ESTÁN ACABANDO CON PEMEX.

Soberanía en venta

domingo, 18 de marzo de 2007

Se pretende repartir entre inversionistas privados en Golfo de México para que exploten los recursos petrolíferos MEXICO, D.F., 17 de marzo (LA JORNADA).- Diversas organizaciones sociales denunciaron que las ahora llamadas alianzas estratégicas que se pretenden impulsar entre Petróleos Mexicanos (Pemex) y otras compañías petroleras multinacionales tienen el objetivo de repartir la zona del Golfo de México mediante licitaciones internacionales de 239 bloques. Durante la Primera Convención Nacional Petrolera realizada este sábado en la sede de la Universidad Obrera, representantes de la Unión Nacional de Trabajadores de Confianza de la Industria Petrolera (UNTCIP), del Movimiento Nacional Petrolero, la Asociación Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros, del Grupo Ingenieros Petroleros Constitución de 1917 y del Frente Sindical Mexicano, entre otras, alertaron que esto significará entregar la perforación de miles de pozos en el periodo 2007-2012 utilizando la figura de contratos de obra pública financiada. Señalaron que para lograr sus propósitos antinacionales, el gobierno junto con el PRI prepara reformas a la Ley Reglamentaria del Artículo 27 constitucional en el ramo del Petróleo y diez leyes más. De esta forma los inversionistas privados podrán participar en la exploración y explotación de petróleo en aguas profundas y abrir la participación privada en la refinación, así como la total privatización de la red nacional de ductos. Erasmo Luis de la Cruz, Román Roberto Vásquez, Ismael López, Leoncio Salinas y Cristóbal Aquino, integrantes de la Asociación Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros, al realizar un balance crítico sobre Pemex a 69 años en manos de un Estado irresponsable y ajeno a los intereses de los mexicanos, consideraron que pese a la carga fiscal confiscatoria a la que es sometida sigue siendo la empresa más rentable del mundo. Para ejemplificar lo anterior precisaron que en los últimos 25 años Pemex ha aportado más de 400 mil millones de dólares al erario. "La industria petrolera mexicana en comparación con todas las empresas petroleras de los países imperialistas, es la más rentable, aún así tiene una deuda externa que sobrepasa los 50 mil millones de dólares y el estado de sus instalaciones es crítica, por el envejecimiento de las mismas y por falta de mantenimiento". Por su parte, el Comité Nacional de la Energía del Frente Nacional en Defensa de la Soberanía Energética, propuso restablecer la legalidad constitucional rota por los últimos gobiernos al otorgar contratos de servicios múltiples, permisos privados y desincorporar actividades que se realizaban bajo administración pública; así como impedir las reformas privatizadoras, ahora presentadas bajo la falacia de "urgentes y prioritarias". Entre las bases para una política energética alternativa se externó la necesidad de orientar los objetivos y la riqueza generada a la construcción de una economía que impulse y soporte un proyecto alternativo de nación con desarrollo social. También se planteó planear en el sector de la energía con una visión de desarrollo energético e industrial integrado, de largo plazo y sustentable. "Esto implica la complementariedad de sus empresas e institutos para la solución de la demanda nacional de electricidad; para garantizar la seguridad energética del país con base en la diversificación y la transición hacia nuevas fuentes energéticas, así como compensar el desarrollo regional". Para ello se propone la creación del Consejo para la defensa y fortalecimiento del patrimonio nacional, como un espacio de articulación política, social y cultural muy amplia, de organizaciones sociales, laborales, de académicos, personalidades y especialistas en los temas de patrimonio energético, de recursos naturales y cultura que elabore diagnósticos, propuestas y convoque a la sociedad a acciones de movilización para la defensa y fortalecimiento de nuestro patrimonio nacional. Por su parte, la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio, en su ponencia presentada en la Primera Convención Petrolera, propuso la creación de un grupo especial de las organizaciones sociales para desarrollar propuestas de acción frente al "Acuerdo para la seguridad y la prosperidad de América del Norte" (ASPAN), así como acordar alianzas y acciones comunes de organizaciones civiles y parlamentarios de los tres países dispuestos a enfrentar el ASPAN.