¡¿CUANDO SE SALVA MEXICO?!.

Luz verde a la Ley Gordillo

domingo, 18 de marzo de 2007

Elba Esther Gordillo. Reportaje La iniciativa de reformas a la Ley del ISSSTE, impugnada por el PRD, es un paso adelante en la estrategia privatizadora del gobierno federal. Nada importa que el esquema similar aplicado al IMSS durante el sexenio de Ernesto Zedillo haya fracasado en sanear la institución y no haya mejorado sus servicios. Lo importante es que el gobierno de Felipe Calderón dispondrá del dinero de los trabajadores para realizar sus proyectos y que Elba Esther Gordillo, quien juega un papel clave mediante el director del ISSSTE, Miguel Angel Yunes, seguirá acumulando poder político y financiero La nueva Ley del ISSSTE que Elba Esther Gordillo, Joel Ayala, Miguel Angel Yunes y el gobierno federal gestaron a espaldas de los trabajadores al servicio del Estado forma parte de una generación de enmiendas impulsadas por la administración federal para obtener recursos frescos en los próximos tres años, y además le permitirá a Felipe Calderón pagar facturas a quienes impulsaron su campaña presidencial. Contra lo que han manifestado recientemente Miguel Angel Yunes, director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), así como los diputados del PRI, los principales afectados de la nueva ley serán los poco más de 2.2 millones de trabajadores de la institución y 10 millones de derechohabientes, pues con las reformas se abre la posibilidad de que pierdan sus viviendas y se terminará el llamado "régimen solidario de pensiones". Así lo advierten el diputado federal del PRD y presidente de la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados, Miguel Angel Navarro, y el secretario de Hacienda del llamado gobierno legítimo, Mario Di Costanzo. Según la iniciativa de ley que el jueves 15 presentó en tribuna el PRI, la reforma busca solucionar "el problema financiero" que enfrenta el ISSSTE, al que el gobierno federal debe ayudar anualmente con 48.5 millones de pesos para cubrir el pago de pensiones. Por ello, el principal instrumento que se creará será la "individualización de cuotas para el retiro", anulando así lentamente "el régimen solidario de pensiones". Es decir, se crearán "Afores del ISSSTE" y los actuales trabajadores dejarán de financiar el pago de pensiones de quienes han prestado por años sus servicios al Estado. Se trata de un esquema similar al de la reforma del IMSS operada en 1997 por el presidente Ernesto Zedillo, cuando surgieron las administradoras de fondos para el retiro (Afores), pero con una particularidad más peligrosa: los trabajadores financiarán "de alguna manera" la construcción de carreteras, vivienda, generación de energía, producción de gas y petroquímicos, así como "la actividad productiva nacional". Di Costanzo considera que esta ley es la segunda de cuatro acciones estratégicas que ideó de manera "perversa" el gobierno de Calderón con Agustín Carstens, secretario de Hacienda, y Elba Esther Gordillo, dirigente del magisterio. El primero de esos pasos habría sido la concesión de carreteras, le sigue la creación de la nueva ley, vendrá luego una reforma energética para hacer válida parte de la reforma al ISSSTE y finalmente se completará el esquema con los cambios fiscales. El también ex canidato del PRD al gobierno de Nayarit, Miguel Angel Navarro, coincide en lo anterior con Di Costanzo, y aclara que el PRD no se opone a una reforma al régimen de pensiones del ISSSTE, pues están conscientes de que arrastra un pasivo millonario; "el problema -recalca- es cómo se crearán las nuevas Afores, los beneficios ínfimos para los trabajadores, quiénes manejarán esos recursos millonarios y el uso que se hará de ellos, que no será otro que financiar la construcción de carreteras, vivienda, generación de energía, etcétera". Pensiones en riesgo Uno de los aspectos que despierta más dudas y suspicacias en la nueva Ley del ISSSTE -que, como reveló Miguel Angel Yunes el viernes 16 en el noticiario de Carmen Aristegui, se empezó a gestar desde noviembre- es el organismo llamado Pensionissste, que concentrará las cuotas individuales para la jubilación que portan trabajadores y gobierno a fin de invertirlas en documentos o títulos de crédito. Para decidir en qué se invertirán dichos recursos se creará una "Comisión ejecutiva". En la exposición de motivos de la citada iniciativa se establece erróneamente que las cuotas o afores de los trabajadores no irán a parar a manos privadas: "los recursos para el retiro de los trabajadores serán administrados por un organismo público denominado Pensionisssste, y no por una administradora privada". Lo que se omite en ese apartado es que ese organismo durará sólo tres años, y que después los millonarios recursos pasarán a manos de Afores privadas, es decir, de bancos, como sucede actualmente con los fondos de retiro de quienes cotizan en el IMSS. Según el artículo 104 de la ley propuesta, la obligación del Pensionissste será "administrar" e "invertir los recursos de las cuentas individuales en sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro". Pero el problema no para ahí, detalla Di Costanzo: según el artículo 109,el mencionado organismo administrador deberá establecer un "régimen de inversión" que tendrá como principal objetivo asegurar "la mayor seguridad y rentabilidad" de los recursos de los trabajadores. Para ello, "las inversiones se canalizarán preferentemente a través de colocación de valores para fomentar: actividad productiva nacional, construcción de vivienda, generación de energía, producción de gas y petroquímicos y construcción de carreteras". Lo que llama la atención de Di Costanzo es una posible maniobra del gobierno federal: "La primera fue concesionar carreteras y la segunda esta ley, pero en ésta se incluye que se puedan comprar títulos en generación de energía y producción de gas. Eso no está permitido por la ley, por lo cual ya se vislumbra la tercera acción: reformas del sector energético. Por lo pronto, esta ley prevé algo que aún no está permitido". La decisión de invertir en estos títulos o bonos no será opcional para este organismo, ya que en el mismo artículo se establece como obligatoria. En el último párrafo se indica: "El Pensionissste deberá invertir en valores, documentos, efectivo y los demás instrumentos que se establezcan en el régimen de inversión determinado por su Comisión ejecutiva...". Justamente la forma en que se integrará esa "Comisión ejecutiva" es otra fuente de preocupación, ya que Elba Esther Gordillo tendrá la mayor oportunidad de manejarla, considera Di Costanzo. Y es que, según el artículo 110, dicha Comisión estará conformada por 15 miembros, de los cuales siete serán "vocales nombrados por las organizaciones de trabajadores", y en la exposición de motivos únicamente se reconoce como representantes de los trabajadores a Joel Ayala, dirigente de la FSTSE, y a Elba Esther Gordillo, cabeza del SNTE. De hecho, se dice claramente que fue con ellos con quien se elaboró la citada ley de lSSSTE por ser "los liderazgos gremiales más significados e importantes", aunque también hace referencia a "otras importantes representaciones sindicales" que omite nombrar. En consecuencia, considera Di Costanzo, Gordillo podría designar a cuatro vocales y Joel Ayala a los otros tres. Otros dos integrantes son el director general del ISSSTE, es decir el operador de Gordillo, Miguel Angel Yunes -quien tendrá "voto decisivo"- y un vocal ejecutivo propuesto por el propio Yunes, "mejor dicho, por Elba Eshter Gordillo", aclara Di Costanzo: "Ahí la maestra ya tiene seis de los 15 lugares". Los restantes miembros de la Comisión serán designados por el gobierno: tres representantes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, uno de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, otro de la Secretaría de la Función Pública y un representante del Banco de México. En forma por demás irónica, en el apartado de justificación de la iniciativa para crear el Pensionissste se dice que "al canalizar el ahorro (de los trabajadores) a sectores prioritarios para el desarrollo nacional", se convertirán "prácticamente en socios accionistas de los grandes programas de inversión en los sectores estratégicos del país". Barril sin fondo Una vez que entre en vigor la citada ley, pasarán a formar parte del fondo del Pensionissste las aportaciones de los nuevos trabajadores del Estado, más 300 mil que actualmente trabajan por honorarios. Quienes ya están trabajando podrán optar por irse a una afore privada, pero si no eligen se les aplicará la llamada "afirmativa ficta", es decir, automáticamente sus ahorros pasarán al Pensionissste, explica Di Costanzo. Actualmente, este fondo de pensiones está conformado por 60 mil millones, de los cuales 48 mil 600 pone el gobierno, y entre 15 y 12 mil millones son aportaciones reales de los trabajadores. Según Di Costanzo y el diputado Navarro, esta bolsa anual dará un aproximado de 180 mil millones en el trienio que estará vigente el organismo, pero aparte habrá que sumar lo que se acumule de los nuevos trabajadores y los 300 mil empleados que hoy están bajo el régimen de honorarios. Con ese dinero, dice Di Costanzo, el gobierno de Felipe Calderón podrá corresponder a quienes lo apoyaron en la campaña presidencial y para quienes se decidió concesionar nuevamente las carreteras rescatadas. Y prevé que el proceso será el siguiente: si el concesionario invirtió determinada cantidad en la construcción de carreteras, el Pensionissste decidirá "comprarle" acciones y con eso se pagará automáticamente lo que invirtieron los empresarios, pero con cargo al trabajador. "A costa del trabajador se hacen empresarios, por ejemplo, en materia deservicios, subrogando servicios de salud; en materia de pensiones, a través de la bursatilización; y a partir de los fondos de retiro invirtiendo en carreteras. Es decir, se favorece la inversión de empresarios administrando los recursos de los trabajadores", considera también el diputado Navarro, presidente de la Comisión de Seguridad Social de la Cámara. Otro problema, agrega el legislador, es que en la iniciativa de ley no se incluye un comité de vigilancia que verifique si esos recursos se utilizan realmente para incrementar los recursos de los trabajadores. Las únicas reglas del organismo -según el artículo 109- serán las que establecen la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) y la Ley del Sistema de Ahorro para el Retiro, que fueron creadas cuando no se contemplaban inversiones de este tipo. Cuando se reformó la ley del IMSS y se crearon las Afores, se dijo que era para salvar al Seguro Social. Sin embargo, actualmente el gobierno pagará (con dinero de todos los mexicanos) cerca de 61 mil millones de pesos y el Instituto Mexicano del Seguro Social sigue sin tener los recursos suficientes para pagar las pensiones de los jubilados. Igualmente, "si con esta ley no se logra sanear al ISSSTE -añade Di Costanzo- el gobierno seguirá pagando las pensiones. Por lo pronto seguirá aportando en los próximos tres años los 48 mil millones, pues el Pensionissste no se autofinanciará los tres primeros años. La deuda seguirá, como pasó con el IMSS, y se argumentará la necesidad de una reforma hacendaria: será la cuarta acción de este gobierno". Puntos controvertidos El Frente Amplio Progresista (FAP, que aglutina a los legisladores del PRD, el PT y Convergencia) ha cuestionado la pretensión de que los 15 miembros de la Comisión ejecutiva del Pensionissste no estén sujetos a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, sino que si incurren en faltas se les sancione de acuerdo con la ley del SAR. También impugnan que las comisiones que cobre el Pensionissste por el manejo de los fondos de retiro "no podrá exceder de las que cobren las administradoras". Eso es absurdo, considera el diputado Miguel Angel Navarro, pues en lugar de que sea una administradora del gobierno la que dicte la tendencia a la baja de las comisiones, éstas dependerán de los altos porcentajes que cobran las Afores privadas. Di Costanzo agrega: "Ni siquiera se cobrará por Comisión la más baja que tienen las Afores privadas, sino que se sacará un promedio, que será el que le carguen a los trabajadores". Según el reporte que el pasado 22 de noviembre la Comisión Federal de Competencia entregó a la Cámara de Diputados, "en el período 1997-2007, los rendimientos netos anuales de las cuentas individuales fueron prácticamente nulos en términos reales". El diputado Navarro explica que los bancos cobran por apertura y manejo de cuenta entre 25 y 30%, por lo cual la posible ganancia que genera el trabajador con sus ahorros "beneficia sólo a los banqueros". Pero la reforma a la Ley del ISSSTE tiene otros aspectos que vulneran la seguridad social, detalla el legislador perredista. El primero es "la bursatilización de la cartera de vivienda": los préstamos que el ISSSTE otorga a los trabajadores para vivienda y que no se han podido liquidar, pasarán a la "cartera vencida" que el instituto podrá vender a empresas privadas (seguramente bancos). Cuando estas compañías vendan esa cartera, los nuevos dueños podrán desalojar a los trabajadores del Estado que aún no liquidan sus créditos. En el mismo sentido privatizador, el artículo 31 de la propuesta de reformase establece que habrá "convenio en materia de salud con empresas privadas", es decir, se permitirá legalmente la subrogación de los servicios de salud, que no es otra cosa que una privatización lenta de los mismos. Otro punto cuestionable es que se aplicará la "portabilidad de derechos", es decir que si un trabajador cotiza en el ISSSTE y empieza a cotizar en el IMSS al cambiar de empleo, deberá elegir una sola cuenta de pensión. Aquí el problema, dice Miguel Angel Navarro, es que el IMSS establece como mínimo para la jubilación un salario mínimo, mientras que el ISSSTE, con la nueva ley, requiere dos salarios mínimos. "Aquí existe una desigualdad que puede controvertirse", observa el legislador. Además, el PRD elabora actualmente una propuesta alterna porque considera que la iniciativa viola la Ley federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria al no incluir el impacto presupuestario de esa reforma para la Hacienda federal. Por lo pronto, las comisiones unidas de Hacienda y Seguridad Social -sin el respaldo de Navarro, presidente de la segunda- convocaron para este lunes 19 la "conferencia" con la Cámara de Diputados, a fin de acelerar el dictamen de la iniciativa para que puedan aprobarla esta semana. (Jesusa Cervantes/APRO)