse a la candidatura. Otro ejemplo de dispendio fueron los múltiples viajes de Sari Bermúdez. Sin justificar ni pedir autorización a su jefe inmediato, el titular de la SEP, Reyes Tamez, Bermúdez realizó en 2004 11 viajes al interior de la República y 13 al extranjero con un costo de 483 mil pesos en viáticos. A raíz de esta auditoría, la Cámara de Diputados investigó otra línea de dispendio de Sari Bermúdez y el Conaculta: la construcción del Centro Regional de las Artes de Zamora, una de las obras que más presumió Sahagún durante sus viajes a su lugar de origen. La licitación pública número 111400 77-033-06 del CAPFCE revela que se le pagaron 158 millones 3 mil pesos a Ingenieros Civiles y Asociados (ICA) para la construcción de ese centro y para la rehabilitación del Teatro Obrero en Zamora, Michoacán. Las pistas de las irregularidades conducen directamente al exdirector del CAPFCE Fernando Larrazábal, quien dejó al frente del organismo, dependiente de la SEP, a quien fuera su subdirector administrativo, Osvaldo Cervantes, su secretario particular cuando era alcalde de San Nicolás de los Garza. El 11 de mayo de 2005, la entonces dirigente estatal del PAN en Nuevo León, Rebeca Clouthier, amonestó a Larrazábal por haber contratado a consejeros de Acción Nacional en la dirección del CAPFCE, en violación del Código de Ética de ese partido. Sin embargo, la denuncia de Clouthier fue frenada por el Comité Ejecutivo Nacional del PAN. En agosto de 2005, la directiva panista exoneró a Larrazábal. El 24 de marzo de 2006, durante su campaña electoral, Felipe Calderón presumió a Larrazábal como uno de los orgullos del panismo nicolaíta. El 11 de abril de 2005, un año antes de que Fox inaugurara el conjunto faraónico de Buenavista, Larrazábal se ufanó: “Todo está calculado para que no se presenten problemas. La responsabilidad total es del proyectista, es decir, del arquitecto Alberto Kalach, quien diseñó el sistema”. En la euforia inaugural del 16 de mayo de 2006, Vicente Fox calificó la Biblioteca de México como “una de las obras más avanzadas del siglo XXI”. El entonces titular de la SEP, Reyes Tamez, felicitó a Fox por ser “el alma de este proyecto”

¿QUIEN SERIA GORDILLO SI NO TUVIERA UNA RALEA DE MAESTROS AGACHONES QUE LE RINDEN PLEITESÍA CUAL REINA DE UN PANAL DE OBRERAS "SUICIDAS AMORALES"?



Luz verde a la ley Gordillo
Jesusa Cervantes

La iniciativa de reformas a la Ley del ISSSTE, impugnada por el PRD, es un paso adelante en la estrategia privatizadora del gobierno federal. Nada importa que el esquema similar aplicado al IMSS durante el sexenio de Ernesto Zedillo haya fracasado en sanear la institución y no haya mejorado sus servicios. Lo importante es que el gobierno de Felipe Calderón dispondrá del dinero de los trabajadores para realizar sus proyectos y que Elba Esther Gordillo, quien juega un papel clave mediante el director del ISSSTE, Miguel Ángel Yunes, seguirá acumulando poder político y financiero.

La nueva Ley del ISSSTE que Elba Esther Gordillo, Joel Ayala, Miguel Ángel Yunes y el gobierno federal gestaron a espaldas de los trabajadores al servicio del Estado forma parte de una generación de enmiendas impulsadas por la administración federal para obtener recursos frescos en los próximos tres años, y además le permitirá a Felipe Calderón pagar facturas a quienes impulsaron su campaña presidencial. Contra lo que han manifestado recientemente Miguel Ángel Yunes, director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), así como los diputados del PRI, los principales afectados de la nueva ley serán los poco más de 2.2 millones de trabajadores del Estado y 10 millones de derechohabientes, pues con las reformas se abre la posibilidad de que pierdan sus viviendas y se terminará el llamado “régimen solidario de pensiones”. Así lo advierten el diputado federal del PRD y presidente de la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados, Miguel Ángel Navarro, y el secretario de Hacienda del llamado gobierno legítimo, Mario di Costanzo. Según la iniciativa de ley, que el jueves 15 presentó en tribuna el PRI, la reforma busca solucionar “el problema financiero” que enfrenta el ISSSTE, al que el gobierno federal debe ayudar anualmente con 48.5 millones de pesos para cubrir el pago de pensiones. Por ello, el principal instrumento que se creará será la “individualización de cuotas para el retiro”, anulando así lentamente “el régimen solidario de pensiones”. Es decir, se crearán “Afores del ISSSTE” y los actuales trabajadores dejarán de financiar el pago de pensiones de quienes han prestado por años sus servicios al Estado. Se trata de un esquema similar al de la reforma del IMSS operada en 1997 por el presidente Ernesto Zedillo, cuando surgieron las administradoras de fondos para el retiro (Afores), pero con una particularidad más peligrosa: los trabajadores financiarán “de alguna manera” la construcción de carreteras, vivienda, generación de energía, producción de gas y petroquímicos, así como “la actividad productiva nacional”. Di Costanzo considera que esta ley es la segunda de cuatro acciones estratégicas que ideó de manera “perversa” el gobierno de Calderón con Agustín Carstens, secretario de Hacienda, y Elba Esther Gordillo, dirigente del magisterio. El primero de esos pasos habría sido la concesión de carreteras, le sigue la creación de la nueva ley, vendrá luego una reforma energética para hacer válida parte de la reforma al ISSSTE y finalmente se completará el esquema con los cambios fiscales. El también excandidato del PRD al gobierno de Nayarit, Miguel Ángel Navarro, coincide en lo anterior con Di Costanzo, y aclara que el PRD no se opone a una reforma al régimen de pensiones del ISSSTE, pues están concientes de que arrastra un pasivo millonario; “el problema –recalca– es cómo se crearán las nuevas Afores, los beneficios ínfimos para los trabajadores, quiénes manejarán esos recursos millonarios y el uso que se hará de ellos, que no será otro que financiar la construcción de carreteras, vivienda, generación de energía, etcétera”. Pensiones en riesgo Uno de los aspectos que despierta más dudas y suspicacias en la nueva Ley del ISSSTE –que, como reveló Miguel Ángel Yunes el viernes 16 en el noticiario de Carmen Aristegui, se empezó a gestar desde noviembre– es el organismo llamado Pensionissste, que concentrará las cuotas individuales para la jubilación que aportan trabajadores y gobierno a fin de invertirlas en documentos o títulos de crédito. Para decidir en qué se invertirán dichos recursos se creará una “comisión ejecutiva”. En la exposición de motivos de la citada iniciativa se establece erróneamente que las cuotas o afores de los trabajadores no irán a parar a manos privadas: “los recursos para el retiro de los trabajadores serán administrados por un organismo público denominado Pensionissste, y no por una administradora privada”. Lo que se omite en ese apartado es que ese organismo durará sólo tres años, y que después los millonarios recursos pasarán a manos de Afores privadas, es decir, de bancos, como sucede actualmente con los fondos de retiro de quienes cotizan en el IMSS. Según el artículo 104 de la ley propuesta, la obligación del Pensionissste será “administrar” e “invertir los recursos de las cuentas individuales en sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro”. Pero el problema no para ahí, detalla Di Costanzo: según el artículo 109, el mencionado organismo administrador deberá establecer un “régimen de inversión” que tendrá como principal objetivo asegurar “la mayor seguridad y rentabilidad” de los recursos de los trabajadores. Para ello, “las inversiones se canalizarán preferentemente a través de colocación de valores para fomentar: actividad productiva nacional, construcción de vivienda, generación de energía, producción de gas y petroquímicos y construcción de carreteras”. Lo que llama la atención de Di Costanzo es una posible maniobra del gobierno federal: “La primera fue concesionar carreteras y la segunda esta ley, pero en ésta se incluye que se puedan comprar títulos en generación de energía y producción de gas. Eso no está permitido por la ley, por lo cual ya se vislumbra la tercera acción: reformas del sector energético. Por lo pronto, esta ley prevé algo que aún no está permitido”. La decisión de invertir en estos títulos o bonos no será opcional para este organismo, ya que en el mismo artículo se establece como obligatoria. En el último párrafo se indica: “el Pensionissste deberá invertir en valores, documentos, efectivo y los demás instrumentos que se establezcan en el régimen de inversión determinado por su comisión ejecutiva…”. Justamente la forma en que se integrará esa “comisión ejecutiva” es otra fuente de preocupación, ya que Elba Esther Gordillo tendrá la mayor oportunidad de manejarla, considera Di Costanzo. Y es que, según el artículo 110, dicha comisión estará conformada por 15 miembros, de los cuales siete serán “vocales nombrados por las organizaciones de trabajadores”, y en la exposición de motivos únicamente se reconoce como representantes de los trabajadores a Joel Ayala, dirigente de la FSTSE, y a Elba Esther Gordillo, cabeza del SNTE. De hecho, se dice claramente que fue con ellos con quien se elaboró la citada ley del ISSSTE por ser “los liderazgos gremiales más significados e importantes”, aunque también hace referencia a “otras importantes representaciones sindicales” que omite nombrar. En consecuencia, considera Di Costanzo, Gordillo podría designar a cuatro vocales y Joel Ayala a los otros tres. Otros dos integrantes son el director general del ISSSTE, es decir el operador de Gordillo, Miguel Ángel Yunes –quien tendrá “voto decisivo”– y un vocal ejecutivo propuesto por el propio Yunes, “mejor dicho, por Elba Eshter Gordillo”, aclara Di Costanzo: “Ahí la maestra ya tiene seis de los 15 lugares”. Los restantes miembros de la comisión serán designados por el gobierno: tres representantes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, uno de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, otro de la Secretaría de la Función Pública y un representante del Banco de México. En forma por demás irónica, en el apartado de justificación de la iniciativa para crear el Pensionissste se dice que “al canalizar el ahorro (de los trabajadores) a sectores prioritarios para el desarrollo nacional”, se convertirán “prácticamente en socios accionistas de los grandes programas de inversión en los sectores estratégicos del país”. Barril sin fondos Una vez que entre en vigor la citada ley, pasarán a formar parte del fondo del Pensionissste las aportaciones de los nuevos trabajadores del Estado, más 300 mil que actualmente trabajan por honorarios. Quienes ya están trabajando podrán optar por irse a una afore privada, pero si no eligen se les aplicará la llamada “afirmativa ficta”, es decir, automáticamente sus ahorros pasarán al Pensionissste, explica Di Costanzo. Actualmente, este fondo de pensiones está conformado por 60 mil millones, de los cuales 48 mil 600 pone el gobierno, y entre 15 y 12 mil millones son aportaciones reales de los trabajadores. Según Di Costanzo y el diputado Navarro, esta bolsa anual dará un aproximado de 180 mil millones en el trienio que estará vigente el organismo, pero aparte habrá que sumar lo que se acumule de los nuevos trabajadores y los 300 mil empleados que hoy están bajo el régimen de honorarios. Con ese dinero, dice Di Costanzo, el gobierno de Felipe Calderón podrá corresponder a quienes lo apoyaron en la campaña presidencial y para quienes se decidió concesionar nuevamente las carreteras rescatadas. Y prevé que el proceso será el siguiente: si el concesionario invirtió determinada cantidad en la construcción de carreteras, el Pensionissste decidirá “comprarle” acciones y con eso se pagará automáticamente lo que invirtieron los empresarios, pero con cargo al trabajador. “A costa del trabajador se hacen empresarios, por ejemplo, en materia de servicios, subrogando servicios de salud; en materia de pensiones, a través de la bursatilización; y a partir de los fondos de retiro invirtiendo en carreteras. Es decir, se favorece la inversión de empresarios administrando los recursos de los trabajadores”, considera también el diputado Navarro, presidente de la comisión de Seguridad Social de la Cámara. Otro problema, agrega el legislador, es que en la iniciativa de ley no se incluye un comité de vigilancia que verifique si esos recursos se utilizan realmente para incrementar los recursos de los trabajadores. Las únicas reglas del organismo –según el artículo 109– serán las que establecen la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) y la Ley del Sistema de Ahorro para el Retiro, que fueron creadas cuando no se contemplaban inversiones de este tipo. Cuando se reformó la ley del IMSS y se crearon las Afores, se dijo que era para salvar al Seguro Social. Sin embargo, actualmente el gobierno pagará (con dinero de todos los mexicanos) cerca de 61 mil millones de pesos y el Instituto Mexicano del Seguro Social sigue sin tener los recursos suficientes para pagar las pensiones de los jubilados. Igualmente, “si con esta ley no se logra sanear al ISSSTE –añade Di Costanzo–, el gobierno seguirá pagando las pensiones. Por lo pronto seguirá aportando en los próximos tres años los 48 mil millones, pues el Pensionissste no se autofinanciará los tres primeros años. La deuda seguirá, como pasó con el IMSS, y se argumentará la necesidad de una reforma hacendaria: será la cuarta acción de este gobierno”. Puntos controvertidos El Frente Amplio Progresista (FAP, que aglutina a los legisladores del PRD, el PT y Convergencia) ha cuestionado la pretensión de que los 15 miembros de la comisión ejecutiva del Pensionissste no estén sujetos a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, sino que si incurren en faltas se les sancione de acuerdo con la ley del SAR. También impugnan que las comisiones que cobre el Pensioniiiste por el manejo de los fondos de retiro “no podrán exceder de las que cobren las administradoras”. Eso es absurdo, considera el diputado Miguel Ángel Navarro, pues en lugar de que sea una administradora del gobierno la que dicte la tendencia a la baja de las comisiones, éstas dependerán de los altos porcentajes que cobran las Afores privadas. Di Costanzo agrega: “Ni siquiera se cobrará por comisión la más baja que tienen las Afores privadas, sino que se sacará un promedio, que será el que le carguen a los trabajadores”. Según el reporte que el pasado 22 de noviembre la Comisión Federal de Competencia entregó a la Cámara de Diputados, “en el período 1997-2007, los rendimientos netos anuales de las cuentas individuales fueron prácticamente nulos en términos reales”. El diputado Navarro explica que los bancos cobran por apertura y manejo de cuenta entre 25 y 30%, por lo cual la posible ganancia que genera el trabajador con sus ahorros “beneficia sólo a los banqueros”. Pero la reforma a la Ley del ISSSTE tiene otros aspectos que vulneran la seguridad social, detalla el legislador perredista. El primero es “la bursatilización de la cartera de vivienda”: los préstamos que el ISSSTE otorga a los trabajadores para vivienda y que no se han podido liquidar, pasarán a la “cartera vencida” que el instituto podrá vender a empresas privadas (seguramente bancos). Cuando estas compañías vendan esa cartera, los nuevos dueños podrán desalojar a los trabajadores del Estado que aún no liquidan sus créditos. En el mismo sentido privatizador, el artículo 31 de la propuesta de reforma establece que habrá “convenios en materia de salud con empresas privadas”, es decir, se permitirá legalmente la subrogación de los servicios de salud, que no es otra cosa que una privatización lenta de los mismos. Otro punto cuestionable es que se aplicará la “portabilidad de derechos”, es decir que si un trabajador cotiza en el ISSSTE y empieza a cotizar en el IMSS al cambiar de empleo, deberá elegir una sola cuenta de pensión. Aquí el problema, dice Miguel Ángel Navarro, es que el IMSS establece como mínimo para la jubilación un salario mínimo, mientras que el ISSSTE, con la nueva ley, requiere dos salarios mínimos. “Aquí existe una desigualdad que puede controvertirse”, observa el legislador. Además, el PRD elabora actualmente una propuesta alterna porque considera que la iniciativa viola la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria al no incluir el impacto presupuestario de esa reforma para la hacienda federal. Por lo pronto, las comisiones unidas de Hacienda y Seguridad Social –sin el respaldo de Navarro, presidente de la segunda– convocaron para este lunes 19 a “conferencia” con la Cámara de Diputados, a fin de acelerar el dictamen de la iniciativa para que puedan aprobarla esta semana.

AMPLIANDO ESTA NOTA, UN ARTICULO DEL UNIVERSAL, ACLARA LOS PUNTOS NEGROS DE ESTA "LEY GORDILLO", en donde no dudamos que en la primera linea de privatizaciones del ISSSTE esta la familia de esta MAMA DE CHUCKY:

Reforma al ISSSTE abre puerta a privatización’

Por: EL UNIVERSAL/MÉXICO, DF. - 18 de mar de 2007.

Alerta PRD que la reforma podría dejar un vacío legal para concesionar servicios a particulares.

El PRD en la Cámara de Diputados denunció que la reforma al ISSSTE podría abrir la puerta a la privatización de algunos servicios.

Con base en la propuesta de la iniciativa de Ley, en torno a los Artículos 30 y 31, el diputado del PRD, Pablo Trejo, alertó sobre el vacío legal que podría orillar a la concesión de servicios a particulares. El Artículo 30, dice Trejo quien es integrante de la comisión de Hacienda, indica que “se establecerán normas y procedimientos para el debido escalonamiento de los servicios, referencias y contrarreferencias, subrogación de servicios y otros que se consideren pertinentes”. Al respecto, el perredista alertó que el término “subrogación”, el cual quiere decir sustitución, puede crear un vacío en la Ley y la puerta para que el instituto subcontrate servicios privados para atender las necesidades de sus afiliados. En ese sentido, adelantó que el próximo lunes plantearán todas estas dudas en la reunión de las comisiones unidas de Hacienda y de Seguridad Social, citadas a las 18:00 horas, a la que también están citados senadores para una reunión en conferencia. “Se deja abierta la posibilidad de que se empiecen a concesionar los servicios con miras a la privatización, este articulado por lo menos deja esa posibilidad abierta”, señaló el legislador. En el articulado, también hizo énfasis al Artículo séptimo transitorio, que señala que a partir del 1 de enero de 2008, los trabajadores tendrán seis meses para optar por el régimen paulatino de transición al nuevo régimen o por la acreditación de bonos de pensión del ISSSTE, para entrar al PENSIONISSSTE. Sin embargo, también se señala que si el trabajador no manifiesta la opción que elige dentro del plazo previsto, se entenderá que optó por la acreditación de bonos de pensión del ISSSTE. En ese sentido, Pablo Trejo consideró negativo que automáticamente se haga la transferencia del trabajador, sin consultarle; también cuestionó de dónde saldrá el dinero para pagar los bonos de aquellos trabajadores que opten por pasarse al régimen de PENSIONISSSSTE. Según los cálculos del PRD, para llevar a cabo esa transacción se requerirían dos billones 700 mil millones de pesos. “Ese es nuestro cálculo, pero queremos saber de dónde van a sacar ese dinero porque no lo explica la iniciativa”, señaló. De igual forma, los cálculos de partido del Sol Azteca señalan que se quedarían a deber entre 10 y 11 años de pensión a los trabajadores, con ese esquema de transición a la Afore pública, denominada PENSIONISSSTE. El legislador dijo que durante la próxima reunión de comisiones unidas, buscarán plantear una ruta a seguir, que permita analizar con detenimiento la reforma con el fin de no aprobar nada al vapor, que afecte a los trabajadores.

NOTA:

Y como ya sabemos de las tranzas que le gusta llevar a cabo a esta BRUJA MAGISTERIAL, ya debe estar llamando a todos sus amigos y socios para apuntarse en la linea de salida para obtener las concesiones necesarias.